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Thursday, 12 February 2015

Con el TTIP contra el resto del mundo

Gabriela Simon, Heise, 02.02.2015
Traducido por Javier Fdez. Retenaga, Tlaxcala
Gabriela Simon es periodista freelance. Los temas principales de los que se ocupa son la economía mundial y los problemas del trabajo y la desocupación. En los 80 fue redactora del taz en Actualidad y Economía. Desde hace poco trabaja para el semanario Freitag.

Occidente se hace con una herramienta multiuso contra los países emergentes renuentes y la democracia no conforme al mercado


El libre comercio no es lo central, en eso están en realidad todos de acuerdo: los que anhelan el proyectado tratado trasatlántico de libre comercio TTIP, porque solo así podrá Europa mantener sus elevados estándares, y aquellos a los que les preocupan los alimentos genéticamente modificados y los tribunales internacionales opacos. ¿Pero de qué se trata en lo sustancial?
Angela Merkel ha dicho que quiere mantener un gran debate político en torno al TTIP, comparable a la fundación de la UE y a la doble decisión de la OTAN en los 80. Hay que “echar el resto” en las negociaciones. Sigmar Gabriel lo expresó a su manera: “Si fallamos en esto”, susurró en el Bundestag, "nuestros hijos nos maldecirán".
Dramáticas palabras. ¿Pero cómo se explica este dramatismo? ¿Cómo puede un acuerdo entre dos potencias económicas que ya están estrechamente entrelazadas tener una importancia tan decisiva, de dimensiones históricas?
Una pista la encontramos en un informe de la Cámara de Comercio estadounidense. Los representantes de la economía estadounidense destacan la enorme importancia que tiene para ellos el capítulo del TTIP acerca de la protección de las inversiones: “No tanto por preocupación acerca de la protección de las inversiones en EE.UU. o en Europa”, sino porque el TTIP debe ser un “estándar de referencia” para otros acuerdos de inversiones.
También el anterior comisario de Comercio del UE, Karel De Gucht, destacó este alcance mundial de los objetivos del TTIP: "Nosotros, los europeos, debemos implantar estándares globales para que no lo hagan otros por nosotros”. Pues “la gran batalla en el comercio mundial del futuro” girará “en torno a normas, estándares y ayudas estatales”. Así pues, el TTIP debe ser un instrumento para una “gran batalla” que se librará con otras regiones del mundo en torno a “normas, estándares y ayudas estatales”, es decir, a las reglas de la globalización.

Huída de la democracia de la OMC

El responsable de las reglas de la globalización es en realidad la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pero en los últimos años la UE y EE.UU. no han podido ahí sacar adelante sus proyectos, pues el poder decisorio lo ha tenido el voto mayoritario de los países en desarrollo y emergentes.
Los defensores del TTIP repiten una y otra vez que Occidente debe fortalecer sus estándares en todo el mundo a fin de establecer las mejores reglas en lo que se refiere al medioambiente y la democracia, frente a países como China e India. Pero esta tesis se ve desmentida si echamos un vistazo a las peticiones centrales de la UE y EE.UU. en materia de política comercial en los últimos años. Estas no iban enfocadas a establecer mejores reglas para la protección del medioambiente y la democracia, sino a aumentar el poder y la libertad de acción de las empresas transnacionales, y a reducir el margen de maniobra democrático.
En la OMC fracasó el intento de Occidente de ampliar la protección de la propiedad intelectual más allá de lo dispuesto en el vigente acuerdo TRIPS de la OMC. Con las condiciones del "TRIPS-plus" sería posible reducir aún más los derechos de los agricultores en todo el mundo, permitir las patentes sobre la vida y asegurar a las grandes empresas un mayor control sobre semillas y medicamentos. También fracasaron en buena medida los esfuerzos orientados a una mayor liberalización y apertura de servicios como la salud, la educación y el suministro de agua y energía. Occidente pretende que la ya fuertemente discutida protección de los inversores se amplíe para protegerlos también frente a la “pérdida de beneficios futuros”.
Para escapar a los procesos de decisión democráticos de la OMC, la UE y EE.UU. se han inclinado por afianzar sus estándares en acuerdos comerciales bilaterales. De este modo, dado su gran poder económico, pueden presionar a los países individuales y tratar así de que sus pretensiones vayan adquiriendo validez global. Esto ya ha tenido algunos éxitos. Así, tras largas discusiones y con duros métodos coactivos, la UE logró obligar al grupo de Estados ACP a firmar un “Acuerdo de cooperación económica”. Se reconocen ahí las condiciones del TRIPS-plus, así como la apertura de los sectores de servicios y una amplia protección de los inversores con procedimientos de arbitraje para resolver conflictos entre inversores y Estados.
Cuando el octubre pasado se firmó el último de estos Acuerdos de cooperación económica con el grupo de países del este de África, aquí estábamos en pleno debate sobre el TTIP. Pero apenas se prestó atención a los acontecimientos que se producían fuera de Europa, pese a que tales acuerdos estaban cortados por el mismo patrón. Tras la firma, en Kenia se decía que se llegó a un acuerdo “solo cuando les pusieron la pistola en el pecho”. De manera parecida se manifestaron antes otros representantes de los países ACP, que firmaron un acuerdo de este tipo a regañadientes.
Al grupo ACP pertenecen 79 países de África, el caribe y el Pacífico, antiguas colonias europeas en su mayoría. Desde el Acuerdo de Lomé, en los 70, la UE garantizó a estos países el acceso a los mercados europeos libre de tasas aduaneras. No obstante, hace alrededor de diez años, la OMC reclamó en una sentencia sustituir estos convenios unilaterales por concesiones comerciales recíprocas. Una buena ocasión para que la Comisión Europea exigiera de inmediato a los países ACP la aplicación completa de su programa de libre comercio. De otro modo, amenazó la UE, gravaría sus exportaciones con elevadas tasas aduaneras de hasta el 30%. Eso habría acabado con los medios de subsistencia de millones de pequeños agricultores y asalariados.
Los grandes proyectos de libre comercio actuales, TTIP, TPP (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico) y CETA (Acuerdo integral de Economía y Comercio) son en cierto modo una continuación de esa estrategia del chantaje con otros medios. Si grandes potencias económicas como la UE y EE.UU. se garantizan un mayor acceso recíproco a sus mercados, por lo general los terceros países tendrán menos oportunidades en esos mercados. Entonces solo podrán elegir entre asumir los daños económicos o aceptar los “estándares de referencia” europeos sobre libre comercio, normas jurídicas y protección de las inversiones.

Grietas en el sistema de dominación global

La UE ha alcanzado sus objetivos en los países ACP, pero al precio de hacerse impopular. Con tales métodos de chantaje, Occidente muestra sin querer que ya no disfruta de una auténtica hegemonía global. Ya no puede convencer a las élites de los países en desarrollo de las ventajas de sus normas y estándares. Son sobre todo los pujantes países emergentes los que se niegan tenazmente a acceder a sus pretensiones.
Con India, por ejemplo, la UE negocia sin éxito desde hace años un acuerdo bilateral. Hasta ahora los titulares a los que ha dado lugar son en su mayoría negativos, como cuando se conoció que la UE insta al Gobierno de Nueva Delhi a aceptar las condiciones del TRIPS-plus. De ese modo India no podría ya fabricar medicamentos genéricos a bajo costo. Este país es el mayor productor de genéricos del mundo y suministra medicamentos a bajo precio a millones de personas en los países del sur. Con las normas del TRIPS-plus, se abriría un enorme mercado para la industria farmacéutica europea, a la vez que se cercenaría el derecho a la salud de millones de personas.
Aún más importantes son las diferencias globales con respecto a los Acuerdos Internacionales de Inversión. En los pasados años se ha producido una auténtica ola de renuncias. Países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Indonesia y Sudáfrica ya han anulado los acuerdos existentes. Sudáfrica fue condenada por un tribunal de arbitraje internacional a pagar indemnizaciones después de que una empresa intaliana los demandara por el trato preferencial dado a la población negra ("Black Economic Empowerment"). India fue demandada por Vodafone debido a las nuevas normas fiscales, y a continuación anunció que quería renegociar todos los Acuerdos Internacionales de Inversión bilaterales.
En todo el mundo hay más de tres mil Acuerdos Internacionales de Inversión bilaterales. Alemania ha cerrado 130 de tales acuerdos. Antes del TTIP aquí no se hablaba de esto, pues en la mayoría de los casos los demandantes eran empresas de la UE y de EE.UU., y los afectados son mayoritariamente países del sur, en especial países como Argentina o Venezuela, que se permiten romper con la ortodoxia neoliberal. Así, tras la grave crisis económica argentina, entre 1998 y 2002, los inversores demandaron a ese país por su control de la circulación de capitales, con el que el Gobierno de Nestor Kirchner quería evitar un nuevo agravamiento de la crisis. También después de que congelaran los precios del agua, para posibilitar a la población empobrecida al menos el acceso a agua limpia, una empresa francesa exigió indemnizaciones.
Pero el acontecimiento clave en torno a la protección de los inversores se produjo en el año 2000 en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba. Allí se privatizaron las centrales de suministro de agua y se cedieron al grupo Bechtel. El precio del agua subió un 50%. Se produjeron violentos levantamientos que hicieron que el grupo Bechtel se retirara y exigiera indemnizaciones ante un tribunal de arbitraje internacional.
A raíz de este conflicto hubo en todo el mundo movilizaciones promovidas por organizaciones humanitarias. Debido a las protestas internacionales, y para evitar daños a su imagen, el grupo Bechtel retiró la demanda. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿cómo es posible que unos cuantos abogados comerciales de un tribunal de arbitraje internacional puedan decidir acerca de un derecho básico elemental como el acceso a agua limpia?

Cesión de poder global en favor de las grandes empresas

Los acuerdos de inversión internacionales contienen por lo general un procedimiento de resolución de conflictos entre inversores y Estados. En virtud de ello, las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados ante tribunales de arbitraje internacionales. Mediante esta cláusula, las empresas son elevadas a la condición de sujetos de derecho internacional, sin que estén vinculadas por las obligaciones del derecho internacional, como por ejemplo, la promoción de los derechos humanos. Ante los tribunales de arbitraje, se sientan frente a países soberanos de igual a igual, y pueden limitar su margen de acción en futuras decisiones.
Con los acuerdos de inversión internacionales, pero también con el TTIP y los demás grandes proyectos de libre comercio, se está configurando un derecho transnacional que se coloca por encima de los sistemas jurídicos nacionales. Su situación frente al derecho internacional vigente, como los pactos de la ONU en torno a los derechos humanos, los acuerdos de protección del clima o la legislación medioambiental internacional, no está clara. Sin embargo, este derecho contractual tiene claramente más fuerza que los débiles pactos de derechos humanos. Las infracciones se castigan con multas que pueden ascender a miles de millones de dólares.
El cambio en las relaciones de poder globales en favor de las grandes empresas ha de apoyarse en una nueva regulación, que constituye una auténtica innovación. Se llama “regulación cooperativa”, está ya incluida en CETA (p. 4) y sin duda habrá de incorporarse también en el TTIP. Prevé que los futuros proyectos legislativos sean examinados, ya en su fase inicial de gestación, por un grupo de expertos de los contratistas y en su caso paralizados como “obstáculo al comercio”, antes siquiera de que la opinión pública y los parlamentarios tengan conocimiento de ellos. Es evidente que lo que Angela Merkel llamó una vez “democracia conforme al mercado” debe hacerse realidad en todo el mundo mediante los proyectos occidentales de libre comercio.
Que Occidente tenga éxito en su lucha global por la hegemonía política y económica es ya otra cuestión. En el centro de los temores occidentales se encuentra la creciente influencia de China. Este país se ha convertido en un poderoso adversario de los estrategas occidentales del libre comercio. Pekín impulsa en Asia una cooperación regional que hace palidecer al proyecto estadounidense transpacífico TPP. Además, Pekín se introduce cada vez más en Asia, África y Latinoamérica como socio con capacidad financiera que sufraga sin problemas proyectos de inversión e infraestructuras de cualquier magnitud. Esto lleva a veces a la desesperación a los políticos responsables del medioambiente, como sucede actualmente con el faraónico proyecto del canal de Nicaragua. Pero de este modo se amplía el margen de acción económico de muchos países en desarrollo, lo que los hace menos chantajeables.
En ese sentido, China supone un poderoso freno a las ambiciones globales de Occidente. Esta nueva potencia introduce competencia en el mundo de los negocio y reduce enormemente la dependencia de Occidente. No obstante, no representa una alternativa al modelo de desarrollo occidental. También los dirigentes chinos se decantan por el libre comercio, la privatización y la desregulación. En los últimos años han cerrado más acuerdos bilaterales de libre comercio que ningún otro país. En la actualidad China está abriendo su sector sanitario a la inversión extranjera. También la política comercial y de inversiones china está marcada por una radical orientación hacia el crecimiento que deja a un lado consideraciones sociales o medioambientales.

La búsqueda de alternativas

Desde hace algunos años tiene lugar en los órganos de la ONU un debate en profundidad acerca de la orientación de los acuerdos de comercio e inversiones, desencadenado por la ola de renuncias a la protección de las inversiones y la larga resistencia de los países ACP. El órgano económico de la ONU, UNCTAD, ha hecho de la orientación social y ecológica de los acuerdos de inversión un tema central. La UNCTAD ha presentado las primeras propuestas concretas para la redacción de tales acuerdos en su "Informe sobre las inversiones en el mundo" de 2012; por ejemplo, la exclusión de tribunales de arbitraje, o la asunción en el contrato de deberes en materia de derechos humanos o medioambientales.
Un planteamiento más avanzado lo expone Olivier de Schutter, que hasta mediados del año pasado fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. Propone que, antes de su firma, todo acuerdo de comercio e inversiones deba ser examinado, de forma vinculante, en el marco de un programa de Evaluación del Impacto de los Derechos Humanos (Human Rights Impact Assessment, HRIA). Los grupos de población concernidos debería tener ahí una participación lo más amplia posible. Como consecuencia de tal HRIA, podrían modificarse determinadas cláusulas del contrato. Pero también podría resultar que una prevista liberalización de mercados fuera contraproducente con vistas a la situación de los derechos humanos sociales y económicos, y por tanto hubiera que buscar otra forma de cooperación económica.
En Europa, más de cincuenta organizaciones de la sociedad civil han redactado un Mandato de Comercio Alternativo (ATM) para la Comisión Europea.

Entre los participantes se encuentran desde Attac, Misereor, Oxfam, organizaciones de derechos humanos y de defensa del medioambiente hasta el movimiento de pequeños agricultores Vía Campesina. Quieren conseguir que los acuerdos de comercio e inversiones no estén enfocados al libre comercio, sino a objetivos como la sostenibilidad, la protección de los derechos humanos, la protección de los consumidores y la soberanía alimentaria, por nombrar algunos. Entre otras cosas se reclama que los servicios públicos queden excluidos de los contratos comerciales y que se proclame la estabilidad financiera como bien público.
A diferencia del algo provinciano debate acerca de los pollos clorados o el “jamón de la Selva Negra”, aquí se toma como punto de partida la dimensión global de las estrategias occidentales de libre comercio, a fin de ofrecer respuestas y plantear contraestrategias. Sin embargo, o precisamente por eso, estas iniciativas arrojan muchas preguntas. ¿En qué medida tiene sentido la mejora, ampliación o remodelación de tales acuerdos? ¿Qué posibilidades tiene las sociedades civiles y qué tareas deberían desempeñar las organizaciones internacionales?
Fundamentalmente, las reglas y estándares de la globalización entran dentro del ámbito del derecho internacional. Y esto es asunto de las organizaciones internacionales. Pero para que estas reciban el mandato para una reorientación, necesitan la implicación de las sociedades civiles. Los Gobiernos occidentales alimentan desde hace tiempo el mito de que la ONU no puede regular nada de utilidad. Pero hace unos meses la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para la implantación de un procedimiento internacional de insolvencia para los países, con el voto contrario de EE.UU. y sin el acuerdo de los países de la UE. Alemania votó junto con EE.UU. en contra..
Es más bien Occidente el que bloquea regulaciones de utilidad en el marco internacional. Con la colaboración entre la ONU y las sociedades civiles, a largo plazo podría crearse una marco normativo jurídico para la economía global que impusiera a las empresas estándares sociales y medioambientales vinculantes y exigibles, a modo de contrato social global. Mientras tanto, se pueden enviar sin temor el TTIP y acuerdos similares al lugar que les corresponde, el cubo de la basura.

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