Excmo. Sr. ministro,
El grupo de estudiantes saharauis “Compañeros de El Uali” fue objeto de una persecución política que se saldó con 85 años de prisión.
Este grupo de estudiantes hacía campaña en las Universidades marroquíes de Agadir y Marrakech por la autodeterminación del Sahara Occidental, y el gobierno marroquí se los quitó de en medio como siempre, acusándoles de un crimen, en este caso un asesinato. Las pruebas, innecesarias.
Once de estos estudiantes fueron condenados a 3 años en enero de 2016. Otros cuatro fueron condenados a 10 años y siguen en la cárcel. Se trata de Elbar El Kantaoui, El Hafidi Abdelmoula, Aziz El Ouahidi y Mohamed Dada.
Posteriormente entró en prisión Hussein Bachir Amadour. Había escapado a Canarias donde manifestó ante el juez su deseo de pedir asilo político. El juez le mandó a un Centro de Internamiento de Extranjeros desde donde se iniciarían los trámites para el asilo, pero por el camino la policía lo desvió a un avión rumbo a Marruecos, el 16 de enero de 2019. Desde entonces está en la cárcel cumpliendo una condena de 12 años.
El gobierno español no ha investigado esta desobediencia al juez, una entrega ilegal de un solicitante de asilo, que ha conllevado tan terribles consecuencias. No se han derivado responsabilidades.
Quedan cinco estudiantes entre rejas. De ellos, tres empezaron una huelga de hambre el 20 de febrero de 2023 en la cárcel de Ait Melloul 1, en Marruecos, la peor junto con la de Tiflet.
Mohamed Dada suspendió su huelga el 1 de marzo, cuando le trasladaron a la cárcel de Tan Tan.
Abdelmoula El Hafidi suspendió su huelga el 7 de marzo, cuando la administración penitenciaria le prometió un cambio de cárcel.
Hussein Bachir Amadour sigue en huelga. Lleva exactamente un mes. Los saharauis son capaces de todo por defender sus derechos. Pide que le quiten, entre muchas arbitrariedades, la consideración de preso “peligroso”, y que le acerquen a su familia, en los territorios ocupados. Un mes es mucho tiempo. No tiene vigilancia médica y su vida está en peligro.
En noviembre de 2019, el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas ya dictaminó que los estudiantes Moussayih, Burgaa, Errami, Baber, Rguibi, Elbeur, Charki, Ajna, Amenkour, Baalli, El Ouahidi, Dadda, Baihna y El Hafidi (los que presentaron la queja) fueron objeto de detenciones arbitrarias y que el Gobierno de Marruecos debía tomar las medidas necesarias para liberar a los que seguían en la cárcel e indemnizar a todos para ofrecerles una reparación. Por supuesto Marruecos no ha acatado el dictamen.
Y el presidente Sánchez habla de quienes “aplastan la libertad y la soberanía” aunque no se refiere a Marruecos. Eso no. Marruecos no hace eso.
Aunque nuestro Gobierno no se atreve a reconvenir a Marruecos en materia de derechos humanos ni en materia de la ocupación del Sahara Occidental, debería al menos tener un gesto haciendo justicia de puertas adentro y llevar a cabo una investigación sobre las oscuras motivaciones que llevaron a entregar a Marruecos a un solicitante de asilo sin haber cumplido el protocolo. El guardia no se equivocó. La orden tuvo que venir de arriba.
España se lo debe a Hussein Bachir Amadour.
Cristina Martínez Benítez de Lugo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire