MOHAMED OSMANSudán retrocede peligrosamente

Mohamed Osman, Foreign Policy in Focus, 18/11/2021
Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala

  

Mohamed Osman es un becario Aryeh Neier en la Open Society Justice Initiative que trabaja en temas de justicia internacional. Colaboró con el Comité Internacional de la Cruz Roja como asesor jurídico en Sudán. También ha llevado a cabo una serie de consultorías y trabajos de investigación sobre derechos humanos durante su estancia en aquel país, incluyendo cuestiones de ciudadanía, derechos de la mujer y derecho islámico.  Obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad de Jartum, un diploma de posgrado en derechos humanos por la Universidad de Jartum y un máster en derechos humanos internacionales y derecho humanitario por la Universidad de Essex (2015-2016). Su tesis se centró en la aplicación del Estado de derecho por parte de los grupos armados de la oposición en los territorios que controlan.

Desde la toma del poder militar del 25 de octubre, la represión violenta ha vuelto con toda su fuerza. ¿Puede la comunidad internacional apoyar el Estado de derecho?

Usamerican@s de origen sudanés protestan en San Francisco por el golpe militar, octubre de 2021 (Shutterstock)

En septiembre me reuní en Jartum con la madre de un estudiante de medicina asesinado por las fuerzas de seguridad durante las protestas de Sudán de 2018-2019.

“La razón por la que me levanto cada día es porque tengo la pequeña esperanza de poder encontrar justicia para mi hijo”, confiesa. “No solo es por él, sino para evitar que otros padres tengan que enfrentarse a la devastación de perder a sus hijos por culpa de la violencia estatal”.

En este periodo de incertidumbre para Sudán, una cosa está clara: sería fundamentalmente erróneo y peligroso desechar la justicia por los graves abusos pasados y por los más recientes en nombre de la conveniencia política.

Nuestra investigación y la de muchas otras organizaciones para documentar los abusos generalizados en Sudán durante las últimas tres décadas muestra que la impunidad rampante de las atrocidades ha alimentado las violaciones y la inseguridad actuales. Esta impunidad ha permitido durante mucho tiempo que los autores de los abusos que se encuentran a la cabeza de la cadena de mando ejerzan aún más poder.

Líderes clave de la parte militar del gobierno de coalición destituido por los militares el 25 de octubre eran a su vez un remanente del régimen derrocado en abril de 2019, con su propia cuota de presuntos abusos sin respuesta. De hecho, apenas unos meses antes de la firma del acuerdo de transición en agosto de 2019, estos mismos líderes militares -incluyendo a Mohamed Hamdan Dagalo (“Hemedti”), el comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)- fueron quienes supervisaron la dispersión violenta de la sentada de los manifestantes en Jartum.

La transición de Sudán ha sido turbulenta desde el principio. El gobierno de transición tuvo que lidiar con el pesado legado de la represión del pasado, incluyendo cómo tratar al expresidente Omar al-Bashir y a otros dos altos funcionarios buscados por la Corte Penal Internacional por cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Todo ello mientras se enfrentaba a una terrible realidad económica.

Los abusos continuaron durante la transición, y la impunidad de los delitos graves siguió siendo en gran medida la norma.

Aunque se lograron algunos pequeños pero importantes avances en materia de rendición de cuentas -sobre todo gracias a un puñado de procesamientos por asesinatos durante las protestas, a las embrionarias reformas legales y a la mejora de la cooperación con la Corte Penal Internacional-, los socios de Sudán podrían haber hecho algo más para reforzar las reformas de las que dependía el éxito de la transición hacia un gobierno civil.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguieron difiriendo que se adoptaran medidas esenciales para garantizar la justicia, como el levantamiento de la inmunidad, la entrega de miembros de las fuerzas de seguridad y la reforma del sector de la seguridad. Muchos sudaneses se sintieron cada vez más frustrados porque no se prestaba suficiente atención a sus peticiones de justicia.

El impacto se sintió en todo el país, y en ningún lugar más que en el conflictivo Darfur, escenario de décadas de atrocidades por parte del antiguo régimen.

En los últimos dos años, la capital de Darfur Occidental, Al-Genaina, se ha visto asolada por tres episodios de graves combates, que han dejado cientos de muertos, miles de desplazados y han provocado la destrucción masiva de bienes civiles. Tras la retirada de la misión híbrida de mantenimiento de la paz en la región, el gobierno se encargó de proteger a los civiles, pero nuestras investigaciones han demostrado cómo las fuerzas de la FAR -las mismas responsables de años de abusos en la zona- atacaban a los civiles mientras otras fuerzas de seguridad se mantenían al margen.

La toma del poder por parte de los militares del 25 de octubre dio al traste con las esperanzas de la transición de Sudán a un gobierno civil. En los días siguientes, las fuerzas de seguridad se quitaron la máscara y recurrieron a sus conocidas y brutales tácticas. Hicieron un uso excesivo, incluso letal, de la fuerza contra manifestantes pacíficos; hicieron desaparecer por la fuerza a más de dos docenas de funcionarios de alto nivel y líderes de las protestas; y cerraron Internet. Al menos 38 personas murieron en Jartum, y cientos resultaron heridas en todo el país.

Como las protestas contra la toma de posesión han continuado, actores nacionales, regionales e internacionales se han ofrecido a mediar para alcanzar un acuerdo político. Entre otros, la Misión Integrada de Apoyo a la Transición en Sudán de la ONU ha ofrecido sus buenos oficios para ayudar a ese diálogo.

Los manifestantes están preocupados por la falta de transparencia que rodea a estas múltiples iniciativas y temen que estos procesos puedan acabar permitiendo que los agresores, incluidos los mandos militares, queden libres de culpa. Los informes de los medios de comunicación sobre los debates en curso no han incluido ninguna referencia a la rendición de cuentas.

Si la comunidad internacional quiere poner fin de forma sostenible a los ciclos de inestabilidad y represión en Sudán, debe dar prioridad a la justicia y enviar un mensaje inequívoco de que cometer abusos ya no puede seguir siendo un medio de actuación, y mucho menos para tener éxito. También es el punto de partida esencial para construir una sociedad basada en el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos.

Todos los procesos políticos en Sudán deben garantizar que no se produzcan retrocesos en los logros alcanzados durante la transición, que no se conceda inmunidad y que los actores internacionales no puedan permitirse el lujo de dejar la justicia en un segundo plano. Las dos últimas semanas han demostrado demasiado bien que esto no puede acabar bien. Solo sirve para dar poder a los abusadores.