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30/01/2024

MOUIN RABBANI
Cómo hizo historia la ordenanza de la CIJ contra Israel por genocidio

Mouin Rabbani, DAWN, 26/1/2024
Traducido por Fausto Giudice, Tlaxcala

La ordenanza inicial dictada el viernes 26 de enero de 2024 por la Corte Internacional de Justicia sobre las acusaciones de genocidio contra Israel hizo historia, y no es una hipérbole.

Emad Hajjaj

 El máximo tribunal de las Naciones Unidas con sede en La Haya consideró “plausible” que Israel haya cometido actos contra los palestinos de Gaza que violan la Convención sobre el Genocidio. Aunque su fallo no es todavía un veredicto sobre si Israel ha cometido genocidio, algo que el tribunal podría tardar años en decidir, la CIJ dictaminó que tiene jurisdicción para seguir adelante con el caso que fue presentado por Sudáfrica, desestimando el principal argumento de Israel.

El tribunal dictó medidas provisionales para proteger a la devastada población de Gaza del riesgo de genocidio, entre ellas, que Israel debe garantizar “con efecto inmediato” que sus fuerzas militares no cometen ninguno de los actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, y que Israel debe “tomar todas las medidas” para prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio contra los palestinos de Gaza. Cada una de las seis medidas provisionales fue aprobada con el apoyo abrumador de los 17 jueces del tribunal, en votaciones de 16-1 y 15-2.

En esta fase del procedimiento en La Haya, el caso se reducía a una sola cuestión: si la CIJ determinaba que Sudáfrica había presentado una acusación plausible de que Israel está cometiendo genocidio y, sobre esta base, permitía que el caso avanzara hacia una vista completa. Todo lo demás es secundario. En este punto crucial, el veredicto del tribunal fue inequívoco: los argumentos presentados por Sudáfrica ante la CIJ a principios de este mes eran suficientemente convincentes, y las refutaciones y negaciones de Israel, poco convincentes. La CIJ celebrará ahora una vista completa y adecuada para determinar si Israel es no sólo plausiblemente acusado, sino sustancialmente responsable del crimen de genocidio en Gaza.

Aquí se hizo historia. A partir del 26 de enero de 2024, Israel y sus patrocinadores occidentales ya no podrán utilizar el Holocausto para protegerse de la rendición de cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino. Raz Segal, un destacado profesor de estudios sobre el Holocausto y el genocidio, señaló recientemente que el Estado de Israel nació en la impunidad. “La idea de que el Estado judío pueda cometer crímenes de guerra, por no hablar de genocidio, se convierte desde el principio en una idea impensable”, afirmó. “La impunidad para Israel está horneada en el sistema”.
No más.

El difunto Edward Said describió al pueblo palestino como “las víctimas de las víctimas, los refugiados de los refugiados”, mientras escribía sobre las dificultades que tenían muchos en Occidente para concebir a Israel como un Estado capaz de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, dada su creación tras el Holocausto. Ya no es así. Hoy en día, Israel está asociado al crimen de genocidio como autor plausible, no como víctima. A partir de ahora, las políticas de Israel hacia el pueblo palestino se juzgarán por sus propios méritos y no en la larga sombra de la historia europea.

La CIJ ha redefinido hoy el “nunca más”. Ya no es un lema que pueda utilizar Israel para cometer y justificar crímenes contra otros. Ahora se aplica por igual a las acciones de Israel y a las víctimas palestinas.

Los jueces de la CIJ no son diplomáticos que siguen instrucciones de sus gobiernos. No obstante, fue especialmente satisfactorio ver la sentencia del tribunal dictada por la presidenta usamericana del tribunal, Joan E. Donoghue, que votó a favor de cada una de las medidas provisionales del tribunal. Al dictar la sentencia, Donoghue leyó varias declaraciones de funcionarios israelíes desde el ataque de Hamás del 7 de octubre que Sudáfrica había presentado como prueba de la intención genocida de Israel. Fue una réplica adecuada a la precipitación del Secretario de Estado de USA, Antony Blinken, al afirmar que el caso de Sudáfrica carecía de “mérito”. ¿Se molestó Blinken siquiera en leer la presentación de Sudáfrica ante la CIJ? [Pedirle que leyera sus 80 páginas habría sido pedirle demasiado, NdT] Probablemente considera que cualquier acusación contra Israel, cualquier cuestionamiento de su impunidad, cualquier esfuerzo para que rinda cuentas de sus crímenes, carece por definición de mérito. ¿Es sorprendente que el Departamento de Estado, en una declaración sobre el fallo, siguiera calificando de “infundadas” las acusaciones de genocidio?

Las medidas provisionales ordenadas por el tribunal pueden ser legalmente vinculantes, pero no debe confundirse al TIJ con el Consejo de Seguridad de la ONU. El propio tribunal no tiene forma de hacer cumplir sus sentencias; corresponde al Consejo de Seguridad aprobar una resolución para hacerlas cumplir. Sin embargo, las seis medidas provisionales dictadas contra Israel siguen siendo importantes, ya que Israel debe informar al tribunal en 30 días sobre cómo las está cumpliendo. En otras palabras, Israel está en el banquillo de los acusados y se le vigila de cerca. El hecho de que el tribunal no ordenara un alto el fuego, como pedía Sudáfrica -que Israel, con el apoyo de sus patrocinadores occidentales, simplemente ignoraría-, era de esperar y no era el verdadero objeto de este caso.

Por último, la sentencia de la CIJ también impone obligaciones legales a todos los demás signatarios de la Convención sobre el Genocidio, incluidos USA y los países de Europa. El sol no sale por Occidente y la hipocresía occidental -principio fundamental de su “orden internacional basado en normas”- no acabará pronto. Pero la sentencia de la CIJ sienta las bases para responsabilizar también en última instancia a los patronos y guardaespaldas de Israel.

Como describió la sentencia el activista y político palestino Mustafa Barghouti, “por primera vez en 75 años, Israel queda despojado de su impunidad ante el derecho internacional”. Es una victoria de la obligación de rendir  cuentas, esperada desde hace mucho tiempo.

 

 

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