Traducido por S. Seguí
Medea Benjamin es cofundadora de CODEPINK for Peace y autora de varios libros, entre ellos Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.Nicolas J. S. Davies es periodista independiente, investigador de CODEPINK y autor de Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq.
El mundo ha asistido horrorizado a la última matanza israelí perpetrada en Gaza de cientos de hombres, mujeres y niños. Gran parte del mundo está asimismo conmocionada por el papel de Estados Unidos en esta crisis, toda vez que es este país quien ha proporcionado a Israel las armas destinadas a matar a civiles palestinos, en violación del Derecho estadounidense e internacional, y quien ha bloqueado repetidamente la acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dirigida a imponer un alto el fuego o hacer que Israel rinda cuentas por sus crímenes de guerra.
En contraste con las acciones de Estados Unidos, en casi todos los discursos o entrevistas, el Secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, sigue prometiendo mantener y defender el “orden basado en normas”. Pero nunca ha aclarado si se refiere a las normas universales de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, o a algún otro conjunto de normas aún no definido. ¿Qué normas podrían legitimar el tipo de destrucción que acabamos de presenciar en Gaza, y quién querría vivir en un mundo regido por ellas?
Los palestinos tienen derecho a...
¡Siguiente pregunta!
Cuestión palestina, por Pat Bagley, The Salt Lake Tribune, 20/5/2021
Hemos pasado ya muchos años protestando, por una parte, contra la violencia y el caos que Estados Unidos y sus aliados infligen a millones de personas en todo el mundo al violar la prohibición de la Carta de las Naciones Unidas contra las amenazas o el uso de la fuerza militar, y, por otra, siempre hemos insistido en que el gobierno de Estados Unidos debe cumplir con el orden basado en las normas del Derecho Internacional.
Pero incluso cuando las guerras ilegales de Estados Unidos y su apoyo a aliados como Israel y Arabia Saudí han reducido ciudades a escombros y han dejado a un país tras otro sumido en una violencia y un caos inextricables, los líderes estadounidenses se han negado a reconocer siquiera que las operaciones militares agresivas y destructivas de Estados Unidos y sus aliados violan el orden basado en normas de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
El presidente Trump fue claro al afirmar que no estaba interesado en seguir ninguna “norma global”, sólo en apoyar los intereses nacionales de Estados Unidos. Su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, llegó a prohibir explícitamente al personal de su Consejo de Seguridad Nacional asistente a la Cumbre del G20, de 2018, en Argentina incluso pronunciar las palabras “orden basado en normas”.
Así pues, se podría esperar que recibiéramos con agrado el compromiso declarado de Blinken con el “orden basado en normas” como un cambio de rumbo en la política de Estados Unidos, cambio que debería haberse producido hace tiempo. Pero cuando se trata de un principio vital como éste, lo que cuenta son los hechos, y el gobierno del presidente Biden todavía no ha tomado ninguna medida decisiva para que la política exterior de Estados Unidos cumpla con la Carta de las Naciones Unidas o el Derecho Internacional.
Al secretario de Estado Blinken, el concepto de un “orden basado en normas” parece serle útil principalmente como garrote con el que atacar a China y Rusia. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada el 7 de mayo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sugirió que, en lugar de aceptar las normas del Derecho Internacional ya existentes, Estados Unidos y sus aliados están tratando de idear “otras normas desarrolladas en formatos cerrados y no inclusivos, para luego imponerlas a todos los demás”.
La Carta de las Naciones Unidas y las normas del Derecho Internacional se desarrollaron en el siglo XX precisamente para codificar normas no escritas y eternamente discutidas del Derecho Internacional consuetudinario, y convertirlas en normas explícitas y escritas que fueran vinculantes para todas las naciones.
Estados Unidos desempeñó un papel destacado en este movimiento legalista en las relaciones internacionales, desde las Conferencias de Paz de La Haya a principios del siglo XX hasta la firma de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco en 1945 y los Convenios de Ginebra revisados en 1949, incluido el nuevo Cuarto Convenio de Ginebra Relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra como los innumerables muertos debidos a las armas estadounidenses en Afganistán, Iraq, Siria, Yemen y Gaza.
Como el presidente Franklin Roosevelt anunció ante una sesión conjunta del Congreso usamericano a su regreso de Yalta en 1945, el plan de las Naciones Unidas:
“(…) debería significar el fin del sistema de acciones unilaterales, de alianzas exclusivas, de esferas de influencia, de equilibrios de poder y de todos los demás recursos intentados durante siglos y que siempre han fracasado. Proponemos sustituir todo esto por una organización universal en la que todas las naciones amantes de la paz tengan por fin la oportunidad de participar. Estoy seguro de que el Congreso y el pueblo estadounidense aceptarán los resultados de esta Conferencia como el comienzo de una estructura permanente de paz.”
Sin embargo, el triunfalismo de Estados Unidos tras la Guerra Fría erosionó el ya tibio compromiso de los líderes estadounidenses con esas normas. Los neoconservadores argumentaron que ya no eran relevantes y que Estados Unidos debía estar preparado para imponer el orden en el mundo mediante la amenaza y el uso unilateral de la fuerza militar, que es exactamente lo que prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Madeleine Albright y otros líderes demócratas adoptaron nuevas doctrinas de “intervención humanitaria” y “responsabilidad de proteger” para tratar de forjar excepciones políticamente persuasivas a las normas explícitas de la citada Carta.
Las “guerras interminables” de Estados Unidos, su reavivada guerra fría contra Rusia y China, su cheque en blanco a la ocupación israelí y los obstáculos políticos para la elaboración de un futuro más pacífico y sostenible son algunos de los frutos de estos esfuerzos bipartidistas para desafiar y debilitar el orden basado en normas.
Hoy en día, lejos de ser un líder del sistema internacional basado en normas, Estados Unidos es un caso atípico. No ha firmado ni ratificado una cincuentena de tratados multilaterales importantes y ampliamente aceptados, desde los derechos de los niños hasta el control de armas. Sus sanciones unilaterales contra Cuba, Irán, Venezuela y otros países son en sí mismas violaciones del Derecho Internacional, y el nuevo gobierno de Biden ha fracasado vergonzosamente en el levantamiento de estas sanciones ilegales, ignorando la petición del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, de suspender tales medidas coercitivas unilaterales durante la pandemia.
Entonces, cabe preguntarse ¿es el “orden basado en normas” de Biden un nuevo compromiso con la “estructura permanente de paz” del presidente Roosevelt, o es en realidad una renuncia a la Carta de las Naciones Unidas y a sus fines, que son la paz y la seguridad para toda la Humanidad?
A la luz de los primeros meses de Biden en el poder, parece ser esto último. En lugar de diseñar una política exterior basada en los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas y en el objetivo de un mundo pacífico, la política de Biden parece partir de la premisa de un presupuesto militar estadounidense de 753.000 millones de dólares, 800 bases militares en el extranjero, interminables guerras y masacres de Estados Unidos y sus aliados, y venta masiva de armas a regímenes represivos. Y a partir de ahí trabaja en retrospectiva a fin de formular un marco político que justifique de alguna manera todo eso.
Una vez que una “guerra contra el terror”, que sólo alimenta el terrorismo, la violencia y el caos, dejó de ser políticamente viable, los líderes usamericanos de línea dura, tanto republicanos como demócratas, parecen haber llegado a la conclusión de que un retorno a la Guerra Fría era la única forma plausible de perpetuar la política exterior militarista de Estados Unidos y su maquinaria bélica multimillonaria.
Pero todo esto plantea una nueva serie de contradicciones. Durante 40 años, la Guerra Fría se justificó por la lucha ideológica entre los sistemas económicos capitalista y comunista. Pero la URSS se desintegró y Rusia es ahora un país capitalista. China sigue gobernada por su Partido Comunista, pero tiene una economía mixta gestionada similar a la de Europa Occidental en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un sistema económico eficiente y dinámico que ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza en ambos casos.
Entonces, ¿cómo pueden estos líderes estadounidenses justificar su renovada Guerra Fría? Han hecho flotar la noción de una lucha entre “democracia y autoritarismo”. Pero Estados Unidos apoya demasiadas dictaduras horroríficas en todo el mundo, especialmente en Oriente Medio, como para que esa noción no sea sino un pretexto convincente para librar una guerra fría contra Rusia y China.
Una “guerra global contra el autoritarismo” de Estados Unidos exigiría enfrentarse a aliados represivos de Estados Unidos como Egipto, Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, no armarlos hasta los dientes y protegerlos de la responsabilidad internacional como está haciendo Estados Unidos.
Así que, al igual que los líderes estadounidenses y británicos se decantaron por las inexistentes “armas de destrucción masiva” como pretexto en el que todos podían estar de acuerdo para justificar su guerra contra Iraq, Estados Unidos y sus aliados se han decantado por la defensa de un vago e indefinido “orden basado en normas” como justificación de su renovada guerra fría contra Rusia y China.
Pero al igual que el traje nuevo del emperador en la fábula y las armas de destrucción masiva en Iraq, las nuevas normas de Estados Unidos son realmente inexistentes. Son sólo una última cortina de humo frente a una política exterior basada en amenazas y usos ilegales de la fuerza y en una doctrina de “la razón de la fuerza”.
Desafiamos al presidente Biden y al secretario Blinken a que demuestren que estamos equivocados uniéndose realmente al orden basado en normas de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional. Esto requeriría un compromiso genuino con un futuro muy diferente y más pacífico, con la debida contrición y responsabilidad por las violaciones sistemáticas de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional por parte de Estados Unidos y sus aliados, y por las innumerables muertes violentas, sociedades arruinadas y caos generalizado que han causado.
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