Asher Orkaby, MERIP, 26/5/2021
Traducido por Sinfo Fernández
Asher Orkaby es investigador asociado en el Instituto Transregional de la Universidad de Princeton y miembro residente del Centro Internacional Woodrow Wilson.
Es autor de Beyond the Arab Cold War: The International History of the Yemen Civil War, 1962-68 (Oxford University Press, 2017) y de What Everyone Needs to Know About Yemen. CV
En respuesta, un número creciente de organizaciones no gubernamentales internacionales y programas de ayuda administrados por las Naciones Unidas intentan abordar específicamente la desnutrición relacionada con la guerra y la propagación de enfermedades. Pero los escasos resultados tangibles y la escalada de la crisis han llevado a muchos analistas a criticar el modelo utilizado para brindar asistencia humanitaria en el Yemen. Mientras que “creado por el hombre” se refiere claramente tanto a la campaña de bombardeos y bloqueo liderados por Arabia Saudí como a la guerra interna liderada por el movimiento yemení hutí en Saná, los programas de ayuda humanitaria gestionados por extranjeros pueden estar contribuyendo también a la perpetuación de este desastre.
En lugar de cooperar para resolver el conflicto y desarrollar una situación de estabilidad a largo plazo en el país, gran parte de la ayuda humanitaria que llega allí exacerba la guerra al fomentar una economía lucrativa en tiempos de guerra, desincentivar las resoluciones pacíficas y prolongar la dependencia nacional de la ayuda exterior. La asistencia humanitaria constituye uno de los sectores económicos más importantes del país y está enriqueciendo a una élite militante arraigada que monopoliza la distribución de la ayuda y utiliza los alimentos y los suministros como capital político. El potencial de corrupción y los efectos nocivos de la ayuda humanitaria en un conflicto civil no es un fenómeno nuevo en el Yemen y ha sido objeto de un número creciente de estudios críticos durante los últimos diez años [1].
Las agendas establecidas por los donantes, especialmente en torno a la pandemia de la COVID-19, han tenido un impacto negativo involuntario, mientras que la creciente dependencia de los donantes ha creado obstáculos adicionales para el desarrollo a largo plazo de la economía nacional y la atención médica en el país. Incluso las organizaciones locales de la sociedad civil, que pueden presentar opciones que aumenten la capacidad yemení en la distribución de la ayuda y el desarrollo, tienen que batallar con las tensiones políticas relacionadas con la guerra, la corrupción y la ausencia de rendición de cuentas.
El negocio de la respuesta al hambre
Los medios de comunicación vienen declarando con frecuencia que el Yemen está al borde de la hambruna desde 2014. Si bien esta cobertura muestra una grave escasez de alimentos relacionada con la guerra, también sirve para aumentar las audiencias y apelar a la pauta moral de la gente. Las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI), que dependen de la generosidad de los donantes privados para los presupuestos y programas operativos han utilizado en gran medida la crisis del Yemen para sus campañas de recaudación de fondos. OXFAM International, por ejemplo, utiliza regularmente títulos apasionados en sus páginas online como “Yemen al borde del precipicio: el conflicto está precipitando a millones de seres hacia la hambruna”, yuxtapuestos junto a enlaces de “Donar ahora”. No obstante, ¿cuántas de estas donaciones terminan llegando al Yemen y qué parte de esta financiación se destina a los gastos generales e indirectos de la organización en general? Según el informe anual de OXFAM de 2019, el 33% de los gastos se destina a factores no relacionados con el programa de ayuda, como son la recaudación de fondos y el marketing. Sin embargo, la recaudación de fondos es esencial para administrar estas organizaciones y mantener los salarios del personal de la agencia. Como argumenta Michael Barnett: “Como las buenas causas no se venden por sí mismas, sino que hay que venderlas, las agencias de la ayuda han desarrollado una destreza de marketing considerable... y anunciarán la tragedia, cuando no la embellecerán, para aprovechar el posible sentimiento de culpa de los ricos” [2]. El autobombo de las agencias forma parte del modelo empresarial de ayuda humanitaria, aunque existe una delgada línea entre el utilitarismo y la explotación.
Además de las ONGI, una lista cada vez mayor de agencias de la ONU y organizaciones humanitarias han utilizado con eficacia un lenguaje de crisis similar para impulsar las contribuciones estatales y las donaciones privadas. La Oficina del Enviado Especial (OSE, por sus siglas en inglés) para el Yemen ha necesitado en particular de autopromoción adicional y justificación pública, ya que su presupuesto operativo anual básico para 2020 aumentó a 18,4 millones de dólares, superando el presupuesto de la OSE para Siria de 16,2 millones de dólares. En diciembre de 2018, la OSE Yemen utilizó una subvención complementaria para financiar una gran reunión de delegados en Estocolmo, Suecia, para negociar un alto el fuego para la ciudad portuaria yemení occidental de Hodeidah. Las negociaciones y la implementación del finalmente fallido Acuerdo de Estocolmo costaron 56 millones de dólares y produjeron pocos resultados tangibles, una consecuencia de la creciente influencia militante de línea dura dentro del movimiento hutí y de la falta general de progresos en las negociaciones directas entre Arabia Saudí y los hutíes [3]. Solo los costes de los billetes aéreos para la delegación de la OSE Yemen en 2019 alcanzaron los 1,3 millones de dólares, más los 3,8 millones de dólares gastados en alojamiento en hoteles en Hodeidah para la Misión de la ONU de 2019 que acudió para apoyar el Acuerdo de Hodeidah (UNMHA, por sus siglas en inglés). El Comité Asesor de Asuntos Administrativos y de Presupuestos de la ONU si bien reconoció “el difícil entorno operativo de la Misión”, expresó su preocupación en un informe de 2019 por los gastos y la utilización de recursos por parte de la UNMHA [4].
Como observó Fiona Terry: “Hacer hincapié en las complejidades de las crisis se ha convertido en una forma conveniente de desviar la responsabilidad por las consecuencias negativas de la acción humanitaria del régimen de ayuda internacional en el contexto en el que actúa” [5]. El conflicto actual en el Yemen es el epítome de una “emergencia compleja”, conformada por un gobierno en el exilio reconocido internacionalmente, un grupo rebelde que gobierna la capital, una intervención militar regional, restricciones a la movilidad, desplazamientos internos y un desastre humanitario provocado por el hombre. La ayuda humanitaria no puede resolver el conflicto político, pero puede desempeñar un papel en la creación de capacidades locales, preparando a los yemeníes para la necesaria reconstrucción de la posguerra.
Viñeta de Emad Hayyay
La política de la ayuda humanitaria en el Yemen
La crisis humanitaria en el Yemen no comenzó en 2014, pero se ha ido agravando a causa del abandono persistente de la infraestructura, la corrupción política y las luchas internas. El papel de la ayuda exterior para el desarrollo en la remodelación de la agricultura yemení está íntimamente relacionado con el origen de este desastre. El proceso comenzó en la década de 1960, en el norte de la República Árabe del Yemen (RAY), cuando la USAID (Agencia USA para el Desarrollo) contribuyó a la construcción de carreteras que conectan las principales áreas urbanas de la RAY. Utilizando gran parte del mismo equipamiento, la USAID construyó un sistema de suministro de aguas y alcantarillado en la ciudad de Taiz, en el centro del Yemen, llamado Proyecto Hídrico John F. Kennedy. También se llevaron a cabo proyectos hídricos a pequeña escala en las aldeas circundantes, ya que el personal de la USAID ayudó a los lugareños en el desarrollo de nuevos pozos e instalación de bombas de agua modernas [6]. Durante la década de 1970, la ayuda extranjera financió un aumento significativo en el número y tamaño de estas bombas, aunque los yemeníes comenzaron a reemplazar las fuentes nacionales de alimentos con alternativas importadas más baratas, incentivando así un cambio en la siembra de alimentos básicos a cultivos comerciales más lucrativos. Estos proyectos fueron fundamentales para el desarrollo de una economía agrícola con un gasto intensivo de agua que contribuyó a la alarmante crisis del agua en Yemen [7].
Tres décadas de corrupción desenfrenada bajo la presidencia de Ali Abdullah Saleh (1990-2012) fomentaron la mala gestión de los recursos por parte del gobierno, ya que priorizó sus propias finanzas familiares y sus redes políticas sobre los servicios públicos, permitiendo que la infraestructura de Yemen se deteriorara. Un país antes conocido como el granero de la Península Arábiga y la Arabia Felix de la antigüedad depende ahora de las importaciones para el 90%o de sus alimentos básicos. El alcance del declive de la infraestructura yemení pudo apreciarse de modo impresionante en las imágenes de las destructivas inundaciones del verano de 2020, exacerbadas por el colapso de múltiples presas. A pesar del sistema de riego históricamente reconocido del país, los yemeníes no pudieron almacenar la valiosa lluvia y solo pudieron lamentar la destrucción causada por su abundancia.
La crisis alimentaria en el Yemen no puede atribuirse únicamente al conflicto, sino que está vinculada a estos cambios agrícolas y de infraestructura a más largo plazo que fueron incentivados, y en ocasiones construidos directamente, a través de la ayuda exterior.
En las décadas posteriores a la Guerra Fría, un número creciente de organizaciones internacionales que operan bajo los auspicios de la ONU, fundaciones filantrópicas mundiales y otras organizaciones nacionales de ayuda desembolsaron ayuda destinada a fines humanitarios o de desarrollo. Las consecuencias potencialmente negativas de estos programas se producen a menudo como consecuencia del desajuste entre las agendas de las organizaciones extranjeras y los hechos sobre el terreno en el Yemen. Durante los últimos treinta años, el país ha enfrentado numerosos conflictos internos, desde la guerra civil de 1994 hasta las guerras hutíes de 2004 a 2010 y el actual conflicto entre los rebeldes hutíes y el gobierno yemení desplazado que se inició en 2014. El hecho de que resulte difícil que cualquier organización internacional opere en el Yemen sin parecer alineada con uno u otro actor ha fomentado una sospecha inherente entre los yemeníes respecto a las agendas ocultas de los trabajadores extranjeros y sus fuentes de financiación.
El legado de desconfianza se ha heredado de las décadas de ayuda al desarrollo a largo plazo y sigue afectando la relación del Yemen con los proveedores de ayuda humanitaria extranjeros durante el actual conflicto. Entre 2015 y 2019, el Yemen recibió alrededor de 15.000 millones en ayuda humanitaria total y más de 2.500 millones de dólares en apoyo bilateral saudí destinado a estabilizar la economía y evitar el colapso de la moneda, el rial yemení. El año 2018 marcó el climax de la ayuda exterior cuando se llegó a los 5.200 millones de dólares, que suponía el 15% del PIB del país en 2012, que fue de 35.400 millones de dólares, y casi el 20% del PIB en tiempos de guerra en 2018. La ayuda humanitaria es ahora uno de los mayores sectores económicos del país, un precedente peligroso para el desarrollo actual y futuro del país.
Los actores y militantes políticos locales, que actúan como socios predeterminados de las organizaciones humanitarias internacionales, buscan ejercer su control sobre la administración de la ayuda. Los miembros de las tribus hutíes y otras milicias locales se benefician de la crisis humanitaria del país y de la generosa ayuda exterior recaudando infladas tarifas de tránsito y distribución o entregando ayuda a los electores como forma de capital político. Irónicamente, la distribución de la ayuda elimina los incentivos para las iniciativas de paz y prolonga la crisis misma que las organizaciones humanitarias tratan de aliviar.
Los líderes hutíes utilizan la ayuda alimentaria, ya sea concediéndola o reteniéndola, para atraer a los jóvenes a los frentes de guerra a través de un sistema de registro de las familias de los combatientes para que reciban ayuda proporcionándoles un estipendio. Por el contrario, los refugiados desplazados internos reciben solo cantidades mínimas de ayuda alimentaria y padecen desnutrición grave. Las agencias de ayuda internacional apoyadas por la ONU cuentan con pocas alternativas cuando trabajan en territorio controlado por los hutíes donde, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) trabaja con el Proyecto de Alimentación Escolar y Ayuda Humanitaria del Ministerio de Educación hutí para distribuir el 60% de toda la ayuda alimentaria al norte de Yemen. El comportamiento lucrativo de los hutíes y otras milicias alcanzó nuevas cotas en 2020 cuando la interferencia sistémica en las operaciones de socorro provocó un enfrentamiento con las organizaciones internacionales de ayuda, lo que llevó a su retirada parcial a pesar de las insuficientes organizaciones locales de la sociedad civil.
El impacto de la COVID-19 en la ayuda humanitaria al Yemen
En mayo de 2020, Altaf Musani, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Yemen, estimó que la población total del país, 28 millones de personas, iba a contraer la COVID-19 y que al menos 65.000 morirían a causa del virus [8]. En realidad, es poco probable que el Yemen padezca cifras tan altas, pero incluso si, como se estima, llegaran a morir 65.000, esto se traduciría en una tasa de mortalidad del 0,2%. Por el contrario, las tasas de mortalidad por COVID-19 en el mundo occidental en noviembre de 2020 estaban por encima del 1,5%. La declaración de Musani reflejó dos aspectos típicos y desafortunados de las operaciones de las agencias humanitarias en el Yemen: la sobreestimación del impacto de las crisis de salud y la defensa de sus propios intereses.
Dado el aislamiento impuesto por el bloqueo liderado por Arabia Saudí, el primer caso confirmado de COVID-19 en el Yemen se identificó en abril de 2020, lo que lo convierte en uno de los últimos países en informar de la existencia de casos. Expertos de las agencias humanitarias habían emitido anteriores advertencias sobre lo devastador que podría ser el virus para la población yemení y también estimaron el número de víctimas. El primer anuncio confirmado del caso de COVID-19 fue como un dinero caído del cielo para las organizaciones humanitarias que operan en el Yemen y que habían tenido que soportar déficits presupuestarios. Por ejemplo, en respuesta a la pandemia, el PMA recibió de USA una subvención de 225 millones de dólares destinada a sus programas en el país. Hasta ahora ha habido menos de 7.000 casos confirmados de COVID-19, mucho menos de los 28 millones previstos, aun teniendo en cuenta la relativa ausencia de instalaciones para realizar test y la inaccesibilidad de las zonas de conflicto [9].
Mientras tanto, el sistema sanitario del Yemen sigue enfrentándose a desafíos habituales no relacionados con el coronavirus, incluidos más de 150.000 nuevos casos de cólera. La escasez de inversiones a largo plazo en el abastecimiento de agua potable y saneamiento provocó brotes de cólera de proporciones epidémicas en 2016 y 2017 que se extendieron por casi todos los gobernorados del país. Cada vez se diagnostican más casos de dengue, malaria y difteria, así como desnutrición grave. El número de yemeníes sin acceso a la atención preventiva básica aumentó a 14,8 millones en 2017, lo que constituye efectivamente una sentencia de muerte para muchos a causa de enfermedades crónicas y enfermedades no contagiosas que de otro modo podrían ser tratadas.
En 2020 la ONU retiró fondos y recursos de 30 de sus programas de salud pública en el Yemen o transfirió esos fondos a la lucha contra la pandemia global dentro del país. Como resultado, la atención primaria, las campañas de vacunación y las instalaciones médicas han disminuido significativamente en solo un año, lo que pone de manifiesto la dependencia del sistema sanitario de la financiación extranjera y las prioridades de los países donantes. La ausencia de atención médica básica, clausurada por la pandemia, puede conducir en última instancia a una tasa de mortalidad más alta que la COVID-19, una advertencia de la que se hicieron eco los autores de un estudio reciente que afirmaba que: “El cierre de los programas humanitarios que salvan vidas y el cambio de apoyo hacia la seguridad sanitaria, es decir, apoyar la respuesta a la COVID-19 a expensas del apoyo a la atención primaria de salud, socavará los esfuerzos de fortalecimiento del sistema de salud existente y agravará la crisis humanitaria” [10]. Es bien sabido que la medicina preventiva es menos costosa, sostenible y, a menudo, más eficaz en el tratamiento de enfermedades a largo plazo.
El mayor desafío estratégico para los modelos de asistencia humanitaria al Yemen es equilibrar las crisis a corto plazo con sus necesidades a largo plazo. La mayor parte de la programación se centra en crisis emergentes de salud pública como el cólera y la COVID-19, que reflejan la intención de los donantes más que las prioridades yemeníes. Pero el Yemen enfrenta importantes desafíos de salud pública a largo plazo. Antes del inicio de las hostilidades en 2014, el sistema de atención médica de Yemen también sufría una escasez crónica de suministros médicos y personal médico, con solo tres médicos por cada 10.000 personas, una de las peores ratios de médicos por personas del mundo. Las prioridades en la atención de la salud, dirigidas por extranjeros, han contribuido inadvertidamente en general a la fuga de cerebros médicos, ya que el país depende cada vez más de la experiencia y personal médico extranjero. Los profesionales médicos yemeníes que podían permitirse salir del país devastado por la guerra ya lo han hecho, mientras que los que han quedado atrás gravitan más hacia iniciativas médicas internacionales mejor pagadas que hacia la atención médica básica.
Desafíos y beneficios de los esfuerzos de la ayuda local
Una forma de abordar el ciclo nocivo de la ayuda humanitaria extranjera y la dependencia es limitar las exageradas e infladas burocracias de las ONG internacionales y, en cambio, aumentar las capacidades yemeníes en el proceso estratégico de asignación de ayuda. La colaboración con entidades locales, tanto durante situaciones de conflicto como posteriores a esos conflictos, es fundamental para crear un desarrollo y una estabilidad autosostenidos [11]. Las organizaciones locales pueden priorizar las necesidades de desarrollo de capacidades a largo plazo sobre las respuestas humanitarias a corto plazo, y pueden trabajar para reemplazar al costoso personal extranjero con yemeníes locales, particularmente en la atención médica básica.
Por ejemplo, en lugar de importar alimentos, una práctica que se remonta a principios de la década de 1970, los esfuerzos locales de adquisición de recursos pueden permitir a los yemeníes invertir en la seguridad alimentaria y agrícola a largo plazo. Hacer llegar de forma incontrolada grandes cantidades de alimentos importados por parte de las organizaciones humanitarias puede paralizar a los agricultores locales y generar un círculo vicioso de empobrecimiento.
En cambio, los modelos de ayuda sostenible se basan, en la mayor medida posible, en suministros alimentarios de emergencia de origen local, sabiendo que este enfoque centrado en la inversión reducirá la dependencia en años futuros.
La fundación sin fines de lucro Yemen Relief and Reconstruction Foundation (YRRF) se destaca como una de las pocas organizaciones que abastece de alimentos a nivel local: compra alimentos a los agricultores yemeníes y los distribuye como ayuda a través de secciones políticas en coordinación con ONG locales [12]. Aunque la YRRF, fundada en 2017, opera a pequeña escala, este modelo de abastecimiento local tiene potencial para funcionar a nivel regional. Otras organizaciones de base dirigidas por yemeníes locales se han unido a las filas de YRRF para impulsar un modelo a largo plazo mucho más sostenible. Mona Relief, fundada por el periodista y activista yemení Fatik al-Rodaini, utiliza donaciones en efectivo para comprar alimentos a los agricultores y vendedores locales y entregar canastas de alimentos a las familias necesitadas. Ahmad Algohbary, un periodista yemení con base en Saná, fundó Yemen Hope and Relief, una organización que promueve ayuda de emergencia para los niños que sufren desnutrición severa. Ambos organizadores utilizan plataformas de redes sociales para llegar a donantes, periodistas y familias necesitadas. En comparación con operaciones masivas como las de la ONU, los gastos generales de estas ONG son mínimos y su ayuda humanitaria por dólar es mucho más eficaz.
La comunidad de la diáspora yemení utiliza otra vía para superar una brecha en la ayuda humanitaria que de otro modo sería insuperable. Por ejemplo, Yemen Aid, fundada en 2016 y dirigida por la yemení estadounidense Summer Nasser, eliminó la burocracia inflada de intermediarios al crear un modelo de ayuda que opera de manera eficiente y directa con las filiales yemeníes locales. Según el Informe Anual de 2018 de la organización, Yemen Aid compromete el 97% de sus gastos en áreas relacionadas con el programa, mientras que organizaciones más grandes como OXFAM comprometen por lo regular menos del 70%.
Sin embargo, las ONG están limitadas por las mismas divisiones políticas que plagan el sistema político del país. La mayoría no cuenta con recursos a nivel nacional y está limitada a redes regionales. Mona Relief, por ejemplo, está restringida en su programas a los gobernorados de Saná, Hodeidah y Dhamar, y no funciona en el sur. Yemen Aid, por otro lado, realiza gran parte de sus programas en Adén. La excepción puede ser Itar for Social Development, dirigida por Wamidh Shakir, que opera como un consorcio de la sociedad civil para ONG yemeníes locales y organizaciones humanitarias con una programación activa en las regiones norte, sur y este de Hadramawt del país. Las organizaciones locales de la sociedad civil están sujetas a una amplia gama de desafíos de seguridad impuestos por los hutíes y otros grupos militantes regionales, lo que limita su capacidad para operar fuera de ciertas zonas o para poder llegar a nivel nacional. Los líderes de la sociedad civil tampoco pueden viajar libremente dentro del Yemen o a nivel internacional, ya que el aeropuerto de Saná permanece cerrado al tráfico civil, dejando solo los aeropuertos remotos de Seyoun y Aden como opciones de vuelo.
Incluso la mera transferencia de fondos de donantes al Yemen presenta un serio desafío para las ONG locales porque los bancos “hutificados” con sede en Sanaa ejercen un monopolio sobre las transacciones monetarias extranjeras y extraen porcentajes de las mismas. Este método de ayuda y entrega de efectivo beneficia inadvertidamente a la arraigada élite política a expensas de quienes más sufren por la crisis humanitaria. Si bien la descentralización de la gestión de la ayuda puede limitar el alcance del control de los hutíes o la capacidad de un solo grupo militante para monopolizar la entrega de ayuda humanitaria, persiste el riesgo de corrupción y mala gestión incluso a nivel local. Sin una rendición de cuentas continuada, los donantes individuales del extranjero solo habrán logrado dispersar la búsqueda de rentas centralizada entre lucrativos actores regionales [13]. La ayuda extranjera financia programas, pero no crea
capacidades y, al mismo tiempo, requiere complicados informes financieros para las subvenciones. Aparte de Itar, no existe una coordinación de la sociedad civil yemení que haga posible la rendición de cuentas y la programación interregional. Sin embargo, extender un mayor grado de capacidades a los yemeníes en la asignación de asistencia extranjera y la ayuda humanitaria de origen local, cuando sea posible, ofrece una manera de abordar la creciente dependencia de los donantes y el ciclo de la ayuda, evitando los costes elevados de las principales agencias de ayuda internacional.
En general, 2020 ha supuesto una triple amenaza para la estabilidad económica del Yemen: las remesas de los trabajadores enviadas por trabajadores migrantes yemeníes en los países del Golfo disminuyeron debido a que la caída del precio del petróleo cerró los campos petroleros; las restricciones de la COVID-19 impidieron la actividad económica nacional; y el nivel de ayuda exterior descendió en detrimento de los yemeníes que dependen de la generosidad de los donantes. Las promesas de los donantes tras el evento virtual de alto nivel para recabar donaciones organizado en Arabia Saudí en junio de 2020, ascendieron a 1.350 millones de dólares, muy por debajo de los 2.400 mil millones solicitados por las Naciones Unidas. Dentro de ese compromiso, los fondos se han desviado de la asistencia humanitaria regular y se han centrado en los esfuerzos relacionados con la COVID-19, en seguimiento de las prioridades de los donantes internacionales. USA, por ejemplo, redujo su monto total al PMA de 920 millones de dólares en 2019 a 225 millones en 2020, asignándolo todo al sur y limitando las ayudas en los territorios controlados por los hutíes en el norte.
Cambiar la ayuda de la atención médica preventiva a las respuestas ante una pandemia y el equipo de protección personal puede contribuir a aumentar la mortalidad por enfermedades no relacionadas con el coronavirus combinadas con la desnutrición y, al mismo tiempo, profundizar la pobreza del país y la consiguiente dependencia de la ayuda extranjera. Sin una estrategia de salida clara que transfiera la responsabilidad a los socios locales, los programas de ayuda humanitaria en el Yemen se enfrentan a la difícil decisión de permanecer indefinidamente o retirarse prematuramente, dejando así el caos y la dependencia a su paso.
Notas:
[1] Neil Narang, “Assisting Uncertainty: How Humanitarian Aid Can Inadvertently Prolong Civil War,” International Studies Quarterly 59/1 (2015).
[2] Michael Barnett, Empire of Humanity: A History of Humanitarianism (Ithaca: Cornell University Press, 2011) p. 42–43.
[3] Raiman al-Hamdani and Helen Lackner, “Talking to the Houthis: How Europeans Can Promote Peace in Yemen,” European Council on Foreign Relations (October 2020).
[4] A/74/6 (Sect. 3)/Add. 1, UN General Assembly (June 2019).
[5] Fiona Terry, Condemned to Repeat?: The Paradox of Humanitarian Action (Ithaca: Cornell University Press, 2002) p. 15–16.
[6] Asher Orkaby, Beyond the Arab Cold War: The International History of the Yemen Civil War, 1962-68 (New York: Oxford University Press, 2017).
[7] Sheila Carapico and Richard N. Tutwiler, Yemeni Agriculture and Economic Change: Case Studies of Two Highland Regions (Sanʾa: American Institute for Yemeni Studies, 1981).
[8] Sharmila Devi, “Fears of ‘Highly Catastrophic’ COVID-19 Spread in Yemen,” The Lancet (British edition) 395/10238 (2020).
[9] A. A. Al-Waleedi et al., “The First 2 Months of the SARS-CoV-2 Epidemic in Yemen: Analysis of the Surveillance Data,” PLoS One 15/10 (2020).
[10] Sameh Al-Awlaqi et al., “COVID-19 in Conflict: The Devastating Impact of Withdrawing Humanitarian Support on Universal Health Coverage in Yemen,” Public Health in Practice 1 (November 2020).
[11] Hameed Alqatabry and Charity Butcher, “Humanitarian Aid in Yemen: Collaboration or Co-Optation?,” Journal of Peacebuilding & Development 15/2 (2020).
[12] Ann Marie Kimball and Aisha Jumaan, “Yemen: The Challenge of Delivering Aid in an Active Conflict Zone,” Global Security 5/1 (2020).
[13] Tim Eaton, et. al., “Conflicts Economies in the Middle East and North Africa,” Chatham House (2019).
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