Comunicado
de MANPUP (Mesa Amplia Nacional de Profesores y Profesoras de Universidades
Públicas), Colombia, 3 de mayo de 2021 Somos educadores y educadoras de la juventud colombiana, aquella
juventud que ha construido un pensamiento crítico y reflexivo y un grado
de autonomía lo suficientemente agudo para comprender que la realidad
nacional ha llegado a un punto de inflexión. La nación, el pueblo
colombiano no soporta una nueva reforma regresiva sea tributaria, de
salud, pensional o laboral. Es claro que esta conduce a profundizar el
empobrecimiento y precarización de los sectores populares y de la mal
llamada clase media. El costo de la concentración de la riqueza, la
corrupción política, la ineficacia administrativa, el gasto de guerra y
otros despilfarros del erario público no solo no deberían ser cubiertos
con injustos y regresivos tributos que arrebatarían el pan comer a la
ciudadanía, sino que deberían suprimirse y llamando a cuentas a sus
responsables ante la justicia.
El paro nacional que se desarrolla desde el 28 de abril es un
movimiento masivo y multisectorial de la población colombiana que está
cansada de los abusos de una clase política que ha dado claras muestras
de autoritarismo, de un talante antidemocrático y de falta de
gobernabilidad. Entre las expresiones de la pérdida de las garantías
ciudadanas es la orden inconstitucional de prohibir la protesta social, y
más grave aún la orden directa de hacer uso de las armas y atentar
contra la vida e integridad de quienes protestan defendiendo sus
derechos y el futuro de las generaciones venideras.
Como profesoras y profesores, partícipes de una academia crítica y
comprometida con la construcción de una vida digna para todos hacemos un
enérgico y urgente llamado a todas las organizaciones internacionales
de derechos humanos para interceder e intervenir ante la grave violación
de DDHH que se vive en este momento en Colombia. Cientos de miles de
personas han salido a protestar en diversos escenarios del territorio
nacional debido a la miserable pretensión del gobierno de imponer una
nueva reforma tributaria que empobrecería a la población y traería una
miseria nunca antes vista. Es irracional que tal exabrupto se geste en
uno de los países más afectados por la pandemia global, sea por la
ineficacia de las políticas públicas en salud, por la improvisación
estatal o por la desviación de recursos. Lo cierto es que el despilfarro
gubernamental no puede ser asumido por un pueblo que tiene amenazada su
supervivencia por la pandemia, el desempleo, la violencia y la presión
migratoria.
La protesta social es un derecho constitucional, hace parte de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, es libertad de
pensamiento y expresión. Un Estado Social de Derecho garantiza a su
población este preciado baluarte de la democracia. Pero en Colombia,
como respuesta a estas justas exigencias ha retumbado el tuit del
tirano tras el poder y se ha dado orden presidencial para militarizar
las calles y plazas públicas con una desproporción de fuerza contra los
manifestantes, bajo la cuestionable figura de “asistencia militar” . De
este modo infame se ha disfrazado, bajo la falacia de la “seguridad
ciudadana”, una guerra abierta contra la ciudadanía, enfrentando así
militares armados y entrenados contra población civil desarmada.
Donde hay un colectivo reunido en ejercicio del derecho a la
protesta, hay democracia participativa y ciudadanía. La concentración
en las ciudades capitales ha estado empañada con el atentado a decenas
de jóvenes que están siendo abaleados y asesinados a mansalva, hay
suficiente evidencia documental que demuestra como uniformados, o
personas de civil que los acompañan, disparan directamente sobre la
humanidad de los manifestantes, los golpean o los retienen forzosamente.
El saldo aún sin precisar de esta barbarie se acerca a las 20 muertes,
500 retenciones, en su mayoría arbitrarias, 200 heridos, 18 con
lesiones oculares, 42 abusos y agresiones contra reporteros y personal
de DDHH y 10 casos de violencia sexual y de género. La situación más
grave se da en la ciudad de Cali, Valle. Donde la represión policiva
empezó tempranamente con una orden sin presunción de legalidad dada por
el rector de la Universidad del Valle y por la Gobernadora para
desalojar violentamente y con fuerzas especiales a un colectivo de
estudiantes que permanecían en el Campus en la espera de negociar
condiciones para la academia en tiempos de pandemia. Situación que se ha
escalado en Puerto Resistencia, en el Puente del Comercio y en
Llanogrande (Palmira), con víctimas lamentables. En nuestro país no hay
credibilidad ni confianza en los entes garantes del bienestar ciudadano,
como defensorías o personarías, pues tales organismos están cooptados
por un gobierno criminal, que ordena disparar sin piedad a nuestro
pueblo y asesina a nuestros jóvenes, ciudadanos movilizados en primera
línea en defensa de la democracia. Por todo lo anterior, rechazamos
enfáticamente la activación de los mecanismos represivos del Estado,
exigimos justicia frente a las víctimas y, de forma vehemente,
levantamos nuestra voz de oposición a las reformas regresivas que el
Gobierno tramita o pretende presentar ante el Congreso de la República
en materia tributaria, de salud, pensional y laboral. Hacemos,
por tanto, un llamado de urgencia a la comunidad internacional por la
protección efectiva de los Derechos Humanos de los y las manifestantes.
