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20/01/2022

Stephania Taladrid
“Llegamos vivos. Muchos no lo han hecho”: un desastre sin fin en la frontera México-USA

Stephania Taladrid, The New Yorker, 18/01/2022
(Fotografías de Alejandro Cegarra-Véase su reportaje premiado “Los dos muros)

Traducido del inglés por
Sinfo Fernández, Tlaxcala

Los migrantes de toda la región han vuelto a llenar los campamentos del norte de México, donde los delincuentes y los traficantes se aprovechan de ellos.

Dolores apenas reconoce el campamento improvisado en el norte de México donde se instaló hace seis meses. En sus inicios había muchas menos familias y todas se apiñaban bajo el techo de una pérgola situada en el centro de la Plaza de la República, la plaza principal de la ciudad de Reynosa. Por aquel entonces, los residentes locales todavía paseaban por el recinto de la plaza, deteniéndose de vez en cuando ante una estatua de latón de un águila posada en una chumbera, con una serpiente de cascabel colgando de su pico: el escudo de México. Poco a poco, la visión de furgonetas blancas con gente de calzado sin cordones se hizo más común. Eran migrantes de países centroamericanos, de Haití y del propio México, muchos de los cuales, como Dolores, habían sido detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el sur de Texas y expulsados en virtud del Título 42. La disposición es una oscura orden de salud pública que la Administración Trump puso en marcha al inicio de la pandemia. La medida fue ampliamente considerada como un esfuerzo de la Administración para lograr su largo objetivo de cerrar la frontera. Joe Biden, para sorpresa de los defensores de la inmigración, mantuvo la orden en vigor. Mientras tanto, la población del campamento improvisado de Reynosa ha aumentado hasta cerca de tres mil personas.


Hoy, la Plaza de la República está cubierta de tiendas de campaña, lonas grises y azul marino de las que las familias cuelgan su ropa para que se seque. Los recién llegados duermen sobre el suelo desnudo; todos los refugios improvisados han sido reclamados por las personas que viven allí permanentemente, muchas de las cuales son niños. Un viernes reciente, Dolores, una mujer corpulenta de cincuenta años, yacía en una cama construida con varillas y tablas de madera usadas. Nos explicó por qué abandonó El Salvador con su hija adolescente, Rosalba, el verano pasado. A principios del año pasado, los miembros de una banda local se presentaron en la pequeña tienda de la que era propietaria, donde vendía pollos, pirotecnias y especialidades locales, exigiendo el dinero de la protección. Primero dijeron que un par de pollos bastarían. Con el tiempo, recuerda Dolores, exigieron ciento cincuenta dólares al mes, y luego quinientos. “Me encontré trabajando para ellos, y yo no quería eso”, dijo.


Una mañana de agosto, Dolores recibió una llamada para recordarle que era día de pago. “Vengan al mediodía y lo tendré listo”, les dije.

 “Inmediatamente después, hice las maletas, y así fue como llegué aquí”, recuerda. Su marido, que ya vivía en Virginia con los dos hijos varones, ayudó a hacer los preparativos de última hora. Dolores y Rosalba, que pidieron que se cambiaran sus nombres, pagaron más de siete mil dólares a los traficantes, que las hicieron pasar de contrabando por la frontera; acabar en Reynosa nunca formó parte del plan. Dolores no sabía que el noreste de México era una de las regiones más peligrosas del país: era la primera vez que viajaba fuera de El Salvador. Pero esa realidad no tardó en hacerse evidente para ella y Rosalba. Apenas dos meses antes de su llegada a Reynosa, en lo que parecía ser una disputa entre miembros rivales de un cártel local, se produjeron unos ciento ochenta disparos a plena luz del día, matando a quince civiles. A los pocos días se produjo un tiroteo entre delincuentes armados y fuerzas especiales de seguridad. Los secuestros eran recurrentes en el campamento. Los hombres se aprovechan de las chicas jóvenes, prometiendo darles comida si les siguen a una calle adyacente. Una ONG local ha registrado al menos veinte casos de violación en los últimos meses.

04/01/2022

RYAN DEVEREAUX
Plata y plomo: La demanda histórica de México contra las empresas de armas usamericanas

Ryan Devereaux, The Intercept, 27/12/2021
Traducido del inglés por
Sinfo Fernández, Tlaxcala

 Alejandro Celorio Alcántara no se sorprendió cuando finalmente llegaron las respuestas. Como alto asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Celorio dirigía un equipo de abogados que el pasado agosto presentó una demanda histórica, por la que acusaba a algunas de las empresas de armas más conocidas de Estados Unidos de negligencia letal a escala masiva. Con el objetivo de conseguir 10.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por una década y media de tiroteos y asesinatos, este litigio sin precedentes pretendía tener éxito allí donde las víctimas de la violencia armada al norte de la frontera casi tienen garantizado el fracaso, por lo que se pedía a un tribunal federal de Massachusetts que responsabilizara a diez empresas con sede en Estados Unidos  por el impacto de sus productos en el extranjero.

Las pistolas de Smith & Wesson Corp. se exhiben en el stand de la compañía durante la reunión anual de miembros de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en Indianápolis, Indiana, el 27 de abril de 2019. (Foto: Daniel Acker/Bloomberg/Getty Images)

Al volver de almorzar el 22 de noviembre, fecha del plazo de respuesta de los demandados, el abogado-diplomático mexicano se encontró con que las empresas habían hecho exactamente lo que se esperaba, argumentando que una ley de 2005 que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) considera uno de sus mayores logros legislativos, que concede “amplia inmunidad” a las empresas de armas en los juicios por violencia armada, no está limitada por las fronteras. Se extiende a todas partes, argumentaron, incluido México. El mensaje de las empresas, según la lectura hecha por Celorio, era simple: “No nos importa lo que hacemos. No nos importa que a otros no les guste cómo lo hacemos. Vamos a seguir haciéndolo”.

El “velo de impunidad”, como Celorio lo definió, era de esperar. Sin embargo, lo que sí le llamó la atención fue la posible filtración de la política en lo que México insiste en que es un desafío legal apolítico. Los fabricantes, holdings y distribuidores acusados en la demanda de 139 páginas presentada por México incluyen a Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding, Century International Arms, Colt's Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Strum, Ruger & Co., Witmer Public Safety Group e Interstate Arms. En una presentación conjunta, en la que instan al tribunal a desestimar la demanda, las firmas que representan a las empresas -entre ellas uno de los mayores bufetes del mundo, Jones Day, que representó al presidente Donald Trump en sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020- argumentan que “en el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales”.

“La lectura que hacemos es que van a tratar de politizar esto”, dijo Celorio a The Intercept. “Están aumentando ya el coste político de que el juez falle a favor de México. Le están diciendo: ‘Eres estadounidense. Si dejas pasar este litigio, no guardas en tu corazón los valores americanos’”.

La historia de la demanda de México contra las empresas de armas de Estados Unidos, que lleva en curso más de dos años, se desarrolla en varios niveles a la vez. El litigio en sí pone a prueba si las protecciones legales inscritas en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA por sus siglas en inglés) que el presidente Joe Biden instó al Congreso a derogar en su estrategia nacional para prevenir la violencia con armas de fuego a principios de este año, se extienden a países extranjeros. Si la impugnación tuviera éxito, supondría un golpe histórico para los fabricantes de armas estadounidenses. Con limitadas excepciones, la PLCAA ha proporcionado un escudo casi impermeable a la industria de armas pequeñas con sede en Estados Unidos. Para las empresas de armas, la ley representa un baluarte vital contra las demandas que pueden acabar con la industria. Para los defensores del control de las armas, que señalan casos como el de las víctimas de la masacre del teatro de Aurora (Colorado), que fueron condenadas a pagar 203.000 dólares a un distribuidor de munición tras perder un juicio por motivos de la PLCAA, es el epítome de una marca profundamente estadounidense de impunidad de las empresas de armas.

Una niña se une a los defensores de la reforma de las armas que celebran una conferencia de prensa frente al Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 14 de abril de 2016. (Foto: Win McNamee/Getty Images)  Foto: Win McNamee/Getty Images)

La lucha legal también tiene como telón de fondo un dramático momento histórico en la relación de seguridad entre Estados Unidos y México. El año anterior y el año posterior a la aprobación de la PLCAA tuvieron lugar dos acontecimientos clave. En primer lugar, en 2004, el Congreso permitió que expirara la prohibición federal de las armas de asalto en Estados Unidos. En segundo lugar, en 2006, el gobierno mexicano anunció el despliegue del ejército en las calles en una “guerra” contra el narcotráfico. La administración Bush apoyó la campaña con un paquete de ayuda a la seguridad de miles de millones de dólares conocido como Iniciativa Mérida, comenzando así una era de colaboración binacional sin precedentes en el frente más violento de la guerra contra las drogas.