Desde la Fundación Internacional de Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación ante la gravedad, intensidad y extensión de las violaciones de derechos humanos registradas en la República de Colombia desde el 28 de abril de 2021, cuando se iniciaron los actos de protesta social en torno al “Paro Nacional”, convocado ante el intento de aprobar a una serie de reformas políticas (tributaria, salud, pensiones, etc.) muy lesivas para las familias trabajadoras de condición social más humilde,
Violaciones de Derechos Humanos que incluyen a mujeres, niños, personas con discapacidad y personas mayores, y que se concretan en: 3.405 casos de violencia policial (uso excesivo de la fuerza); de los 16 asesinatos cometidos por agentes de la autoridad (además de otros 27 casos que todavía se encuentran en proceso de verificación); de los 1.445 arrestos arbitrarios; de las 648 intervenciones tácticas violentas por parte de la Fuerza Pública; de las 47 personas que presentan lesión ocular grave; de los 175 casos de víctimas que presentan heridas por arma de fuego disparadas por agentes de la Policía; y de los 22 casos de violencia sexual (fuente: ONG Temblores, informe de fecha: 27 de mayo de 2021). Así como 179 casos de agresiones contra periodistas (fuente: Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, informe de fecha: 29 de mayo de 2021). Además de 346 desapariciones forzosas (fuente: Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, informe de fecha: 25 de mayo de 2021, con información elaborada a partir de datos de organizaciones sociales en las regiones, el listado de Defensoría del Pueblo, Temblores ONG, la misión de verificación en Cali y otras).
Además de las violaciones de derechos humanos que acabamos de señalar, cabe añadir los siguientes casos documentados por voluntarias de la misión de observación de la propia Fundación Internacional de Derechos Humanos, que, por tipología, comprenden: asesinatos extrajudiciales; uso excesivo de la fuerza; uso de armas de guerra contra manifestantes pacíficos; desapariciones forzadas; torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; denegación de asistencia letrada a personas detenidas; violencia sexual; uso de personal civil armado (paramilitares); denegación de Habeas Corpus; violación del secreto de las comunicaciones sin control judicial; asalto a domicilios particulares sin mandato judicial; incriminación fraudulenta (montajes policiales); arrestos arbitrarios; censura informativa en grandes medios prensa nacional y redes sociales; atentados de bandera falsa; asesinato selectivo de líderes sociales; no colaboración con organismos internacionales de Derechos Humanos y hostigamiento a defensoras y defensores de Derechos Humanos; ataques a la libertad de Prensa; elaboración de bases de datos secretas con información ideológica sobre la ciudadanía; generación de noticias falsas, compra de bots y usuarios falsos para intoxicar la información en las redes sociales; amenazas de muerte; despidos laborales de activistas sociales, ataques contra personas especialmente vulnerables: infancia, personas de avanzada edad, personas con diversidad funcional; uso de medios militares contra el ejercicio pacífico de las libertades civiles de reunión, expresión, asociación, prensa, cátedra e ideología; utilización de vehículos de instituciones humanitarias para fines incompatibles con su propósito, como el traslado de tropas, secuestrados y municiones; infiltración ilegítima de organizaciones políticas pacíficas; actos de sabotaje; criminalización y deshumanización del adversario y del derecho de protesta pacífica.
Además de las violaciones de derechos humanos que acabamos de señalar, cabe añadir los siguientes casos documentados por voluntarias de la misión de observación de la propia Fundación Internacional de Derechos Humanos, que, por tipología, comprenden: asesinatos extrajudiciales; uso excesivo de la fuerza; uso de armas de guerra contra manifestantes pacíficos; desapariciones forzadas; torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; denegación de asistencia letrada a personas detenidas; violencia sexual; uso de personal civil armado (paramilitares); denegación de Habeas Corpus; violación del secreto de las comunicaciones sin control judicial; asalto a domicilios particulares sin mandato judicial; incriminación fraudulenta (montajes policiales); arrestos arbitrarios; censura informativa en grandes medios prensa nacional y redes sociales; atentados de bandera falsa; asesinato selectivo de líderes sociales; no colaboración con organismos internacionales de Derechos Humanos y hostigamiento a defensoras y defensores de Derechos Humanos; ataques a la libertad de Prensa; elaboración de bases de datos secretas con información ideológica sobre la ciudadanía; generación de noticias falsas, compra de bots y usuarios falsos para intoxicar la información en las redes sociales; amenazas de muerte; despidos laborales de activistas sociales, ataques contra personas especialmente vulnerables: infancia, personas de avanzada edad, personas con diversidad funcional; uso de medios militares contra el ejercicio pacífico de las libertades civiles de reunión, expresión, asociación, prensa, cátedra e ideología; utilización de vehículos de instituciones humanitarias para fines incompatibles con su propósito, como el traslado de tropas, secuestrados y municiones; infiltración ilegítima de organizaciones políticas pacíficas; actos de sabotaje; criminalización y deshumanización del adversario y del derecho de protesta pacífica.
Todos estos hechos se encuentran ampliamente documentados y difundidos, tanto en medios de comunicación y prensa internacional, como a través de dispositivos de captación de imágenes de decenas de miles de particulares independientes, sin concertación de voluntades ni conexión entre sí.
