, Foreign Policy in Focus, 18/11/2021
Traducido del inglés por Sinfo
Fernández, Tlaxcala
Desde la toma del poder militar del 25 de octubre, la represión violenta ha vuelto con toda su fuerza. ¿Puede la comunidad internacional apoyar el Estado de derecho?
Usamerican@s de origen sudanés protestan en San Francisco por el golpe militar, octubre de 2021 (Shutterstock)
En septiembre me reuní en Jartum con la madre de un estudiante de medicina asesinado por las fuerzas de seguridad durante las protestas de Sudán de 2018-2019.
“La razón por la que me levanto cada día es porque tengo la pequeña esperanza de poder encontrar justicia para mi hijo”, confiesa. “No solo es por él, sino para evitar que otros padres tengan que enfrentarse a la devastación de perder a sus hijos por culpa de la violencia estatal”.
En este periodo de incertidumbre para Sudán, una cosa está clara: sería fundamentalmente erróneo y peligroso desechar la justicia por los graves abusos pasados y por los más recientes en nombre de la conveniencia política.
Nuestra investigación y la de muchas otras organizaciones para documentar los abusos generalizados en Sudán durante las últimas tres décadas muestra que la impunidad rampante de las atrocidades ha alimentado las violaciones y la inseguridad actuales. Esta impunidad ha permitido durante mucho tiempo que los autores de los abusos que se encuentran a la cabeza de la cadena de mando ejerzan aún más poder.
Líderes clave de la parte militar del gobierno de coalición destituido por los militares el 25 de octubre eran a su vez un remanente del régimen derrocado en abril de 2019, con su propia cuota de presuntos abusos sin respuesta. De hecho, apenas unos meses antes de la firma del acuerdo de transición en agosto de 2019, estos mismos líderes militares -incluyendo a Mohamed Hamdan Dagalo (“Hemedti”), el comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)- fueron quienes supervisaron la dispersión violenta de la sentada de los manifestantes en Jartum.
