ELSC,
19-9-2025
Traducido por Tlaxcala
El ELSC se creó en enero de 2019 como una iniciativa conjunta de juristas
europeos, la red de la sociedad civil palestina PNGO y la ONG holandesa The
Rights Forum. En 2024, el ELSC se convirtió en una fundación (stichting)
registrada en los Países Bajos, con
licencia para operar en beneficio del público, incluso a través de litigios en
los tribunales holandeses. En 2024, también abrimos nuevas oficinas en Berlín y
Londres.
Berlín, 19 de septiembre de 2025- Un grupo de abogados de
Berlín, con el apoyo del Centro Europeo de Asistencia Jurídica (ELSC), el
Instituto Palestino de Diplomacia Pública (PIPD) y Law for Palestine, ha
presentado hoy una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno alemán y
ejecutivos del sector armamentístico. La denuncia se ha anunciado hoy en una rueda de
prensa.
Los cargos se han presentado ante la Fiscalía Federal (“Generalbundesanwaltschaft”) de Karlsruhe contra once altos funcionarios del Gobierno alemán anterior y actual y directores generales de fabricantes de armas, a saber, el ex canciller federal Olaf Scholz, la ex ministra federal de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock, el ex ministro de Economía y Protección del Clima Robert Habeck, el actual canciller federal Friedrich Merz, el actual ministro federal de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, y la ministra federal de Economía y Energía, Katherina Reiche, el ministro federal de Defensa, Boris Pistorius, así como el Dr. Jörg Stratmann, director ejecutivo de Rolls-Royce Solutions GmbH, Michael Humbek, director ejecutivo de Dynamit Nobel Defence GmbH, y el Dr. Alexander Sagel y Susanne Wiegand, actual y antigua directores ejecutivos de RENK Group AG.
El fiscal federal debe respetar la Convención de las
Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio e
iniciar investigaciones sobre posibles delitos si existen motivos suficientes
para sospechar. En una denuncia penal de más de 100 páginas, los abogados aportan numerosas pruebas de los delitos predicados según el
Código de Delitos contra el Derecho Internacional (CCAIL), a saber, el delito
de genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra
cometidos por Israel. Además, la denuncia aporta numerosas pruebas de la
complicidad en actos de genocidio por parte de funcionarios alemanes mediante
la aprobación de entregas de armas.
Las entregas de armas se aprobaron con pleno conocimiento
de que estas armas estaban permitiendo cometer crímenes contra el pueblo
palestino. No están en posición de alegar que «no lo sabían». Los directores
generales de las empresas que suministran armas no están exentos de su
responsabilidad en virtud del derecho penal internacional por el hecho de
contar con una licencia de exportación del gobierno. El hecho de que se
aprobaran las exportaciones no altera su clasificación como acto delictivo de
complicidad en el genocidio.
Alemania es uno de los mayores partidarios de la campaña
de aniquilación de Israel en Gaza. Las exportaciones de armas alemanas a Israel
se multiplicaron por diez desde 2023 y ascendieron a unos 500
millones de euros (485 103 796 €) en total. En
agosto de 2025, el canciller alemán Friedrich Merz anunció que su gobierno
había dejado de expedir nuevas licencias de exportación de armas que pudieran
utilizarse en Gaza «hasta nuevo aviso». Sin embargo, las licencias existentes
siguen cumpliéndose y se siguen aprobando nuevas licencias para armas que,
supuestamente, no están destinadas a ser utilizadas en Gaza, pero que, en la
práctica, siguen contribuyendo al asesinato de civiles en Palestina y en toda
la región. El canciller no especificó cómo Alemania podría controlar dónde y
cómo se podrían utilizar esas armas.
La denuncia penal especifica varios sistemas de armas que
fueron utilizados por el ejército israelí en Gaza, incluyendo drones de combate
(Heron TP), buques de guerra (corbetas de la clase Sa’ar 6) y diversos tipos de
municiones (incluidas municiones de tanque de 120 mm) y piezas mecánicas.
Alemania también ha suministrado una gran cantidad del arma antitanque portátil
«Matador». Desde entonces, se ha convertido en una tendencia en TikTok entre
los soldados israelíes grabarse disparando esas armas contra edificios
residenciales para destruir hogares palestinos por diversión.
Nadija Samour, responsable jurídica sénior de ELSC, declaró: “Los funcionarios del Gobierno alemán han alardeado abierta y repetidamente de su apoyo incondicional e ilimitado a Israel. Dadas las innegables consecuencias genocidas de este apoyo, queremos que rindan cuentas”.
El abogado Benjamin Düsberg, del colectivo de abogados, declaró: “El fiscal federal alemán debe abrir una investigación para defender el estado de derecho y la integridad de su cargo. De lo contrario, Alemania estaría admitiendo efectivamente que su sistema de fiscalía federal aplica un doble rasero y socava el propósito de su cargo. Desde que presentamos nuestro primer caso en 2024, hemos recopilado pruebas abrumadoras que no pueden ignorarse ni descartarse”.
El demandante, el Dr. Qassem Massri, pediatra palestino-alemán originario de Gaza, declaró: “En el transcurso de este horrible genocidio, que Alemania apoyó con armas y retórica, perdí a muchos familiares, amigos de la infancia y colegas... sus voces han sido silenciadas por las armas alemanas. Hoy presentamos esta denuncia, exigiendo al Gobierno alemán que cumpla con su responsabilidad histórica, porque “Nunca más” debe ser “Nunca más” para todos”.
El ELSC, en colaboración con organizaciones asociadas, ha
emprendido sistemáticamente acciones legales para detener el suministro de
armas de Alemania a Israel y seguirá haciéndolo. Inmediatamente después de que
la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinara en enero de 2024 que
existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza y ordenara a los Estados que lo
impidieran, se presentó una denuncia penal similar ante el Fiscal Federal, quien se negó a abrir una investigación contra los
funcionarios alemanes acusados que aún estaban en el cargo en ese momento. A
pesar de las numerosas pruebas presentadas por los abogados, justificó su
decisión negando que Israel hubiera violado el derecho penal internacional y
negando que Israel utilizara armas alemanas para perpetrar estos crímenes (“falta
de causalidad”).
En junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Berlín rechazó un recurso urgente para imponer una prohibición inmediata de los envíos de armas a Israel, adoptando la afirmación del Gobierno federal de que no había aprobado más armas desde febrero de 2024. Sin embargo, el periódico alemán ‘Die Zeit’ ha revelado que el Gobierno siguió autorizando las exportaciones mientras intentaba ocultarlo enviándolas en “porciones más pequeñas”. Ni la opinión pública ni el Parlamento han sido informados al respecto. Desde entonces, el ELSC ha intervenido mediante apelaciones urgentes para detener los envíos del buque alemán ‘MV Kathrin’ y de piezas de drones a través del aeropuerto de Fráncfort, ambos también rechazados.
La denuncia de hoy se produce pocos días después de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Palestina concluyera que Israel ha cometido cuatro actos de genocidio, según la definición de la Convención sobre el Genocidio, contra los palestinos en la Franja de Gaza, lo que se suma a los crecientes informes y declaraciones basadas en pruebas de las organizaciones de derechos humanos más respetadas y a una resolución aprobada por la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio (IAGS), que afirma que la conducta de Israel cumple la definición legal establecida en la convención de la ONU sobre el genocidio.
La Fiscalía Federal alemana ya no puede proteger a su élite gobernante de la rendición de cuentas y el estado de derecho. Los funcionarios alemanes no pueden esconderse detrás de un razonamiento jurídico distorsionado mientras niegan las crecientes pruebas del genocidio cometido con armas alemanas. Ha llegado el momento de rendir cuentas.
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