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30/10/2025

Tucumán, Argentina: el pulpo sionista extiende sus tentáculos en todas direcciones (desde la comunidad judía hasta las instituciones del Estado)

 Rubén Kotler, 30-10-2025

Rubén Kotler (1974) es un historiador argentino, judío antisionista, especialista en la historia reciente de Tucumán, cofundador de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina y coadministrador de la Red Latinoamericana de Historia Oral, coguionista y responsable de la investigación histórica del documental El Tucumanazo (sobre las revueltas obreras y estudiantiles de Tucumán). https://www.deigualaigual.net/

El historiador israelí Ilan Pappe sostiene que un lobby es “la influencia desplegada para cambiar la política gubernamental (de un país) o alterar la opinión pública”.[1] En el libro de reciente aparición analiza la historia del lobby sionista entre USA y el Reino Unido. La penetración sionista en América Latina hunde sus raíces en la primera mitad del Siglo XX y es fundamental en el sostenimiento del Estado de Israel y sus políticas de genocidio, limpieza étnica, apartheid, colonialismo, expansionismo, racismo e islamofobia, como columnas vertebrales sobre las que se edifica el Estado autoproclamado judío en detrimento del pueblo palestino. Todo este andamiaje colonial es sostenido por las comunidades judeo-sionistas en todo el orbe. Es lo que podemos observar cuando, lupa mediante, anclamos nuestra mirada en comunidades como las de Tucumán en Argentina.



La provincia más chica de Argentina alberga una pequeña pero importante comunidad judeo-sionista. En ella cohabitan herencias del mundo tanto ashkenazi como sefardí. Sus instituciones van desde distintas sinagogas, escuelas, un club denominado “Unidad Sionista” y un cementerio. La principal escuela de la comunidad, en la que yo mismo me he formado en mis años del tránsito escolar, mantiene una doble escolaridad y su formación judeo-sionista es pieza clave en el sostenimiento y refuerzo comunitario hacia Israel. Los programas escolares de formación estrictamente judía, lejos de la ortodoxia religiosa, demarcan una tendencia a la generación de una identidad sionista muy profunda. Se celebran con igual énfasis las fechas patrias argentinas como las fechas judías, dotándolas de un relato nacionalista que nada tiene que envidiar a la escolaridad en el mismo enclave colonial de Israel. La penetración sionista en el mundo judío religioso ha sido de tal magnitud que incluso en los oficios religiosos de las comunidades reformistas se ha incluido una oración para pedirle a dios la protección del ejército israelí.

 

Imágenes de un acto escolar “patrio israelí” en Tucumán
(Archivo del autor)

Al mismo tiempo, un sistema de becas para viajes iniciáticos al Estado autoproclamado judío, como si fuera un viaje a Disneyworld, sumado a un férreo sostenimiento identitario compartido por todas las instituciones locales, refuerzan un sentimiento de defensa de Israel como segunda nación, y en algunos casos, como nación imaginada que se convierte en refugio para un futuro apocalíptico que podría repetirse en un segundo holocausto judío. Los atentados a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, reforzaron la teoría del posible “holocausto” en Argentina. Desde 1994 las instituciones de la comunidad judeo-sionista sostienen un paredón extramuros para “evitar la explosión de coches bomba”. Desde hace 30 años que la comunidad judeo-sionista de Argentina espera como al mesías el “tercer atentado”.

La promesa que los soldados del ejército más criminal del mundo hacen en la fortaleza de Masada, en la Palestina ocupada, en la que juran y perjuran que Sión no volverá a caer, se replica en las escuelas judeo-sionistas con la misma intensidad.

En Argentina además existe una institución de lobby prosionista nefasta, como lo es la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), cuyo propósito inicial era el proteger los intereses judíos en Argentina. Nada más lejos de la realidad, la DAIA defiende los intereses sionistas en el país. Es además una de las propulsoras de la equiparación de antisionismo con antisemitismo, como veremos más adelante.


El kirchnerista José Jorge Alperovich (1955) fue tres veces gobernador de la provincia de Tucumán entre 2003 y 2015, En noviembre de 2019 fue denunciado penalmente e imputado por abusos sexuales. En 2024 fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y fue inhabilitado a ejercer cargos públicos de manera perpetua.

Pero vayamos a la penetración del sionismo en la provincia de Tucumán en los últimos años, como sostén de una quinta columna que justifica y acompaña el genocidio. Los distintos gobiernos provinciales desde 2003 a la fecha, mantuvieron firmes lazos económicos, culturales, políticos y sociales con Israel. La elección del gobernador José Alperovich, hijo de una familia judeo-sionista tucumana como parte de una elite comercial económicamente poderosa, resultó paradigmática en un país cuya religión oficial mayoritaria es el catolicismo romano. Fue novedosa la elección de Alperovich como fueron novedosas sus alianzas con el sionismo a escala global. Alianzas que preexistieron a esta elección pero que se vieron reforzadas con la inclusión en el gabinete provincial de miembros de la comunidad judía local. Destacados miembros comunitarios abrazaron al peronismo como partido donde anclaron sus influencias políticas y vincularon al Estado provincial con el Estado de Israel por medio de distintos acuerdos económicos.


Juan Luis Manzur (1969), el funcionario más rico de la administración nacional

Quién continuó esa línea de sumisión al sionismo fue el gobernador Juan Manzur, de fuertes lazos, incluso afectivos, con una parte de la comunidad judeo-sionista como Jabad Lubavitch. Manzur rápidamente hizo negocios con Israel en una de las ramas que el enclave colonial mejor domina como es el de la seguridad. Hacia finales de 2018 el gobierno de la provincia adquirió 4.000 pistolas semiautomáticas Jerichó 9 milímetros con armazón de polímero desarrolladas por la empresa IMI (Israel Military Industries), privatizada en 2018 e incorporada a Elbit Systems. El acuerdo cerrado por nueve millones de dólares trajo a la provincia estas y otras armas usadas incluso en la persecución a los palestinos en Cisjordania. Una de esas armas usada por la policía tucumana, asesinó a Luis Espinoza en el contexto represivo de la pandemia, cuando la policía tucumana intervino en una reunión social el 15 de mayo de 2020, reunión de la que fue secuestrado, desaparecido Espinoza durante siete días, hasta la aparición de su cuerpo sin vida en otra provincia.

Pero los acuerdos no terminan aquí. Dos años antes de la desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza, el 13 de agosto de 2018, la Orquesta Sinfónica de Jerusalén daba un concierto en uno de los principales teatros de la provincia al amparo del propio gobierno provincial. Lo que en su momento titulé como “Un concierto de metrallas”, daba cuenta de la forma de abrazar al Estado sionista a través de un hecho cultural en el que se normalizaba la opresión al pueblo palestino. La normalización de la estructura colonial por medio de la cultura y el deporte son rasgos distintivos de este tipo de alianzas y de esta penetración a escala global. Podría ir mucho más lejos en el tiempo, pero para botones de muestra, estos hechos narrados sobre la influencia sionista, bastan. Sobre todo, en lo que vino después, con una serie de acuerdos comerciales y de otra índole, que no hizo más que fortalecer estos nexos con el lobby sionista en la provincia.

El peronismo como aliado del sionismo

Hoy se menciona al gobierno del ultra derechista Javier Milei en alianza estratégica con el sionismo como sostenedor del genocidio palestino, pero con mucha hipocresía una parte del peronismo calla o mira a otro lado cuando de los acuerdos del Estado con el ente sionista se trata. Los viajes a Israel por parte de funcionarios argentinos se repiten de un gobierno a otro. Desde la provincia los acuerdos firmados tanto por el gobierno local como por las autoridades universitarias se repiten de gestión en gestión.

Recordemos que el primer viaje internacional, en los meses previos a la pandemia, del presidente peronista Alberto Fernández, fue a Israel para estrechar las manos del criminal de guerra Netanyahu; y recordemos que fue uno de sus ministros, Wado de Pedro, hijo de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, quien trajo a la empresa israelí Mekorot a Argentina para el control de un recurso estratégico como el agua. No podía de Pedro desconocer las denuncias internacionales que pesan sobre la empresa de agua israelí en el esquema de apartheid contra los palestinos en el control de los recursos hídricos de la Palestina ocupada. Estos acuerdos hoy se ven profundizados gracias a los intentos del gobierno ultra liberal de Milei de privatizar Agua y Saneamiento Argentino - AYSA.   ¿Será Mekorot quien se quede con AYSA? Es muy probable.

El 13 de octubre de 2021, aún durante la pandemia del Covid 19, el ministerio de salud de la provincia firmó un convenio con la “Red de Salud Hadassah” de Israel La firma fue rubricada por la entonces ministra de Salud, Rossana Chahla, hoy intendenta de la ciudad capital y sobre la que daremos cuenta del último capítulo en esta saga de entreguismo al sionismo por parte de la provincia. Pero volviendo al acuerdo de “cooperación” con la institución israelí, el acuerdo no fue lo suficientemente difundido. Según el sitio del propio ministerio de Salud de la provincia “este convenio tiene como objetivo compartir conocimientos médicos desarrollados en el Hospital Hadassah Medical Center de Israel para brindar acceso a capacitaciones, ateneos, jornadas médicas dictadas por profesionales, además de la cooperación y la incorporación de hospitales y centros de salud de Tucumán a la Red de Salud Hadassah y que los profesionales puedan gozar de los más modernos y calificados conocimientos.” El objetivo se explicita sin rubores: compartir información de la provincia con el ente colonial israelí, algo inédito para un área sensible como es la de salud pública. También se explicita que la relación entre el gobierno de la provincia y la Red Hadassah lleva más de 15 años, desde los tiempos del gobierno de Alperovich justamente.

La academia local fortalece la narrativa sionista

La narrativa sionista necesita de escribas. La “Hasbará”[2] despliega toda una serie de recursos que van desde el financiamiento de medios masivos de comunicación, la inundación de las redes de personajes que instalan sentido común, entre otras. Como lo dijo recientemente el criminal Netanyahu, Israel debe comprar Tik Tok. Pero en este esquema en el que la Hasbará procura llegar a todos los ámbitos posibles, la academia juega un papel fundamental. Los acuerdos de las universidades públicas argentinas con instituciones sionistas o prosionistas son notables.



Volvamos a Tucumán. El 23 de julio de este año la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán albergó una actividad de Hasbará con la clara intención de reforzar el relato sionista. La presentación del libro de Ariel Gelblung, “Antisemitismo: Definir para combatir”. Gelblung es director del polémico Centro Simón Wiesenthal, sostenedor de la narrativa sionista. Además la actividad estuvo sostenida por la DAIA local y las autoridades tanto universitarias como del Poder Judicial de la provincia, toda vez que participaron miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, el periodista del principal diario local, La Gaceta, Álvaro José Aurane, y los funcionarios del gobierno provincial Raúl Albarracín y Hugo Navas. Cabe remarcar que la presentación del trabajo de Gelblung se enmarcó en las actividades de la Diplomatura de Posgrado sobre Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad, dictada por la propia Facultad de Derecho y en la que no se menciona el genocidio contra el pueblo palestino. El 25 de julio además se concretó una charla para alumnos de la provincia en el que también hubo una bajada de línea en la asociación del antisemitismo con el antisionismo. En una entrevista con el diario local Gelblung afirmó que “estamos en el peor momento de antisemitismo en el mundo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto en Medio Oriente, del que no nos referimos en este caso, ha puesto en real peligro a las comunidades judías que viven en cada uno de los lugares. La no separación de determinadas cosas y haber permitido que se caigan determinadas caretas poniéndose en algunos lugares del lado del terrorismo es realmente peligroso”.  Para este propagandista “sionismo no es una mala palabra. Sionismo es el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral. Y alguien no puede venir y sostener: ‘yo estoy de acuerdo con la autodeterminación de todos los pueblos del mundo menos uno’. Eso es realmente una discriminación. Entonces uno no puede decir yo no soy antisemita, soy antisionista. Es una falacia”. 

Para el director del Centro Wiesenthal como para toda la comunidad judeo-sionista en Gaza no se está cometiendo un acto de genocidio, yendo incluso a contramano de los informes sobre el tema elaborados de organismos de DDHH del propio  Israel como B’Tselem. Ni Gelblung, ni las autoridades de la Universidad o del Poder Judicial de la provincia han leído evidentemente el informe titulado “Nuestro Genocidio” y haciéndose eco de la definición de antisemitismo del IHRA, equiparan el término con antisionismo. Nada más falaz que esto. Además, llevan buen tiempo, sobre todo después del 7 de octubre de 2023, repitiendo a viva voz que estamos en presencia de un incremento del antisemitismo en todo el mundo, aumento que no se verifica en los hechos. Decir Gaza o mencionar a Palestina transforma al denunciante en antisemita, sin importar el contexto o las formas. En Argentina fueron procesados incluso diputados nacionales por mencionar el genocidio en Palestina acusándolos de antisemitas como le ocurrió a la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Vanina Biassi.


Rossana Chahla (1966), intendenta (alcaldesa) de Tucumán, justicialista (peronista/kirchnerista)

El último capítulo de la alianza de Tucumán con el sionismo

Uno de los últimos capítulos en la alianza de Tucumán con el sionismo lo vuelve a escribir Rossana Chahla. Hoy intendenta de la ciudad capital, San Miguel de Tucumán, firmó un convenio de cooperación en materia de seguridad con la agencia israelí Mashav para la capacitación en materia de seguridad del personal del municipio. Pese al reclamo de la organización “Tucumán por Palestina”, el municipio siguió adelante con este vil acuerdo. En pleno desarrollo del genocidio, la intendenta, médica de profesión y de origen sirio-libanés, refuerza sus lazos con el sionismo.

Según el sitio del propio municipio, “durante el curso, que se dicta en idioma español y tiene lugar en el campus del Instituto en Beit Berl, cerca de Tel Aviv, se abordan temas clave como la coordinación entre municipios y fuerzas policiales, la creación de cuerpos de policía comunitaria, la gestión de emergencias, el trabajo con jóvenes en situación de riesgo y la articulación con instituciones educativas, organizaciones comunitarias y el sector privado.” Este acuerdo como otros del rubro se firman a lo largo y ancho de todo el continente reforzando lo que el periodista Antony Loewenstein nombró como “El laboratorio palestino”, para dar cuenta la forma en cómo Israel muestra al mundo “sus avances tecnológicos” en materia de seguridad y guerra con el funcionamiento de sus sistemas represivos sobre el pueblo palestino. No está de más recordar aquí que Israel es uno de los principales Estados cuya industria armamentística y en materia de seguridad recorre todo el orbe negociando incluso con dictaduras.


Un fantasma recorre Tucumán, el fantasma del genocidio

La agrupación Tucumán por Palestina, integrada por un heterogéneo grupo que incluye palestinas, judíos antisionistas, artistas, militantes políticos y sindicales, académicos, entre otros, lleva años denunciando al sionismo y exponiendo los crímenes el Estado de Israel contra el pueblo palestino. No les valió ni una sola línea en el principal diario de Tucumán. Por el contrario, cada vez que la comunidad judeo-sionista salió a la calle u organizó una actividad, el medio le dedicó importantes espacios de difusión hasbarática. En general los medios locales, salvo honrosas excepciones, no cubren las actividades de denuncia que con persistencia militante se realizan en la capital. Está claro que la penetración sionista en la provincia abarca a los tres poderes del Estado, a la prensa local hegemónica, a distintos miembros de la academia universitaria, entre otros. 

Desde mi posición de hijo de aquella comunidad judía, vuelvo a reiterar mi oposición al sionismo y al genocidio. Levanto mi voz cada vez que puedo como lo hacen los compañeros y compañeras de Tucumán por Palestina. La penetración de ese fantasma llamado genocidio tiene nombres y apellidos en la provincia, muchos de los cuales son descendientes de sirio-libaneses, como la intendenta de la capital tucumana. Romper el relato, hacer todo el ruido posible y convencer a miembros de las comunidades judías en todo el mundo de que Israel no representa al judaísmo en cualquiera de sus variantes religiosas o culturales, puede contribuir a debilitar el enclave. Quitarle respaldo comunitario como lo están haciendo distintas organizaciones de judíos antisionistas o propalestinos, puede ayudar a la caída de un régimen que lleva más de un siglo haciendo la guerra, cometiendo crímenes de lesa humanidad, sosteniendo un genocidio y una limpieza étnica en la Palestina histórica y en otros puntos igualmente estratégicos de Oriente Medio.

Notas

1 - Pappe, Ilan (2025) El Lobby sionista. Una historia a ambos lados del Atlántico, Edit. Akal

2 - Hasbará o “explicación” en hebreo, es el aparato propagandístico que utiliza Israel para lavar la cara al régimen e instalar una narrativa que, de lugar a mostrar al Estado sionista como la única democracia en Oriente medio, demostrar que su ejército es el “más moral del mundo” y que toda acción bélica contra los países de la región es acción de “defensa”.


21/12/2023

A. RUGGERI/M.VIETA
Javier Milei ha colto il malcontento di una nuova classe operaia informale

Andrés Ruggeri e Marcelo Vieta, Jacobin, 14/12/2023
Tradotto da Fausto Giudice, Tlaxcala

Pubblicato su Jacobin Italia

Originale: Javier Milei Has Tapped Into the Discontent of a New, Informal Working Class
 Español:
Milei captó el descontento de la clase trabajadora informal
Français:
Javier Milei a su capter le mécontentement d’une nouvelle classe ouvrière informelle


Marcelo Vieta è professore associato nel programma di Educazione degli adulti e sviluppo comunitario dell’Università di Toronto. È autore di Workers’ Self-Management in Argentina e coautore di Cooperatives at Work. Bibliografia. @VietaMarcelo


Andrés Ruggeri (Buenos Aires, 1967) è antropologo sociale (UBA) e dal 2002 dirige il programma Facultad Abierta, un’équipe della Facoltà di Filosofia e Lettere dell’UBA che sostiene, consiglia e ricerca le imprese di proprietà dei lavoratori. Dal programma ha coordinato quattro indagini nazionali sulle imprese recuperate e diversi progetti universitari di volontariato e di estensione, oltre alla creazione nel 2004 del Centro di Documentazione delle imprese recuperate che opera nella Cooperativa Chilavert Artes Gráficas. È autore e coautore di diversi libri specializzati sull’argomento e ha tenuto conferenze e corsi in diversi Paesi dell’America Latina, dell’Europa e dell’Asia. Dal 2007 coordina l’organizzazione dell’incontro internazionale ¿La Economía de los Trabajadores? che ha già avuto due edizioni in Argentina, una in Messico e un’altra in Brasile, oltre a un incontro europeo in Francia. È anche autore del libro Del Plata a La Habana. América en bicicleta, in cui racconta il suo viaggio del 1998 attraverso l’America Latina in solidarietà con la Rivoluzione cubana. Successivamente, ha fatto il giro del mondo in tandem attraversando 22 paesi del Terzo mondo con la sua compagna Karina Luchetti. Insegna anche un seminario di specializzazione in Antropologia e Storia (UBA) ed è direttore della rivista Autogestión Para otra economía.  Articoli in diverse lingue. @RuggeriAndres1


La cosa più sorprendente dell’elezione di Javier Milei, ultraliberista di estrema destra, è stata la sua capacità di conquistare gran parte del voto della classe operaia. La capacità di parlare alle ansie del crescente settore precario del paese dovrebbe essere un campanello d’allarme per la sinistra

Il «fenomeno Milei» in Argentina ha preso piede quando il politico di estrema destra ha ottenuto una vittoria inaspettata alle primarie presidenziali di agosto. Ora che indossa la fascia presidenziale, Javier Milei è il primo anarco-capitalista e ultraliberista autoproclamato a guidare una grande economia nazionale.

Il Presidente dell’Argentina Javier Milei arriva per una funzione interreligiosa nella Cattedrale Metropolitana dopo la cerimonia di insediamento presidenziale il 10 dicembre 2023 a Buenos Aires, Argentina. (Marcos Brindicci / Getty Images)

Economista di formazione, Milei si è fatto conoscere come personaggio televisivo e dei social media incline alle imprecazioni e ai toni misogini. Il suo ingresso ufficiale nella politica argentina è avvenuto poco dopo, nel 2021, quando ha ottenuto un seggio al Congresso nazionale. Praticante di lunga data del sesso tantrico, devoto ai guru del neoliberismo Friedrich von Hayek e Milton Friedman e proprietario di diversi mastini inglesi clonati che chiama i suoi «figli a quattro zampe», Milei ha proclamato poche ore dopo aver battuto il suo avversario peronista che «tutto ciò che può essere nelle mani del settore privato sarà nelle mani del settore privato».

Milei ha in mente tutte le 137 aziende pubbliche argentine, come la compagnia energetica statale Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Ypf), la vasta rete di media pubblici del paese (Radio Nacional, TV Pública e l’agenzia di stampa Télam), il servizio postale e la compagnia aerea nazionale Aerolineas Argentinas. Ha anche lasciato intendere che smantellerà il sistema sanitario pubblico argentino e privatizzerà gran parte dei sistemi di istruzione primaria e universitaria, compreso l’istituto di ricerca sull’istruzione superiore finanziato con fondi pubblici. Milei ha anche corteggiato i capitali statunitensi per condurre un’estrazione non regolamentata delle ingenti riserve di litio e di gas di scisto del paese. Forse la cosa più sfacciata è che ha promesso di eliminare la Banca centrale argentina, di dollarizzare l’economia (seguendo gli esempi di Ecuador, El Salvador e Zimbabwe), di liberalizzare i mercati e di eliminare i rigidi controlli sui cambi del paese.

Scioccante, certo, ma queste proposte neoliberiste non sono nuove in Argentina. José Martinez de Hoz, ministro dell’economia della sanguinosa dittatura di Jorge Videla alla fine degli anni Settanta, e Domingo Cavallo, ministro dell’economia di Carlos Menem nei neoliberisti anni Novanta, hanno dato vita a politiche economiche altrettanto regressive. In effetti, Roberto Dromi, ministro dei lavori pubblici di Menem, proclamò quasi alla lettera lo stesso messaggio più di trent’anni fa: «Nulla di ciò che è di proprietà dello Stato rimarrà nelle mani dello Stato».

Il «piano motosega» di Milei (Plan motosierra, la sua versione del «prosciugare la palude» di Trump) sarà probabilmente contestato nelle due camere del Congresso del paese, dove la sua coalizione La Libertà Avanza è in minoranza. Tuttavia, le minacce di misure di austerità possono essere eseguite dal potere presidenziale di legiferare per decreto e molte di esse verranno senza dubbio attuate. A lungo termine, i risultati saranno devastanti per l’Argentina.

Anche se, ancora una volta, non sono senza precedenti. Negli anni Novanta, l’amministrazione Menem ha supervisionato la massiccia vendita di beni pubblici, l’ancoraggio del peso al dollaro (di fatto, un programma di dollarizzazione) e le liberalizzazioni del mercato, il tutto all’insegna del controllo dell’inflazione e dell’austerità. Queste misure hanno portato a una disoccupazione massiccia (ufficialmente oltre il 20%), a tassi record di precarietà e indigenza (oltre la metà della popolazione), alla delocalizzazione di gran parte della capacità produttiva argentina, alla presa di controllo sull’economia nazionale da parte delle multinazionali e a disordini sociali estremi.

La vittoria di Milei suggerisce che, se non altro, il ricordo di questi anni si è affievolito per gran parte dell’elettorato argentino, sommerso da un tasso di inflazione superiore al 185% per il 2023 e da un forte aumento dell’insicurezza, fomentato dalle notizie quotidiane e dai social media.

I prossimi mesi mostreranno fino a che punto il nuovo governo Milei sarà in grado di portare avanti la sua agenda neoliberale e se il suo governo manterrà il consenso durante l’attuazione delle misure annunciate. La risposta dei settori popolari storicamente militanti in Argentina potrebbe essere decisiva. Quel che è certo è che, per l’opposizione politica e per la maggior parte dei lavoratori, la strada da percorrere sarà dura.


Marcelo Spotti

 «Non ce l’aspettavamo!»

Forse la vera novità dell’agenda ultraliberista di Milei è la sua schietta onestà. I nuovi ministri e portavoce del governo hanno già avvertito gli argentini di prepararsi a giorni austeri. Milei ha anche dichiarato che risponderà a qualsiasi forma di protesta sociale con misure repressive estreme, rievocando i giorni più bui della dittatura civico-militare.

Una delle grandi sorprese della vittoria di novembre è stata quella di aver goduto del sostegno dei settori della classe operaia argentina tradizionalmente orientati a sinistra: Il 50,8% degli elettori salariati, il 47,4% dei pensionati, il 50,9% degli elettori del settore informale, il 52,3% dei lavoratori del commercio e quasi il 30% della tradizionale base peronista hanno votato per Milei. Oltre al 25-30% di elettori che costituiscono la base di destra di Milei, circa il 53% dei votanti sotto i trent’anni, e ai voti trasferiti dalla destra tradizionale e dall’alta borghesia che sostenevano la coalizione Juntos por el Cambio di Mauricio Macri e Patricia Bullrich, che messi insieme hanno garantito una comoda vittoria a Milei.

Eppure, nonostante il clamoroso successo di Milei alle primarie di agosto e al ballottaggio di novembre – per non parlare della sua lunga visibilità mediatica – la frase che circola nella sfera politica e intellettuale argentina è «non ce l’aspettavamo!». Questa è stata la posizione ufficiale del governo di sinistra peronista uscente di Alberto Fernández e del candidato in corsa Sergio Massa. La campagna elettorale di Massa, che ha perso, ha cercato di sminuire Milei a uno spettacolo politico marginale da cartoni animati, senza successo.

Ignorata dall’establishment politico e mediatico, la coalizione di estrema destra di Milei segna l’inasprimento di cambiamenti socioeconomici che hanno ricevuto poca attenzione. A un’analisi più attenta, l’inflazione ostinata e acuta senza una risposta efficace da parte del governo, le sfide persistenti lasciate dalla pandemia, la crescente influenza dei social media e la forte polarizzazione del discorso politico hanno reso l’ascesa di una personalità come Milei – la versione argentina di Jair Bolsonaro o Donald Trump – un fenomeno prevedibile.

L’elefante che nessuno ha visto

Ci si chiede allora perché il «piano motosega» di Milei abbia risuonato tra i poveri e i lavoratori argentini, che saranno i più colpiti dalle sue politiche. Una spiegazione è che Milei arriva sulla cresta dell’onda neoliberale che, per decenni, ha eroso lo stato sociale e la base industriale tradizionalmente forte dell’Argentina (come dimostra il fatto che, tra gli anni Cinquanta e Settanta, il paese ha goduto di lunghi periodi di piena occupazione). L’ondata neoliberista ha portato con sé l’abbraccio totale di una razionalità economica che un tempo sembrava estranea al senso comune argentino.

Durante l’amministrazione neoliberale di Mauricio Macri, dal 2015 al 2019, è diventato un luogo comune parlare degli «elefanti che ci sono passati accanto», riferendosi alle politiche socioeconomiche regressive attuate dal macrismo. Queste politiche comprendevano un massiccio debito finanziato dal Fondo Monetario Internazionale, un’alta inflazione e la fuga di capitali, che i media del paese hanno per lo più ignorato o nascosto. Tuttavia, c’era un altro elefante nella stanza che molti non hanno riconosciuto: la forte crescita del settore lavorativo informale e precario, che esisteva al di fuori di qualsiasi organizzazione sindacale o programma sociale governativo. Il settore informale, in crescita e di dimensioni considerevoli, è stato assente dal dibattito pubblico argentino per un decennio, considerato da economisti e leader politici come un fenomeno passeggero, senza rappresentazione e senza voce politica. Era solo questione di tempo prima che una figura come Milei iniziasse a usare un linguaggio in sintonia con questo nuovo settore della classe operaia.

Costituito da lavoratori dell’economia sommersa, freelance, precarizzati e dei servizi, questo settore è cresciuto in modo esponenziale durante la pandemia. Molti argentini hanno sofferto durante i rigidi periodi di lockdown che si sono protratti per gran parte del 2020 e fino al 2021, ma la pandemia ha colpito in modo particolarmente duro questo nuovo gruppo di lavoratori informali e senza contratto, che hanno continuato a lavorare per tutto il tempo senza le tutele sociali previste per gli altri settori.

Conosciuto ufficialmente come Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Isolamento Sociale, Preventivo e Obbligatorio, o Aspo), il mandato di lockdown nazionale ha messo in evidenza le contraddizioni e le complessità legate alla necessità di scegliere tra la cura della salute pubblica e la cura dell’economia. Il governo di Alberto Fernández è salito al potere nel dicembre 2019, pochi mesi prima che la pandemia costringesse la nuova amministrazione ad approvare un pacchetto di misure come l’Atp (Assistenza al Lavoro e alla Produzione) – sussidi salariali per i lavoratori formali per evitare licenziamenti e chiusure di aziende – e l’Ife (Reddito Familiare di Emergenza), una garanzia di reddito rivolta ai lavoratori più precari e disoccupati.

Il governo, tuttavia, ha calcolato male il numero di beneficiari dell’Ife, visto che undici milioni di persone hanno fatto domanda per fondi destinati solo a tre o quattro milioni. Pur comportando un notevole onere per il bilancio nazionale, il governo Fernández alla fine ha concesso l’Ife a dieci milioni di persone. All’epoca si pensò che il governo Fernández avesse commesso una svista, nel peggiore dei casi, dando credito alle accuse di incompetenza amministrativa. In realtà, il nuovo governo non si era reso conto di quanto la struttura del tessuto sociale e della forza lavoro argentina si fosse radicalmente trasformata e deteriorata durante gli anni neoliberali del macrismo.

Le politiche successive del governo Fernández, riprese nella campagna elettorale di Sergio Massa, hanno continuato a ignorare i nuovi lavoratori informali. Negli ultimi quattro anni, la politica sociale ha preso di mira i due gruppi più grandi e visibili di lavoratori argentini: i lavoratori dipendenti e i segmenti di quella che in Argentina è conosciuta come «economia popolare», legata al movimento sociale sindacale di organizzazioni come l’Utep (Unione dei Lavoratori dell’Economia Popolare), che sono formalmente autorizzate a ricevere e ridistribuire sussidi governativi e piani di lavoro per il welfare ai lavoratori informali. Oltre all’errore di calcolo dell’Ife, le esclusioni dell’amministrazione Fernández hanno dimostrato l’esistenza di ampi settori della classe operaia non inclusi in nessuno dei due gruppi.

Questo gruppo di esclusi è costituito da un’ampia gamma di lavoratori non registrati, o in nero, che non godono di alcuna prestazione previdenziale, e dai cosiddetti monotributistas, una categoria eterogenea che raggruppa, tra gli altri, i lavoratori autonomi, i lavoratori delle microimprese, i piccoli imprenditori che non generano entrate sufficienti per rientrare nel sistema fiscale nazionale, vari professionisti e i precari statali. In quest’ultima categoria rientrano anche i lavoratori domestici, i lavoratori delle piattaforme associate alle app di consegna come Uber e Rappi, i commercianti autonomi, i venditori ambulanti, i giovani che fluttuano tra lavori a breve termine e mal pagati e i liberi professionisti. A questi si aggiunge un numero minore di lavoratori di cooperative che, non essendo mai stati considerati come titolari di un rapporto di lavoro distinto, rientrano anch’essi nel sistema fiscale monotributario.

Se analizziamo ulteriormente questo gruppo, scopriamo che, lungi dall’essere una minoranza, costituisce una porzione considerevole della popolazione attiva argentina, è in gran parte giovane e, a parte i lavoratori domestici, è prevalentemente di sesso maschile. Molti di questi lavoratori si sono sentiti ignorati dalla maggior parte delle politiche pubbliche argentine. Ad esempio, durante la pandemia, quando molti di loro non hanno potuto lavorare o hanno dovuto lavorare in condizioni non sicure, non hanno ricevuto l’Atp e sono stati ampiamente esclusi dall’Ife. In quanto monotributistas o lavoratori in nero, continuano a essere esclusi dalla maggior parte degli ammortizzatori sociali argentini.

Sensibili a una campagna mediatica che denigrava la gestione della pandemia da parte del governo, socialmente inibiti dalle misure di lockdown e cronicamente sottopagati, vivevano in condizioni mature per far crescere il loro risentimento. Per la stragrande maggioranza di questi lavoratori, durante la pandemia lo Stato non solo era assente, ma li aveva dimenticati, anche se loro erano considerati «essenziali» e consegnavano cibo e beni consumati dai “garantiti” reclusi per la pandemia.

Come in quasi tutti gli aspetti della vita sociale, la pandemia ha esacerbato e accelerato le tendenze esistenti che stavano già emergendo in modo più lento e stentato. L’elefante dei lavoratori informali è sfuggito a tutti, sia al governo che all’opposizione. È stato ignorato finché il fenomeno Milei non ha attirato la sua attenzione. E Milei ha ricambiato il favore riconoscendo la sua disperazione e capitalizzando i suoi sentimenti.

Un proletariato diviso contro sé stesso

Le trasformazioni nella struttura sociale emergono gradualmente e richiedono tempo per essere viste finché, un giorno, sembrano esplodere. Non è la prima volta che un’esplosione del genere si verifica in Argentina. Negli anni Quaranta, l’intensità del sostegno della classe operaia a Juan Domingo Perón sorprese le classi dirigenti, l’intellighenzia, la sinistra e lo stesso Perón. Il trionfo di Raul Alfonsín nel 1983 per il ritorno della democrazia è stato un altro di questi momenti. Anche la rivolta di massa che ha scosso l’Argentina il 19 e 20 dicembre 2001 è apparsa come un uragano improvviso, inarrestabile e senza una chiara destinazione. L’Argentina si trova ora in un momento simile: il malcontento di massa è palpabile, così come il bisogno sentito di speranza e di un salvatore. Ma perché Milei rappresenta un salvatore per così tanti argentini? Perché l’utopia dell’estrema destra sta seducendo gran parte della classe operaia?

L’attrattiva di Milei per questi settori disincantati e arrabbiati della classe operaia risiede in un discorso che combina soluzioni radicali (anche se da pensiero magico), un nemico facile e un futuro immaginario: una narrativa sgangherata che promette una nuova vita sbarazzandosi dello Stato e della «casta politica» che per troppo tempo ha ignorato i lavoratori e i poveri e li ha lasciati a sé stessi. Il discorso di Milei sulla «rottura» si basa su un’ideologia di neoliberismo estremo il cui fine ultimo, parafrasando David Harvey, è la ricostituzione del potere di classe. Laddove prima i cattivi di questa ideologia erano lo Stato sociale e il comunismo, i nuovi bersagli sono a portata di mano. Per il macrismo, si tratta del populismo del kirchnerismo, il movimento associato al peronismo di sinistra di Néstor e Cristína Fernández de Kirchner. Per Milei, come per Bolsonaro, si tratta di un vago socialismo e comunismo che mette nello stesso cesto i centristi e la sinistra più radicalizzata.

Ciò che rende unico questo nuovo neoliberismo di estrema destra è che la sua ideologia è troppo rozza per le classi ricche, che vogliono il dominio ma anche la prevedibilità per i loro interessi commerciali. Il messaggio di Milei non è un discorso adatto alla classe imprenditoriale, anche se Milei stesso lo ritiene tale e anche se alla fine molti interessi imprenditoriali e commerciali si sono tappati il naso e hanno votato per Milei. In realtà, Milei articola un discorso nichilista per il nuovo proletariato contro sé stesso e i propri interessi.

Il retroscena di questo nichilismo è l’impotenza del governo di Alberto Fernández a soddisfare anche solo nominalmente le elevate aspettative sociali che lo avevano portato al potere nel 2019. L’inefficacia dell’amministrazione uscente può essere legata a diversi fattori: gli obiettivi non raggiunti di un «governo tranquillo» (gobierno tranquilo); la permanente faziosità che l’ha immobilizzata, creando un’opposizione interna spesso più dura di quella ufficiale; e le fallite aspirazioni a mediare accordi con l’opposizione e con i principali settori economici. Nel complesso, l’amministrazione Fernández è stata caratterizzata da una mancanza di acume teorico e politico che si è manifestata quando non è riuscita a rispondere ai problemi strutturali della nuova configurazione sociale dell’Argentina.

Naturalmente, questo non è un problema esclusivo dell’Argentina. I paralleli tra Milei e Trump, Bolsonaro, l’estrema destra europea e altri esponenti dell’estrema destra latinoamericana, come il cileno José Kast e il colombiano Rodolfo Hernández – due figure che hanno sfiorato il governo nelle recenti elezioni – dimostrano che l’Argentina non è l’eccezione ma la nuova regola.

Non c’è futuro?

L’abilità di Milei nel cogliere la frustrazione di un’ampia parte della società argentina non assolve il governo uscente e il progetto politico associato al kirchnerismo. Come in altri paesi in cui l’autoritarismo ha preso piede, la sinistra non è stata in grado di comunicare un progetto alternativo convincente a un’ampia fascia della classe operaia di cui sostiene di essere portavoce. Troppo spesso noi di sinistra – in Argentina e nel mondo – non siamo riusciti a offrire nulla di più di un ritorno ai «bei tempi», ignorando che per i più emarginati quel periodo non è mai stato così bello. Che si tratti di progressismo tiepido o di sinistra radicale, siamo stati così impegnati a difendere le vittorie del passato che raramente abbiamo offerto proposte chiare e complete per futuri alternativi.

A quanto pare, la sinistra argentina non può che offrire ancora la stessa cosa, che è proprio ciò che Milei e i suoi seguaci hanno efficacemente inquadrato come la causa di tutti i mali. Non c’è un progetto, né tanto meno un discorso alternativo, per coloro che si trovano nella parte perdente dell’attuale realtà socioeconomica. Persino l’«economia popolare» e le prospettive, un tempo speranzose, del sindacalismo dei movimenti sociali appaiono troppo conservatrici per i settori informali dimenticati di Milei, e la rivendicazione di programmi di lavoro suona troppo simile alla fatica da cui vogliono fuggire i lavoratori autonomi e informali i freelance, i lavoratori domestici e quelli delle piattaforme.

Se non riusciamo ad articolare un progetto per migliorare il reddito, le condizioni di vita e le capacità produttive di tutti i lavoratori e le lavoratrici, le soluzioni attualmente offerte dalle organizzazioni che rappresentano la classe operaia argentina non saranno mai sufficienti. Se la sinistra non riesce a costruire e a comunicare efficacemente un progetto di trasformazione che dia speranza alle crescenti file del proletariato emergente, il meglio che possiamo fare è aspettare il fallimento di quest’ultima ondata di autoritarismo di ultradestra, che senza dubbio avrà un costo sociale, economico, politico e culturale intollerabile.