REINALDO SPITALETTASancocho de sangre a la colombiana

Reinaldo Spitaletta, Sombrero de mago, 17-6-2025

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Somos un sancocho de sangre desde tiempos remotos, antes de que los artesanos Galarza y Carvajal le propinaran hachazos a Uribe Uribe, y antes también de que Arturo Cova declarara que había jugado su corazón al azar y se lo había ganado la violencia. Seguro las guerras y guerritas civiles del siglo XIX nos abonaron la mentalidad para resolver a la fuerza y a bala, o a machetazos o cuchillo, como en Palonegro, las diferencias políticas y sociales. Y las de otra índole, como las del bolsillo y la tierra.

Los asesinos del hombre que escribió un libro prohibido por sectores eclesiásticos (De cómo el liberalismo colombiano no es pecado) pasaron a convertirse en actores del que se considera el primer largometraje filmado en Colombia: El drama del 15 de octubre, de los Hermanos Doménico. La película (muda, claro) fue considerada “inmoral” y “glorificadora” del magnicidio por las imágenes del líder asesinado y las de sus verdugos Leovigildo y Jesús, de los que también se compuso, hasta donde se sabe, un bambuco: “Asesinos Galarza y Carvajal / que matasteis a Uribe Rafael…”.

  

Se corrió entonces a destruir el filme, mientras se quedó en el misterio quiénes hubo detrás del asesinato. Y así hemos transcurrido desde entonces y desde mucho antes. Después, en ese caldo terrorífico que hoy seguimos tomando, llegaron los muertos de las bananeras, decenas de trabajadores mandados al más allá por el gobierno de Miguel Abadía Méndez y la United Fruit Company. Eso poco importó, al fin de cuentas eran solo trabajadores.

Bueno, digamos que al aún joven Jorge Eliécer Gaitán sí le importó el asunto y después de su investigación pudo decirle con propiedad a oligarcas y matones que “el gobierno colombiano tiene la metralla homicida para el pueblo y la rodilla en tierra ante el oro americano”. Y también lo mataron, y pusieron a un cualquiera, al albañil Juan Roa Sierra, a dispararle, cuando detrás estaba la conspiración, los cerebros del mal, los auténticos asesinos, que tampoco la historia ha podido condenar.

Y a todos nos ganó la Violencia. Llegaron los “pájaros”, los chulavitas, los cortadores de cabezas, los del corte de franela y de corbata, los bandoleros, los que mandaban a los bandoleros… Y así hemos discurrido, con cadáveres en los ríos, en los montes, en la ciudad. Y si hubo tiempos en que matar liberales no era pecado, también los hubo en que matar indios no era delito, y así los pusieron en la escena de tierra arrasada. Por el Cauca, por el Amazonas, por los Llanos…

Hemos tenido de todas las sangres. Guerrillas liberales, luego las de vestuarios marxistas-leninistas-maoístas, y de otras indumentarias. Y el cielo de Marquetalia, del Pato y Guayabero se llenó de bombarderos. Todo bien, papá, hay que acabar con las “repúblicas independientes”. Qué revuelto de balas y masacres. Cuánta acción delincuencial nos ha tocado, secuestros, vacunas, extorsiones, y los que se declararon “héroes” frente a la “subversión” y se robaron las mejores tierras y jugaron al fútbol con las cabezas cercenadas de las víctimas.

Y así hemos transcurrido, con discursos incendiarios, con presuntas “seguridades democráticas”, con los “falsos positivos”. Con magnicidios, con atentados, con carro-bombas, con narcoterrorismo y paramilitarismo y grupos de “limpieza social” y los de “muerte a secuestradores”: lo dicho, un sancocho sangriento. Y como si fuera poco, continúan los discursos guerreristas, los que convocan a la matazón y al “balín”, como lo grita un precandidatucho fascista que cree que todo es solucionable con “candela” e hijueputazos.

El atentado contra el precandidato Miguel Uribe es la continuación de una vieja película que puede remontarse a la de Galarza y Carvajal, o, de otro modo, a los que tuvieron que estar detrás del telón del crimen y permanecieron en la impunidad. La herencia de la resolución irracional de las contradicciones sociales y políticas a punta de hachazos, balazos, machetazos, continúa cobrando su cuota de sangre.

Abundan los Roa Sierra, manipulados por los grandes criminales en la sombra. Sigue bebiéndose el caldo de cultivo de los sicarios, herencia, además, de tiempos que aún no se acaban, conectados con las mafias, con el lumpen burgués y el lumpen de los bajos fondos. Hay un mercado de la ignominia, en el que los desahuciados de la fortuna son utilizados como carne de cañón y como protagonistas de un sistema de inequidades.

Nos aplastó la violencia, cultivada por los que consideran al pueblo como una nadería que se puede pisotear. O utilizar como activistas de la muerte. Y mantener en la noche de la ignorancia y las carencias intelectuales y materiales. Es muy fácil decir “bala es lo que hay y bala lo que viene” como una manera de preservar el miserable “statu quo”. Estamos en una vorágine sangrienta, que tiene historia, y que parece no tener fin. La violencia nos devoró el corazón.

TIGRILLO L. ANUDOColombia: ¿Qué más irán a hacer?

Tigrillo L. Anudo, 16-6-2025

El atentado al senador Miguel Uribe Turbay es otra acción más del plan sedicioso para desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro. La oposición se vale de ese hecho para reagrupar sus bases sociales, para seguir expeliendo veneno y odio contra la democracia y el progresismo, para precipitar una crisis generalizada (dar la sensación de caos), un clima de “ingobernabilidad”, una crisis institucional con posibilidades de un golpe de Estado, finalmente conquistar el triunfo electoral en 2026.

El ala más oscura del poder político-empresarial-narco planea y ejecuta el crimen. Las otras alas o sectores se encargan de utilizar el impacto emocional que produce para capitalizarlo en propaganda sucia y nuevas acciones que buscan configurar un país con descontrol administrativo.

“La marcha del silencio” fue otra acción derivada del atentado, la misma que se convirtió en una grotesca manifestación electoral. No hubo silencio para rechazar la violencia y apoyar con respeto a una vida que se debate en una UCI. Al contrario, hubo apología a la violencia con arengas, insultos, expresiones de intolerancia.

La oposición no hace política responsable. Al carecer de argumentación racional sólida para ofrecer al electorado, acude a explotar la emocionalidad de las personas y a las estrategias de sedición. ¿Qué más irán a hacer? Pues más de lo mismo. El riesgo de esta forma de hacer política es que recurran a acciones más mezquinas y peligrosas.

Sólo piensan en un fin: recuperar el control del Estado para volver a saquear el presupuesto público. Y en ese camino, el fin justifica los medios. Si hay que sacrificar alfiles de sus propias filas políticas, pues lo seguirán haciendo. Y si hay que volver a producir un baño de sangre con elementos de las filas contrarias, pues tampoco lo dudarán. No habrá líneas rojas ni acatamiento a cualquier norma decente.

El aparato criminal que domina a Colombia tiene tentáculos transnacionales. El plan sedicioso de la oposición política cuenta hasta con la colaboración del secretario de Estado de los Estados Unidos, además de otros brazos asociados al narcotráfico, las esmeraldas y la venta de armas, que se sienten golpeados con todas las toneladas de polvo blanco que le han sido confiscadas.

El momento que vive Colombia es el de una radicalización de la lucha entre el bien y el mal. Puede sonar maniqueo, pero así es. Es más que una lucha política de clases, es más que una batalla entre la concepción neoliberal despojadora de derechos y la concepción de un eficaz Estado Social de Derecho. El momento actual es el de una confrontación ética, estética y cultural. Se oponen los valores sagrados de la vida, la preservación de la naturaleza, la paz, la justicia social y todos los derechos derivados de ésta, contra los disvalores del “todo vale”, “resolvamos los conflictos con balines”, “maten al sicario de Miguel Uribe”, “la consulta popular es ilegal”, “la paz total es un fracaso”, “expulsar al guerrillero del Palacio”.

Claro que es una lucha entre el pueblo empobrecido y explotado contra grupos de poder que se enriquecen cada vez con la plusvalía y los recursos que arrebatan a las mayorías trabajadoras. Es la lucha del bien común contra el mal de minorías saqueadoras. No se trata de izquierda o derecha, ni de Petro o Uribe, sino del buen vivir de los colombianos asaltados en sus derechos.

¿Qué más irán a hacer? Cualquier locura se puede esperar de una oposición fanática, de una Delincuencia Política Organizada, de todas esas fuerzas reaccionarias nucleadas en torno al propósito de sacar del gobierno a los “comunistas” para volver a detentar el poder.

El mundo delira con guerras, asesinatos políticos, genocidios, confabulaciones, codicias sin límites. Colombia delira con lo mismo.

TIGRILLO L. ANUDO Reformas estructurales en una democracia burguesa

Tigrillo L. Anudo, 23-3-2025

La democracia burguesa con sus legislaciones a favor de poderosos intereses de clase es la gran tranca para la conquista de la justicia humana, social, redistributiva, ambiental, en una sociedad profundamente afectada por sus ausencias. La democracia burguesa permite comprar los jueces, el Congreso, los magistrados, los funcionarios - empleados públicos, las juntas directivas, los empresarios y todos los que haya que comprar. Esa “democracia” necesita de la injusticia, del hambre, la desigualdad, la miseria; estimula la corrupción, el delito, la aporofobia, la sociopatía, la exclusión y otros males que se devoran el país. La democracia burguesa se debe al capitalismo puro y duro que avasalla al pueblo trabajador.

«La nueva relación entre el trabajador y el empresario». Caricatura del Neuer Postillon, Zúrich, Suiza, 1896

La gran burguesía aliada con criminales no quiere compartir las rentas y las riquezas. Su codicia y afán monopolista, su carácter excluyente y sociópata, no admiten la redistribución de la riqueza. Lo máximo que permitirá serán unas reformas deshilachadas, amputadas, disminuidas en sus alcances, retazos de los proyectos presentadas por el gobierno nacional, o sea, reformas que finalmente no se configuran como reformas estructurales. Seguirá imperando la inequidad en la tributación como ya ocurrió con la reforma tributaria de 2022 trasquilada por la Corte Constitucional quien autorizó a las empresas deducir de su impuesto de renta lo que pagan por regalías al Estado. También ocurrió con el archivo de la Ley de Financiación. Ahora está en vilo la reforma pensional.

El pueblo colombiano está luchando contra un aparato criminal multidiverso que se apropió del Estado, de sus instituciones encargadas de asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 1991. Políticos, grandes empresarios, mafias de rentas ilícitas, empresas transnacionales, contratistas, se ferian los recursos públicos, los presupuestos, las vigencias futuras, los medicamentos, las flotas de carro tanques, las falsas facturas de atenciones médicas, de servicios de ambulancias, de contratos e IPS ficticias, entre otros; se llevan lo que pertenece al pueblo desprotegido. En la letra escrita constitucional están resueltas las necesidades básicas de los colombianos, pero en la praxis está bloqueada por la rapiña que sufren las finanzas de dichas necesidades. 

El presidente Gustavo Petro está enfrentando toda esa maquinaria para poder cristalizar las reformas sociales. El pueblo movilizado en las calles lo acompaña. ¿Bastarán estas luchas para lograr implantar las reformas estructurales? La Delincuencia Política Organizada –DPO- no se asusta con nada. Archivó en la Comisión Séptima del Senado la reforma a la salud el mismo día en que marchas multitudinarias en todo el país respaldaron la convocatoria a una consulta popular para preguntar sobre las reformas laboral y de salud. Todos los engranajes del aparato criminal nacional están estrechamente sincronizados para conservar el “Estado de cosas” aberrantes a las que se acostumbró la sociedad. La oposición en el Senado de la “República” ya anunció votar en contra de la consulta popular, es decir, no permitirán siquiera consultar al pueblo –el constituyente primario- sobre lo que ya está escrito en la CN 1991. 

Ya están consagrados los derechos a la salud, la educación, la pensión, el trabajo digno, la vivienda, la paz; sin embargo, el pueblo tiene que pedir que se ratifiquen esos derechos a través de una consulta popular. Un absurdo.  El Congreso que está en el deber de tramitar lo que ya es ley, se dedica a sabotear, boicotear, bloquear las propias normas. El propio Estado hace conspiración contra sí mismo. Esto es una canallada por parte de una casta política burocrática que gana 40 veces más que cualquiera de nosotros que somos clase obrera-proletaria. No somos clase media, somos asalariados, vivimos de lo que nos pagan por nuestro trabajo, trabajo que genera riqueza, riqueza de la cual apenas arañamos unas migajas.

Colombia es el único país del mundo donde la mayoría de los votantes dijo no a la paz. ¿Será que, en una consulta popular, la mayoría vote negativamente las reformas laboral y de salud? No creo que suceda esto. De hacerse esa consulta, ganará el sí a las reformas. Estamos en otro momento, ya no es el dominio del uribismo doctrinario fundamentalista; hoy es el momento del pueblo empoderado, del poder popular en ciernes, del despertar de la conciencia de clase y política. El pueblo en las calles es una tromba de alegría, arte, expresión, dignidad y poder. 

Para lograr la aprobación de la consulta popular en el Congreso se puede convocar una nueva y poderosa marcha, previa a la votación. Esta marcha será un mandato popular; si no votan a favor de la consulta, el pueblo escalará a acciones más audaces que cuestionarán los cimientos de la democracia burguesa. Esa posible afrenta del Congreso pondrá a prueba la organización revolucionaria del pueblo; el nuevo Partido Unitario mostrará de qué está hecho y cuál es su compromiso con la revolución política y cultural que tenemos que hacer.

OTO HIGUITAColombia: ¿profundizar el cambio o acelerar el golpe?

Oto Higuita, 1/5/2023

El triunfo del gobierno del cambio y potencia de la vida, de las “calles y las plazas”, marcó un quiebre histórico en la línea de continuidad de los gobiernos tradicionales de la burguesía. Por primera vez en la historia republicana es elegido un presidente que, por un lado, representa un amplio movimiento popular y de ciudadanías libres, y por el otro, no proviene de los partidos políticos liberal y conservador, partidos con los que ha sido gobernada Colombia por una sola clase, la oligarquía.

Paternidad responsable, por Matador, El Tiempo

El gobierno de la esperanza, como lo llaman, con un amplio apoyo popular, ha empezado a navegar en las aguas turbulentas y contaminadas de la política colombiana, como todo el mundo sabe. Completa 8 meses tratando de aprobar un programa de reformas urgentes que pide a gritos la sociedad de los y las excluidas socialmente; reformas que sin ser las más radicales y estar ajustadas a la Constitución, encuentran una férrea oposición y la preparación de un golpe por la clase que históricamente ha devenido en una narco oligarquía.

Oposición carente de escrúpulos y respeto por las formas y las normas, que viene haciendo uso de diferentes estrategias para desgastarlo y crear las condiciones para dar un golpe (blando) contra el primer gobierno que busca reformar al Estado corrupto, criminal y al servicio de las mafias y devolverle su carácter de Estado Social de Derecho como lo establece la Constitución.

Nadie que conozca y haya  estudiado el desarrollo y los cambios radicales que ha sufrido el Estado colombiano en las últimas cinco décadas, puede negar la condición de Estado fallido que arrastra la nación. Un Estado al servicio de una minoría que lo ha capturado y se ha enriquecido de los bienes públicos, el presupuesto nacional, la feria de cargos públicos, los grandes negocios y contratos que han monopolizado para sus círculos oligarcas, sus clientes, sus sirvientes y sus lacayos.

Esa concentración desmesurada de la riqueza en Colombia en pocas manos, ha dejado sin derechos constitucionales a una mayoría que sufre la exclusión, la violencia estatal cuando protesta, el exterminio sistemático, además de la pobreza masiva, el desempleo, la carencia de servicios básicos, el acceso de calidad a la salud, la educación, la cultura y la vivienda digna.

Sin duda los que se oponen radicalmente al gobierno del cambio son los factores reales de poder encabezados por las fuerzas políticas derrotadas, dentro y fuera del país (la injerencia e intereses del imperialismo norteamericano), como el gran capital, la banca privada, instituciones claves como la Fiscalía, Procuraduría, ejército y policía, el paramilitarismo y la paraestatal contrainsurgente que sigue asesinando sistemática líderes sociales, el alto clero y los monstruosos medios de comunicación corporativos. Mientras, el gobierno del cambio sólo cuenta con el triunfo electoral y una importante mayoría de pueblo movilizado.    

De ahí que el nuevo gabinete nombrado por el presidente Petro plantee preguntas de fondo sobre lo que tendrá que enfrentar en adelante, aparte del argumento de que lo que se busca es “un pacto social” con todas las fuerzas políticas, principalmente con las que se oponen radicalmente a su mandato, lo sabotean y buscan darle un golpe de Estado, como lo advierte el jesuita Javier Giraldo, reconocido defensor de DD.HH. en Colombia. Así que si lo que busca el gobierno es romper el cerco en el que lo tiene cercado la oligarquía, haciendo uso de todas las formas y medios de lucha política, lo único garantizado es que vendrán más ataques de los que poco sabemos cómo, qué ni cuándo vendrán.

Por eso hay que estar extremadamente alertas, el movimiento popular, las ciudadanías libres y el pueblo movilizado para recuperar inmediatamente las calles y volver a la lucha popular y extraparlamentaria, tal y como se hizo durante el paro nacional del #28A del 2021, que pronto se convirtió en el más temido estallido social en Colombia en décadas.  

Los perfiles de los nuevos integrantes del gabinete se caracterizan por tener hojas de vida académicas intachables, experiencia y especialización en temas afines a los cargos que fueron nombrados, pero sobre todo la mayoría hace parte del círculo de confianza del presidente, por haber trabajado ya antes con él en la alcaldía de Bogotá o durante su período de senador. Pero también está la cuota de los conversos provenientes de partidos tradicionales como el min interior, un liberal, ex senador (Luis Fernando Velasco) que ha estado en las toldas disidentes de ese partido tradicional desde hace unos años; un ministro de TIC (Mauricio Lizcano) hijo de un corrupto líder político liberal de Caldas, heredero de una tradición politiquera mayúscula; hasta un ministro de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo) de profesión médico, cirujano cardiopediatra y ex gobernador del Tolima durante el gobierno de Virgilio Barco.

Sin duda, haber entregado en bandeja de plata la cabeza de la ministra de Salud Carolina Corcho a la derecha que sabotea las reformas urgentes que necesita el país, es más de la vieja estrategia de un paso adelante y dos atrás, con la idea de generar condiciones para una nueva alianza de clases o pacto social buscando un aliado que, tal vez, no está en el parlamento sino en las calles y campos.  

Este viraje en el timón de mando sin un norte claro es producto, seguramente, del acorralamiento en que está el gobierno tratando de impulsar con urgencia una reforma amplia y profunda que, por la necesidad de crear acuerdos con la oposición para que sea aprobada, ya anda coja.

Aquí es válida la pregunta: cuál es la diferencia entre el nuevo gabinete y el anterior? Da la impresión que es más formal que de fondo. El pacto social que propone el gobierno hoy no lo define un remezón del gabinete, esa nueva alianza de clases que se propone la define en concreto una relación de fuerzas que, bajo las condiciones actuales, está por fuera del parlamento burgués. Parlamento que por las mayorías frágiles e inciertas a las que está expuesto, no ofrece garantías reales para formar un gobierno sólido y cohesionado que genere el tan anhelado cambio.

Con este timonazo el presidente Gustavo Petro se distancia del sujeto político, único factor real de poder, entre otros, que puede romper el estado de inercia y estancamiento del proceso en que está sumida Colombia. Tal vez está convencido que es desde el parlamento por más desgastado e ilegítimo que esté, que se debe seguir insistiendo en buscar una mayoría relativa en favor de la reforma, así dicha alianza de clases no sea en realidad garantía para lograrla, y por el contrario, sea una estrategia más para seguir debilitándolo. 

No es poniéndole distinta guasca al mismo perro que se lograrán los cambios. Esa alianza de clases siempre dependerá de la suma de todos los factores reales de poder, y las concretas y existentes, con excepción del factor pueblo y movimiento popular movilizado, no están del lado del cambio sino del continuismo oligarca que solo busca poner fin al nuevo gobierno, así éste cuente con la legitimidad de los votos que lo eligieron, pero no la mayoría parlamentaria suficiente para derrotar a las fuerzas que han gobernado Colombia con la política de la muerte.

Está, además, por verse si se cumple el pronóstico de algunos cuadros de la oligarquía, que han sostenido que Petro es el mejor bombero que hay en Colombia para apagar el volcán en ebullición que es la sociedad colombiana. Eso sólo será posible si la paciencia de la gente aguanta y no revienta en cualquier momento, ante un hecho inesperado o conscientemente provocado. 

Ya algunos sectores juveniles, sobre todo el estudiantil, empiezan a descreer de un gobierno que ha hecho cambios pero que los ha dejado solos y olvidado (excepto las deudas con ICETEX y la promesa de más universidades y financiación), un gobierno que sin duda ha tomado decisiones que favorecen a sectores populares (el bono o renta para los 3 millones de mujeres cabeza de familia), ha entregado bienes confiscados a la mafia a familias víctimas de desplazamiento y expropiación, que ha demostrado decisión y resultados en la lucha contra el narcotráfico, pero que sigue sin cumplir con otros temas importantes del programa de cambio. 

Siguen en la cárcel decenas de jóvenes que estuvieron en el estallido social del #28A del 2021. Es solo un ejemplo de que el descontento en los sectores que ayudaron a generar el cambio desde la lucha popular y extraparlamentaria, aumenta y empieza a dudar de la capacidad de maniobra y decisión de un gobierno que se muestra débil y se distancia de los sectores y del movimiento social. La llamada paz total avanza con grandes tropiezos, mientras continúa el exterminio diario de líderes sociales. Y el tema de tierras para cumplir el incumplido acuerdo de paz con las ex FARC, sigue empantanado porque la derecha está atrincherada, armada y empecinada en impedir que haya una verdadera reforma agraria en Colombia, mientras el gobierno va avanza como una tortuga, la derecha paramilitar y terrateniente lo hace desbocada.  

Después del triunfo colosal e histórico, parece como si hubiéramos quedados anestesiados por la creencia de que todo se iba a solucionar con un nuevo gobierno para el cambio y para la vida; cuando lo que se ha visto es que ejercer gobernanza desde un Estado descompuesto y un parlamento ilegítimo que, además, representa mayoritariamente los intereses de una clase sanguinaria, es, sencillamente, más de lo mismo.