Ryan Devereaux, The
Intercept, 27/12/2021
Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Al volver de almorzar el 22 de noviembre, fecha del plazo de respuesta de los demandados, el abogado-diplomático mexicano se encontró con que las empresas habían hecho exactamente lo que se esperaba, argumentando que una ley de 2005 que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) considera uno de sus mayores logros legislativos, que concede “amplia inmunidad” a las empresas de armas en los juicios por violencia armada, no está limitada por las fronteras. Se extiende a todas partes, argumentaron, incluido México. El mensaje de las empresas, según la lectura hecha por Celorio, era simple: “No nos importa lo que hacemos. No nos importa que a otros no les guste cómo lo hacemos. Vamos a seguir haciéndolo”.
El “velo de impunidad”, como Celorio lo definió, era de esperar. Sin embargo, lo que sí le llamó la atención fue la posible filtración de la política en lo que México insiste en que es un desafío legal apolítico. Los fabricantes, holdings y distribuidores acusados en la demanda de 139 páginas presentada por México incluyen a Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding, Century International Arms, Colt's Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Strum, Ruger & Co., Witmer Public Safety Group e Interstate Arms. En una presentación conjunta, en la que instan al tribunal a desestimar la demanda, las firmas que representan a las empresas -entre ellas uno de los mayores bufetes del mundo, Jones Day, que representó al presidente Donald Trump en sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020- argumentan que “en el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales”.
“La lectura que hacemos es que van a tratar de politizar esto”, dijo Celorio a The Intercept. “Están aumentando ya el coste político de que el juez falle a favor de México. Le están diciendo: ‘Eres estadounidense. Si dejas pasar este litigio, no guardas en tu corazón los valores americanos’”.
La historia de la demanda de México contra las empresas de armas de Estados Unidos, que lleva en curso más de dos años, se desarrolla en varios niveles a la vez. El litigio en sí pone a prueba si las protecciones legales inscritas en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA por sus siglas en inglés) que el presidente Joe Biden instó al Congreso a derogar en su estrategia nacional para prevenir la violencia con armas de fuego a principios de este año, se extienden a países extranjeros. Si la impugnación tuviera éxito, supondría un golpe histórico para los fabricantes de armas estadounidenses. Con limitadas excepciones, la PLCAA ha proporcionado un escudo casi impermeable a la industria de armas pequeñas con sede en Estados Unidos. Para las empresas de armas, la ley representa un baluarte vital contra las demandas que pueden acabar con la industria. Para los defensores del control de las armas, que señalan casos como el de las víctimas de la masacre del teatro de Aurora (Colorado), que fueron condenadas a pagar 203.000 dólares a un distribuidor de munición tras perder un juicio por motivos de la PLCAA, es el epítome de una marca profundamente estadounidense de impunidad de las empresas de armas.
Una niña se une a los defensores de la reforma de las armas que celebran una conferencia de prensa frente al Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 14 de abril de 2016. (Foto: Win McNamee/Getty Images) Foto: Win McNamee/Getty Images)
La lucha legal también tiene como telón de fondo un dramático momento histórico en la relación de seguridad entre Estados Unidos y México. El año anterior y el año posterior a la aprobación de la PLCAA tuvieron lugar dos acontecimientos clave. En primer lugar, en 2004, el Congreso permitió que expirara la prohibición federal de las armas de asalto en Estados Unidos. En segundo lugar, en 2006, el gobierno mexicano anunció el despliegue del ejército en las calles en una “guerra” contra el narcotráfico. La administración Bush apoyó la campaña con un paquete de ayuda a la seguridad de miles de millones de dólares conocido como Iniciativa Mérida, comenzando así una era de colaboración binacional sin precedentes en el frente más violento de la guerra contra las drogas.
Con los cambios en la ley en el norte y la declaración de guerra en el sur, el flujo de armamento de grado militar que entraba en México, legal e ilegalmente, se convirtió en un río de hierro. En la última década y media, México ha atravesado su peor período de violencia desde su revolución hace más de un siglo, con más de 400.000 personas asesinadas, y grupos criminales de tipo paramilitar que han construido arsenales de armas de origen estadounidense capaces de infligir un daño significativo a las fuerzas gubernamentales. Cada año, según la denuncia de México, se estima que 500.000 armas de fuego fabricadas en Estados Unidos son objeto de tráfico ilegal a través de la frontera hacia un país con una sola armería legal, propiedad del ejército y operada por él, y con algunas de las leyes de armas más estrictas del hemisferio occidental.
“Tenemos al menos 10 millones de armas en México que no deberían estar aquí porque no las vendemos nosotros”, dijo Celorio. Las organizaciones criminales, añadió, “tienen cierto grado de impunidad, no porque México no quiera perseguirlas, sino por su poder de fuego”.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, llegó al cargo en 2018 prometiendo deshacer la militarización de sus predecesores. Declaró el fin de la guerra contra el narcotráfico, sustituyéndola por “abrazos, no balazos”, un conjunto de iniciativas sociales destinadas a alejar a los jóvenes de la delincuencia y a reducir la presencia militar en las calles. Con la violencia todavía en niveles de récord, algunos críticos de López Obrador dicen que el presidente está ignorando ingenuamente una amenaza a la seguridad pública que ha hecho metástasis, y que está abandonando innecesariamente los avances logrados a través de años de iniciativas conjuntas de seguridad; mientras que otros señalan el hecho de que el papel de los militares en las operaciones de seguridad pública se ha ampliado bajo la actual administración, en particular en el ámbito de la aplicación de la ley de inmigración. La tenue relación binacional llegó a un punto crítico en 2020, cuando las autoridades estadounidenses arrestaron, y posteriormente liberaron, a Salvador Cienfuegos, exjefe del ejército mexicano, por cargos de narcotráfico. En respuesta, un indignado López Obrador aprobó una ley que limitaba las operaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en México. El mes pasado, después de que el secretario mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard, anunciara que la Iniciativa Mérida estaba “muerta”, altos funcionarios de la administración Biden -incluidos los directores de los departamentos de Justicia, Estado y Seguridad Nacional- se reunieron con sus homólogos mexicanos para elaborar un nuevo marco de seguridad bilateral.
“Ambas partes están adaptando sus mensajes a lo que quieren presionar y al mensaje que quieren proyectar para su propio público”, dijo a The Intercept Stephanie Brewer, directora de México y Derechos de los Migrantes en la Oficina de Washington para América Latina. El gobierno de Biden, argumenta Brewer, aborda de manera abrumadora la relación binacional a través del prisma de detener la migración hacia el norte. “Este es el mayor desafío a que se enfrenta ahora mismo la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México y las relaciones en general: el peso desproporcionado, y también la forma y dirección muy contraproducente, de las políticas de inmigración de Estados Unidos y, específicamente, de las políticas fronterizas”.
Al centrar tanta energía en la migración, Brewer sostiene que se han resentido los avances en otras cuestiones clave de la relación binacional, como el flujo constante de armas hacia el sur. Aunque el nuevo “Marco del Bicentenario para la Seguridad, la Salud Pública y las Comunidades Seguras” entre los dos países toca el tema del tráfico de armas, Brewer dijo que “no hay un cambio revolucionario en el enfoque”. Dado el enorme poder del lobby de las armas en Estados Unidos y las protecciones que la ley otorga a las empresas armamentísticas, Brewer duda de que el desafío legal del gobierno mexicano vaya a provocar tampoco un cambio oficial. “La demanda contra las armas es una acción muy poderosa y creo que realmente relevante”, dijo. “Pero su impacto final podría ser simbólico más que legal”.
Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores de México, durante un encuentro con la prensa en el Vestíbulo Este del Edificio de Conferencias de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de junio de 2019. (Foto: Albin Lohr-Jones/Pacific Press/LightRocket/Getty Images)
La demanda legal de México tiene cuidado de dejar claro que sus objetivos son las entidades privadas dedicadas a prácticas comerciales supuestamente negligentes, no el gobierno de Estados Unidos ni la legitimidad de la Segunda Enmienda. “Es un caso de derecho de responsabilidad civil”, dijo Celorio. Sin embargo, no es un secreto que el litigio es una pieza en un esfuerzo más amplio para replantear la relación del país con Washington en materia de violencia y seguridad. El 22 de noviembre, el mismo día en que las empresas de armas presentaron sus respuestas, Ebrard compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU para presentar una propuesta de estrategia internacional para combatir el tráfico de armas pequeñas. El canciller relacionó explícitamente la propuesta con la demanda.
“El gobierno mexicano nunca trataría, ni intentaría, ni daría una señal de que queremos un cambio en la legislación interna de EE.UU. Respetamos esa soberanía”, dijo Celorio. “Pero estamos muriendo. No podemos esperar hasta eso suceda. Por eso estamos recurriendo a otras acciones”.
De El Paso al jueves negro
La génesis de la demanda de México se produjo el 3 de agosto de 2019, cuando un hombre armado entró en un Walmart ocupado por compradores de la vuelta al cole en El Paso, Texas, asesinó a 23 personas e hirió a otras 23.
Ocho de las víctimas eran de nacionalidad mexicana. Muchas de las demás eran mexicoestadounidenses. La víctima más joven tenía dos años. La mayor tenía ochenta y dos años. Desde principios del siglo XX, cuando los justicieros y los agentes de la ley de la frontera los linchaban y asesinaban por centenares, las personas de ascendencia mexicana de las tierras fronterizas de Texas no habían sufrido un ataque terrorista tan sangriento y selectivo. Las autoridades dijeron que el presunto tirador, Patrick Wood Crusius, de 21 años, compró por Internet su rifle semiautomático GP WASR-10 y 1.000 cartuchos de munición, y luego condujo toda la noche desde su casa en Allen, Texas, con un plan explícito de asesinar mexicanos y repeler la “invasión hispana de Texas”.
Enfrentado a 90 cargos federales, incluidos 45 por delitos de odio, Crusius se declaró inocente en el caso. No se ha fijado la fecha del juicio.
Celorio se encontraba en Ciudad de México cuando se conoció la noticia, tras regresar de una misión de cinco años en la embajada de México en Washington, D.C., donde era jefe de la sección de Asuntos Hispanos y Migratorios. Dentro del gobierno de AMLO, los funcionarios de carrera se preocuparon de que El Paso pudiera ser el comienzo de algo aún peor. “Agosto de 2019 nos recuerda dónde estábamos en términos de supremacismo blanco y nacionalismo blanco”, dijo Celorio. “Estábamos pensando que iba a haber imitadores porque básicamente llamó a otros a tomar sus propias armas y detener la invasión”.
Ebrard encargó a Celorio que encontrara una forma de responsabilizar al pistolero y evitar más derramamiento de sangre. Animó a su asesor jurídico a ser “inventivo”, en palabras de Celorio, y “valiente”. Celorio viajó a El Paso y pasó días reuniéndose con los fiscales, revisando el vídeo de los asesinatos y hablando con los supervivientes. Se puso en contacto con Jonathan Lowy, consejero jefe y vicepresidente de asuntos legales de Brady Legal, la rama de litigios de la Campaña Brady, la organización de control de armas más importante del país. Celorio también habló con Steve Shadowen, un abogado de derechos civiles con sede en Texas al que había conocido a través de un litigio relacionado con agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon mortalmente sobre mexicanos en la frontera. Tanto Lowy como Shadowen son ahora coconsejeros en la demanda contra las empresas de armas estadounidenses.
Juntos, los abogados discutieron qué era lo que México esperaba abordar en El Paso. Para Celorio, parte de la motivación radicaba en “el hecho de que alguien inspirado por el nacionalismo blanco” pudiera adquirir tan fácilmente los medios para hacer realidad sus fantasías asesinas. Las primeras ideas para una respuesta legal incluían demandar a Crusius, Walmart o la ciudad de El Paso. El problema, explicó Celorio, era la capacidad legal. “El gobierno de México no estaba allí”, dijo. “Se puede demandar en representación de todos los mexicanos, pero es difícil”.
Dos meses y medio después del ataque de El Paso, los acontecimientos en el estado mexicano de Sinaloa hicieron que el gobierno ampliara su enfoque sobre el tema de las armas.
El 17 de octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas, al parecer operando bajo una fuerte presión de la administración Trump, arrestaron a Ovidio Guzmán López, hijo del afamado Joaquín “El Chapo” Loera Gúzman, en Culiacán, la capital de Sinaloa, para su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Lo que sucedió a continuación pasaría a la memoria local como el “Jueves Negro”. Cientos de pistoleros, algunos de ellos atraídos por los llamamientos de las redes sociales a voluntarios pagados y luego equipados con armas, movilizaron una contraofensiva cegadora. Entraron en la capital en vehículos blindados con ametralladoras del calibre 50. Cortaron los puntos de entrada y salida de la ciudad, organizaron una exitosa fuga de la cárcel, quemaron vehículos y casas, y luego rodearon un complejo de viviendas para las familias de los soldados mexicanos, tomando como rehenes a las esposas y los hijos que se encontraban dentro mientras exigían la liberación de Guzmán. Los vídeos del asedio mostraban a los padres escondidos detrás de los coches con sus hijos pequeños mientras sonaban los disparos, y los civiles evacuaban los negocios y se refugiaban en las cocinas de los restaurantes. En la escena se observaron varias armas fabricadas por las empresas que se convertirían en demandadas en el juicio por posesión de armas de fuego en México, incluidas las plataformas AR-15 de Colt, las pistolas Beretta y Glock, y un rifle de francotirador antimaterial de la serie M82 de Barrett, un arma gigantesca diseñada para inutilizar y destruir equipos del campo de batalla a larga distancia. Al final del día, el ejército mexicano anunció que daba por terminadas las operaciones en la ciudad, y Guzmán estaba libre. Catorce personas habían muerto. Los ciudadanos de Culiacán tuvieron que recoger los pedazos después de la traumática experiencia.
En esta captura de pantalla de AFPTV se ven hombres armados en camionetas de cuatro por cuatro que libraron una intensa batalla contra las fuerzas de seguridad mexicanas en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, hogar del capo encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, 17 de octubre de 2019 (Foto de STR/AFP vía Getty Images)
Las implicaciones binacionales del Jueves Negro fueron contundentes: una red criminal cuyo poder financiero proviene de clientes estadounidenses utilizó armas fabricadas en Estados Unidos para aterrorizar una capital de estado y frustrar un esfuerzo de extradición con base en Estados Unidos. Pronto se produjeron otros acontecimientos que marcaron la pauta. Menos de tres semanas después, el 4 de noviembre de 2019, un convoy de tres vehículos sufrió una emboscada en una carretera desértica en el estado mexicano de Sonora. Los atacantes inutilizaron los vehículos con un diluvio de disparos y luego les prendieron fuego. Las víctimas que murieron, tres mujeres y seis niños, eran miembros de una comunidad mormona que lleva años viviendo en la zona. Todos ellos tenían doble nacionalidad estadounidense y mexicana, lo que convirtió la masacre en una especie de reverso sombrío del ataque de El Paso, con estadounidenses abatidos a tiros ahora en suelo mexicano. Ocho meses después, el espectáculo de la violencia extraordinaria aterrizó en la misma puerta de los funcionarios más poderosos del país. Al amanecer del 26 de junio de 2020, unos 50 hombres armados que portaban fusiles de asalto, rifles de francotirador del calibre 50 y lanzagranadas atacaron al jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, mientras se desplazaba en coche por la capital. El vehículo de Harfuch recibió más de 400 disparos. Sus dos guardaespaldas murieron. Harfuch recibió tres disparos, pero sobrevivió.
En conjunto, los sucesos de Sinaloa, Sonora y Ciudad de México hicieron que Celorio y sus colegas se dieran cuenta de algo: El fenómeno que México esperaba abordar era mayor que El Paso. “El factor común en todos ellos era la potencia de fuego”, dijo. Lo sucedido en Texas reflejaba lo que México ha vivido durante años, con la diferencia clave de que en México las armas que alimentan la violencia son el producto ilegal de un comercio transfronterizo masivo e ilícito.
Ciego a propósito
Con el apoyo de Ebrard, Celorio empezó a coordinar una estrategia legal que atacara el flujo en su origen. Su equipo investigó los contornos de la violencia armada y el comercio ilícito de armas en México. Descubrieron que entre el 70% y el 90% de todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en el país son de fabricación estadounidense, siendo las armas de fuego producidas por seis fabricantes -Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger- las que aparecen con mayor frecuencia. Mientras que las estimaciones anteriores del gobierno situaban el número de armas de fuego objeto de tráfico ilegal en México anualmente en alrededor de 200.000, la denuncia que México presentó en agosto alegaba que, cada año, se trafican “entre 342.000 y 597.000” de las armas de las empresas en el país.
El equipo legal observó lo que los rastreadores de la guerra contra el narcotráfico saben desde hace tiempo, que en una industria ilícita que genera alrededor de 250 millones de dólares anuales, los poderosos rifles de francotirador calibre 50 de Barrett se destacan como un activo táctico y un símbolo de estatus. En 2016, señaló el gobierno, hombres armados en el estado de Michoacán utilizaron un Barrett para derribar un helicóptero del fiscal general del estado, matando al piloto y a tres oficiales que iban a bordo. “Barrett sabe que sus distribuidores venden estas armas militares a los traficantes, a menudo al por mayor, para armar a los cárteles que las utilizan para combatir a los militares y policías mexicanos que intentan detener el tráfico de drogas”, alegó el gobierno. Según la denuncia, los soldados mexicanos recuperaron 227 rifles de calibre 50 de la empresa entre 2010 y 2018.
Sin embargo, Barrett no fue el único en apelar al crimen organizado. Con su patente sobre el enormemente popular AR-15, las armas de Colt aparecieron en más escenas del crimen que las de cualquier otro fabricante, dijo México ante el tribunal, con más de 2.000 armas recuperadas entre 2006 y 2018. “Colt ni siquiera trata de ocultar su complicidad con el mercado criminal en México”, se quejó el gobierno, señalando tres pistolas de calibre 38 -“el Jefe”, “el Grito" y la “Emiliano Zapata 1911”- como explícitamente comercializadas para los compradores mexicanos. Una pistola Zapata, que lleva el nombre del revolucionario mexicano y lleva inscrita la frase “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”, se utilizó para asesinar a la periodista de investigación mexicana Miroslava Breach Velducea en 2017, añadiendo otro nombre a la sombría cuenta que convierte a México en el país más peligroso del mundo para los periodistas.
México ha presentado su argumento para los daños históricos, detallando cómo la expiración de la prohibición de las armas de asalto en 2004 en los EE.UU. alteró la vida para peor. Antes de dicha expiración, de 1999 a 2004, los asesinatos en el país iban en descenso, según la demanda. Una vez que la prohibición expiró, los acusados aumentaron su producción y distribución de armas de nivel militar. “Los traficantes de armas del estado fronterizo venden ahora el doble de armas que los traficantes de otras zonas del país”, dice la denuncia. Según el gobierno, en los años inmediatamente posteriores a la caducidad, la posesión ilegal de armas per cápita en México se multiplicó por diez y la tasa de homicidios aumentó un 45%: “Ninguna otra nación, aparte de México, experimentó un aumento similar de los homicidios durante este período”. En 2003 hubo menos de 2.500 homicidios cometidos con un arma en México. En 2019 hubo más de 23.000.
“La magnitud de estas muertes es tan amplia que, a partir de 2005, afectó significativamente a la esperanza de vida de todos los mexicanos”, dijo el gobierno, señalando que mientras la esperanza de vida en el país aumentó aproximadamente en seis meses de 2000 a 2005, “disminuyó aproximadamente la misma cantidad de 2005 a 2010”. En la actualidad, México es el tercer país con más muertes relacionadas con las armas de fuego en el mundo, y aunque el país tiene menos de la mitad de la población de EE.UU., un mexicano tiene más probabilidades de ser asesinado con un arma fabricada en EE.UU. que un ciudadano estadounidense. El asesinato es la principal causa de muerte entre los adolescentes y adultos jóvenes mexicanos, según la denuncia, y el año pasado más del 40% de los mexicanos menores de 18 años declararon haber visto o escuchado con frecuencia disparos en su vida cotidiana. Citando al Instituto para la Economía y la Paz, un centro de estudios internacional, el gobierno dijo que el impacto financiero de la violencia, solo en 2019, fue de 238.000 millones de dólares, más del 20% del PIB de México.
En el centro de la demanda de México está el argumento de que las empresas de armas podrían hacer cualquier cantidad de cambios en sus prácticas comerciales para ayudar a frenar la violencia -los ejemplos que el gobierno citó incluyen “limitar las ventas múltiples de armas”, “la verificación obligatoria de antecedentes para las ventas secundarias de armas”, “los frenos a los compradores de paja” (individuos a los que se les paga para comprar armas para un tercer comprador) y “restricciones en las ventas de armas de asalto”-, pero que, en aras a hacer dinero, eligieron deliberadamente no hacerlo. Como parte de su desafío legal, México está buscando registros internos que detallen qué medidas están tomando actualmente los fabricantes de armas para limitar el flujo de sus productos a manos criminales. Si tiene éxito, la publicación de dicha información podría ofrecer una ventana poco común a los mecanismos de la industria de las armas para rastrear los productos que aparecen en las escenas del crimen; gracias a la Enmienda Tiahrt de 2003, otro logro de los grupos de presión de la NRA, esos registros han estado protegidos de la revisión pública durante casi dos décadas.
En cuanto a la PLCAA, México argumenta que la ley no es un problema en el caso. La Corte Suprema “ha sostenido repetidamente que cuando una conducta en una nación causa un daño en otra, la ‘regla por defecto para los casos de responsabilidad civil’ es que ‘la ley local del estado donde se produjo el daño determine los derechos y responsabilidades de las partes’”, alegaba el gobierno en su demanda. Cuando “las empresas con sede en EE.UU. causan daños en el extranjero a soberanos extranjeros, la Constitución y los estatutos de EE.UU. permiten a esos soberanos demandar por ‘violaciones de sus propias leyes e invocar la jurisdicción federal de diversidad como base para proceder en los tribunales de EE.UU.’”. En otras palabras, que como los daños ocurrieron en México, se aplica la ley mexicana. México argumentó que la PLCAA es aún más irrelevante por el hecho de que la legislación fue claramente aprobada para abordar los supuestos daños en suelo estadounidense: “Todos los aspectos de la PLCAA confirman que el Congreso de EE.UU. promulgó esa ley pensando únicamente en los intereses internos de EE.UU.”.
Mientras que EE.UU. es libre de trazar su propio camino para equilibrar “los intereses financieros de la industria de las armas y los derechos de las víctimas dentro de su jurisdicción”, argumentó el gobierno mexicano, México tiene derecho a hacer lo mismo: “Así como los demandados no pueden verter residuos tóxicos u otros contaminantes para envenenar a los mexicanos a través de la frontera, tampoco pueden enviar sus armas de guerra a las manos de los cárteles, causando daños repetidos y graves, y luego reclamar inmunidad de responsabilidad”. No es aceptable que las empresas “vivan en otro planeta en el que estén al abrigo de las noticias de sus traficantes corruptos, del tráfico de sus armas hacia México y de los daños devastadores sufridos por el gobierno y su pueblo”, decía la denuncia. “Sencillamente, eligen actuar como si estuvieran ciegos -voluntariamente ciegos- ante esos hechos”.
Al aumentar la producción de armas de asalto de estilo militar y de cargadores de alta capacidad, al comercializarlas con los delincuentes y al utilizar redes de distribución que se sabe que alimentan sus armerías, los fabricantes de armas han hecho una elección deliberada para “mantener su cadena de suministro a los cárteles”, argumentó México. Las empresas “han rechazado los llamamientos a hacer reformas porque, desde la perspectiva de sus resultados, sus sistemas de distribución son un gran éxito”, alegó el gobierno. “Su suministro de armas al mercado criminal en México es una característica, no un error”.
Una pancarta con “¡Hay que prohibir las armas de asalto ya!” se muestra cerca de una mesa de registro de votantes en una protesta contra la visita del presidente Trump, tras un tiroteo masivo que dejó al menos 22 personas muertas en El Paso, Texas, el 7 de agosto de 2019. (Foto: Mario Tama/Getty Images)
La caja de Pandora
Un mes después de que México presentara la demanda, Steve Shadowen, el coconsejero de Texas, se mostraba confiado. “Este caso es sólido como una roca”, dijo Shadowen a The Intercept en septiembre.
Mientras que los analistas jurídicos externos han descrito la demanda de México como una posibilidad remota, Shadowen, un experto en derecho de responsabilidad civil, cree que los demandados se equivocan en el alcance de la PLCAA. “Sí, Estados Unidos tiene un estatuto, de acuerdo, pero México no lo tiene. En su lugar, tiene el derecho de responsabilidad civil”, dijo. “Vamos a demostrar que el derecho de responsabilidad civil de México dice que México debería poder resarcirse aquí. Este estatuto del PLCAA es, en general, atípico en el mundo y, ciertamente, no refleja la política social o la ley de México”.
El veterano abogado predijo que su equipo tendría “que batallar a fondo con los demandados” sobre la legislación. La moción conjunta de desestimación de 58 páginas que las empresas de armas presentaron el mes pasado indica que tenía razón.
“Incapaz de controlar la violencia de los cárteles dentro de sus propias fronteras”, México está intentando trasladar la culpa, argumentaron las empresas. “El gobierno mexicano quiere que las armas de fuego, todas las armas de fuego, salgan de México”, dijeron. “Tomar las medidas necesarias -para empezar, mejorar la seguridad fronteriza, erradicar la corrupción y financiar adecuadamente a la policía y al ejército- requeriría tiempo, recursos y la voluntad política de asumir la responsabilidad de un problema social masivo”. En lugar de asumir la responsabilidad, México está tratando de eludir una disputa diplomática en curso apelando a los tribunales, dijeron las empresas. “Al tratar de llevar a la quiebra a los fabricantes de armas estadounidenses, esta táctica no solo amenaza las libertades constitucionales de EE. UU., sino también el cuidadoso equilibrio de las regulaciones de las armas de fuego establecidas por el Congreso y las legislaturas estatales”, argumentaron. “Esta Corte no necesita seguirles la corriente”.
Para probar su caso, México se basó en una “cadena atenuada” de eventos, dijeron las empresas, que iba desde la producción por parte de los fabricantes de armas, al mayorista, a las tiendas de armas individuales, a los compradores de paja, a los cárteles, a la violencia en las calles, a los daños sufridos por el gobierno. Los acusados argumentaron que el gobierno mexicano no probó ni pudo probar todos esos pasos, pero que, aunque pudiera, los acusados seguirían estando protegidos de responsabilidad. “En 2005 el Congreso promulgó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas para prohibir precisamente el tipo de reclamaciones planteadas en este caso”, dijeron. E incluso si las empresas supieran que algunas armas se iban a vender a distribuidores que a su vez las venderían a delincuentes, seguirían estando protegidas: “Al fin y al cabo, las empresas de automóviles saben que sus coches se utilizarán para una conducción temeraria, las empresas de cuchillos saben que sus cuchillos se utilizarán para herir a otras personas y las empresas de cerveza saben que los menores beben, pero nada de este conocimiento hace que esas empresas sean responsables de los daños resultantes”.
La “verdadera esperanza de México” alegaron las empresas, “parece ser convencer al Tribunal de que la PLCAA no se aplica en absoluto para proteger a las empresas de armas de fuego estadounidenses contra los demandantes extranjeros”. La reclamación no tiene “ningún mérito”, dijeron: “Por sus claros términos, la PLCAA se aplica a todas las demandas presentadas en los tribunales de EE.UU. contra los demandados de EE.UU. por la conducta su conducta en este país, independientemente de dónde se produjeron los supuestos daños”. Si México se impone, argumentan las empresas, se abriría la caja de Pandora de los desafíos legales, abriendo un “agujero enorme” en las protecciones para las que diseñada la PLCAA.
“La historia de la ley de armas de fuego en los Estados Unidos es una historia de legislación y regulación continuamente calibrada para proteger los derechos constitucionales de los estadounidenses y al mismo tiempo proteger a la gente de un producto potencialmente peligroso; el Tribunal no debe permitir que esa evolución gradual sea puesta al revés por una demanda presentada por una potencia extranjera”, dijeron. “En virtud de los principios fundamentales del derecho internacional, una nación extranjera no puede utilizar su propia ley para traspasar las fronteras e imponer una responsabilidad basada en una conducta en otro país que era legal cuando se produjo allí. Al tratar de hacerlo, México está tratando de imponer sus propias políticas de control de armas a las empresas de armas de fuego de EE.UU., haciendo caso omiso de las decisiones tomadas por las legislaturas nacionales e integradas en las constituciones federales y de muchos estados”.
Wayne LaPierre, director ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), a la izquierda, habla durante la reunión anual de miembros de la NRA en Indianápolis, Indiana, el 27 de abril de 2019. (Foto: Daniel Acker/Bloomberg/Getty Images)
Animales políticos
La inmunidad de la compañía de armas con la que México está lidiando puede rastrearse hasta un hombre con profundos lazos con la frontera. Nacido en 1913 y criado en Laredo, Texas, Harlon Carter siguió a su padre en la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, llegando a ser jefe y supervisando la “Operación Wetback”, una de las mayores operaciones de deportación en la historia de Estados Unidos. Pistolero de toda la vida, Carter se unió a la junta directiva de la NRA en 1951. En aquella época, la misión principal de la NRA era la formación de tiradores y el apoyo a la caza y el tiro deportivo. Carter cambiaría todo eso.
En 1965 Carter fue nombrado presidente de la NRA. Diez años más tarde, tras conseguir un puesto vitalicio en el consejo ejecutivo de la organización, se convirtió en el principal lobista de la NRA. Para entonces, se había producido una polémica división entre los miembros que apoyaban la misión original del grupo y los que creían que debía centrarse en el acceso ilimitado a las armas y la oposición al control militante de las mismas. Carter era un ardiente partidario de esto último. “Podemos ganar con un concepto simple”, escribió en una carta a la dirección de la NRA. “Ningún compromiso. Ninguna legislación sobre armas”.
En 1977 Carter y sus partidarios lanzaron su jugada al tomar el control de la NRA en una dramática reunión anual en Ohio. La militancia del exjefe de la Patrulla Fronteriza se convirtió en el espíritu de la NRA. No fue hasta 1981 cuando su relación personal con las armas de fuego se iluminó por completo al informar el New York Times de que el pionero de la NRA había sido condenado por el asesinato de un niño mexicano 50 años antes. La víctima era Ramón Casiano, de 15 años. En 1931 un Carter de 17 años se enfrentó a Casiano y sus amigos cuando iba con una escopeta. La madre de Carter sospechaba que los chicos podían tener información sobre el robo del coche de la familia. Carter les ordenó que le acompañaran para interrogarles. Los chicos se negaron. Casiano sacó una navaja. Carter le preguntó a Casiano si creía que no iba a disparar. Casiano dijo que no iba a hacerlo. Pero Carter apretó el gatillo. Aunque alegó defensa propia, Carter fue declarado culpable de asesinato y condenado a tres años. El caso fue anulado dos años más tarde, después de que un tribunal dictaminara que el jurado había recibido instrucciones inadecuadas.
Carter murió en 1991, pero su legado perduró. Ese mismo año, Wayne LaPierre asumió el cargo de vicepresidente ejecutivo de la NRA. LaPierre estaba firmemente en el campo de Carter durante el golpe de liderazgo de la NRA en 1977 y más tarde asumió su antiguo trabajo como jefe de los grupos de presión de la organización. Dos días después del fallecimiento de Carter, LaPierre elogió a su predecesor como “nuestro campeón y guerrero más feroz”. La PLCAA fue sin duda el mayor homenaje de LaPierre al legado de Carter, una legislación histórica fruto de años de intenso cabildeo. LaPierre, por entonces director ejecutivo de la NRA, declaró al New York Times que era la victoria más importante del lobby de las armas en casi 50 años.
A mediados de la década de 2000, con el aumento de la violencia en México, LaPierre desarrolló una frase impactante para desviar las críticas de que la política de armas de Estados Unidos podría tener alguna relación con la violencia, especialmente cuando esas críticas sugerían el restablecimiento de la prohibición de las armas de asalto: “Nuestros derechos no son lo que está mal”.
Arturo Sarukhán era entonces el embajador de México en Estados Unidos, a las órdenes del entonces presidente Felipe Calderón. “Cuando llegué como embajador, le envié a Wayne LaPierre una carta en la que le decía: ‘Mire, no estoy aquí para cuestionar la Segunda Enmienda. Esa es una decisión soberana del pueblo estadounidense. Está en la Constitución, en sus enmiendas, pero de lo que estoy convencido es de que la Segunda Enmienda no se escribió para permitir a los estadounidenses comprar munición perforante para cazar ciervos o para traficar ilícitamente con armas a través de una frontera internacional. Así que, ¿por qué no hablamos?”, recordó Sarukhán en una entrevista con The Intercept. LaPierre nunca respondió. “Llamamos a esta oficina tres veces para hacer un seguimiento de la carta”, dijo Sarukhán. “Ni siquiera nos cogieron el teléfono”.
En 2012 un trabajo publicado por investigadores de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Massachusetts Amherst concluyó que la expiración de la prohibición de las armas de asalto contribuyó a un “aumento sustancial de los homicidios” en las comunidades fronterizas mexicanas. Al año siguiente, el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego estimó que, sin el tráfico de armas a México, aproximadamente el 47% de los comerciantes de armas de fuego con licencia federal “dejarían de existir”. Para Sarukhán, la relación entre las armas, la violencia y el dinero era evidente. “La cláusula de caducidad de la prohibición de las armas de asalto coincide con el crecimiento exponencial de las incautaciones de armas de asalto y semiautomáticas en México”, dijo. “Hay una correlación directa”. Hacer algo al respecto, antes y ahora, era otra cosa. “Todos sabemos que no habrá una prohibición de las armas de asalto a corto plazo en Washington”, dijo Sarukhán. Es probable que el exembajador mexicano tenga razón. Aunque Biden renovó sus llamamientos a la prohibición de las armas de asalto en primavera, la perspectiva de que el Congreso apruebe una legislación significativa de control de armas se considera poco probable.
Sarukhán es un crítico acérrimo de las políticas de seguridad del gobierno de AMLO. “Los ‘abrazos y balas’ de López Obrador están creando más homicidios que la militarización de la guerra contra el narcotráfico de Calderón”, dijo. Sarukhán sostiene que, al alejar la participación de Estados Unidos en los problemas compartidos, México solo se perjudica a sí mismo. Sin embargo, dejando de lado sus críticas a la postura más amplia de la administración, Sarukhán apoya la demanda del gobierno. Como embajador, dijo, persiguió un proyecto similar, aunque centrado en las armerías y no en los fabricantes, pero se le acabó el tiempo antes del cambio de administraciones. “Creo que el gobierno mexicano hace bien en hacer esto”, dijo. “Es un cañonazo de advertencia”.
Aunque el debate nacional sobre las armas tiende a centrarse en los problemas dentro de las fronteras de Estados Unidos, un informe presentado al Congreso en febrero reveló importantes lagunas en el sistema gubernamental para detener el flujo de armas hacia el sur. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno informó a los legisladores de que las principales agencias federales de Estados Unidos encargadas de detener el tráfico transfronterizo ilícito -la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, o ATF; las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Aduanas; y el Departamento de Estado- no se comunican entre sí ni supervisan la eficacia de sus esfuerzos.
“Ninguna de las agencias ha desarrollado plenamente medidas de rendimiento para sus esfuerzos para interrumpir el tráfico de armas de fuego a México y, por lo tanto, tienen capacidad limitada para evaluar el progreso”, decía el informe.
Keith Heinzerling conoció de cerca los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el flujo de armas hacia el sur, ya que sirvió dos veces como agregado de la ATF en México antes de retirarse en 2016. Aunque rebatió algunas de las descripciones del impacto que la política de armas de Estados Unidos ha tenido en el país -Heinzerling cree que la expiración de la prohibición de las armas de asalto tuvo poca relación con la violencia, por ejemplo, y sospecha que la demanda de México es poco más que “humo y espejos”-, el agente retirado de la ATF reconoció que sí hay problemas importantes que impiden la interdicción de armas hacia el sur.
En México, los agentes federales estadounidenses carecen de las amplias facultades de las que gozan en EE. UU. y, en consecuencia, se les anima a trabajar muy estrechamente con socios ostensiblemente investigados. “Cuando se trabaja codo con codo, se teme que haya problemas de corrupción y que la información vaya en la dirección equivocada”, dijo Heinzerling a The Intercept. Como ejemplo, señaló el caso de Genaro García Luna, exjefe de la seguridad pública mexicana, considerado en su día el mayor aliado de Washington en la guerra contra el narcotráfico, que ahora se enfrenta a cargos federales por tráfico de drogas en Nueva York.
Alijo de armas incautadas en Phoenix, el 25 de enero de 2011, que iban a enviadas de contrabando a México. (Foto: Matt York/AP)
Sin embargo, algunos de los mayores problemas no están en la frontera, argumentó Heinzerling, sino en Washington. En un movimiento sacado directamente del libro de jugadas de Harlon Carter, la NRA ha llevado a cabo una campaña de varias décadas siempre que ha sido posible para socavar la ATF, a la que LaPierre se refirió en una ocasión como “matones del gobierno con botas de goma”. Como subproducto de esos esfuerzos, la agencia no ha tenido un director confirmado desde 2013. El elegido por Biden para dirigir la organización, David Chipman, un veterano de la ATF con 25 años de experiencia que trabajó como asesor de políticas para grupos de control de armas, se enfrentó a un acalorado rechazo republicano en una audiencia en el Senado a principios de este año, en la que el senador de Iowa Charles Grassley equiparó su nombramiento a poner “a los antifa a cargo del Departamento de Policía de Portland”. Según Heinzerling, la ausencia de liderazgo ha tenido un impacto devastador en la moral que se traslada a misiones importantes como el tráfico transfronterizo de armas.
“La NRA es un animal político”, dijo. “Toda la gente de la ATF quiere hacer lo correcto, créame, pero ni siquiera podemos conseguir que se confirme un director porque todo es política. Es una locura”.
La interminable carrera armamentística
Ieva Jusionyte, profesora asociada de seguridad internacional y antropología en la Universidad de Brown, ha pasado años estudiando el tráfico de armas a México sobre el terreno, pasando sus días con compradores mexicanos de armas ilegales fabricadas en Estados Unidos, observando los programas de recompra de armas del gobierno mexicano y entrevistando a miembros de base del crimen organizado mexicano para un próximo libro.
Los intentos de entender a EE.UU. y México estrictamente como dos países separados con sus propias leyes separadas oscurecen las formas en que esas leyes informan las condiciones en el terreno, argumentó. “Se trata de una economía política regional de la violencia en la que las diferentes leyes de ambos lados crean oportunidades para diversas actividades delictivas que aumentan esa violencia”, dijo Jusionyte a The Intercept. El aumento de la violencia, añadió, crea oportunidades económicas para las empresas de armas estadounidenses. “La inseguridad en América Latina -en Centroamérica, en México- es un gran mercado para los fabricantes de armas estadounidenses porque equipan a ambos bandos”, dijo Jusionyte. “Venden armas a las fuerzas policiales y de seguridad y luego permiten que sus armas abastezcan ilegalmente a esos grupos del crimen organizado contra los que luego luchan las fuerzas de seguridad. Así que es una gran victoria para los fabricantes de armas”.
La observación de Jusionyte apunta a una de las grandes ironías de la demanda de México: Mientras una rama del gobierno mexicano intenta supuestamente llevar a la quiebra a la industria de las armas de Estados Unidos, otra la alimenta con millones de dólares al año.
En la última década y media, el ejército mexicano se ha convertido en uno de los mayores compradores gubernamentales de armas de fabricación estadounidense en el mundo. Solo entre 2015 y 2017, las exportaciones legales de armas y municiones estadounidenses a México se dispararon a casi 123 millones de dólares, más de una docena de veces que entre 2002 y 2004, lo que convierte al ejército mexicano en el mayor comprador latinoamericano, con diferencia, de armas fabricadas en Estados Unidos. A medida que las ventas se han disparado, algunos legisladores estadounidenses se han mostrado cada vez más preocupados por las repetidas pruebas de que las armas fabricadas en Estados Unidos llegan a las fuerzas de seguridad mexicanas con un historial de derechos humanos abominable. Decenas de rifles Colt, por ejemplo, fueron enviados a la policía municipal de la ciudad de Iguala, tanto antes como después de que la policía estuviera implicada en la desaparición de 43 estudiantes universitarios en 2014, uno de los crímenes más infames de la historia de México.
Está por ver el efecto que la demanda de México podría tener en los intercambios multimillonarios entre el ejército y las empresas de armas estadounidenses. Tres de las empresas demandadas actualmente por México -Colt, Glock y Barrett- han vendido armas al ejército mexicano en el pasado. Hasta ahora, dijo Celorio, su oficina no ha recibido “ninguna reacción” de sus colegas militares.
A pesar de su compromiso declarado con la desmilitarización de México, la administración de AMLO está presidiendo actualmente el mayor despliegue de tropas en las calles en la historia reciente. La continua dependencia de los militares en la seguridad pública, y en particular en las medidas de represión de la migración respaldadas por Estados Unidos, ha suscitado fuertes críticas de los defensores de los derechos humanos. Celorio está en sintonía con las críticas. Para reducir la presencia militar en las calles, argumentó, “las bandas criminales y su poder de fuego tienen que disminuir”.
“Hay una espiral de violencia que va en aumento por el tráfico ilícito de armas”, dijo Celorio. “Siempre hablamos de la venta al por mayor de armas, de los grandes envíos, y de cómo Arabia Saudí no debería desviar sus armas a Yemen”, dijo. Pero, ¿qué pasa con lo que ocurre en las tiendas de Laredo?”.
Celorio dijo que quienes puedan dudar de la sinceridad de los esfuerzos actuales de México están equivocados. “Estamos haciendo esto de verdad”, dijo. El litigio, argumentó, es la prueba de un México que está cambiando. “Es un México que cree en sí mismo, que dice: ‘No somos más, no somos menos que cualquier otro país, pero en la igualdad de derechos, somos México, y si tenemos que defendernos, lo haremos’” dijo. “Ese es un México que está transformándose”.
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