Faber Cuervo, 9-1-2025
Algo huele a podrido en las carreteras de Colombia. No me refiero a los olores de algunas cloacas que encontramos cuando viajamos, sino al sinsabor que nos deja el abusivo cobro en las casetas de los peajes apenas distanciadas por escasos kilómetros. Pagué 11 peajes de Medellín a Cali, en diciembre de 2024, por valor de $139.800*; el recorrido fue de 430 kilómetros, lo cual nos da un peaje por cada 39 kilómetros. Es como pagar un peaje cada que viajemos una distancia un poco inferior de la que hay entre Medellín y La Ceja.
Los peajes de Supía e Irra están a 34 kilómetros de distancia, pero los siguientes, los de Guaico y Acapulco están apenas a 21 kilómetros, lo que equivale a ir de Medellín a alguna de las veredas del municipio de La Estrella. El peaje más costoso fue el de Pintada, $16.900, y el más económico fue el de Guaico, $6.700. Las carreteras que atraviesan los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca están en un excelente estado, hay buena señalización, fluye el tráfico vehicular con regularidad, excepto cuando se presentan accidentes.
Regresé a Medellín en los primeros días del 2025 con la expectativa de las alzas de los peajes autorizadas en un 2,78% por el gobierno nacional. Encontré que las alzas oscilaron entre $200 y $600, lo cual, en algunos cobros, superó por poco margen el aumento reglamentado, pero con gran diferencia en los cobros de otros departamentos que según las últimas noticias alcanzaron hasta el 50%. Sobre esta anomalía voy a proseguir este análisis.
El sistema de construcción de carreteras por concesiones a empresas privadas con peajes es otro hijo del neoliberalismo que nos regaló desde 1990 el expresidente Cesar Gaviria con el pomposo lema “Bienvenidos al futuro”. Sólo le faltó agregar, “al futuro de enriquecimiento obsceno de los sectores privados y empobrecimiento y despojo de la población trabajadora”. Consistió este sistema en entregar a privados la construcción, el mantenimiento y la operación de vías, mediante contratos que definieron la captación de recursos financieros a través de la instalación de peajes a lo largo y ancho del país. Vino un boom de ejecución de carreteras que requería el país, las que alguien tenía que hacer, ya fuera el Estado, ya fueran los privados, a través de alianzas público-privadas –APP-. Sin embargo, lo que se implementó de una manera asimétrica y dañosa fue el financiamiento de dichas obras. ¿Por qué?
Los gobiernos de Gaviria (1990-1994), Pastrana (1998-2002), Uribe (2002-2010), Santos (2010-2018) y Duque (2018-2022) implantaron el Estado corporativo, un sistema de gobernanza en el que la administración del sector público entra en simbiosis con el sector privado, es decir, se alían para ejecutar proyectos de desarrollo económico y social, en los que los privados terminan poniendo las condiciones de orden legal-jurídico y económico, hasta deciden los tribunales internacionales que dirimirán los conflictos entre las partes en caso de sucederse. En términos más precisos, en esa gobernanza empezaron a predominar los contratos leoninos, esto es, contratos en que todas las ganancias irían a uno de los socios (el león o el más fuerte, los privados) y las pérdidas para el sector público, en consecuencia, para la población trabajadora que tributa y espera en contraprestación el cumplimiento de los derechos fundamentales.
Aquellos contratos leoninos lograron que los concesionarios privados se lucraran con beneficios incalculables durante décadas cobrando peajes después de haber terminado las vías, sin asumir, en muchos casos, sus reparaciones porque el contrato estipulaba que era el Estado quien debía hacerlas. Son contratos tan espurios que ni siquiera aceptaban interventorías independientes que pudieran ejercer alguna vigilancia y control de la ejecución y operación de las carreteras. La Ruta del Sol (concesionada a la corrupta empresa Odebrecht) tuvo que ser prácticamente terminada por el Estado, porque pasaban los años, su lenta construcción, abandono y deterioro configuraban un riesgo en la conservación de la propia vía y en la seguridad de los usuarios. La vía al llano (Villavicencio), carretera que ya se ha pagado varias veces, concedió a su operador privado (Luis Carlos Sarmiento Angulo), la exoneración de los puntos críticos, por lo que es el Estado quien asume las contingencias. Se concedieron autorizaciones de incrementos exagerados en los peajes en diferentes tiempos, además de otras gabelas que rigen contractualmente, contra las que supuestamente el gobierno actual nada puede hacer.
Los peajes se convirtieron en alcancías de privados cuyos depósitos nadie conoce en sus cuantías excepto los recaudadores particulares. Son pozos sin fondo donde cae dinero todos los días del año. Sea invierno, sea verano, sea día, sea noche, sea auto, camión, bus, sean conductores de la zona de influencia o no lo sean, tenemos que pagarles a unas empresas cuasi fantasmas el “libre tránsito” por nuestros propios caminos. Lluvia incesante de dinero dentro de esos peajes las 24 horas y 365 días del año. Cuánto flujo de caja, cuánta fortuna al bolsillo de los concesionarios privados que ya construyeron la carretera y siguen cobrando el peaje (ya vencido) dizque para mantenimiento. Son billones y billones los que captan estas alcabalas sin control, con patente de corso para coleccionar billetes de todas las denominaciones. ¿Cuántas veces los contribuyentes pagamos las vías, cuyas concesiones obtienen peajes por décadas? Vías que en muchos casos no fueron hechas con los materiales adecuados, las mezclas apropiadas, las características técnicas normatizadas, sin interventorías independientes, ni ningún organismo de vigilancia y control.
Los peajes privatizaron las carreteras. Nuestras vías nacionales tienen dueños: Corficolombiana S.A., Olarte y compañía, Sarmiento Angulo y compañía, los testaferros de Odebrecht, Concesión Pacifico, Concesión La Pintada, y otros. Según información oficial, 119 peajes están concesionados a empresas privadas y son administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-. Mientras que el Instituto Nacional de Vías (Invias) administra los otros 31 peajes. Colombia es el país con mayor número de peajes en América Latina. Brasil es el segundo a pesar de que el territorio de Colombia cabe 6 veces en ese país y su red de carreteras es de menor cobertura. La red de carreteras de Brasil está formada por 1.563.000 kilómetros, de los cuales 213.500 kilómetros están pavimentados. Colombia cuenta con 206.102 kilómetros, de los cuales 16.983 corresponden a la red primaria. No hay otro país del mundo que presente un sistema de concesiones a privados con las características contractuales vigentes en Colombia.
Los peajes con cobros caros impactan la economía nacional. Inciden finalmente en la tasa de inflación de muchos productos de consumo esencial. Quitan recursos a las pequeñas y medianas empresas, a las familias, a los jóvenes que salen a conocer y disfrutar el territorio. Los peajes son alcabalas que se chupan inmensos capitales generados en la cadena productiva de la industria, los sectores agrícola, artesanal y cultural, en la distribución y comercialización de bienes y servicios. Los peajes encarecen los fletes de los alimentos, los despachos de mercancías, el precio final de toda clase de producción. Los incrementos en los cobros de los peajes no ayudan a la reactivación de la economía. Junto con las altas tarifas de los servicios públicos, de otros impuestos y tributos, terminan distorsionando drásticamente la economía en su conjunto, lo cual va contra las fluidas dinámicas del consumo y los comportamientos en la oferta y la demanda.
Muchos países acuden a otros sistemas para construir, mantener y operar las carreteras. Hay países como Suiza y Austria que no tienen peajes. Suiza cobra a sus conductores 40 francos suizos (190.000 pesos colombianos) por usar durante un año todas las vías y autopistas del país. Ese valor opera como un impuesto de rodamiento en todo el territorio. En Colombia, el municipio donde habitamos nos cobra un impuesto de rodamiento que no aplica para circular en la totalidad del departamento o país. Los vehículos deben pagar impuestos, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT-, seguro del carro por siniestro, certificados tecno mecánicos; sin embargo, el uso del vehículo es restringido, ni siquiera, en algunas ocasiones, se puede transitar en el municipio por las políticas de pico y placa, también es castigado con los cobros de parqueo y los peajes.
La improvisada apertura económica de Gaviria abrió la puerta a las privatizaciones no sólo de las carreteras nacionales, sino de los recursos destinados a la salud-educación-vivienda-pensiones-medio ambiente-cultura; también a la venta de empresas públicas estratégicas, a la monopolización en la tenencia de la tierra. El espíritu neoliberalizante (todo para los más ricos) se expandió a todos los sectores públicos, ninguno escapó; los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 1991quedaron enredados y aplazados en esa telaraña de saqueo de lo público a favor de los privados y clase política gansteril. La privatización generalizada parió una corrupción estructural. El neoliberalismo privatizador coexiste con la corrupción, necesita de ella, no puede prosperar sin violar los derechos humanos fundamentales y las leyes de la República. La llegada de las teorías neoclásicas puristas (apóstatas de las variables sociales), la teoría del equilibrio general de León Walras, las doctrinas plutocráticas de von Mises, von Hayek y Milton Friedman a las facultades de economía de las universidades colombianas le puso un velo de academia, honorabilidad e inocencia al saqueo neoliberal.
Uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad colombiana es sacudirse de la corrupción estructural y la violencia económica institucional que originan desigualdad y violencia. La corrupción está blindada con contratos, documentos, acuerdos corporativos, seguridad jurídica, tal como lo demuestra la oronda supremacía de los peajes. ¿Qué puede hacer el gobierno nacional? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? El expresidente Santos vendió Isagén, la tercera generadora de energía en Colombia, dizque para financiar vías 4G y todavía se siguen pagando con peajes. O sea, no sólo se renunció a un activo y patrimonio público importante, sino que se entregó a manos llenas el esfuerzo productivo de los conductores. ¿Cuántas veces se han pagado esas vías?
Algo se tiene que hacer para detener esa sangría humillante. Un proyecto vía Congreso para derogar esos contratos leoninos. La elaboración de demandas jurídicas por incurrir en nulidad dada su abierta violación a los más elementales principios de equidad. Acciones desde la movilización social para obtener la invalidación de dichos contratos y la eliminación de las casetas-peajes. Priorizar la construcción de una red de ferrocarriles de carga y pasajeros, el medio de transporte más económico y eficiente. Un cambio en Colombia también tiene que ver con el desmonte de esas rémoras y aberraciones en la contratación pública. La violencia económica institucional es lo que más agobia a los colombianos. Los peajes, el 4 x 1.000, los impagables servicios públicos, los onerosos prediales, los elevados impuestos de industria y comercio, el innecesario impuesto de cámara de comercio, los altos costos notariales, los costosos medicamentos, las fotomultas, el impoconsumo, entre otros. No resistimos tantos tributos, tanto saqueo, tanta esclavitud, tanto pillaje en los peajes.
NdE
*10.000 $COP (pesos colombianos) = 2,24€, 2,31 USD, 3,33 CAD, 236 руб RUB, 16,93 ¥ CNY, 198 ₹INR, 14 R$ BRL
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