Karen J. Greenberg, TomDispatch,
4/5/2021
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Introducción de Tom Engelhardt
En 2006 me pareció algo bastante obvio. Incluyendo los “sitios negros” de la CIA por todo el mundo (donde los prisioneros de la guerra contra el terrorismo eran retenidos y torturados regularmente), las prisiones militares usamericanas (como la espantosa Abu Ghraib en Iraq, que acababa de ser vaciada) y los enormes campos militares de prisioneros llamados Bucca y Cropper (que seguían en uso), así como las prisiones militares en Afganistán y el ya infame centro de detención en la Bahía de Guantánamo, Cuba, USA tenía entonces, según mis cálculos, al menos 15.000 presos, la mayoría “de ellos retenidos... fuera de la vista de cualquier sistema de justicia, fuera del alcance de jueces o jurados”. En otras palabras, como dije en aquel momento, la administración Bush había establecido costa afuera su propio “triángulo de las Bermudas de injusticia” fuera del alcance de cualquier concepción del derecho usamericano. Era, dicho sin rodeos, un mini-gulag totalmente usamericano, plagado de actos grotescos, cuya “joya de la corona” extraterritorial era, por supuesto, Guantánamo.
Como escribí entonces:
“Cualquiera que sea la discusión, cualquier tema que parezca estar afectando a Washington o a la nación, sea lo que sea que estén viendo por televisión o leyendo en los periódicos, la construcción, ampliación, expansión y consolidación continuos de un nuevo sistema global de encarcelamiento en otros lugares -que no guarda relación alguna con ningún sistema penal que los usamericanos hayan imaginado previamente- prosigue sin descanso, sin controles ni ajuste por parte del Congreso o los tribunales, sin que la Republica tenga efecto alguno, aunque se halle inequívocamente bajo la bandera ‘que representa’”
Seis años después, en 2012, llegó a TomDispatch Karen Greenberg, directora del Centro de Seguridad Nacional de Fordham Law, que para entonces había escrito un libro sombrío e impresionante sobre los primeros días de ese campo de prisioneros en la bahía de Guantánamo. Enseguida empezó a relatar las prácticas de tortura globales de USA y cómo, por ejemplo, los “no harás” con los que Barack Obama había entrado en la Oficina Oval, incluido el no mantendrás Guantánamo abierto, lamentablemente se habían convertido en “harás”. Aun así, si nos hubieran preguntado a alguno de nosotros, casi una década después, si esa joya de la corona en Cuba todavía estaría abierta, lo habríamos dudado. Y, sin embargo, aquí estamos, en mayo de 2021, en los primeros meses de la cuarta administración desde su creación y ahí sigue abierto. Con eso en mente, resultaba demasiado obvio y conveniente, en el momento en que el presidente Biden comenzaba a lidiar con la guerra interminable contra el terrorismo de este país, pedirle a Greenberg que considerara, una vez más, la cuestión del cierre de la prisión del infierno, y confiar en que no nos sobreviva a todos. Tom.
El problema de Guantánamo parece no acabarse nunca.
Hace doce años tenía otras expectativas. Contemplé la idea de un proyecto de escritura que sin duda formaría parte de mi futuro: un relato de los últimos 100 días de Guantánamo. Esperaba narrar, al revés, los episodios de un libro que acababa de publicar: The Least Worst Place: Guantánamo’s First 100 Days, sobre -el título es demasiado obvio- los primeros días en esa lúgubre prisión en ultramar. Esos días se iniciaron el 11 de enero de 2002, cuando los primeros prisioneros encapuchados de la guerra usamericana contra el terror fueron sacados de un avión en esa base militar usamericana en la isla de Cuba.
No hace falta decir que no he llegado a escribir ese libro. Lamentablemente, en el transcurso de los años, pocas señales aparecieron por el horizonte que auspiciaran el cierre inminente de esa prisión militar usamericana. Semanas antes de que se publicara mi libro en febrero de 2009, el presidente Barack Obama prometió, de hecho, cerrar Guantánamo al final de su primer año en la Casa Blanca. Esa esperanza comenzó a desmoronarse con notable rapidez. Al final de su presidencia, su administración había logrado liberar a 197 de los prisioneros recluidos allí sin cargos (muchos, incluido Mohamedou Ould Slahi, cuya historia aborda la película “El mauritano”, también habían sido torturados), pero quedaban 41, incluidos los cinco hombres acusados, aunque sin someterlos a juicio, de planear los ataques del 11 de septiembre. Hasta el día de hoy, allí permanecen 40.
Casi veinte años después de que comenzara, está ya programado el final de la guerra en Afganistán que inició la Guerra Global contra el Terror de este país y la detención indefinida de prisioneros en esa instalación fuera de la costa de la justicia usamericana. El presidente Biden insistió recientemente en que es realmente “el momento de poner fin a la guerra más larga de USA” y anunció que todas las tropas usamericanas serían retiradas de ese país antes del 11 de septiembre, el vigésimo aniversario del ataque de al-Qaida contra USA.
Por supuesto, tiene sentido que la conclusión de esas hostilidades esté vinculada al cierre del infame centro de detención en la bahía de Guantánamo. Desafortunadamente, por razones que se remontan a los orígenes mismos de la guerra contra el terrorismo, es posible que poner fin a la sección afgana de las “guerras sin fin” de este país no presagie la liberación de esos “prisioneros perpetuos”, como los calificó tan acertadamente hace años la reportera del New York Times Carol Rosenberg.
Biden y Guantánamo
Así como el presidente Biden tiene una historia, que se remonta a su época como vicepresidente de Obama, de querer reducir la presencia usamericana en Afganistán, hace años que pidió el cierre de Guantánamo. Ya en junio de 2005, el entonces senador Biden expresó su deseo de cerrar esa instalación al considerarla una mancha en la reputación de este país en el exterior.
En aquel momento propuso que una comisión independiente echara un vistazo a la bahía de Guantánamo e hiciera recomendaciones sobre su futuro. “Pero”, dijo entonces, “creo que deberíamos terminar cerrándolo y trasladando a esos prisioneros. Aquellos que tengamos motivos para retenerlos, los retendremos. Y los que no, los dejaremos ir”. Dieciséis años después, ha puesto en marcha de hecho una revisión interinstitucional para investigar el cierre de ese centro de detención. Con suerte, una vez que reciba ese informe, es posible que su administración comience a cerrar la famosa prisión de la isla. (Y puede que, en esta ocasión, incluso se logre).
Es cierto que en 2021 la idea de cerrar las puertas de Guantánamo ha ido ganando un apoyo general sin precedentes. Como parte de su proceso de confirmación, el secretario de Defensa Lloyd Austin, por ejemplo, manifestó su apoyo a ese cierre. Y el Congreso, que durante mucho tiempo no ha querido echar una mano, también ha ofrecido algo de apoyo. El 16 de abril, 24 senadores demócratas firmaron una carta al presidente en la que calificaron esa instalación como un “símbolo de anarquía y abusos a los derechos humanos” que “continúa perjudicando la seguridad nacional de USA”, exigiendo su cierre.
Como escribieron esos senadores:
“Durante casi dos décadas, la prisión en ultramar ha dañado la reputación de USA, alimentado el fanatismo antimusulmán y debilitado la capacidad de nuestro país para combatir el terrorismo y luchar por los derechos humanos y el Estado de derecho en todo el mundo. Además de los 540 millones en dólares de los contribuyentes desperdiciados cada año para mantener y gestionar la instalación, la prisión tiene también un coste para las víctimas del 11 de septiembre y sus familias, que todavía están esperando que se inicien los juicios”.
Es cierto que el número de signatarios de esa carta plantea muchas preguntas, incluido por qué no son más (y por qué no hay un solo republicano entre ellos). ¿Es solo una cuestión de negarse a renunciar a los viejos hábitos o refleja una falta de deseo de abordar un tema que ha quedado fuera de los titulares? ¿Dónde, por ejemplo, estaba el nombre del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, sin mencionar esas otras 25 firmas senatoriales de demócratas que faltan?
Y hay otra decepción escondida en su texto. Si bien esos senadores exigieron de forma acertada una revocación de las “posiciones legales erróneas y preocupantes” de la administración Trump con respecto a la aplicación del derecho internacional y nacional a Guantánamo, no consiguen ampliar el contexto más amplio de esa pesadilla eterna de encarcelamiento, anarquía y crueldad que afectó a los prisioneros de la guerra contra el terrorismo en Guantánamo, así como en los “sitios negros” de la CIA por todo el mundo.
Aun así, esa postura de esas dos docenas de senadores es significativa, ya que el Congreso, en el pasado, adoptó posiciones muy débiles sobre el cierre de la prisión. Como tal, brinda cierta esperanza en el futuro.
Para el resto del Congreso y para el resto de nosotros, al pensar en poner finalmente a Guantánamo en los libros de historia, es importante recordar la enorme desviación que resultó ser de la ley, la justicia y las normas de esta sociedad. También vale la pena pensar en los “detenidos” usamericanos allí en el contexto de lo que sucede normalmente cuando terminan las guerras.
Prisioneros de guerra
Desafiando las costumbres y la ley, la guerra usamericana en Afganistán rompió las normas como un ariete a través de una pared de gasa. Guantánamo se creó precisamente en ese contexto, una institución única en su especie en este país. Ahora, tantos años después, está preparada para romper con otra norma.
Por lo general, al final de las hostilidades, se deja ir a los detenidos del campo de batalla. Como estipula el Convenio de Ginebra III, la ley que rige la detención y el tratamiento de los prisioneros de guerra: “Los prisioneros de guerra serán liberados y repatriados sin demora después del cese de las hostilidades activas".
En la práctica, esa costumbre de poner en libertad a los prisioneros se ha aplicado no sólo a los detenidos en el campo de batalla o cerca del mismo, sino incluso a los detenidos lejos del conflicto. Antes de que se crearan las Convenciones de Ginebra, la costumbre de liberar a esos prisioneros ya existía en USA. En particular, durante la Segunda Guerra Mundial, USA retuvo a 425.000 prisioneros, en su mayoría alemanes, en más de 500 campos de este país. Sin embargo, cuando terminó la guerra, fueron liberados y la gran mayoría de ellos fueron devueltos a sus países de origen.
No obstante, cuando se trata del cierre de Guantánamo, no podemos contar con ese final. Dos realidades de la guerra contra el terrorismo se interponen en el camino de vincular el próximo fin de las hostilidades en Afganistán con el cierre de esa prisión. Primero, la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar que el Congreso aprobó inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre no se definió geográficamente ni se limitó a la guerra en Afganistán. Se centró en -pero no se limitó a- dos grupos, los talibanes y al-Qaida, así como cualquier otra persona que hubiera contribuido a los ataques del 11 de septiembre. Como tal, también se utilizó para autorizar enfrentamientos militares y la captura de prisioneros fuera de Afganistán. Desde 2001, de hecho, se ha citado para autorizar el uso de la fuerza en Pakistán, el Yemen, Somalia y otros lugares. De los 780 prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo en un momento u otro, más de un tercio procedían de Afganistán; los dos tercios restantes eran de otros 48 países.
Existe un segundo vacío potencial en lo que se refiere a la liberación de prisioneros cuando termina la guerra. El gobierno de George W. Bush rechazó la idea misma de que los detenidos en Guantánamo fueran prisioneros de guerra, sin importar cómo o dónde los hubieran capturado. Como actores no estatales, según esa administración, fueron eximidos de la condición de prisioneros de guerra, razón por la cual fueron etiquetados deliberadamente como “detenidos”.
Así pues, no es de extrañar que, a pesar de la posición del secretario de Defensa Austin sobre Guantánamo, como informó recientemente el New York Times, el portavoz del Pentágono John Kirby “argumentó que no había un vínculo directo entre su futuro y el próximo fin de lo que llamó ‘misión’ en Afganistán”.
De hecho, aunque esa autorización del Congreso para la guerra y la apertura de Guantánamo en la que se basó nunca estuvieron vinculadas únicamente al conflicto en Afganistán, ya es hora, casi dos décadas después, de poner fin a ese atolladero del campo de prisioneros y las escandalosas excepciones con las que está entretejido en las leyes y normas de este país desde 2002.
¿Una “prisión para siempre”?
El cierre de Guantánamo marcaría finalmente el fin de la interminable proliferación de excepciones a las leyes de la guerra, así como a los códigos jurídicos nacionales y militares de USA. Ya en junio de 2004, la jueza del Tribunal Supremo Sandra Day O'Connor señaló la posibilidad de que un sistema de detención indefinida en Guantánamo pudiera crear un estado permanente de excepcionalidad jurídica sin fin.
Ese mes escribió una opinión en un caso de habeas corpus para la liberación de un detenido de Guantánamo, el ciudadano usamericano y saudí Yaser Hamdi, advirtiendo que la perspectiva de convertir esa prisión militar en una excepción interminable a la detención en tiempo de guerra y sus leyes planteaba peligros propios. Según expresó: “Entendemos que la concesión de autoridad por parte del Congreso para el uso de la ‘fuerza necesaria y apropiada’ incluye la autoridad para detener mientras dure el conflicto pertinente, y nuestro entendimiento se basa en principios de leyes duraderas de la guerra”. También reconoció que: “Si las circunstancias prácticas de un conflicto dado son completamente diferentes a las de los conflictos que informaron el desarrollo del derecho de la guerra, ese entendimiento [de la liberación al final de las hostilidades] puede desmoronarse. Pero”, concluía, “esa no es la situación a la que nos enfrentamos en estos momentos”.
Lamentablemente, 17 años después, resulta que la autoridad para la detención puede estar preparada para sobrevivir al uso de la fuerza. Guantánamo se ha convertido en una institución usamericana a un coste de 13 millones de dólares por preso al año. El sistema de injusticia extraterritorial se ha trocado, a estas alturas, en parte integrante del sistema de justicia usamericano, nuestra propia “prisión para siempre”.
La dificultad de cerrar Guantánamo ha demostrado que una vez que se sale de las leyes y normas de este país de manera significativa, el regreso a la normalidad se vuelve cada vez más problemático, y cuanto más larga sea la excepción, más difícil será esa restauración. Recuerden que, antes de que terminara su presidencia, George W. Bush reconoció oficialmente que prefería cerrar Guantánamo. Obama lo convirtió en un objetivo de su presidencia desde el principio. Biden, con menos fanfarrias y con las lecciones de sus fracasos bien aprendidas, se enfrenta al desafío de cerrar finalmente la prisión para siempre de USA.
Con todo esto en mente, permítanme ofrecerles un giro positivo en esta situación aparentemente interminable. No me sorprendería que, de hecho, el presidente Biden lograra cerrar Guantánamo. Puede que no lo haga como resultado de la retirada de todas las fuerzas usamericanas de Afganistán, sino porque parece tener un impulso genuino de cerrar los libros sobre la guerra contra el terrorismo, o al menos el capítulo que se inició el 11 de septiembre.
Y si también cerrara esa prisión, en el espíritu de esa carta de los senadores demócratas, se debería a las graves violaciones de Guantánamo de las leyes y normas usamericanas. Si bien la carta no fue tan lejos como para nombrar los pecados más importantes de la guerra contra el terrorismo del pasado, al menos llamó la atención directamente sobre la ilicitud de la detención indefinida como un sistema creado expresamente para evadir la ley, y que no trajo consigo nada más que mala reputación para USA a nivel mundial.
Ese cierre ciertamente debería producirse bajo el presidente Biden. Después de todo, cualquier otro camino no solo es legalmente inaceptable, sino que corre el riesgo de perpetuar la idea de que este país sigue desconfiando de los principios del derecho, de los derechos humanos y del debido proceso, que son, realmente, los fundamentos mismos de un sistema democrático.
Karen J. Greenberg, colaboradora habitual de TomDispatch, dirige el Center on National Security de Fordham Law, y es editora-jefe del CNS Soufan Group Morning Brief. Es autora y editora de muchos libros, entre los que figuran Rogue Justice: The Making of the Security State y The Least Worst Place: Guantánamo’s First 100 Days. De próxima publicación, en agosto de 2021, Subtle Tools: The Dismantling of Democracy from the War on Terror to Donald Trump (Princeton, 2021). Julia Tedesco ha colaborado con sus investigaciones en este artículo.
Léase también Soy un prisionero en la Bahía de Guantánamo y tengo un mensaje para el presidente Biden, por Ahmed Rabbani, 22-01-2021
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