Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Amber Ortega fue detenida por bloquear la construcción en tierras sagradas del sur de Arizona. Ahora se enfrenta a un juicio en Tucson.
Bajo el mandato del presidente Donald Trump y para abrir paso al muro, los contratistas del gobierno atravesaron el prístino hábitat desértico de Organ Pipe en vehículos de varias toneladas, bombeando cientos de miles de galones de agua del acuífero que sustenta los manantiales y destrozando secciones de un cementerio cercano con potentes explosivos. En septiembre de 2020, Ortega y David estaban rezando en los manantiales cuando se encontraron con uno de los equipos de construcción. La pareja se sentó encima de los vehículos del equipo y les dijo que no eran bienvenidos. Los trabajadores llamaron a los equipos tácticos de los agentes de la Patrulla Fronteriza y de la policía del parque, y Ortega y David fueron detenidas.
Por un delito menor que normalmente se resuelve con una multa por allanamiento, las dos mujeres fueron desnudadas, encadenadas y conducidas a una cárcel gestionada con carácter privado a unos 210 kilómetros de distancia, donde las mantuvieron incomunicadas, sin poder acceder a un abogado, durante casi 24 horas. Al principio de su caso, un abogado designado por el tribunal le dijo a Ortega que era probable que los esfuerzos para luchar contra sus cargos, que conllevan una condena máxima de seis meses, pudieran acabar en fracaso. Ortega decidió no seguir con ese abogado. Aunque comprende su opinión, no luchar no era una opción para ella.
“Quería seguir adelante para concienciar sobre la opresión que hemos sufrido los nativos, los o'odham. Siempre nos han negado tener voz”, dijo Ortega a The Intercept. “El gobierno de Estados Unidos nos ha arrebatado nuestros derechos y el acceso a las tierras, a los lugares sagrados, y esto ha venido sucediendo desde la colonización”.
El jueves, Ortega se declarará no culpable en su caso y argumentará ante un tribunal de Tucson que las acciones por las que fue detenida estaban arraigadas en creencias espirituales profundamente enraizadas. El nuevo abogado de Ortega, Paul Gattone, abogado de derechos civiles con sede en Tucson, cree que su caso es sólido. “Es una joven indígena que tiene creencias muy arraigadas, religiosas y culturales, por eso estaba allí”, dijo Gattone a The Intercept. “Debido a esas creencias culturales y religiosas, se sintió obligada a actuar, y eso es lo que hizo”.
El juicio marca la primera instancia de la administración de Biden, que prosigue con la persecución de la era de Trump contra una defensora de las tierras fronterizas en Arizona, y la segunda vez en los últimos años en la que una activista del estado ha articulado una defensa de la libertad religiosa en respuesta a los cargos de alto perfil vinculados al aparato de seguridad fronteriza del gobierno. El trabajador humanitario Scott Warren, a quien la administración de Trump acusó de contrabando de personas por proporcionar ayuda a los migrantes en el desierto, realizó una exitosa defensa de la libertad religiosa contra dos intentos de procesamiento federal en 2019. Sustentado por el Servicio de Parques Nacionales, el caso de Ortega hace que el Departamento del Interior la procese por intentar detener la misma construcción contra la que la propia funcionaria principal de la agencia, y primera secretaria nativa americana, Deb Haaland, se había manifestado ya como miembr@ del Congreso.
En el centro de la decisión de Ortega de luchar contra el caso está lo que ella describe como una “aterradora batalla espiritual” contra el borrado cultural. Con la compra de Gadsden en 1854 y el trazado de la moderna línea divisoria entre Estados Unidos y México, los o'odham, que significa “pueblo” e incluye múltiples tribus, vieron su mundo físico dividido en dos. En los últimos años, las tierras de los o'odham en el sur de Arizona se han convertido en el escenario de una explosión sin precedentes de militarización de la frontera. A la vez que lidiaban con el aumento de la vigilancia y la aplicación de la ley, los hia ced o'odham, la más pequeña de las tribus o'odham, emprendieron una lucha de tres décadas para obtener el reconocimiento formal de su existencia por parte del sistema tribal más amplio. Esos esfuerzos dieron sus frutos en 2013, cuando los hia ced o'odham se unieron oficialmente a la nación tohono o'odham, aunque Ortega sostiene que el tratamiento que el gobierno federal sigue dando a las tierras de los o'odham como zona de guerra que necesita ser fortificada representa otro fracaso para los hia ced como pueblo.
Durante miles de años, el raro acuífero del desierto de Sonora que alimenta Quitobaquito Springs ha proporcionado la única fuente de agua dulce en cientos de kilómetros a la redonda, lo que lo convierte en una fuente vital de vida y refugio para las plantas, los animales y las personas de la región. Para mezclar el hormigón para el muro y rociar los caminos de tierra utilizados por las cuadrillas de construcción de Trump, los contratistas del gobierno aprovecharon el acuífero y extrajeron cientos de miles de galones de agua. En julio de 2020, apenas dos meses antes de la detención de Ortega y David, National Geographic informó de que, en un lapso de pocos meses, el flujo de agua en los manantiales había disminuido en un 30%, lo que llevó al nivel de agua más bajo en más de una década. Es dudoso que el oasis pueda recuperarse por completo.
“Ha sido inquietante, pero tenemos que hablar de estas cosas porque son nuestras voces y nuestra gente. Es por nuestra unidad por lo que estamos luchando”, dijo Ortega. “No soy solo yo. No estoy pasando por esto sola. Estoy pasando por esto junto a mi pueblo. Esto es generacional. Es la memoria de nuestros antepasados. Es nuestra historia. Es nuestra forma de vida”.
Nellie Jo David mete la mano en un pequeño arroyo junto a los manantiales de Quitobaquito en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus el 9 de noviembre de 2019. (Foto: Kitra Cahana/MAPS para The Intercept)
El camino hasta el juicio de esta semana ha sido inmensamente difícil para Ortega y David. En entrevistas con The Intercept, las dos mujeres describieron cómo los acontecimientos traumáticos que acompañaron a sus detenciones se prolongaron durante meses. El arresto en sí mismo “representó ya una situación extremadamente insegura”, dijo Ortega. Con los hombres armados del gobierno de Estados Unidos afirmando su autoridad sobre la tierra y las mujeres nativas americanas de pie ante ellos, el momento estaba cargado de oscuros matices históricos. En un vídeo de la escena, se podía oír a Ortega implorando a los agentes que retiraran sus armas.
“Esto es algo con lo que nosotr@s, como o'odham, estamos familiarizados. Hacen estas cosas”, dijo Ortega. “Lo más importante es que somos una generación traumatizada y hemos vivido estos traumas".
Durante su detención en el Centro Correccional de Florencia, un centro federal de mediana seguridad propiedad de la empresa penitenciaria privada CoreCivic y gestionado por ella, Ortega y David, de 38 años, fueron alojadas inicialmente en una zona reservada para hombres, sin que se les dijera a qué cargos se enfrentaban ni cuánto tiempo iban a estar encerradas. “Era como si quisieran hacer un espectáculo con nosotras. Sabían que éramos mujeres”, dijo Ortega. “Nos llevaron a una zona de hombres, nos condujeron a nuestra propia jaula, rodeadas de hombres, y cuando Nellie pidió usar el baño, dijeron: ‘Ah, pero si sois mujeres’. Y entonces nos dejaron salir”. CoreCivic negó la afirmación.
Una vez en libertad, la pareja fue puesta bajo la estricta supervisión de la oficina de servicios previos al juicio del Tribunal de Distrito de Arizona. Por su negativa a abandonar las tierras que los o'odham han pisado desde antes de que existiera Estados Unidos, el gobierno ordenó a las mujeres que se sometieran a inspecciones domiciliarias voluntariamente, a repetidos análisis de muestras de orina y a estrictas prohibiciones de viajar. Si no daban su consentimiento, el gobierno podía emitir órdenes de arresto.
Al principio, dijo David, pidió visitar Puerto Peñasco, una ciudad mexicana en el mar de Cortés de donde son sus familiares, para rezar y ordenar sus pensamientos. “Quería ir al mar, cerca de los Pinacates, y rezar allí”, dijo. “Sentí que eso ayudaría mucho cuando tanto se había profanado”. El gobierno denegó la petición. Según David, la situación empeoró a partir de ahí. “Todo este año han tratado mi cuerpo como si fuera de su propiedad”, dijo. “Como si lo que hicimos hubiera puesto mi cuerpo a su disposición las 24 horas del día, algo que me parece intolerable”.
Las restricciones de movimiento, los constantes controles, las repetidas peticiones de análisis de orina y la amenaza de que cualquier incumplimiento supondría la negación total de su libertad le han parecido a David una extensión nueva e intensificada de la vigilancia fronteriza que ha conformado gran parte de la experiencia moderna de los o'odham. “Hemos vivido toda nuestra vida bajo esta fuerte vigilancia”, dijo. “Estaban utilizando nuestro trauma contra nosotros”. David dejó la facultad de Derecho para gestionar las continuas exigencias del tribunal, pero no fue suficiente. La presión del caso empezó a hacer mella en su salud mental, desencadenando recuerdos dolorosos y reflexiones inquietantes sobre la relación histórica entre las mujeres nativas americanas y el gobierno de Estados Unidos. “Definitivamente necesitaba ayuda mental”, dijo David. “Hablaba de ello con todos mis conocidos”.
Al principio, a Ortega y a David se les dijo que el juicio sería en un par de meses. Pero eso no sucedió. “Así es como finalmente consiguieron desgastarme”, dijo David. En junio se declaró culpable de los cargos derivados de la detención de 2020. Se le impuso una multa de 200 dólares.
Amber Ortega se sienta en la parte trasera de una camioneta después de protestar junto al recién construido muro fronterizo entre Estados Unidos y México en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus el 9 de noviembre de 2019. (Foto: Kitra Cahana/MAPS para The Intercept)
Ortega, que decidió seguir adelante, describió estar igualmente marcada por su experiencia con el aparato de vigilancia del gobierno antes del juicio. “Tiemblo cuando los llamo”, dijo. “Sé que no estoy haciendo nada malo, pero me pongo literalmente a temblar”.
En el último año, Ortega ha sido detenida varias veces por varias agencias gubernamentales mientras hacía recados y visitaba a su familia en la reserva o'odham. No duda de que los encuentros están relacionados con su activismo. Las paradas en su pueblo natal son especialmente inquietantes. “He crecido en el pueblo”, dijo Ortega. “Saben quién soy”.
La presión resultante de su caso llegó a ser tan intensa que Ortega también se tomó un semestre libre para hacer frente a la situación.
“Llegó un momento en el que parecía que cada movimiento, cada semana, ahí estaban de alguna manera: al teléfono solicitando una visita a domicilio, una muestra de análisis de orina, una visita en la oficina”, dijo. “Era una cosa tras otra”.
A menudo, en las videollamadas con su oficial de servicios previos al juicio, se ordenaba a Ortega que proporcionara una visita guiada a su espacio vital. Vio cómo su capacidad para participar en las ceremonias tribales se veía estrangulada por la intromisión del gobierno en su vida cotidiana. “Era como si tuviera que estar en un trabajo y demostrarlo y fichar”, dijo. Ante la proximidad de su juicio, los recuerdos de su detención y lo que significó ese momento han permanecido en la mente de Ortega. “El día que me detuvieron, fue un recordatorio de lo que ya se ha hecho”, dijo. “Los desplazamientos. Los traslados. Fue doloroso pasar por eso, entender la historia y luego pasar por eso”.
“El trauma generacional existe, es terrible”, dijo Ortega. “Somos gente buena. Gente humilde. Pero también nos enfadamos. Y nos sentimos heridos”.
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