Luis Portillo Pasqual del Riquelme, 15/10/2021
Lo que los gobernantes españoles hicieron mal y lo que pueden hacer hoy bien en el caso del Sáhara Occidental
En lo relativo al Sáhara Occidental, la prensa española es altamente espasmódica. Después de largos Tiempos de silencio, como diría Luis Martín-Santos, de cuando en cuando se produce una explosión de noticias sobre ese asunto, prueba de la gran sensibilidad existente -a flor de piel- y el enorme interés subyacente sobre la causa saharaui en nuestro país. Así sucedió con la expulsión y deportación de Aminatou Haidar, la brutal destrucción del Campamento de Gdeim Izik o la hospitalización en España de Brahim Ghali en mayo de 2021.
La persecución y criminalización en España del presidente de la República saharaui (RASD) fue intensa, extensa y despiadada, durante muchos días, y aún continúa, atizada implacablemente por Marruecos y sus acólitos, entre los que destacan los medios de comunicación más reaccionarios y cavernícolas. El objetivo no era (solo) el presidente saharaui, sino -como terminó confesando el propio Gobierno marroquí- la posición de España y Europa sobre el Sáhara Occidental. Era de esperar: ya lo había hecho antes con Suecia (asunto IKEA), Alemania, o Argelia. La persecución alauita aún prosigue, ahora contra la exministra González Laya, funcionarios del Ministerios de Asuntos Exteriores y de otros departamentos de la Administración o contra miembros del Gobierno español. El objetivo no es solo el mencionado dirigente saharaui e intentar desacreditar y hacer descarrilar la lucha del pueblo saharaui, sino también acosar y descabalgar al Gobierno PSOE-UP.[1]
Cada vez que se publica algo que incomoda al Majzén marroquí, éste lanza sus pateras (su flota naval y sus propios súbditos) contra las costas y ciudades españolas (Ceuta, Melilla, Perejil, Andalucía o Canarias), el mismo método empleado en la tristemente célebre Marcha Verde.[2]
De nuevos, ese mismo alboroto periodístico y de cierta clase política se ha vuelto a producir al conocerse, el 29 de septiembre de 2021, las dos últimas sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) sobre los acuerdos UE-Marruecos[3], asunto sobre el cual incluso ciudadanos particulares interpelamos en su momento a la Comisión Europea.[4]
Y es que España sigue siendo la potencia administradora de derecho del Sáhara Occidental[5], nuestra Provincia 53[6], como recordaba, en una interesante entrevista, el jurista y fiscal anticorrupción Felipe Briones, que es además secretario general de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara (IAJUWS), por sus siglas en inglés)[7].
Nuestro país, y en especial sus gobernantes, tiene una enorme deuda pendiente con el pueblo saharaui, pero también con el pueblo español y con la comunidad internacional. Los gobernantes y los políticos españoles tienen mucho que decir y que hacer para saldar esa deuda, reparar parte del daño y el sufrimiento ocasionados y contribuir a solucionar, de una vez por todas, la situación en que dejamos a ese pueblo hermano[viii] que habla nuestro idioma y que incluso fue provincia española, con ciudadanos que tenían DNI español, como lo tiene actualmente el propio presidente saharaui, Brahim Ghali. La descolonización del Sáhara Occidental es un grave asunto pendiente de nuestra Transición a la democracia, que no podrá considerarse concluida en tanto no se restituya a los saharauis el primero de sus derechos, su inalienable derecho a la autodeterminación.
