Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Amber Ortega fue detenida por bloquear la construcción en tierras sagradas del sur de Arizona. Ahora se enfrenta a un juicio en Tucson.
Bajo el mandato del presidente Donald Trump y para abrir paso al muro, los contratistas del gobierno atravesaron el prístino hábitat desértico de Organ Pipe en vehículos de varias toneladas, bombeando cientos de miles de galones de agua del acuífero que sustenta los manantiales y destrozando secciones de un cementerio cercano con potentes explosivos. En septiembre de 2020, Ortega y David estaban rezando en los manantiales cuando se encontraron con uno de los equipos de construcción. La pareja se sentó encima de los vehículos del equipo y les dijo que no eran bienvenidos. Los trabajadores llamaron a los equipos tácticos de los agentes de la Patrulla Fronteriza y de la policía del parque, y Ortega y David fueron detenidas.
Por un delito menor que normalmente se resuelve con una multa por allanamiento, las dos mujeres fueron desnudadas, encadenadas y conducidas a una cárcel gestionada con carácter privado a unos 210 kilómetros de distancia, donde las mantuvieron incomunicadas, sin poder acceder a un abogado, durante casi 24 horas. Al principio de su caso, un abogado designado por el tribunal le dijo a Ortega que era probable que los esfuerzos para luchar contra sus cargos, que conllevan una condena máxima de seis meses, pudieran acabar en fracaso. Ortega decidió no seguir con ese abogado. Aunque comprende su opinión, no luchar no era una opción para ella.
“Quería seguir adelante para concienciar sobre la opresión que hemos sufrido los nativos, los o'odham. Siempre nos han negado tener voz”, dijo Ortega a The Intercept. “El gobierno de Estados Unidos nos ha arrebatado nuestros derechos y el acceso a las tierras, a los lugares sagrados, y esto ha venido sucediendo desde la colonización”.
El jueves, Ortega se declarará no culpable en su caso y argumentará ante un tribunal de Tucson que las acciones por las que fue detenida estaban arraigadas en creencias espirituales profundamente enraizadas. El nuevo abogado de Ortega, Paul Gattone, abogado de derechos civiles con sede en Tucson, cree que su caso es sólido. “Es una joven indígena que tiene creencias muy arraigadas, religiosas y culturales, por eso estaba allí”, dijo Gattone a The Intercept. “Debido a esas creencias culturales y religiosas, se sintió obligada a actuar, y eso es lo que hizo”.
El juicio marca la primera instancia de la administración de Biden, que prosigue con la persecución de la era de Trump contra una defensora de las tierras fronterizas en Arizona, y la segunda vez en los últimos años en la que una activista del estado ha articulado una defensa de la libertad religiosa en respuesta a los cargos de alto perfil vinculados al aparato de seguridad fronteriza del gobierno. El trabajador humanitario Scott Warren, a quien la administración de Trump acusó de contrabando de personas por proporcionar ayuda a los migrantes en el desierto, realizó una exitosa defensa de la libertad religiosa contra dos intentos de procesamiento federal en 2019. Sustentado por el Servicio de Parques Nacionales, el caso de Ortega hace que el Departamento del Interior la procese por intentar detener la misma construcción contra la que la propia funcionaria principal de la agencia, y primera secretaria nativa americana, Deb Haaland, se había manifestado ya como miembr@ del Congreso.
