المقالات بلغتها الأصلية Originaux Originals Originales

Affichage des articles dont le libellé est Impunidad. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Impunidad. Afficher tous les articles

14/09/2025

RICHARD LUSCOMBE
Después de haber construido una vida tranquila en Florida, Parviz Sabeti, el presunto “verdugo en jefe” del Sha de Irán, debe ahora enfrentar un juicio

Richard Luscombe en Orlando, The Guardian, 11-9-2025
Traducido por Tlaxcala

Richard Luscombe es corresponsal de The Guardian US con sede en Miami, Florida.

Parviz Sabeti se había fabricado una nueva vida anónima para él y su familia, pero hoy se enfrenta a una demanda que reclama 225 millones de dólares en daños y perjuicios por atrocidades cometidas en las cárceles de Teherán y otros lugares. 

Los vecinos de la acaudalada comunidad de Windermere, en Florida, los conocen como Peter y Nancy, un matrimonio jubilado aparentemente amable al que saludan durante sus paseos matinales, siempre contentos de recibir a sus dos brillantes hijas adultas, una de ellas una respetada profesora de ciencias en la Universidad de Harvard.

Sin embargo, detrás de los altos muros de su mansión frente al lago, valorada en 3,6 millones de dólares, se esconde una realidad más oscura y celosamente guardada: “Peter” es en realidad Parviz Sabeti, el antiguo jefe presunto de la policía secreta y “verdugo en jefe” del régimen prerrevolucionario del Sha de Irán. Hoy se enfrenta en Florida a una demanda de 225 millones de dólares por atrocidades cometidas en las cárceles de Teherán y otros lugares. [Cada uno de los tres demandantes reclama 75 millones de dólares, NdT].

El mes pasado, un juez federal de distrito dictaminó que Sabeti, de 89 años –tras haber logrado construir una vida anónima para él y su familia desde que huyó de su país en 1978– debe responder ante la justicia en una demanda interpuesta por tres personas que se presentan como ex presos políticos.

En los documentos judiciales, los demandantes afirman haber formado parte de los miles de detenidos por la SAVAK, la tristemente célebre agencia de seguridad interior e inteligencia del Sha, por ser percibidos como opositores. Alegan haber sufrido abusos bajo las órdenes directas de Sabeti: violaciones, electrocuciones, casi ahogamientos y extracción forzada de uñas.

“Apolo”

Un dispositivo particularmente bárbaro, sostienen, era “Apolo”, una silla eléctrica bautizada con el nombre del programa espacial usamericano, equipada con un casco metálico que amplificaba los gritos de las víctimas en sus propios oídos.


Antiguos presos mutilados por la SAVAK, la policía política del Sha, 28 de febrero de 1980 en Irán – Michel Artault/Gamma-Rapho/Getty Images

Sabeti no ha respondido públicamente a las acusaciones presentadas ante el tribunal, aunque en el pasado negó que la SAVAK hubiera torturado a detenidos, asegurando que él “siempre se opuso a la tortura”.

Aunque su paradero permaneció desconocido durante casi 45 años, su papel en el gobierno iraní –como director del departamento de seguridad interior de la SAVAK y presunto arquitecto de su crueldad– nunca estuvo en duda.

Un informe secreto de la CIA, redactado en 1978 y publicado en 2018, lo identificaba como un aliado ferozmente leal del Sha, “ampliamente reconocido como uno de los hombres más poderosos y temidos del régimen… con autoridad para detener, interrogar y procesar a opositores en todo el país”, según la demanda.

Las estimaciones sobre el número de víctimas de la SAVAK entre su creación en 1957 y su disolución en 1979 varían, pero se calcula que miles fueron detenidos y torturados, y al menos varios cientos asesinados.

Los tres demandantes, iraníes residentes en California de entre 68 y 85 años, afirman haber sido secuestrados por la SAVAK en Teherán, golpeados para arrancarles confesiones falsas y luego encarcelados. La petición de los abogados de Sabeti para desestimar el caso por prescripción fue rechazada el 12 de agosto por el juez federal Gregory Presnell, del distrito central de Florida. Un juicio podría celebrarse el próximo año.

Según la demanda, Sabeti “pasó las últimas cuatro décadas fuera de la vista pública, ocultando su identidad y paradero”. Él y su esposa Nasrin, de 75 años, podrían haber permanecido en el anonimato si una de sus hijas no lo hubiera “revelado accidentalmente” en un tuit de febrero de 2023, que lo mostraba en una manifestación en Los Ángeles contra el gobierno islámico iraní.

La foto de Sabeti reapareció el 19 de febrero de 2023 en Múnich, en una manifestación de monárquicos partidarios de Reza Pahlavi, acompañada de la frase «Pesadilla de futuros terroristas» y adornada con su declaración del 7 de septiembre de 1978: «Si se disuelve la SAVAK, los terroristas reinarán en Irán».


Aunque la revelación pudo ser accidental, y permitió directamente a los abogados de los demandantes localizarlo y presentar la demanda, algunos la ven como una maniobra de la diáspora iraní en USA para “blanquear” la historia del régimen caído del Sha y preparar a la opinión pública a favor de un futuro gobierno prooccidental.

Reza Pahlavi, a veces apodado el “príncipe heredero” de Irán por ser hijo del último Sha Mohammad Reza Pahlavi, declaró en una entrevista al Guardian en 2023, en el punto álgido de las manifestaciones contra Teherán, que trabajaba en una “carta de principios democráticos” para un futuro gobierno iraní. Desde entonces se ha presentado como dispuesto a reemplazar al ayatolá Ali Jamenei y convertirse en jefe de Estado interino.

En este marco, Sabeti habría trabajado como “asesor de seguridad” de Reza Pahlavi, según un artículo publicado en 2023 en el sitio del Consejo Nacional de la Resistencia Iraní, coalición política que se presenta como un parlamento en el exilio [emanación de la organización de los Muyahidines del Pueblo, NdT].

Los intentos del Guardian por contactar con Sabeti –por correos electrónicos, llamadas telefónicas a su domicilio y mensajes a sus cuatro abogados– han sido infructuosos.

Una cosa no está en debate: la comodidad de la que Sabeti y su familia han disfrutado en USA desde su llegada a Florida en 1978, tras huir de Teherán unas semanas antes de la revolución islámica de 1979.

Según documentos filtrados del Departamento de Estado, la familia Sabeti habría transferido una suma importante desde Irán –estimada por una fuente en más de 20 millones de dólares. En Florida, americanizaron sus nombres a Peter y Nancy. Bajo estas identidades, Sabeti fundó una empresa inmobiliaria próspera en Florida central. Él, su esposa y sus dos hijas figuran aún como directivos de varias compañías activas.

Los registros públicos muestran que la familia posee al menos ocho propiedades en el condado de Orange, incluida la mansión de Windermere (5 habitaciones, 6 baños) adquirida por 3,5 millones de dólares en agosto de 2005.

El Departamento de Estado y la CIA no respondieron a las preguntas sobre el estatus migratorio de los Sabeti en USA o las condiciones de su admisión en 1978. Sin embargo, Parviz y Nasrin Sabeti disponen de una inscripción electoral activa en Florida y votaron en la elección presidencial de 2024, prueba de su naturalización usamericana.

Una vecina declaró ver a menudo a la pareja, en particular a Nasrin, paseando por el barrio, pero precisó que los Sabeti parecían sobre todo apegados a su discreción. Su casa estaba casi siempre silenciosa, salvo por las visitas ocasionales de sus hijas.

Ninguna de las hijas respondió a las solicitudes de comentarios.

El fiscal general republicano de Florida, James Uthmeier, no respondió a la pregunta de si abriría una investigación penal sobre las actividades de Sabeti, como ya lo ha hecho con otras personas acusadas de crímenes en el extranjero y residentes en Florida.

Sara Colón, abogada de los demandantes, celebró la negativa del juez Presnell a desestimar el caso y su decisión de preservar el anonimato de sus clientes, quienes declararon haber recibido amenazas de muerte desde la presentación de la demanda.


Un disidente iraní, con el rostro oculto, tumbado sobre una rejilla de tres niveles equipada con quemadores, encontrada en el sótano de un alto cargo de la SAVAK, incendiada por manifestantes el 31 de diciembre de 1978 – Derek Ive/AP

«Estas decisiones representan un avance positivo para los sobrevivientes de la tortura que buscan rendición de cuentas y justicia. Este caso no pretende solamente poner fin a la impunidad, sino afirmar que los sobrevivientes tienen derecho a perseguir la justicia y a recuperar su dignidad sin miedo», declaró.

El Colectivo Iraní por la Justicia y la Rendición de Cuentas, asociación que milita por las víctimas de tortura y sus familias, dijo esperar que el caso Sabeti contribuya a poner fin al “ciclo de violencia” observado en Irán, primero bajo el Sha y luego bajo el gobierno islamista que lo sucedió.

«El mensaje debe ser claro y simple: todas las víctimas merecen justicia, y todos los que participaron en la tortura y la represión deben rendir cuentas», afirmó un portavoz.

«Las raíces de las políticas brutales que hoy lleva a cabo la República Islámica de Irán están ligadas a los métodos de tortura instaurados por Sabeti y la SAVAK. [Este caso] debe marcar el rechazo a un futuro Irán que restablezca la SAVAK o conceda una amnistía general a las fuerzas de seguridad actuales implicadas en tortura y represión.

Solo a través de la justicia y la rendición de cuentas podremos superar la violencia y la represión horribles que han dominado Irán durante décadas.»

Testimonios de los tres demandantes, cuyo anonimato fue preservado, citados por, The Independent, 24 de febrero de 2025:

Juan Nadie I: Estudiante en la Universidad de Tabriz, arrestado en su dormitorio en 1974 por la SAVAK. Según la demanda, fue torturado durante semanas, acusado de haber entregado a un compañero una recopilación de poemas políticos prohibidos. La tortura habría sido “coordinada” y “aprobada” por Sabeti. Tras 40 días de interrogatorios violentos, fue llevado ante un tribunal militar, acusado de atentar contra la seguridad nacional y condenado a cuatro años de prisión.
«Ha sufrido toda su vida problemas renales debido a las lesiones e infecciones padecidas en prisión. Todavía lleva las cicatrices de los latigazos, que ocultó, al igual que los detalles de su calvario, a la mayoría de las personas de su entorno.»

Juan Nadie II: Artista, miembro de un colectivo artístico clausurado por la SAVAK en los años setenta. Arrestado y encarcelado en varias ocasiones por defender la libertad de expresión, fue condenado por un tribunal militar a 12 años de prisión, de los cuales cumplió 7, durante los cuales afirma haber sido “torturado repetidamente” por orden de Sabeti.
«Su tortura le dejó una pesada carga psicológica. Cada día es una lucha. Ha seguido años de terapia para intentar superar las secuelas. Tan solo pensar en su tortura es una experiencia visceral y dolorosa. A veces sufre reacciones de estrés postraumático cuando intenta hablar de ello: temblores, mareos.»

Juan Nadie III: Estudiante de secundaria al momento de su arresto por la SAVAK, acusado de haber difundido panfletos anti-Sha. Tras ser denunciado por un compañero detenido con un arma artesanal, fue inculpado de participación en un grupo armado y condenado a dos años de prisión. Según la demanda, allí sufrió torturas atroces, «todas autorizadas y supervisadas por Sabeti», cuyas secuelas aún lo afectan.
«Revivir y contar su tortura es una experiencia penosa, a veces vergonzosa y humillante. El trauma le dejó una pesada carga que lleva consigo toda la vida, aunque ha hecho todo lo posible por afrontarla.»

 

28/07/2025

TIGRILLO L. ANUDO
El juicio a Uribe en Colombia: una lucha por la verdad edificante

Tigrillo L. Anudo, 28 de Julio de 2025, a pocas horas de proferirse la sentencia por fraude procesal y soborno a testigos.


Somos un país muy joven. Apenas aprendiendo a convivir, a definir un norte, a instaurar las nociones de la justicia judicial, a poner los primeros ladrillos en la construcción de una casa colectiva, debatiéndonos entre el odio y el amor, abrazándonos en la desesperanza y la utopía.

El país no avanza significativamente porque los poderes estratégicos siguen en manos de la canalla, protegidos por medios de comunicación canallas, blindados por aparatos canallas, avalados por serviles canallas.

Nuestras instituciones no son tan sólidas como nos lo han contado. Nuestra democracia no ha existido como lo han difundido. Colombia es un remedo de casa que alberga a sus ciudadanos con desiguales derechos. Unos sí, otros no. La verdad siempre ha sido mancillada cuando no defenestrada. Entre todas las carencias de Colombia, la falta de verdad es una de las más paralizantes para sus dinámicas de desarrollo humano.

Los inicios del siglo XXI fueron de tenebrosidad, dolor e ignominia con los dos gobiernos sucesivos de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010). La diferencia con los gobiernos de anteriores presidentes consistió en que Uribe no ocultó su inclinación al delito y a la aporofobia, su sed de tierras y dinero mal habidos, su hambre de poder y manipulación de la masa ignara.

El principal significado de una sentencia condenatoria que la jueza Sandra Liliana Heredia podría emitir sobre el proceso a Uribe es la proclamación de una verdad: que un presidente ha usado su investidura para delinquir. Verdad que llevará a importantes inferencias.

Esa verdad en la historia de un país con tantos ídolos de barro contribuye a salir de la ingenuidad, a superar la minoría de edad, a abandonar el analfabetismo político. También es un impulso hacia la revisión colectiva del tipo de sociedad gregaria y acrítica que venimos construyendo, al aprendizaje de nuevos valores que desplazan antivalores. Es otro ladrillo que se suma a la construcción de una casa con dignas columnas.

De darse una sentencia condenatoria contra Álvaro Uribe Vélez, se derrumba un mito con múltiples significantes. Cae el Mesías de papel que no nos salvó de ninguna guerrilla. Ya no es el “Gran colombiano”. Tampoco el eficiente pacificador. Menos el cuidador de los tres huevitos. Deslegitimada su “seguridad” antidemocrática. El que gobernó para favorecer los más ricos. El que persiguió a los pobres con leyes anti derechos y decretos marciales extrajudiciales.

Nos han mentido los políticos, los industriales, los terratenientes, los empresarios, los comerciantes, los jueces, los gobernantes, los actores armados, los académicos, los sacerdotes. Hay excepciones. Los artistas también han mentido pero sus mentiras han servido para divulgar la verdad a través de sus obras, bellas mentiras que revelan terribles verdades.

En un país lleno de mentiras sería una gran conquista que una jueza de la República condene por corrupto a un político promocionado como “el más firme y de corazón grande”. Colombia necesita verdad y reparación de las víctimas. La contribución a la verdad es entre otros uno de los grandes significados del juicio al sociópata y mitómano Álvaro Uribe. Se empieza a posicionar la idea de que nadie está por encima de la Ley. Sería el inicio del fin de la impunidad que ha envilecido a Colombia.


19/01/2025

TIGRILLO L. ANUDO
“Las cuchas tienen razón”: Lenguaje popular en la lucha cultural en Colombia

Tigrillo L. Anudo, 19-1-2025


Autor amazonense sin fronteras, bolivarista, martista, mariateguista, gaitanista y un poquito zapatista.

 

“Las cuchas* tienen razón” gritan los murales en defensa de la memoria histórica en Medellín, Pasto, Bogotá, Neiva. Próximamente en Cali, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla y otras ciudades. La lucha cultural que vive el país involucra los lenguajes escrito y hablado, los de las imágenes, los símbolos, las caricaturas, los grafitis, las pintas, los pasacalles, las pancartas, las artes, los murales. Y lo hacen con creatividad, poéticamente, musicalmente, lúcidamente.


Son lenguajes con mensajes directos, sencillos, coloquiales. No necesitan análisis hermenéuticos ni semióticos. Son mensajes políticos, filosóficos, sociológicos. Colombia se politizó, todos hablamos de política todos los días, con engaños, con verdades, con ideología, con objetividad, con posturas críticas. Pero se habla. El pueblo habla como siente y piensa, con sus jergas, sus estilos, códigos, rabias y frustraciones.

La lucha cultural de la última semana se centró en la reivindicación de la memoria histórica. La oposición negacionista quiere tapar con escombros y pinturas las oprobiosas masacres y desapariciones no sólo de La Escombrera sino de otros lugares del territorio nacional.

Colombia necesita que la libertad de expresión sea costumbre porque ella hará que la dignidad también se vuelva costumbre. Necesitamos levantar a todos nuestros muertos con violencia, sean quienes sean; que sus huesos vuelvan a ser calentados por el sol, que sus ojos se paseen de nuevo en los ojos de sus seres queridos.

Colombia es una telaraña de fosas comunes cruzadas por ríos, represas, selvas, ciudades. Somos el país que las volvió paisaje. Habitamos la nación que revivió las prácticas de los hornos crematorios clandestinos.

Colombia es un inmenso diván clamando la sanación de las almas víctimas, implorando la verdad completa, exigiendo la reparación. Estamos llenos de conceptos, pero no de verdades.

En el año y medio que resta del gobierno de Gustavo Petro se pueden radicalizar los reclamos por la memoria histórica, por la verdad, la justicia y la reparación. Igualmente, radicalizar la solicitud de juicio y castigo para los funcionarios corruptos que robaron los recursos de la salud, la conectividad, la alimentación escolar, la educación, los alcantarillados, los acueductos, las vías 4 y 5G. También exigir resultados en las investigaciones a los comprometidos en la conformación de grupos paramilitares. Que la verdad histórica nos grite desde el amanecer hasta el anochecer.
 
Sin justicia no hay país digno. Sin justicia no hay cambio. Sin justicia no hay progreso. La población trabajadora está cargando no sólo con altos costos tributarios por vivir, sino con el sostenimiento de una casta burocrática corrupta que roba $50 billones al año. La impunidad nos hace un Estado fallido.

La violencia económica institucional está estructurada para castigar a los que menos ingresos tienen y favorecer a los de mayores ingresos. La economía nacional rentística se sostiene en los hombros de la clase trabajadora y gran parte de la clase media que también es trabajadora.

El gobierno podría intentar de nuevo reducir las tarifas de los servicios públicos, buscar medidas para eliminar los peajes-pillajes-fotomultas, reducir el 4 x 1.000, revisar el IVA que encarece los arriendos, regular los costos notariales, controlar precios de medicamentos, replantear tasa aeroportuarias - tarifas de impuestos prediales – Industria y Comercio, analizar la inutilidad de las cámaras de comercio.   

Al país se lo está devorando el narcotráfico y no reaccionamos. Van 4 masacres en los primeros días de enero, todas relacionadas con el polvo blanco. Varios departamentos están tomados por carteles de la droga, asesinan civiles todos los días, desplazan comunidades, matan soldados y policías, también firmantes de paz. El Estado está perdiendo esa guerra. Las reformas sociales se debilitan.

El gobierno nacional puede declarar un estado de emergencia para solicitar en un foro internacional la legalización de las drogas ilícitas. La sociedad civil puede ser convocada para que acompañe dicho proceso. Que se convierta en otra exigencia de la sociedad. Poner el dedo en la llaga, convertir tal objetivo en política de Estado. Para frenar el desangre, para pacificar las regiones, para conservar recursos que necesitan los más golpeados. Para neutralizar el discurso de la oposición oportunista, de que a Colombia se la tomaron los criminales por falta de “seguridad democrática”.

Las reformas sociales pueden tener un nuevo envión con todo el vigor que ameritan. De tal modo que, de no lograrse, le quede claro a la sociedad colombiana que la oposición y los dueños históricos del poder -gobernantes durante 200 años- no permiten el bienestar general, quieren volver para usurpar y usufructuarlo todo. Que le quede claro al pueblo que no es posible un cambio significativo que alivie las cargas económicas sin la elección de un nuevo gobierno progresista, con mayorías en Cámara y Senado de La República.

*Cuchas: este término popular colombiano tiene varios sentidos pero aquí, designa las mujeres buscando sus hijos victimas de desaparición forzada por los grupos paramilitares en La Escombrera, en Medellín, entre otros [NdE] Ver todos los sentidos aquí

30/01/2024

MOUIN RABBANI
Cómo hizo historia la ordenanza de la CIJ contra Israel por genocidio

Mouin Rabbani, DAWN, 26/1/2024
Traducido por Fausto Giudice, Tlaxcala

La ordenanza inicial dictada el viernes 26 de enero de 2024 por la Corte Internacional de Justicia sobre las acusaciones de genocidio contra Israel hizo historia, y no es una hipérbole.

Emad Hajjaj

 El máximo tribunal de las Naciones Unidas con sede en La Haya consideró “plausible” que Israel haya cometido actos contra los palestinos de Gaza que violan la Convención sobre el Genocidio. Aunque su fallo no es todavía un veredicto sobre si Israel ha cometido genocidio, algo que el tribunal podría tardar años en decidir, la CIJ dictaminó que tiene jurisdicción para seguir adelante con el caso que fue presentado por Sudáfrica, desestimando el principal argumento de Israel.

El tribunal dictó medidas provisionales para proteger a la devastada población de Gaza del riesgo de genocidio, entre ellas, que Israel debe garantizar “con efecto inmediato” que sus fuerzas militares no cometen ninguno de los actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, y que Israel debe “tomar todas las medidas” para prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio contra los palestinos de Gaza. Cada una de las seis medidas provisionales fue aprobada con el apoyo abrumador de los 17 jueces del tribunal, en votaciones de 16-1 y 15-2.

En esta fase del procedimiento en La Haya, el caso se reducía a una sola cuestión: si la CIJ determinaba que Sudáfrica había presentado una acusación plausible de que Israel está cometiendo genocidio y, sobre esta base, permitía que el caso avanzara hacia una vista completa. Todo lo demás es secundario. En este punto crucial, el veredicto del tribunal fue inequívoco: los argumentos presentados por Sudáfrica ante la CIJ a principios de este mes eran suficientemente convincentes, y las refutaciones y negaciones de Israel, poco convincentes. La CIJ celebrará ahora una vista completa y adecuada para determinar si Israel es no sólo plausiblemente acusado, sino sustancialmente responsable del crimen de genocidio en Gaza.

Aquí se hizo historia. A partir del 26 de enero de 2024, Israel y sus patrocinadores occidentales ya no podrán utilizar el Holocausto para protegerse de la rendición de cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino. Raz Segal, un destacado profesor de estudios sobre el Holocausto y el genocidio, señaló recientemente que el Estado de Israel nació en la impunidad. “La idea de que el Estado judío pueda cometer crímenes de guerra, por no hablar de genocidio, se convierte desde el principio en una idea impensable”, afirmó. “La impunidad para Israel está horneada en el sistema”.
No más.

27/06/2023

FRANCESCA LESSA
Cincuenta años después del golpe de Uruguay, ¿por qué tan pocas personas han sido juzgadas por los crímenes de la dictadura?


Francesca Lessa, La Conversación, 26/6/2023
Traducido por
Fausto Giudice, Tlaxcala

La Dra. Francesca Lessa (1980) es docente de Estudios y Desarrollo Latinoamericanos e investigadora en la Universidad de Oxford. Es autora del reciente libro The Condor Trials: Transnational Repression and Human Rights in South America, publicado por Yale University Press (2022). Es Coordinadora e Investigadora Principal del Proyecto Plan Cóndor.

El 27 de junio se cumplen 50 años del inicio del golpe de Estado en Uruguay. Ese día de 1973, el Presidente Juan María Bordaberry y las fuerzas armadas cerraron el Parlamento e inauguraron 12 años de terror de Estado (1973-1985).

Este aniversario ofrece la oportunidad de reflexionar sobre por qué Uruguay no ha juzgado a más personas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante esta dictadura.

El ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por violaciones de los derechos humanos. AP/Alamy

Durante décadas, Uruguay fue conocido como “la Suiza de América Latina”, dada su larga estabilidad, sus tradiciones democráticas y su Estado del bienestar. En 1973, se prestó poca atención al régimen uruguayo, quizás debido a la reputación del país y a su situación geopolítica, eclipsado por dos vecinos mayores, Argentina y Brasil. Ese año, la mayor parte de la atención internacional se centró en el espectacular golpe de Estado contra el presidente chileno, Salvador Allende.

Encarcelamiento, interrogatorio y tortura

Sin embargo, el régimen uruguayo fue igualmente violento y represivo. En poco tiempo, Uruguay se ganó un nuevo apodo: la “cámara de tortura de América Latina”. A principios de 1976, Uruguay tenía la mayor concentración per cápita de presos políticos del mundo.

Según Amnistía Internacional, uno de cada 500 ciudadanos estaba en prisión por motivos políticos y “uno de cada 50 ciudadanos había pasado por un periodo de encarcelamiento, que para muchos incluía interrogatorios y tortura”. Además de los miles de personas encarceladas y torturadas, la dictadura dejó un legado de 197 desapariciones forzadas patrocinadas por el Estado y 202 ejecuciones extrajudiciales entre 1968 y 1985.

La represión fue brutal no sólo dentro de las fronteras uruguayas, sino también fuera de ellas. Mi libro sobre la Operación Cóndor -una campaña represiva emprendida por las dictaduras sudamericanas, y respaldada por USA, para silenciar a los opositores en el exilio- ilustra cómo los uruguayos representan el mayor número de víctimas (el 48% del total) perseguidas más allá de las fronteras entre 1969 y 1981.

¿Justicia o impunidad?

Uruguay volvió a la democracia el 1° de marzo de 1985, con la toma de posesión del Presidente Juan María Sanguinetti. Las perspectivas de justicia fueron restringidas desde el principio. Los generales uruguayos y los representantes de tres partidos políticos habían negociado la transición a través del Pacto del Club Naval.

Entre otras cosas, éste establecía un calendario para el retorno de la democracia, restauraba el sistema político anterior a la dictadura, incluida la constitución de 1967, y convocaba elecciones nacionales para noviembre de 1984. Las elecciones se celebraron, pero con la prohibición de algunos políticos.

En diciembre de 1986, el parlamento democrático sancionó entonces la Ley N° 15848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta “ley de impunidad” blindó de hecho a policías y militares de la rendición de cuentas por las atrocidades de la época de la dictadura, garantizando el control y la supervisión de la justicia por parte del ejecutivo. Se introdujo en un momento de creciente oposición por parte de las fuerzas armadas a las incipientes investigaciones judiciales sobre crímenes del pasado.

La ley de caducidad consiguió que la política de impunidad auspiciada por el Estado, según la cual los delitos no se castigan, siguiera vigente durante 25 años, hasta 2011. En otro lugar he analizado los altibajos de la relación de Uruguay con la rendición de cuentas.

Avanzando rápidamente hasta la actualidad, Uruguay tiene reputación de ser líder regional en ciertos ámbitos de derechos humanos (por ejemplo, derechos reproductivos y matrimonio igualitario). Pero sólo ha conseguido una justicia muy limitada para las atrocidades de la época de la dictadura.

Comparación entre Uruguay y Argentina

Hasta junio de 2023, los tribunales uruguayos han dictado sentencias en sólo 20 casos penales y condenado a 28 acusados en total, algunos de los cuales estaban implicados en múltiples casos, (a partir de cifras recopiladas de datos míos y de la ONG Observatorio Luz Ibarburu).

Como punto de comparación, los tribunales argentinos han dictado 301 sentencias desde 2006, con 1.136 personas condenadas por los crímenes de la dictadura (1976-1983).

Asimismo, al 31 de diciembre de 2022 se han dictado 606 sentencias definitivas en juicios por crímenes de la época de la dictadura en Chile, 487 en causas penales y civiles (vistas en conjunto), y 119 sólo en causas civiles, según datos del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales.

Junto con colegas de la Universidad de Oxford, desarrollamos un enfoque para explicar por qué algunos países exigen responsabilidades a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, mientras que otros no lo hacen.

Se basa en cuatro factores: la demanda de la sociedad civil; la ausencia de agentes de veto (como políticos que se oponen a la rendición de cuentas o a la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado); el liderazgo judicial nacional; y la presión internacional. Este planteamiento básico ayuda a comprender las luchas perdurables en Uruguay. Aunque los cuatro factores están en juego en el país, chocan entre sí y favorecen la impunidad en general.

Uruguay ha sido testigo de importantes niveles de presión internacional, incluido el famoso veredicto “Gelman” de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue decisivo para derogar la ley de caducidad en 2011. Al mismo tiempo, la sociedad civil no ha cesado de reclamar justicia, desde el histórico referéndum de 1989 para derogar la ley de caducidad hasta, más recientemente, los llamamientos para modificar la ley de reparación de 2006 para los presos políticos.

Sin duda, la mayor parte de los avances en materia de justicia, verdad y reparación se han logrado en Uruguay gracias a los incansables esfuerzos de activistas y ONG, incluida la central sindical, que han espoleado a las autoridades a investigar.

Sin embargo, Uruguay nunca se ha comprometido con la investigación de las atrocidades del pasado como política de Estado, como sí lo ha hecho Argentina. Un conjunto de actores poderosos, que incluye a las fuerzas armadas, varios políticos y jueces de tribunales superiores, se han asegurado de que el muro de la impunidad se mantuviera en pie con pocas excepciones.

La falta de independencia judicial y la sanción de algunos jueces valientes que intentaron desafiar la impunidad en las décadas de 1990 y 2000 -la más reciente, Mariana Mota- también han obstaculizado el progreso.

Otro factor es el importante número de sentencias del Tribunal Supremo que restaron importancia a la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Sin embargo, podría haber cambios positivos en el horizonte. Un nuevo código de procedimiento penal introducido en 2017 significa que las denuncias de la época de la dictadura (presentadas desde entonces) se investigan con mayor rapidez. Y la creación en 2018 de una fiscalía especializada en crímenes contra la humanidad -una antigua demanda de los activistas de derechos humanos- ha dado lugar a que más investigaciones lleguen a juicio y a un ritmo más rápido.

Como dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti sobre la memoria y el olvido, cuando la verdad se extienda por el mundo: “esa verdad será que no hay olvido”.