Tigrillo L. Anudo, 28 de Julio de 2025, a pocas horas de proferirse la sentencia por fraude procesal y soborno a testigos.
Somos un país muy joven. Apenas aprendiendo a convivir, a definir un norte, a instaurar las nociones de la justicia judicial, a poner los primeros ladrillos en la construcción de una casa colectiva, debatiéndonos entre el odio y el amor, abrazándonos en la desesperanza y la utopía.
El país no avanza significativamente porque los poderes estratégicos siguen en manos de la canalla, protegidos por medios de comunicación canallas, blindados por aparatos canallas, avalados por serviles canallas.
Nuestras instituciones no son tan sólidas como nos lo han contado. Nuestra democracia no ha existido como lo han difundido. Colombia es un remedo de casa que alberga a sus ciudadanos con desiguales derechos. Unos sí, otros no. La verdad siempre ha sido mancillada cuando no defenestrada. Entre todas las carencias de Colombia, la falta de verdad es una de las más paralizantes para sus dinámicas de desarrollo humano.
Los inicios del siglo XXI fueron de tenebrosidad, dolor e ignominia con los dos gobiernos sucesivos de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010). La diferencia con los gobiernos de anteriores presidentes consistió en que Uribe no ocultó su inclinación al delito y a la aporofobia, su sed de tierras y dinero mal habidos, su hambre de poder y manipulación de la masa ignara.
El principal significado de una sentencia condenatoria que la jueza Sandra Liliana Heredia podría emitir sobre el proceso a Uribe es la proclamación de una verdad: que un presidente ha usado su investidura para delinquir. Verdad que llevará a importantes inferencias.
Esa verdad en la historia de un país con tantos ídolos de barro contribuye a salir de la ingenuidad, a superar la minoría de edad, a abandonar el analfabetismo político. También es un impulso hacia la revisión colectiva del tipo de sociedad gregaria y acrítica que venimos construyendo, al aprendizaje de nuevos valores que desplazan antivalores. Es otro ladrillo que se suma a la construcción de una casa con dignas columnas.
De darse una sentencia condenatoria contra Álvaro Uribe Vélez, se derrumba un mito con múltiples significantes. Cae el Mesías de papel que no nos salvó de ninguna guerrilla. Ya no es el “Gran colombiano”. Tampoco el eficiente pacificador. Menos el cuidador de los tres huevitos. Deslegitimada su “seguridad” antidemocrática. El que gobernó para favorecer los más ricos. El que persiguió a los pobres con leyes anti derechos y decretos marciales extrajudiciales.
Nos han mentido los políticos, los industriales, los terratenientes, los empresarios, los comerciantes, los jueces, los gobernantes, los actores armados, los académicos, los sacerdotes. Hay excepciones. Los artistas también han mentido pero sus mentiras han servido para divulgar la verdad a través de sus obras, bellas mentiras que revelan terribles verdades.
En un país lleno de mentiras sería una gran conquista que una jueza de la República condene por corrupto a un político promocionado como “el más firme y de corazón grande”. Colombia necesita verdad y reparación de las víctimas. La contribución a la verdad es entre otros uno de los grandes significados del juicio al sociópata y mitómano Álvaro Uribe. Se empieza a posicionar la idea de que nadie está por encima de la Ley. Sería el inicio del fin de la impunidad que ha envilecido a Colombia.
Autor amazonense sin fronteras, bolivarista, martista, mariateguista, gaitanista y un poquito zapatista.
“Las cuchas* tienen razón” gritan los murales en defensa de la memoria histórica en Medellín, Pasto, Bogotá, Neiva. Próximamente en Cali, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla y otras ciudades. La lucha cultural que vive el país involucra los lenguajes escrito y hablado, los de las imágenes, los símbolos, las caricaturas, los grafitis, las pintas, los pasacalles, las pancartas, las artes, los murales. Y lo hacen con creatividad, poéticamente, musicalmente, lúcidamente.
Son lenguajes con mensajes directos, sencillos, coloquiales. No necesitan análisis hermenéuticos ni semióticos. Son mensajes políticos, filosóficos, sociológicos. Colombia se politizó, todos hablamos de política todos los días, con engaños, con verdades, con ideología, con objetividad, con posturas críticas. Pero se habla. El pueblo habla como siente y piensa, con sus jergas, sus estilos, códigos, rabias y frustraciones.
La lucha cultural de la última semana se centró en la reivindicación de la memoria histórica. La oposición negacionista quiere tapar con escombros y pinturas las oprobiosas masacres y desapariciones no sólo de La Escombrera sino de otros lugares del territorio nacional.
Colombia necesita que la libertad de expresión sea costumbre porque ella hará que la dignidad también se vuelva costumbre. Necesitamos levantar a todos nuestros muertos con violencia, sean quienes sean; que sus huesos vuelvan a ser calentados por el sol, que sus ojos se paseen de nuevo en los ojos de sus seres queridos.
Colombia es una telaraña de fosas comunes cruzadas por ríos, represas, selvas, ciudades. Somos el país que las volvió paisaje. Habitamos la nación que revivió las prácticas de los hornos crematorios clandestinos.
Colombia es un inmenso diván clamando la sanación de las almas víctimas, implorando la verdad completa, exigiendo la reparación. Estamos llenos de conceptos, pero no de verdades.
En el año y medio que resta del gobierno de Gustavo Petro se pueden radicalizar los reclamos por la memoria histórica, por la verdad, la justicia y la reparación. Igualmente, radicalizar la solicitud de juicio y castigo para los funcionarios corruptos que robaron los recursos de la salud, la conectividad, la alimentación escolar, la educación, los alcantarillados, los acueductos, las vías 4 y 5G. También exigir resultados en las investigaciones a los comprometidos en la conformación de grupos paramilitares. Que la verdad histórica nos grite desde el amanecer hasta el anochecer. Sin justicia no hay país digno. Sin justicia no hay cambio. Sin justicia no hay progreso. La población trabajadora está cargando no sólo con altos costos tributarios por vivir, sino con el sostenimiento de una casta burocrática corrupta que roba $50 billones al año. La impunidad nos hace un Estado fallido.
La violencia económica institucional está estructurada para castigar a los que menos ingresos tienen y favorecer a los de mayores ingresos. La economía nacional rentística se sostiene en los hombros de la clase trabajadora y gran parte de la clase media que también es trabajadora.
El gobierno podría intentar de nuevo reducir las tarifas de los servicios públicos, buscar medidas para eliminar los peajes-pillajes-fotomultas, reducir el 4 x 1.000, revisar el IVA que encarece los arriendos, regular los costos notariales, controlar precios de medicamentos, replantear tasa aeroportuarias - tarifas de impuestos prediales – Industria y Comercio, analizar la inutilidad de las cámaras de comercio.
Al país se lo está devorando el narcotráfico y no reaccionamos. Van 4 masacres en los primeros días de enero, todas relacionadas con el polvo blanco. Varios departamentos están tomados por carteles de la droga, asesinan civiles todos los días, desplazan comunidades, matan soldados y policías, también firmantes de paz. El Estado está perdiendo esa guerra. Las reformas sociales se debilitan.
El gobierno nacional puede declarar un estado de emergencia para solicitar en un foro internacional la legalización de las drogas ilícitas. La sociedad civil puede ser convocada para que acompañe dicho proceso. Que se convierta en otra exigencia de la sociedad. Poner el dedo en la llaga, convertir tal objetivo en política de Estado. Para frenar el desangre, para pacificar las regiones, para conservar recursos que necesitan los más golpeados. Para neutralizar el discurso de la oposición oportunista, de que a Colombia se la tomaron los criminales por falta de “seguridad democrática”.
Las reformas sociales pueden tener un nuevo envión con todo el vigor que ameritan. De tal modo que, de no lograrse, le quede claro a la sociedad colombiana que la oposición y los dueños históricos del poder -gobernantes durante 200 años- no permiten el bienestar general, quieren volver para usurpar y usufructuarlo todo. Que le quede claro al pueblo que no es posible un cambio significativo que alivie las cargas económicas sin la elección de un nuevo gobierno progresista, con mayorías en Cámara y Senado de La República.
*Cuchas: este término popular colombiano tiene varios sentidos pero aquí, designa las mujeres buscando sus hijos victimas de desaparición forzada por los grupos paramilitares en La Escombrera, en Medellín, entre otros [NdE] Ver todos los sentidos aquí
La ordenanza inicial dictada el
viernes 26 de enero de 2024 por la Corte Internacional de Justicia sobre las
acusaciones de genocidio contra Israel hizo historia, y no es una hipérbole.
El máximo
tribunal de las Naciones Unidas con sede en La Haya consideró “plausible” que
Israel haya cometido actos contra los palestinos de Gaza que violan la
Convención sobre el Genocidio. Aunque su fallo no es todavía un veredicto sobre
si Israel ha cometido genocidio, algo que el tribunal podría tardar años en
decidir, la CIJ dictaminó que tiene jurisdicción para seguir adelante con el
caso que fue presentado por Sudáfrica, desestimando el principal argumento de
Israel.
El tribunal
dictó medidas provisionales para proteger a la devastada población de Gaza del
riesgo de genocidio, entre ellas, que Israel debe garantizar “con efecto
inmediato” que sus fuerzas militares no cometen ninguno de los actos prohibidos
por la Convención sobre el Genocidio, y que Israel debe “tomar todas las
medidas” para prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio
contra los palestinos de Gaza. Cada una de las seis medidas provisionales fue
aprobada con el apoyo abrumador de los 17 jueces del tribunal, en votaciones de
16-1 y 15-2.
En esta fase
del procedimiento en La Haya, el caso se reducía a una sola cuestión: si la CIJ
determinaba que Sudáfrica había presentado una acusación plausible de que
Israel está cometiendo genocidio y, sobre esta base, permitía que el caso
avanzara hacia una vista completa. Todo lo demás es secundario. En este punto
crucial, el veredicto del tribunal fue inequívoco: los argumentos presentados
por Sudáfrica ante la CIJ a principios de este mes eran suficientemente
convincentes, y las refutaciones y negaciones de Israel, poco convincentes. La
CIJ celebrará ahora una vista completa y adecuada para determinar si Israel es
no sólo plausiblemente acusado, sino sustancialmente responsable del crimen de
genocidio en Gaza.
Aquí se hizo
historia. A partir del 26 de enero de 2024, Israel y sus patrocinadores
occidentales ya no podrán utilizar el Holocausto para protegerse de la
rendición de cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino. Raz Segal, un
destacado profesor de estudios sobre el Holocausto y el genocidio, señaló
recientemente que el Estado de Israel nació en la impunidad. “La idea de
que el Estado judío pueda cometer crímenes de guerra, por no hablar de
genocidio, se convierte desde el principio en una idea impensable”, afirmó. “La
impunidad para Israel está horneada en el sistema”. No más.
La Dra. Francesca Lessa (1980) es docente de
Estudios y Desarrollo Latinoamericanos e investigadora en la Universidad de Oxford.
Es autora del reciente libro The Condor Trials:
Transnational Repression and Human Rights in South America, publicado por
Yale University Press (2022). Es Coordinadora e
Investigadora Principal del Proyecto Plan
Cóndor.
El 27 de junio se cumplen 50 años del inicio del golpe de Estado en Uruguay.
Ese día de 1973, el Presidente Juan María
Bordaberry y las fuerzas armadas cerraron el Parlamento e inauguraron 12 años de
terror de Estado (1973-1985).
Este aniversario ofrece la oportunidad de reflexionar sobre por qué Uruguay
no ha juzgado a más personas por las violaciones de
derechos humanos cometidas durante esta dictadura.
El ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry fue
condenado en 2010 a 30 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.
AP/Alamy
Durante décadas, Uruguay fue conocido como “la Suiza de
América Latina”, dada su larga estabilidad, sus tradiciones democráticas y su
Estado del bienestar. En 1973, se prestó poca atención al régimen uruguayo,
quizás debido a la reputación del país y a su situación geopolítica, eclipsado
por dos vecinos mayores, Argentina y Brasil. Ese año, la mayor parte de la
atención internacional se centró en el espectacular golpe de Estado contra el
presidente chileno, Salvador
Allende.
Encarcelamiento, interrogatorio y
tortura
Sin embargo, el régimen uruguayo fue igualmente violento y represivo. En
poco tiempo, Uruguay se ganó un nuevo apodo: la “cámara de
tortura de América Latina”. A principios de 1976, Uruguay tenía la
mayor concentración per cápita de presos
políticos del mundo.
La represión fue brutal no sólo dentro de las fronteras uruguayas, sino
también fuera de ellas. Mi libro sobre la Operación
Cóndor -una campaña represiva emprendida por las dictaduras sudamericanas, y
respaldada por USA, para silenciar a los opositores en el exilio- ilustra cómo
los uruguayos representan el mayor número de víctimas (el 48% del
total) perseguidas más allá de las fronteras entre 1969 y 1981.
Entre otras cosas, éste establecía un calendario para el retorno de la
democracia, restauraba el sistema político anterior a la dictadura, incluida la
constitución de 1967, y convocaba elecciones nacionales para noviembre de 1984.
Las elecciones se celebraron, pero con la prohibición de algunos políticos.
En diciembre de 1986, el parlamento democrático sancionó entonces la Ley N° 15848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta “ley de
impunidad” blindó de hecho a policías y militares de la rendición de cuentas por las
atrocidades de la época de la dictadura, garantizando el control y la
supervisión de la justicia por parte del ejecutivo. Se introdujo en un momento
de creciente oposición por parte de las fuerzas armadas a las incipientes investigaciones
judiciales sobre crímenes del pasado.
La ley de caducidad consiguió que la política de impunidad auspiciada por
el Estado, según la cual los delitos no se castigan, siguiera vigente durante
25 años, hasta 2011. En otro lugar he analizado los altibajos de la relación de Uruguay
con la rendición de cuentas.
Avanzando rápidamente hasta la actualidad, Uruguay tiene reputación de
ser líder regional en ciertos ámbitos de derechos humanos (por ejemplo, derechos
reproductivos y matrimonio
igualitario). Pero sólo ha conseguido una justicia muy limitada para las atrocidades
de la época de la dictadura.
Comparación entre Uruguay y
Argentina
Hasta junio de 2023, los tribunales uruguayos han dictado sentencias en
sólo 20 casos penales y condenado a 28 acusados en total, algunos de los cuales
estaban implicados en múltiples casos, (a partir de cifras recopiladas de datos
míos y de la ONG Observatorio
Luz Ibarburu).
Como punto de comparación, los tribunales argentinos han dictado 301 sentencias desde 2006,
con 1.136 personas condenadas por los crímenes de la dictadura (1976-1983).
Asimismo, al 31 de diciembre de 2022 se han dictado 606 sentencias
definitivas en juicios por crímenes de la época de la dictadura en Chile, 487
en causas penales y civiles (vistas en conjunto), y 119 sólo en causas civiles,
según datos del Observatorio
de Justicia Transicional de la Universidad Diego
Portales.
Junto con colegas de la Universidad de Oxford, desarrollamos un enfoque para explicar
por qué algunos países exigen responsabilidades a los autores de violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado, mientras que otros no lo hacen.
Se basa en cuatro
factores: la demanda de la sociedad civil; la ausencia de agentes de veto (como
políticos que se oponen a la rendición de cuentas o a la investigación de
violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado); el liderazgo judicial
nacional; y la presión internacional. Este planteamiento básico ayuda a
comprender las luchas perdurables en Uruguay. Aunque los cuatro factores están
en juego en el país, chocan entre sí y favorecen la impunidad en general.
Uruguay ha sido testigo de importantes niveles de presión internacional,
incluido el famoso veredicto “Gelman” de 2011 de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue decisivo para derogar la ley de
caducidad en 2011. Al mismo tiempo, la sociedad civil no ha cesado de reclamar
justicia, desde el histórico
referéndum de 1989 para derogar la ley de caducidad hasta, más
recientemente, los llamamientos para modificar la ley de
reparación de 2006 para los presos políticos.
Sin duda, la mayor parte de los avances en materia de justicia, verdad y
reparación se han logrado en Uruguay gracias a los incansables
esfuerzos de activistas y ONG, incluida la central sindical,
que han espoleado a las autoridades a investigar.
Sin embargo, Uruguay nunca se ha comprometido con la investigación de las
atrocidades del pasado como política de
Estado, como sí lo ha hecho Argentina. Un conjunto de actores poderosos, que
incluye a las fuerzas armadas, varios políticos y jueces de tribunales
superiores, se han asegurado de que el muro de la impunidad se mantuviera en
pie con pocas excepciones.
La falta de
independencia judicial y la sanción de algunos jueces
valientes que intentaron desafiar la impunidad en las décadas de 1990 y 2000
-la más reciente, Mariana Mota- también
han obstaculizado el progreso.
Otro factor es el importante número de sentencias del Tribunal Supremo que
restaron importancia a la gravedad de los crímenes cometidos durante la
dictadura.
Sin embargo, podría haber cambios positivos en el horizonte. Un nuevo código de
procedimiento penal introducido en 2017 significa que las denuncias de la época de la
dictadura (presentadas desde entonces) se investigan con mayor rapidez. Y la
creación en 2018 de una fiscalía
especializada en crímenes contra la humanidad -una antigua demanda de los activistas de
derechos humanos- ha dado lugar a que más investigaciones lleguen a juicio y a
un ritmo más rápido.
Como dijo el poeta uruguayo Mario
Benedetti sobre la memoria y el olvido, cuando la verdad se extienda por el mundo: “esa
verdad será que no hay olvido”.
