La ordenanza inicial dictada el
viernes 26 de enero de 2024 por la Corte Internacional de Justicia sobre las
acusaciones de genocidio contra Israel hizo historia, y no es una hipérbole.
El máximo
tribunal de las Naciones Unidas con sede en La Haya consideró “plausible” que
Israel haya cometido actos contra los palestinos de Gaza que violan la
Convención sobre el Genocidio. Aunque su fallo no es todavía un veredicto sobre
si Israel ha cometido genocidio, algo que el tribunal podría tardar años en
decidir, la CIJ dictaminó que tiene jurisdicción para seguir adelante con el
caso que fue presentado por Sudáfrica, desestimando el principal argumento de
Israel.
El tribunal
dictó medidas provisionales para proteger a la devastada población de Gaza del
riesgo de genocidio, entre ellas, que Israel debe garantizar “con efecto
inmediato” que sus fuerzas militares no cometen ninguno de los actos prohibidos
por la Convención sobre el Genocidio, y que Israel debe “tomar todas las
medidas” para prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio
contra los palestinos de Gaza. Cada una de las seis medidas provisionales fue
aprobada con el apoyo abrumador de los 17 jueces del tribunal, en votaciones de
16-1 y 15-2.
En esta fase
del procedimiento en La Haya, el caso se reducía a una sola cuestión: si la CIJ
determinaba que Sudáfrica había presentado una acusación plausible de que
Israel está cometiendo genocidio y, sobre esta base, permitía que el caso
avanzara hacia una vista completa. Todo lo demás es secundario. En este punto
crucial, el veredicto del tribunal fue inequívoco: los argumentos presentados
por Sudáfrica ante la CIJ a principios de este mes eran suficientemente
convincentes, y las refutaciones y negaciones de Israel, poco convincentes. La
CIJ celebrará ahora una vista completa y adecuada para determinar si Israel es
no sólo plausiblemente acusado, sino sustancialmente responsable del crimen de
genocidio en Gaza.
Aquí se hizo
historia. A partir del 26 de enero de 2024, Israel y sus patrocinadores
occidentales ya no podrán utilizar el Holocausto para protegerse de la
rendición de cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino. Raz Segal, un
destacado profesor de estudios sobre el Holocausto y el genocidio, señaló
recientemente que el Estado de Israel nació en la impunidad. “La idea de
que el Estado judío pueda cometer crímenes de guerra, por no hablar de
genocidio, se convierte desde el principio en una idea impensable”, afirmó. “La
impunidad para Israel está horneada en el sistema”. No más.
La Dra. Francesca Lessa (1980) es docente de
Estudios y Desarrollo Latinoamericanos e investigadora en la Universidad de Oxford.
Es autora del reciente libro The Condor Trials:
Transnational Repression and Human Rights in South America, publicado por
Yale University Press (2022). Es Coordinadora e
Investigadora Principal del Proyecto Plan
Cóndor.
El 27 de junio se cumplen 50 años del inicio del golpe de Estado en Uruguay.
Ese día de 1973, el Presidente Juan María
Bordaberry y las fuerzas armadas cerraron el Parlamento e inauguraron 12 años de
terror de Estado (1973-1985).
Este aniversario ofrece la oportunidad de reflexionar sobre por qué Uruguay
no ha juzgado a más personas por las violaciones de
derechos humanos cometidas durante esta dictadura.
El ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry fue
condenado en 2010 a 30 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.
AP/Alamy
Durante décadas, Uruguay fue conocido como “la Suiza de
América Latina”, dada su larga estabilidad, sus tradiciones democráticas y su
Estado del bienestar. En 1973, se prestó poca atención al régimen uruguayo,
quizás debido a la reputación del país y a su situación geopolítica, eclipsado
por dos vecinos mayores, Argentina y Brasil. Ese año, la mayor parte de la
atención internacional se centró en el espectacular golpe de Estado contra el
presidente chileno, Salvador
Allende.
Encarcelamiento, interrogatorio y
tortura
Sin embargo, el régimen uruguayo fue igualmente violento y represivo. En
poco tiempo, Uruguay se ganó un nuevo apodo: la “cámara de
tortura de América Latina”. A principios de 1976, Uruguay tenía la
mayor concentración per cápita de presos
políticos del mundo.
La represión fue brutal no sólo dentro de las fronteras uruguayas, sino
también fuera de ellas. Mi libro sobre la Operación
Cóndor -una campaña represiva emprendida por las dictaduras sudamericanas, y
respaldada por USA, para silenciar a los opositores en el exilio- ilustra cómo
los uruguayos representan el mayor número de víctimas (el 48% del
total) perseguidas más allá de las fronteras entre 1969 y 1981.
Entre otras cosas, éste establecía un calendario para el retorno de la
democracia, restauraba el sistema político anterior a la dictadura, incluida la
constitución de 1967, y convocaba elecciones nacionales para noviembre de 1984.
Las elecciones se celebraron, pero con la prohibición de algunos políticos.
En diciembre de 1986, el parlamento democrático sancionó entonces la Ley N° 15848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta “ley de
impunidad” blindó de hecho a policías y militares de la rendición de cuentas por las
atrocidades de la época de la dictadura, garantizando el control y la
supervisión de la justicia por parte del ejecutivo. Se introdujo en un momento
de creciente oposición por parte de las fuerzas armadas a las incipientes investigaciones
judiciales sobre crímenes del pasado.
La ley de caducidad consiguió que la política de impunidad auspiciada por
el Estado, según la cual los delitos no se castigan, siguiera vigente durante
25 años, hasta 2011. En otro lugar he analizado los altibajos de la relación de Uruguay
con la rendición de cuentas.
Avanzando rápidamente hasta la actualidad, Uruguay tiene reputación de
ser líder regional en ciertos ámbitos de derechos humanos (por ejemplo, derechos
reproductivos y matrimonio
igualitario). Pero sólo ha conseguido una justicia muy limitada para las atrocidades
de la época de la dictadura.
Comparación entre Uruguay y
Argentina
Hasta junio de 2023, los tribunales uruguayos han dictado sentencias en
sólo 20 casos penales y condenado a 28 acusados en total, algunos de los cuales
estaban implicados en múltiples casos, (a partir de cifras recopiladas de datos
míos y de la ONG Observatorio
Luz Ibarburu).
Como punto de comparación, los tribunales argentinos han dictado 301 sentencias desde 2006,
con 1.136 personas condenadas por los crímenes de la dictadura (1976-1983).
Asimismo, al 31 de diciembre de 2022 se han dictado 606 sentencias
definitivas en juicios por crímenes de la época de la dictadura en Chile, 487
en causas penales y civiles (vistas en conjunto), y 119 sólo en causas civiles,
según datos del Observatorio
de Justicia Transicional de la Universidad Diego
Portales.
Junto con colegas de la Universidad de Oxford, desarrollamos un enfoque para explicar
por qué algunos países exigen responsabilidades a los autores de violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado, mientras que otros no lo hacen.
Se basa en cuatro
factores: la demanda de la sociedad civil; la ausencia de agentes de veto (como
políticos que se oponen a la rendición de cuentas o a la investigación de
violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado); el liderazgo judicial
nacional; y la presión internacional. Este planteamiento básico ayuda a
comprender las luchas perdurables en Uruguay. Aunque los cuatro factores están
en juego en el país, chocan entre sí y favorecen la impunidad en general.
Uruguay ha sido testigo de importantes niveles de presión internacional,
incluido el famoso veredicto “Gelman” de 2011 de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue decisivo para derogar la ley de
caducidad en 2011. Al mismo tiempo, la sociedad civil no ha cesado de reclamar
justicia, desde el histórico
referéndum de 1989 para derogar la ley de caducidad hasta, más
recientemente, los llamamientos para modificar la ley de
reparación de 2006 para los presos políticos.
Sin duda, la mayor parte de los avances en materia de justicia, verdad y
reparación se han logrado en Uruguay gracias a los incansables
esfuerzos de activistas y ONG, incluida la central sindical,
que han espoleado a las autoridades a investigar.
Sin embargo, Uruguay nunca se ha comprometido con la investigación de las
atrocidades del pasado como política de
Estado, como sí lo ha hecho Argentina. Un conjunto de actores poderosos, que
incluye a las fuerzas armadas, varios políticos y jueces de tribunales
superiores, se han asegurado de que el muro de la impunidad se mantuviera en
pie con pocas excepciones.
La falta de
independencia judicial y la sanción de algunos jueces
valientes que intentaron desafiar la impunidad en las décadas de 1990 y 2000
-la más reciente, Mariana Mota- también
han obstaculizado el progreso.
Otro factor es el importante número de sentencias del Tribunal Supremo que
restaron importancia a la gravedad de los crímenes cometidos durante la
dictadura.
Sin embargo, podría haber cambios positivos en el horizonte. Un nuevo código de
procedimiento penal introducido en 2017 significa que las denuncias de la época de la
dictadura (presentadas desde entonces) se investigan con mayor rapidez. Y la
creación en 2018 de una fiscalía
especializada en crímenes contra la humanidad -una antigua demanda de los activistas de
derechos humanos- ha dado lugar a que más investigaciones lleguen a juicio y a
un ritmo más rápido.
Como dijo el poeta uruguayo Mario
Benedetti sobre la memoria y el olvido, cuando la verdad se extienda por el mundo: “esa
verdad será que no hay olvido”.
