Contra la represión y la militarización del Wallmapu por los gobiernos de Chile y ArgentinaComunicado de 79 organizaciones

Ante la brutal represión desatada por los Estados de Chile y de Argentina, bajo los gobiernos de Gabriel Boric y Javier Milei, respectivamente, con el pretexto de “investigaciones” vinculadas a los incendios en la región, las organizaciones reunidas en el Espacio Día a Día por Julia Chuñil expresamos nuestra más profunda solidaridad con los pueblos Mapuche y Tehuelche, en especial con las comunidades de El Maitén y Esquel, en la provincia de Chubut.

Denunciamos que estas medidas represivas, basadas en la criminalización de las luchas y la militarización territorial, no solo afectan a las comunidades directamente involucradas, sino que responden a una estrategia mayor promovida por el capital extractivista y el colonialismo contemporáneo. Su propósito central es la explotación de los bienes naturales a expensas de la destrucción de los territorios ancestrales. Empresas como Forestal Arauco S.A., junto a otros actores del sector forestal y extractivo, se benefician del despojo sistemático de tierras y recursos, vulnerando los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

Rechazamos la aplicación de la ley antiterrorista y la militarización del Wallmapu como herramientas de opresión impuestas por los Estados de Chile y Argentina. Estas políticas no solo vulneran derechos humanos, sino que también profundizan la violencia y el despojo contra los pueblos originarios. La continuidad de esta ofensiva, avalada por los gobiernos de Boric y Milei con el respaldo de la falsa oposición, busca sofocar las legítimas demandas de autodeterminación del pueblo mapuche.

En este escenario, convocamos a la solidaridad nacional e internacional para seguir denunciando la represión y exigimos:

• Juicio y castigo a los responsables de los incendios,
• Desmilitarización del Wallmapu y retiro inmediato de las fuerzas represivas,
• Expulsión de las empresas forestales y extractivistas, responsables del saqueo de los territorios,
• Reconocimiento y respeto a la autodeterminación del Pueblo Nación Mapuche,
• Aplicación efectiva del Convenio 169 de la OIT, garantizando los derechos de los pueblos originarios.

Ratificamos nuestro compromiso de seguir organizándonos y luchando contra este sistema de despojo y violencia. No aceptamos la impunidad con la que operan los gobiernos y las grandes empresas, y reafirmamos que la resistencia continúa frente a este modelo de dominación sustentado en el colonialismo y el saqueo de los territorios ancestrales.

El presente comunicado es suscrito por las siguientes organizaciones:

1.                 Abya Yala Rompe el Cerco

2.                Acuerpamientx Feminista

3.                Agrupación Cultural Violeta Parra

4.                Agrupación Kintulafken

5.                Agrupación por la memoria histórica Providencia Antofagasta

6.                Amerindia Chile

7.                Amerindia Continental

8.               Amulepe Taiñ Weichan

9.                Archivo APJ

10.            Archivo de la Resistencia Visual

11.             Asamblea constituyente CA

12.            Asociación AD KIMVN

13.            Asociación AYÜN, Chaltumay

14.            Asociación Mapuche Kimün

15.            Bordando en cuerpo

16.            Cabildo Plaza P de Valdivia

17.             Casa Salvador Allende Toronto (Canadá)

18.            Centro Cultural Caleta Horcón

19.            Centro Ecoceanos

20.           Chile Mejor sin TLC

21.            Claudio Escobar

22.           CODEPU

23.           Colectivo ComuniCAOS

24.           Colectivo corazón del tiempo / Puelmapu territorio ancestral mapuche (nor Patagonia argentina)

25.           Colectivo Cueca Sola

26.           Colectivo Mujeres en RESISTENCIA,

27.            Colectivo Paulo Freire Chile

28.           Colectivo Pueblo Soberano

29.           Colectivo Sequía

30.           Colectivo ULT

31.            Colectivo VientoSur

32.           Comisión Ética Contra la Tortura

33.           Comité por un Chile Digno - Noruega

34.           Comunidad de pueblos originarios pakcha Calle Larga

35.           Confederación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación SUTE CHILE

36.           Coordinadora Ambiental El Bosque-San Bernardo

37.            Coordinadora El Apañe

38.           Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile

39.           Coordinadora por Palestina

40.           Corporación La Caleta

41.            Defensa Popular

42.           Diario digital Werken Rojo

43.           Efecto Radio

44.           Escuela Popular Campesina de Curaco de Vélez

45.           Espacio Político-Cultural Casa Roja

46.           FORO LATINOAMERICANO VÄXJÖ SUECIA

47.            Fuerza Ecologista Verde

48.           Fundación Chile Sin Ecocidio

49.           Fundación CIJYS

50.           Fundación Ecolety

51.            Fundación Marisol Vera

52.           HUE NEHUEN

53.           ⁠Huerta Comunitaria Jano Venegas

54.           Jornadas Antifascistas

55.            Londres38, espacio de memorias

56.           Magallanes Antifascista

57.            Marcha Mundial de las Mujeres-Chile

58.           MIT (Movimiento Internacional de Trabajadores)

59.           Movimiento Acción Migrante

60.           Movimiento de pobladores y pobladoras en lucha. MPL.

61.            Movimiento por el Agua y los Territorios MAT

62.           MovimientoFemNNA

63.           MST

64.           Mujeres por el Buen Vivir

65.           Noelia Minka Comunicaciones

66.           Núcleo de Estudios en Conflictos Socioambientales NECOSOC

67.            Partido de Trabajadores Revolucionarios

68.           Radio Hue Nehuen

69.           Radio La Comuna

70.           Rambuen

71.             Resumen Latinoamericano,

72.            Revista Micelio Sur Sur-

73.            SICNoticia

74.            Somos Cerro Blanco

75.            Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)

76.            Trvntrv Mallin Mew

77.            TRVNTRV MALLIN MEW y HUE NEHUEN

78.           Yaguel Lavkenche, Gulumapu (Tirúa, Chile)

79.            Canal La Comuna

 

El paro y nuestros muertos

Reinaldo Spitaletta, Sombrero de mago, 18/5/2021  

Ahora es la “gente mísera de tropa” la que se va llevando, como la muerte cantada por León de Greiff, a los jóvenes como Brayan Niño, Santiago Murillo, Allison Meléndez, Juan Diego Perdomo, Lucas Villa y tantos más. A Allison, muchacha de Popayán, cuatro policías la tomaron como si fuera un botín de guerra, le bajaron los pantalones y le “manosearon hasta el alma”, según las últimas palabras de la adolescente de 17 años, otra víctima de la violencia oficial. Y ante la infamia y el agravio sin límites, la chica se suicidó.

Y la “señora muerte” que ni siquiera el viejo rapsoda de Medellín pudo exorcizar con sus versos, se va llevando con los disparos de fuerzas estatales y de cierta “gente bien”, a indígenas, líderes sociales, estudiantes, trabajadores, desempleados y otros que, en medio de la agresión gubernamental, sin arredrarse, han alzado la voz contra los desafueros.

Nunca antes en la historia de Colombia se había dado un movimiento cívico-social de tan amplias repercusiones internas y externas, y con una participación masiva, como si se estuviera gestando un nuevo país. Por supuesto, se trata de un formidable estallido popular, de cansancio ante las tropelías de gobierno y sus propuestas desastrosas de vampiro, de chupar la sangre a los más pobres, a las clases medias, a pequeños y medianos empresarios…

¡¡¡Cesar la Masacre ya!!!SOS a la comunidad internacional

Comunicado de MANPUP (Mesa Amplia Nacional de Profesores y Profesoras de Universidades Públicas), Colombia, 3 de mayo de 2021

Somos educadores y educadoras de la juventud colombiana, aquella juventud que ha construido un pensamiento crítico y reflexivo y un grado de autonomía lo suficientemente agudo para  comprender que la realidad nacional ha llegado a un punto de inflexión. La nación, el pueblo colombiano no soporta una nueva reforma regresiva sea tributaria, de salud, pensional o laboral. Es claro que esta conduce a profundizar el empobrecimiento y precarización de los sectores populares y de la mal llamada clase media. El costo de la concentración de la riqueza, la corrupción política, la ineficacia administrativa, el gasto de guerra y otros despilfarros del erario público no solo no deberían ser cubiertos con injustos y regresivos tributos que arrebatarían el pan comer a la ciudadanía, sino que deberían suprimirse y llamando a cuentas a sus responsables ante la justicia.

El paro nacional que se desarrolla desde el 28 de abril es un movimiento masivo y multisectorial de la población colombiana que está cansada de los abusos de una clase política que ha dado claras muestras de autoritarismo, de un talante antidemocrático y de falta de gobernabilidad. Entre las expresiones de la pérdida de  las garantías ciudadanas es la orden inconstitucional de prohibir la protesta social, y más grave aún la orden directa de hacer uso de las armas y atentar contra la vida e integridad de quienes protestan defendiendo sus derechos y el futuro de las generaciones venideras.

Como profesoras y profesores, partícipes de una academia crítica y comprometida con la construcción de una vida digna para todos hacemos un enérgico y urgente llamado a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos para interceder e intervenir ante la grave violación de DDHH que se vive en este momento en Colombia.  Cientos de miles de personas han salido a protestar en diversos escenarios  del territorio nacional debido a la miserable pretensión del gobierno de imponer una nueva  reforma tributaria que empobrecería a la población y traería una miseria nunca antes vista. Es irracional que tal exabrupto se geste en uno de los países más  afectados por la pandemia global, sea por la ineficacia de las políticas públicas en salud, por la improvisación estatal o por la desviación de recursos. Lo cierto es que el despilfarro gubernamental no puede ser asumido por un pueblo que tiene amenazada su supervivencia por la pandemia, el desempleo, la violencia y la presión migratoria.

La protesta social es un derecho constitucional, hace parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es libertad de pensamiento y expresión. Un Estado Social de Derecho garantiza a su población este preciado baluarte de la democracia.  Pero en Colombia, como respuesta a estas justas exigencias ha retumbado  el tuit  del tirano tras el poder y se ha dado orden presidencial para militarizar las calles y plazas públicas con una desproporción de fuerza contra los manifestantes, bajo la cuestionable figura de “asistencia militar” . De este modo infame se ha disfrazado, bajo la falacia de la “seguridad ciudadana”, una guerra abierta contra la ciudadanía, enfrentando así militares armados y entrenados contra población civil desarmada.

Donde hay  un colectivo reunido en ejercicio del derecho a la  protesta, hay democracia participativa y ciudadanía.  La concentración en las ciudades capitales ha estado empañada  con el atentado a  decenas de jóvenes que están siendo abaleados y asesinados a mansalva, hay suficiente evidencia documental que demuestra como uniformados, o personas de civil que los acompañan, disparan directamente sobre la humanidad de los manifestantes, los golpean o los retienen forzosamente.  El saldo aún sin precisar de esta barbarie se acerca a las 20 muertes, 500 retenciones, en su mayoría arbitrarias, 200 heridos, 18 con lesiones oculares, 42 abusos y agresiones contra reporteros y personal de DDHH y 10 casos de violencia sexual y de género. La situación más grave se da en la ciudad de Cali, Valle. Donde la represión policiva empezó tempranamente con una orden sin presunción de legalidad dada por el rector de la Universidad del Valle y por la Gobernadora para desalojar violentamente y con fuerzas especiales a un colectivo de estudiantes que permanecían en el Campus en la espera de negociar condiciones para la academia en tiempos de pandemia. Situación que se ha escalado en Puerto Resistencia, en el Puente del Comercio y en Llanogrande (Palmira), con víctimas lamentables. En nuestro país no hay credibilidad ni confianza en los entes garantes del bienestar ciudadano,  como defensorías o personarías, pues tales organismos están cooptados por un gobierno criminal, que ordena disparar sin piedad a nuestro pueblo y asesina a nuestros jóvenes, ciudadanos movilizados en primera línea en defensa de la democracia. Por todo lo anterior, rechazamos  enfáticamente la activación de los mecanismos represivos del Estado, exigimos justicia frente a las víctimas y, de forma vehemente, levantamos nuestra voz de oposición a las reformas regresivas que el Gobierno tramita o pretende presentar ante el Congreso de la República en materia tributaria, de salud, pensional y laboral. Hacemos, por tanto, un llamado de urgencia a la comunidad internacional por la protección efectiva de los Derechos Humanos de los y las manifestantes.