Mohamed Osman es
un becario Aryeh Neier en la Open Society Justice Initiative que trabaja en
temas de justicia internacional. Colaboró con el Comité Internacional de la
Cruz Roja como asesor jurídico en Sudán. También ha llevado a cabo una serie de
consultorías y trabajos de investigación sobre derechos humanos durante su
estancia en aquel país, incluyendo cuestiones de ciudadanía, derechos de la
mujer y derecho islámico. Obtuvo su
licenciatura en Derecho por la Universidad de Jartum, un diploma de posgrado en
derechos humanos por la Universidad de Jartum y un máster en derechos humanos
internacionales y derecho humanitario por la Universidad de Essex (2015-2016).
Su tesis se centró en la aplicación del Estado de derecho por parte de los
grupos armados de la oposición en los territorios que controlan.
Desde la toma del poder militar del 25 de octubre,
la represión violenta ha vuelto con toda su fuerza. ¿Puede la comunidad
internacional apoyar el Estado de derecho?
Usamerican@s de origen sudanés
protestan en San Francisco por el golpe militar, octubre de 2021 (Shutterstock)
En septiembre me reuní en
Jartum con la madre de un estudiante de medicina asesinado por las fuerzas de
seguridad durante las protestas de Sudán de 2018-2019.
“La razón por la que me levanto
cada día es porque tengo la pequeña esperanza de poder encontrar justicia para
mi hijo”, confiesa. “No solo es por él, sino para evitar que otros padres
tengan que enfrentarse a la devastación de perder a sus hijos por culpa de la
violencia estatal”.
En este periodo de
incertidumbre para Sudán, una cosa está clara: sería fundamentalmente erróneo y
peligroso desechar la justicia por los graves abusos pasados y por los más
recientes en nombre de la conveniencia política.
Nuestra investigación y la
de muchas otras organizaciones para documentar los abusos generalizados en
Sudán durante las últimas tres décadas muestra que la impunidad rampante de las
atrocidades ha alimentado las violaciones y la inseguridad actuales. Esta
impunidad ha permitido durante mucho tiempo que los autores de los abusos que
se encuentran a la cabeza de la cadena de mando ejerzan aún más poder.
Líderes clave de la parte
militar del gobierno de coalición destituido por los militares el 25 de octubre
eran a su vez un remanente del régimen derrocado en abril de 2019, con su
propia cuota de presuntos abusos sin respuesta. De hecho, apenas unos meses
antes de la firma del acuerdo de transición en agosto de 2019, estos mismos
líderes militares -incluyendo a Mohamed Hamdan Dagalo (“Hemedti”), el
comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)- fueron quienes supervisaron la
dispersión violenta de la
sentada de los manifestantes en Jartum.
