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23/03/2025

TIGRILLO L. ANUDO
Reformas estructurales en una democracia burguesa

Tigrillo L. Anudo, 23-3-2025

La democracia burguesa con sus legislaciones a favor de poderosos intereses de clase es la gran tranca para la conquista de la justicia humana, social, redistributiva, ambiental, en una sociedad profundamente afectada por sus ausencias. La democracia burguesa permite comprar los jueces, el Congreso, los magistrados, los funcionarios - empleados públicos, las juntas directivas, los empresarios y todos los que haya que comprar. Esa “democracia” necesita de la injusticia, del hambre, la desigualdad, la miseria; estimula la corrupción, el delito, la aporofobia, la sociopatía, la exclusión y otros males que se devoran el país. La democracia burguesa se debe al capitalismo puro y duro que avasalla al pueblo trabajador.


«La nueva relación entre el trabajador y el empresario». Caricatura del Neuer Postillon, Zúrich, Suiza, 1896

La gran burguesía aliada con criminales no quiere compartir las rentas y las riquezas. Su codicia y afán monopolista, su carácter excluyente y sociópata, no admiten la redistribución de la riqueza. Lo máximo que permitirá serán unas reformas deshilachadas, amputadas, disminuidas en sus alcances, retazos de los proyectos presentadas por el gobierno nacional, o sea, reformas que finalmente no se configuran como reformas estructurales. Seguirá imperando la inequidad en la tributación como ya ocurrió con la reforma tributaria de 2022 trasquilada por la Corte Constitucional quien autorizó a las empresas deducir de su impuesto de renta lo que pagan por regalías al Estado. También ocurrió con el archivo de la Ley de Financiación. Ahora está en vilo la reforma pensional.

El pueblo colombiano está luchando contra un aparato criminal multidiverso que se apropió del Estado, de sus instituciones encargadas de asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 1991. Políticos, grandes empresarios, mafias de rentas ilícitas, empresas transnacionales, contratistas, se ferian los recursos públicos, los presupuestos, las vigencias futuras, los medicamentos, las flotas de carro tanques, las falsas facturas de atenciones médicas, de servicios de ambulancias, de contratos e IPS ficticias, entre otros; se llevan lo que pertenece al pueblo desprotegido. En la letra escrita constitucional están resueltas las necesidades básicas de los colombianos, pero en la praxis está bloqueada por la rapiña que sufren las finanzas de dichas necesidades. 

El presidente Gustavo Petro está enfrentando toda esa maquinaria para poder cristalizar las reformas sociales. El pueblo movilizado en las calles lo acompaña. ¿Bastarán estas luchas para lograr implantar las reformas estructurales? La Delincuencia Política Organizada –DPO- no se asusta con nada. Archivó en la Comisión Séptima del Senado la reforma a la salud el mismo día en que marchas multitudinarias en todo el país respaldaron la convocatoria a una consulta popular para preguntar sobre las reformas laboral y de salud. Todos los engranajes del aparato criminal nacional están estrechamente sincronizados para conservar el “Estado de cosas” aberrantes a las que se acostumbró la sociedad. La oposición en el Senado de la “República” ya anunció votar en contra de la consulta popular, es decir, no permitirán siquiera consultar al pueblo –el constituyente primario- sobre lo que ya está escrito en la CN 1991. 

Ya están consagrados los derechos a la salud, la educación, la pensión, el trabajo digno, la vivienda, la paz; sin embargo, el pueblo tiene que pedir que se ratifiquen esos derechos a través de una consulta popular. Un absurdo.  El Congreso que está en el deber de tramitar lo que ya es ley, se dedica a sabotear, boicotear, bloquear las propias normas. El propio Estado hace conspiración contra sí mismo. Esto es una canallada por parte de una casta política burocrática que gana 40 veces más que cualquiera de nosotros que somos clase obrera-proletaria. No somos clase media, somos asalariados, vivimos de lo que nos pagan por nuestro trabajo, trabajo que genera riqueza, riqueza de la cual apenas arañamos unas migajas.

Colombia es el único país del mundo donde la mayoría de los votantes dijo no a la paz. ¿Será que, en una consulta popular, la mayoría vote negativamente las reformas laboral y de salud? No creo que suceda esto. De hacerse esa consulta, ganará el sí a las reformas. Estamos en otro momento, ya no es el dominio del uribismo doctrinario fundamentalista; hoy es el momento del pueblo empoderado, del poder popular en ciernes, del despertar de la conciencia de clase y política. El pueblo en las calles es una tromba de alegría, arte, expresión, dignidad y poder. 

Para lograr la aprobación de la consulta popular en el Congreso se puede convocar una nueva y poderosa marcha, previa a la votación. Esta marcha será un mandato popular; si no votan a favor de la consulta, el pueblo escalará a acciones más audaces que cuestionarán los cimientos de la democracia burguesa. Esa posible afrenta del Congreso pondrá a prueba la organización revolucionaria del pueblo; el nuevo Partido Unitario mostrará de qué está hecho y cuál es su compromiso con la revolución política y cultural que tenemos que hacer.

01/05/2023

OTO HIGUITA
Colombia: ¿profundizar el cambio o acelerar el golpe?

Oto Higuita, 1/5/2023

El triunfo del gobierno del cambio y potencia de la vida, de las “calles y las plazas”, marcó un quiebre histórico en la línea de continuidad de los gobiernos tradicionales de la burguesía. Por primera vez en la historia republicana es elegido un presidente que, por un lado, representa un amplio movimiento popular y de ciudadanías libres, y por el otro, no proviene de los partidos políticos liberal y conservador, partidos con los que ha sido gobernada Colombia por una sola clase, la oligarquía.


Paternidad responsable
,
por Matador, El Tiempo

El gobierno de la esperanza, como lo llaman, con un amplio apoyo popular, ha empezado a navegar en las aguas turbulentas y contaminadas de la política colombiana, como todo el mundo sabe. Completa 8 meses tratando de aprobar un programa de reformas urgentes que pide a gritos la sociedad de los y las excluidas socialmente; reformas que sin ser las más radicales y estar ajustadas a la Constitución, encuentran una férrea oposición y la preparación de un golpe por la clase que históricamente ha devenido en una narco oligarquía.

Oposición carente de escrúpulos y respeto por las formas y las normas, que viene haciendo uso de diferentes estrategias para desgastarlo y crear las condiciones para dar un golpe (blando) contra el primer gobierno que busca reformar al Estado corrupto, criminal y al servicio de las mafias y devolverle su carácter de Estado Social de Derecho como lo establece la Constitución.

Nadie que conozca y haya  estudiado el desarrollo y los cambios radicales que ha sufrido el Estado colombiano en las últimas cinco décadas, puede negar la condición de Estado fallido que arrastra la nación. Un Estado al servicio de una minoría que lo ha capturado y se ha enriquecido de los bienes públicos, el presupuesto nacional, la feria de cargos públicos, los grandes negocios y contratos que han monopolizado para sus círculos oligarcas, sus clientes, sus sirvientes y sus lacayos.

Esa concentración desmesurada de la riqueza en Colombia en pocas manos, ha dejado sin derechos constitucionales a una mayoría que sufre la exclusión, la violencia estatal cuando protesta, el exterminio sistemático, además de la pobreza masiva, el desempleo, la carencia de servicios básicos, el acceso de calidad a la salud, la educación, la cultura y la vivienda digna.

Sin duda los que se oponen radicalmente al gobierno del cambio son los factores reales de poder encabezados por las fuerzas políticas derrotadas, dentro y fuera del país (la injerencia e intereses del imperialismo norteamericano), como el gran capital, la banca privada, instituciones claves como la Fiscalía, Procuraduría, ejército y policía, el paramilitarismo y la paraestatal contrainsurgente que sigue asesinando sistemática líderes sociales, el alto clero y los monstruosos medios de comunicación corporativos. Mientras, el gobierno del cambio sólo cuenta con el triunfo electoral y una importante mayoría de pueblo movilizado.    

De ahí que el nuevo gabinete nombrado por el presidente Petro plantee preguntas de fondo sobre lo que tendrá que enfrentar en adelante, aparte del argumento de que lo que se busca es “un pacto social” con todas las fuerzas políticas, principalmente con las que se oponen radicalmente a su mandato, lo sabotean y buscan darle un golpe de Estado, como lo advierte el jesuita Javier Giraldo, reconocido defensor de DD.HH. en Colombia. Así que si lo que busca el gobierno es romper el cerco en el que lo tiene cercado la oligarquía, haciendo uso de todas las formas y medios de lucha política, lo único garantizado es que vendrán más ataques de los que poco sabemos cómo, qué ni cuándo vendrán.

Por eso hay que estar extremadamente alertas, el movimiento popular, las ciudadanías libres y el pueblo movilizado para recuperar inmediatamente las calles y volver a la lucha popular y extraparlamentaria, tal y como se hizo durante el paro nacional del #28A del 2021, que pronto se convirtió en el más temido estallido social en Colombia en décadas.  

Los perfiles de los nuevos integrantes del gabinete se caracterizan por tener hojas de vida académicas intachables, experiencia y especialización en temas afines a los cargos que fueron nombrados, pero sobre todo la mayoría hace parte del círculo de confianza del presidente, por haber trabajado ya antes con él en la alcaldía de Bogotá o durante su período de senador. Pero también está la cuota de los conversos provenientes de partidos tradicionales como el min interior, un liberal, ex senador (Luis Fernando Velasco) que ha estado en las toldas disidentes de ese partido tradicional desde hace unos años; un ministro de TIC (Mauricio Lizcano) hijo de un corrupto líder político liberal de Caldas, heredero de una tradición politiquera mayúscula; hasta un ministro de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo) de profesión médico, cirujano cardiopediatra y ex gobernador del Tolima durante el gobierno de Virgilio Barco.

Sin duda, haber entregado en bandeja de plata la cabeza de la ministra de Salud Carolina Corcho a la derecha que sabotea las reformas urgentes que necesita el país, es más de la vieja estrategia de un paso adelante y dos atrás, con la idea de generar condiciones para una nueva alianza de clases o pacto social buscando un aliado que, tal vez, no está en el parlamento sino en las calles y campos.  

Este viraje en el timón de mando sin un norte claro es producto, seguramente, del acorralamiento en que está el gobierno tratando de impulsar con urgencia una reforma amplia y profunda que, por la necesidad de crear acuerdos con la oposición para que sea aprobada, ya anda coja.

Aquí es válida la pregunta: cuál es la diferencia entre el nuevo gabinete y el anterior? Da la impresión que es más formal que de fondo. El pacto social que propone el gobierno hoy no lo define un remezón del gabinete, esa nueva alianza de clases que se propone la define en concreto una relación de fuerzas que, bajo las condiciones actuales, está por fuera del parlamento burgués. Parlamento que por las mayorías frágiles e inciertas a las que está expuesto, no ofrece garantías reales para formar un gobierno sólido y cohesionado que genere el tan anhelado cambio.

Con este timonazo el presidente Gustavo Petro se distancia del sujeto político, único factor real de poder, entre otros, que puede romper el estado de inercia y estancamiento del proceso en que está sumida Colombia. Tal vez está convencido que es desde el parlamento por más desgastado e ilegítimo que esté, que se debe seguir insistiendo en buscar una mayoría relativa en favor de la reforma, así dicha alianza de clases no sea en realidad garantía para lograrla, y por el contrario, sea una estrategia más para seguir debilitándolo. 

No es poniéndole distinta guasca al mismo perro que se lograrán los cambios. Esa alianza de clases siempre dependerá de la suma de todos los factores reales de poder, y las concretas y existentes, con excepción del factor pueblo y movimiento popular movilizado, no están del lado del cambio sino del continuismo oligarca que solo busca poner fin al nuevo gobierno, así éste cuente con la legitimidad de los votos que lo eligieron, pero no la mayoría parlamentaria suficiente para derrotar a las fuerzas que han gobernado Colombia con la política de la muerte.

Está, además, por verse si se cumple el pronóstico de algunos cuadros de la oligarquía, que han sostenido que Petro es el mejor bombero que hay en Colombia para apagar el volcán en ebullición que es la sociedad colombiana. Eso sólo será posible si la paciencia de la gente aguanta y no revienta en cualquier momento, ante un hecho inesperado o conscientemente provocado. 

Ya algunos sectores juveniles, sobre todo el estudiantil, empiezan a descreer de un gobierno que ha hecho cambios pero que los ha dejado solos y olvidado (excepto las deudas con ICETEX y la promesa de más universidades y financiación), un gobierno que sin duda ha tomado decisiones que favorecen a sectores populares (el bono o renta para los 3 millones de mujeres cabeza de familia), ha entregado bienes confiscados a la mafia a familias víctimas de desplazamiento y expropiación, que ha demostrado decisión y resultados en la lucha contra el narcotráfico, pero que sigue sin cumplir con otros temas importantes del programa de cambio. 

Siguen en la cárcel decenas de jóvenes que estuvieron en el estallido social del #28A del 2021. Es solo un ejemplo de que el descontento en los sectores que ayudaron a generar el cambio desde la lucha popular y extraparlamentaria, aumenta y empieza a dudar de la capacidad de maniobra y decisión de un gobierno que se muestra débil y se distancia de los sectores y del movimiento social. La llamada paz total avanza con grandes tropiezos, mientras continúa el exterminio diario de líderes sociales. Y el tema de tierras para cumplir el incumplido acuerdo de paz con las ex FARC, sigue empantanado porque la derecha está atrincherada, armada y empecinada en impedir que haya una verdadera reforma agraria en Colombia, mientras el gobierno va avanza como una tortuga, la derecha paramilitar y terrateniente lo hace desbocada.  

Después del triunfo colosal e histórico, parece como si hubiéramos quedados anestesiados por la creencia de que todo se iba a solucionar con un nuevo gobierno para el cambio y para la vida; cuando lo que se ha visto es que ejercer gobernanza desde un Estado descompuesto y un parlamento ilegítimo que, además, representa mayoritariamente los intereses de una clase sanguinaria, es, sencillamente, más de lo mismo.