La lenta erosión en Gran Bretaña de nuestro derecho a protestar contra la guerra y la atrocidad debería preocuparnos a tod@s

Iain Overton, AOAV, 6 -10 -2025
Traducido por Tlaxcala

El 5 de octubre de 2025, la ministra del Interior laborista Shabana Mahmood anunció que la policía pronto podrá imponer restricciones a las protestas “repetidas”.

Los agentes recibirán nuevos poderes para evaluar el “impacto acumulativo” de las manifestaciones celebradas en el mismo lugar y, si lo consideran necesario, podrán ordenar a los organizadores moverse, acortar la duración del evento o reducir el número de participantes.

Es una reacción impulsiva.
La medida sigue a casi 500 arrestos en una protesta en Londres el día anterior, la mayoría por mostrar apoyo al grupo ahora prohibido Palestine Action.

Ella Baron, The Guardian

Mahmood insiste en que “no es una prohibición, sino restricciones y condiciones”.
Pero en realidad, es otro giro de tuerca en una erosión que lleva décadas debilitando el derecho británico a protestar contra la guerra y la atrocidad.

El razonamiento es conocido.
Los ministros afirman que las protestas repetidas pueden hacer que las comunidades judías se sientan “inseguras”, tras el asesinato de dos hombres frente a una sinagoga en Manchester (uno por el atacante, otro por disparos policiales).
Nadie cuestiona la gravedad del crimen ni la necesidad de luchar contra el antisemitismo.
Pero esta política se suma a un patrón legislativo que, durante veinticinco años, ha hecho cada vez más difícil disentir públicamente de las guerras.

El derecho a protestar no ha sido revocado, ha sido erosionado lentamente – de forma limpia, burocrática, casi imperceptible.

Todo comenzó con la Ley de Terrorismo de 2000, aprobada por el gobierno laborista de Tony Blair antes del 11 de septiembre, pero ampliada después.
Otorgaba a la policía poder para detener y registrar sin sospecha previa en zonas designadas.
Concebida para el antiterrorismo, pronto se utilizó contra manifestantes pacifistas.
En 2005, Walter Wolfgang, delegado laborista de 82 años, fue expulsado de la conferencia del partido por interrumpir al ministro de Exteriores sobre Irak y detenido bajo esa ley.
Su “delito”: disentir.

Ese mismo año, otra incisión: la Ley de Delincuencia Organizada y Policía de 2005, que prohibía protestas no autorizadas en un radio de un kilómetro del Parlamento.
Apuntaba directamente a Brian Haw, el manifestante anti-guerra cuyo campamento en Parliament Square incomodaba al gobierno.
Desde entonces, incluso leer los nombres de soldados caídos sin permiso se convirtió en delito.

En 2010, el gobierno de coalición prometió revertir esos excesos.
La Ley de Reforma Policial y Responsabilidad Social de 2011 derogó la zona de exclusión,
pero simultáneamente prohibió tiendas de campaña, sacos de dormir y megáfonos en Parliament Square.
Las vigilias prolongadas quedaron imposibilitadas.
Lo que la ley daba con una mano, lo quitaba con la otra.

En años posteriores surgieron amenazas más sutiles.
En 2015, las propuestas de Órdenes de Disrupción del Extremismo habrían permitido prohibir a individuos acusados de promover “extremismo no violento”.
Mientras tanto, se expandía la vigilancia policial: bases de datos de “extremistas domésticos” incluían ecologistas y pacifistas; agentes infiltraban grupos anti-guerra.

En la década de 2020, la erosión volvió a ser legislativa.
La Ley de Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales de 2022 redefinió la protesta como una posible molestia, ampliando la discrecionalidad policial para restringir cualquier reunión, incluso una protesta solitaria, si causaba “malestar serio” o “más que una interrupción menor”.
El ruido pasó a ser motivo de arresto.

En 2023, la Ley de Orden Público añadió nuevos delitos:
“encadenarse” a edificios, cavar túneles para bloquear obras, o incluso portar herramientas que lo permitieran.
También creó las Órdenes de Prevención de Disrupción Grave, que pueden prohibir a ciertas personas asistir a protestas o promoverlas en redes sociales.

En julio de 2025, la exministra Yvette Cooper utilizó poderes antiterroristas para proscribir Palestine Action, un grupo no violento que apuntaba a fábricas de armas británicas que suministran a Israel.
Una medida sin precedentes: un movimiento pacifista listado junto a organizaciones yihadistas y neonazis.
Desde entonces, más de mil arrestos por simples expresiones de apoyo.
Amnistía Internacional lo calificó de “ataque sin precedentes al derecho a protestar”.
Las Naciones Unidas emitieron una inusual reprimenda.

Y el gobierno continúa.

La nueva doctrina del “impacto acumulativo” amenaza con criminalizar la frecuencia misma.
Una vigilia semanal podría considerarse excesiva.
La ministra promete revisar las leyes “para garantizar que los poderes sean suficientes”.
Una frase ominosa.

Los liberales demócratas advierten: no reducirá el antisemitismo, pero debilitará gravemente la libertad de reunión.
Los poderes creados para una crisis rara vez se abandonan en la siguiente.

El patrón es claro:
cada gobierno hereda las herramientas del anterior y las perfecciona.
Desde Blair hasta Starmer, de las zonas de exclusión a las órdenes de prevención, el resultado es una restricción acumulativa.
El país que una vez acogió una marcha de un millón de personas contra la guerra de Irak se ha convertido en un lugar donde uno puede ser arrestado por leer nombres en voz alta o sostener un cartel.

Los políticos insisten en que se trata de “equilibrio, no represión”.
Pero la democracia no está hecha para ser cómoda.
Requiere fricción, ruido y desacuerdo visible.

Cuando el Estado decide que una protesta es “demasiado frecuente” o “demasiado ruidosa”, ya no modera la disidencia: la administra.
Limita el derecho mismo a ser democrático.

No es una eliminación repentina del derecho, sino una muerte por mil cortes – desangrada por “restricciones y condiciones”, por eufemismos burocráticos que suenan razonables en el momento y lamentables en retrospectiva.

El anuncio de este fin de semana puede parecer una ajuste menor, pero es acumulativo.
Así, aunque protestar siga siendo legal, el espacio para hacerlo se ha reducido con cada nueva ley.

El desbridamiento prolongado de la disidencia política en Gran Bretaña ha sido limpio y silencioso.
Y precisamente por eso debería alarmarnos.

« Inacceptable : pulvériser de la peinture sur des avions militaires -Acceptable : tirer sur des Palestiniens faisant la queue pour de la nourriture » : Jon Farley, un enseignant retraité de 67, a été détenu pendant 6 heures et interrogé par la police antiterroriste de Leeds pour cette pancarte, reproduisant une affiche du magazine satirique Private Eye.