Julia Tedesco ha colaborado en las investigaciones necesarias para este artículo.
Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Ya han pasado más de 20 años y ese símbolo estadounidense de maltrato e injusticia, la prisión de Guantánamo, en Cuba, sigue abierta. De hecho, a finales de 2021, la reportera del New York Times Carol Rosenberg, que ha cubierto ese notorio complejo penitenciario desde su primer día, informaba sobre los planes del Pentágono de construir un flamante juzgado prefabricado en esa base naval. Se pretende que sirva como segunda instalación, aún más secreta, para albergar los cuatro juicios restantes de los detenidos de la guerra contra el terrorismo, y está previsto que esté lista “en algún momento de 2023”.
¿Cerrar Guantánamo? Parece que no va a ser pronto. El coste de esa nueva construcción es de apenas 4 millones de dólares, una suma relativamente menor comparada con los 6.000 millones de dólares y pico que se han cobrado las operaciones de detención y juicios en 2019, según la estimación de un denunciante.
Cabe destacar que la noticia sobre la construcción de ese tribunal secreto coincidió con el XX aniversario del centro de detención y la administración del segundo presidente que pretende cerrar el lugar. Sus planes intentan sugerir que la estructura propuesta contribuirá realmente a ese interminable proceso de cierre del campo de prisioneros más infame del mundo. En estos momentos, Guantánamo retiene a 39 detenidos, 12 de los cuales se encuentran bajo el sistema de comisiones militares; 18 de ellos, a los que se ha mantenido durante mucho tiempo sin cargos de ningún tipo, han sido oficialmente autorizados para proceder a su liberación hacia los países elegidos que acepten acogerlos (lo que no significa que vayan a ser realmente liberados); y nueve de ellos, que tampoco han sido acusados, esperan simplemente dicha autorización.
Con dos salas en lugar de una, los juicios, a más de un año de distancia, podrían teóricamente celebrarse al mismo tiempo en lugar de hacerlo de forma secuencial. Por desgracia, es difícil imaginar que el número de salas tenga algún efecto en un resultado más rápido. Como dijo recientemente Scott Roehm, director en Washington del Centro para las Víctimas de la Tortura, al Daily Beast, “hay consenso en que las comisiones han fracasado, pero ese fracaso no ha sido por falta de salas”.
Considérese una especie de récord el hecho de que, en veinte años, solo se hayan celebrado allí dos juicios, ambos en 2008. Los dos desembocaron en condenas, una de las cuales fue posteriormente anulada y otra sigue en apelación. Este mísero récord es otro signo de la eterna realidad de Guantánamo, donde ni los pequeños retoques ni las grandes modificaciones han resultado ser más que un adorno cosmético para una situación que ha resultado irresoluble durante tres presidencias y el comienzo de una cuarta.
Últimamente existe un creciente consenso sobre la necesidad de cerrar la prisión, especialmente teniendo en cuenta la debacle final de la salida de Estados Unidos de Afganistán. Como escribió la senadora Dianne Feinstein (demócrata por Carolina) en Lawfare en el XX aniversario de ese símbolo de la injusticia estadounidense fuera del país: “Acabar con el experimento fallido de la detención en Guantánamo no será fácil. Pero ahora que la guerra de Estados Unidos en Afganistán ha terminado, es hora de cerrar las puertas de Guantánamo de una vez por todas”. Ese mismo día, en el pleno del Senado, el senador Dick Durbin (demócrata por Illinois) pidió también el cierre, ridiculizando el campo de prisioneros como “un símbolo de nuestro fracaso a la hora de hacer rendir cuentas a los terroristas y de nuestro fracaso a la hora de honrar los sacrificios de nuestro personal militar. Estos fracasos no deberían pasar a otra generación: deberían terminar con la Administración Biden”.
Pero pedir el cierre es una cosa, y cerrar esa prisión otra muy distinta.
