Julia Tedesco ha colaborado en las investigaciones necesarias para este artículo.
Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Ya han pasado más de 20 años y ese símbolo estadounidense de maltrato e injusticia, la prisión de Guantánamo, en Cuba, sigue abierta. De hecho, a finales de 2021, la reportera del New York Times Carol Rosenberg, que ha cubierto ese notorio complejo penitenciario desde su primer día, informaba sobre los planes del Pentágono de construir un flamante juzgado prefabricado en esa base naval. Se pretende que sirva como segunda instalación, aún más secreta, para albergar los cuatro juicios restantes de los detenidos de la guerra contra el terrorismo, y está previsto que esté lista “en algún momento de 2023”.
¿Cerrar Guantánamo? Parece que no va a ser pronto. El coste de esa nueva construcción es de apenas 4 millones de dólares, una suma relativamente menor comparada con los 6.000 millones de dólares y pico que se han cobrado las operaciones de detención y juicios en 2019, según la estimación de un denunciante.
Cabe destacar que la noticia sobre la construcción de ese tribunal secreto coincidió con el XX aniversario del centro de detención y la administración del segundo presidente que pretende cerrar el lugar. Sus planes intentan sugerir que la estructura propuesta contribuirá realmente a ese interminable proceso de cierre del campo de prisioneros más infame del mundo. En estos momentos, Guantánamo retiene a 39 detenidos, 12 de los cuales se encuentran bajo el sistema de comisiones militares; 18 de ellos, a los que se ha mantenido durante mucho tiempo sin cargos de ningún tipo, han sido oficialmente autorizados para proceder a su liberación hacia los países elegidos que acepten acogerlos (lo que no significa que vayan a ser realmente liberados); y nueve de ellos, que tampoco han sido acusados, esperan simplemente dicha autorización.
Con dos salas en lugar de una, los juicios, a más de un año de distancia, podrían teóricamente celebrarse al mismo tiempo en lugar de hacerlo de forma secuencial. Por desgracia, es difícil imaginar que el número de salas tenga algún efecto en un resultado más rápido. Como dijo recientemente Scott Roehm, director en Washington del Centro para las Víctimas de la Tortura, al Daily Beast, “hay consenso en que las comisiones han fracasado, pero ese fracaso no ha sido por falta de salas”.
Considérese una especie de récord el hecho de que, en veinte años, solo se hayan celebrado allí dos juicios, ambos en 2008. Los dos desembocaron en condenas, una de las cuales fue posteriormente anulada y otra sigue en apelación. Este mísero récord es otro signo de la eterna realidad de Guantánamo, donde ni los pequeños retoques ni las grandes modificaciones han resultado ser más que un adorno cosmético para una situación que ha resultado irresoluble durante tres presidencias y el comienzo de una cuarta.
Últimamente existe un creciente consenso sobre la necesidad de cerrar la prisión, especialmente teniendo en cuenta la debacle final de la salida de Estados Unidos de Afganistán. Como escribió la senadora Dianne Feinstein (demócrata por Carolina) en Lawfare en el XX aniversario de ese símbolo de la injusticia estadounidense fuera del país: “Acabar con el experimento fallido de la detención en Guantánamo no será fácil. Pero ahora que la guerra de Estados Unidos en Afganistán ha terminado, es hora de cerrar las puertas de Guantánamo de una vez por todas”. Ese mismo día, en el pleno del Senado, el senador Dick Durbin (demócrata por Illinois) pidió también el cierre, ridiculizando el campo de prisioneros como “un símbolo de nuestro fracaso a la hora de hacer rendir cuentas a los terroristas y de nuestro fracaso a la hora de honrar los sacrificios de nuestro personal militar. Estos fracasos no deberían pasar a otra generación: deberían terminar con la Administración Biden”.
Pero pedir el cierre es una cosa, y cerrar esa prisión otra muy distinta.
Los retos del cierre
Normalmente, se considera que el cierre de Guantánamo implica una serie de pasos prácticos que yo, como tantos otros, venimos sugiriendo desde hace años. La propuesta más reciente procede del Center for Ethics and the Rule of Law de la Universidad de Pensilvania, que ha esbozado un proceso de trece pasos destinado a cerrar definitivamente esa instalación. Esto implica la resolución de los casos restantes en las comisiones militares (diez que aún se enfrentan a un juicio, dos ya condenados), al tiempo que se vacía la prisión de sus 27 prisioneros restantes detenidos indefinidamente sin cargos.
Empecemos por las comisiones militares. La nueva sala de audiencias -que se completará en algún momento de 2023, lo que podría tardar casi dos años- está pensada para “acelerar” el proceso de los juicios. Sin embargo, en los últimos veinte años, solo se han producido ocho condenas, la mayoría debido a acuerdos de culpabilidad. Tres de ellas han sido anuladas y otras tres están aún en fase de apelación. En otras palabras, estamos hablando de un panorama asombroso de fracaso generalizado.
Es cierto que ha habido docenas de audiencias preliminares para los cuatro juicios que están pendientes. Pero una cosa son las vistas previas y otra los juicios. Lo más increíble es que los juicios de los presuntos coconspiradores del 11-S aún no han comenzado.
Y hay pocas esperanzas de que lleguen a resolverse. Para empezar, los individuos que van a ser juzgados fueron primero torturados en lugares negros de la CIA antes de ser llevados a Cuba, y gran parte de las pruebas y testimonios relevantes para sus casos se derivan en gran medida de esas prácticas de tortura. Incluso con la resolución, es casi imposible imaginar cómo estos procedimientos podrían conducir a la justicia.
Cómo (no) salir de Guantánamo
Hay al menos dos formas sugeridas para resolver finalmente las comisiones militares en un futuro relativamente cercano. El abogado de derechos humanos y defensor de las comisiones militares Michel Paradis las expuso recientemente en un podcast de Lawfare. Una de ellas sería que el gobierno retirara la pena de muerte de la mesa y abriera la puerta a los acuerdos de culpabilidad. Numerosos expertos han apoyado esta vía. También Colleen Kelly, directora de September 11th Families for Peaceful Tomorrows, una organización de familiares de las víctimas del 11-S, ha manifestado su apoyo a esta opción, como declaró recientemente ante el Comité Judicial del Senado. Otra opción, señaló Paradis, sería trasladar los juicios a los tribunales federales de Estados Unidos. Desgraciadamente, es una posibilidad poco probable, dada la prohibición del Congreso de traer a los detenidos de Guantánamo a este país, vigente desde hace más de una década.
En 2010 uno de estos detenidos fue juzgado en un tribunal federal. Esa fue la idea del entonces fiscal general Eric Holder -como preludio, esperaba, de llevar los demás juicios a los tribunales federales-, y era una idea correcta. El caso en cuestión fue el de Ahmed Ghailani, acusado de participar en los atentados contra las embajadas en Kenia y Tanzania en 1998, en los que murieron 224 personas. Al igual que otros detenidos en Guantánamo, había sido torturado en un lugar negro de la CIA, prueba que fue excluida en el juicio. Al final fue absuelto de 284 de los 285 cargos. No obstante, el caso se zanjó y, en función de ese último cargo, está cumpliendo cadena perpetua en una penitenciaría federal de Kentucky.
En el otro lado del atolladero de Guantánamo están los detenidos que nunca serán acusados, los que Carol Rosenberg denominó originalmente los “prisioneros para siempre”. La Junta de Revisión Periódica de la prisión ha autorizado ya la liberación de dieciocho de ellos. Sin embargo, la salida de estos presos para siempre depende de los acuerdos diplomáticos con otros países.
Hasta la fecha, a estos detenidos se les ha enviado a 60 países de Europa, Asia Central, Oriente Medio y África. Al menos 150 de ellos fueron enviados a naciones distintas de aquellas de las que eran ciudadanos. Esos traslados fueron organizados por el enviado especial de la oficina de cierre de Guantánamo del Departamento de Estado, que a su vez fue cerrada durante la presidencia de Donald Trump y sigue estándolo en la actualidad. Reabrirla es un paso necesario para vaciar Guantánamo de sus detenidos para siempre.
Lamentablemente, lo más probable es que, con el tiempo, se descubran nuevas formas de patear la pelota del cierre sin cesar. Como dijo el abogado Tom Wilner, que ha trabajado como abogado de derechos humanos en nombre de varios de los detenidos, en un panel celebrado para conmemorar el XX aniversario de la prisión: “Las comisiones militares no van a funcionar nunca”.
Mientras tanto, en lo que respecta a los que aún no han sido acusados de cargo alguno, pero que se ha autorizado su traslado, no hay garantías de que esas liberaciones se produzcan en breve.
El legado más largo
En el atolladero legal que Estados Unidos ha creado, no hay, de hecho, una solución fácil para cerrar Guantánamo.
Cabe señalar, además, que incluso si el gobierno de Biden fuera capaz de aplicar una estrategia inmediata y agresiva para cerrar la prisión, los horrores que desencadenó están garantizados para perdurar en el futuro. “Hay algunos problemas de Guantánamo que nunca desaparecerán”, admitió recientemente a The Guardian Daniel Fried, el primer enviado especial del presidente Barack Obama para el cierre.
Por un lado, la incapacidad de décadas del sistema jurídico estadounidense para juzgar a esos presos, ya sea en el interior o en el exterior, ha dejado una mancha en la competencia del sistema judicial del país, civil y militar, así como en la capacidad del Congreso para crear alternativas legítimas y viables a ese mismo sistema. El hecho de no poder, entre otras cosas, ni siquiera llevar a los presuntos coconspiradores de los atentados del 11-S, ya detenidos en la Bahía de Guantánamo, a ningún tribunal, envía el mensaje de que la justicia estadounidense del siglo XXI es incapaz de gestionar casos tan increíblemente importantes.
Y en lo que se refiere a los detenidos que han sido trasladados a otras partes del mundo, la historia no es menos sombría. Como ha informado The Guardian, los enviados a terceros países se enfrentan regularmente a nuevas formas de privación, crueldad, encarcelamiento o tortura. Los detenidos “liberados”, que a menudo no dominan el idioma de sus países de acogida, a los que se les niega la documentación de viaje y se les estigmatiza por su pasado en Guantánamo, descubrieron, como resumía un informe del Washington Post, que “la vida después de Guantánamo es su propio tipo de prisión".
Mansur Adayfi, un detenido trasladado a Serbia en lugar de a su país de origen, Yemen, ha descrito las terribles condiciones de la vida después de la cárcel en su libro Don't Forget Us Here, refiriéndose a ella como “Guantánamo 2.0”. Como dijo recientemente a Cora Currier de The Intercept: “Estando liberado, he sido detenido, golpeado, arrestado; también han acosado e interrogado a mis amigos”. Y eso, por supuesto, después de que, como tantos otros presos en esa isla-cárcel, haya sido regularmente golpeado, alimentado a la fuerza y mantenido en confinamiento solitario mientras estaba allí.
En un contexto tal, el proyecto de una nueva sala de vistas adquiere un nuevo significado.
La sala de vistas, antes y ahora
Desde el principio de Guantánamo, el tribunal de esa base estadounidense en la isla de Cuba ha servido como símbolo revelador de la venalidad de la prisión.
En los primeros días de ese campo de detención de la guerra contra el terrorismo, como describí en mi libro The Least Worst Place: Guantanamo's First 100 Days, el capitán Bob Buehn, entonces comandante de la base naval, se encomendó a sí mismo la misión de encontrar un terreno adecuado en el que construir un tribunal para juzgar a los detenidos que llegaban por avión. Consideró que era su deber hacerlo, solo para darse cuenta rápidamente de que nadie en el poder consideraba que ese fuera el objetivo de la prisión y que no habría planes de ese tipo en breve.
Como me recordaba hace poco el general de división Michael Lehnert, comandante de ese centro de detención en el momento de su apertura, la misión inicial consistía en la “recogida de información”, no en celebrar los juicios. En consecuencia, no fue hasta dos años más tarde que se iniciaron las audiencias para los detenidos, y entonces solo para algunos de ellos.
En un principio, esos procedimientos tuvieron lugar en una sala sin ventanas construida para garantizar la seguridad y el secreto, una sala demasiado pequeña para su propósito. Una vez que el Congreso autorizó una versión formal de las comisiones militares en la Ley de Comisiones Militares de 2006, se construyeron unas nuevas instalaciones que incluían un recinto de información sensible compartimentada (SCIF, por sus siglas en inglés) de última generación, una sala cuidadosamente “asegurada” destinada a ser un marco clasificado. Sin embargo, era una fea ironía que debajo de esa sala hubiera un vertedero de residuos tóxicos, con todos los peligros que se puedan imaginar para los abogados y otras personas. En ocasiones, apestando demasiado literalmente a las fechorías medioambientales del pasado, la nueva sala ha avanzado por su propio camino envenenado, tratando de evitar de algún modo la información extraída mediante tortura que se encuentra en el centro de los casos que esperan ser juzgados.
Ahora se está construyendo un nuevo edificio, aún más unido con el secretismo, así como con la supresión de la tortura que los acusados sufrieron a manos de Estados Unidos. Como informa Carol Rosenberg, estará envuelto en más secreto, ya que la “actual sala del tribunal de guerra” permitía al menos espectadores. La nueva no lo hará. “Sólo las personas con autorización secreta”, informa Rosenberg, “como los miembros de la comunidad de inteligencia y los guardias y abogados con autorización especial, podrán entrar en la nueva cámara”. Los observadores, incluidos los familiares de las víctimas, tendrán que verlo por vídeo.
Hace quince años, cuando se presentaron los planes para la sala actual, la ACLU pidió a los senadores que bloquearan los fondos para la construcción del tribunal, argumentando que “no hay necesidad de un complejo judicial elaborado y permanente en Guantánamo... Incluso el presidente Bush ha expresado su interés en reducir sustancialmente el número de detenidos en Guantánamo y eventualmente cerrarlo”. Es notable lo poco que se ha avanzado desde entonces.
Lo que el excomandante Bob Buehn descubrió hace tanto tiempo como una ausencia de deseo por los juicios de cualquier tipo ha evolucionado con el tiempo hasta convertirse en un sistema de “juicios” de interminables retrasos que solo contribuyen a perpetuar lo peor de Guantánamo, al tiempo que prolongan eternamente la vida de ese campo de prisioneros, ahora mundialmente conocido.
Como escribió Lee Wolosky, que fue enviado especial del presidente Obama para el cierre de Guantánamo, con motivo del XX aniversario de esa prisión “El desastre de Guantánamo es, en gran parte, autoinfligido, resultado de nuestras propias decisiones de practicar la tortura, mantener a los detenidos indefinidamente sin cargos, establecer comisiones militares disfuncionales e intentar evitar la supervisión de los tribunales federales... Ya es hora”, concluyó, “de liquidar esta reliquia de las guerras eternas”.
El país haría bien en hacer caso a sus palabras de una vez por todas y evitar así un XXX aniversario de una institución estadounidense que ha violado tanto las normas de la justicia, la decencia y el Estado de derecho.
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