Tigrillo L. Anudo, 19-1-2025
Autor amazonense sin fronteras, bolivarista, martista, mariateguista, gaitanista y un poquito zapatista.
“Las cuchas* tienen razón” gritan los murales en defensa de la memoria histórica en Medellín, Pasto, Bogotá, Neiva. Próximamente en Cali, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla y otras ciudades. La lucha cultural que vive el país involucra los lenguajes escrito y hablado, los de las imágenes, los símbolos, las caricaturas, los grafitis, las pintas, los pasacalles, las pancartas, las artes, los murales. Y lo hacen con creatividad, poéticamente, musicalmente, lúcidamente.
Son lenguajes con mensajes directos, sencillos, coloquiales. No necesitan análisis hermenéuticos ni semióticos. Son mensajes políticos, filosóficos, sociológicos. Colombia se politizó, todos hablamos de política todos los días, con engaños, con verdades, con ideología, con objetividad, con posturas críticas. Pero se habla. El pueblo habla como siente y piensa, con sus jergas, sus estilos, códigos, rabias y frustraciones.
La lucha cultural de la última semana se centró en la reivindicación de la memoria histórica. La oposición negacionista quiere tapar con escombros y pinturas las oprobiosas masacres y desapariciones no sólo de La Escombrera sino de otros lugares del territorio nacional.
Colombia necesita que la libertad de expresión sea costumbre porque ella hará que la dignidad también se vuelva costumbre. Necesitamos levantar a todos nuestros muertos con violencia, sean quienes sean; que sus huesos vuelvan a ser calentados por el sol, que sus ojos se paseen de nuevo en los ojos de sus seres queridos.
Colombia es una telaraña de fosas comunes cruzadas por ríos, represas, selvas, ciudades. Somos el país que las volvió paisaje. Habitamos la nación que revivió las prácticas de los hornos crematorios clandestinos.
Colombia es un inmenso diván clamando la sanación de las almas víctimas, implorando la verdad completa, exigiendo la reparación. Estamos llenos de conceptos, pero no de verdades.
En el año y medio que resta del gobierno de Gustavo Petro se pueden radicalizar los reclamos por la memoria histórica, por la verdad, la justicia y la reparación. Igualmente, radicalizar la solicitud de juicio y castigo para los funcionarios corruptos que robaron los recursos de la salud, la conectividad, la alimentación escolar, la educación, los alcantarillados, los acueductos, las vías 4 y 5G. También exigir resultados en las investigaciones a los comprometidos en la conformación de grupos paramilitares. Que la verdad histórica nos grite desde el amanecer hasta el anochecer.
Sin justicia no hay país digno. Sin justicia no hay cambio. Sin justicia no hay progreso. La población trabajadora está cargando no sólo con altos costos tributarios por vivir, sino con el sostenimiento de una casta burocrática corrupta que roba $50 billones al año. La impunidad nos hace un Estado fallido.
La violencia económica institucional está estructurada para castigar a los que menos ingresos tienen y favorecer a los de mayores ingresos. La economía nacional rentística se sostiene en los hombros de la clase trabajadora y gran parte de la clase media que también es trabajadora.
El gobierno podría intentar de nuevo reducir las tarifas de los servicios públicos, buscar medidas para eliminar los peajes-pillajes-fotomultas, reducir el 4 x 1.000, revisar el IVA que encarece los arriendos, regular los costos notariales, controlar precios de medicamentos, replantear tasa aeroportuarias - tarifas de impuestos prediales – Industria y Comercio, analizar la inutilidad de las cámaras de comercio.
Al país se lo está devorando el narcotráfico y no reaccionamos. Van 4 masacres en los primeros días de enero, todas relacionadas con el polvo blanco. Varios departamentos están tomados por carteles de la droga, asesinan civiles todos los días, desplazan comunidades, matan soldados y policías, también firmantes de paz. El Estado está perdiendo esa guerra. Las reformas sociales se debilitan.
El gobierno nacional puede declarar un estado de emergencia para solicitar en un foro internacional la legalización de las drogas ilícitas. La sociedad civil puede ser convocada para que acompañe dicho proceso. Que se convierta en otra exigencia de la sociedad. Poner el dedo en la llaga, convertir tal objetivo en política de Estado. Para frenar el desangre, para pacificar las regiones, para conservar recursos que necesitan los más golpeados. Para neutralizar el discurso de la oposición oportunista, de que a Colombia se la tomaron los criminales por falta de “seguridad democrática”.
Las reformas sociales pueden tener un nuevo envión con todo el vigor que ameritan. De tal modo que, de no lograrse, le quede claro a la sociedad colombiana que la oposición y los dueños históricos del poder -gobernantes durante 200 años- no permiten el bienestar general, quieren volver para usurpar y usufructuarlo todo. Que le quede claro al pueblo que no es posible un cambio significativo que alivie las cargas económicas sin la elección de un nuevo gobierno progresista, con mayorías en Cámara y Senado de La República.
La lucha cultural de la última semana se centró en la reivindicación de la memoria histórica. La oposición negacionista quiere tapar con escombros y pinturas las oprobiosas masacres y desapariciones no sólo de La Escombrera sino de otros lugares del territorio nacional.
Colombia necesita que la libertad de expresión sea costumbre porque ella hará que la dignidad también se vuelva costumbre. Necesitamos levantar a todos nuestros muertos con violencia, sean quienes sean; que sus huesos vuelvan a ser calentados por el sol, que sus ojos se paseen de nuevo en los ojos de sus seres queridos.
Colombia es una telaraña de fosas comunes cruzadas por ríos, represas, selvas, ciudades. Somos el país que las volvió paisaje. Habitamos la nación que revivió las prácticas de los hornos crematorios clandestinos.
Colombia es un inmenso diván clamando la sanación de las almas víctimas, implorando la verdad completa, exigiendo la reparación. Estamos llenos de conceptos, pero no de verdades.
En el año y medio que resta del gobierno de Gustavo Petro se pueden radicalizar los reclamos por la memoria histórica, por la verdad, la justicia y la reparación. Igualmente, radicalizar la solicitud de juicio y castigo para los funcionarios corruptos que robaron los recursos de la salud, la conectividad, la alimentación escolar, la educación, los alcantarillados, los acueductos, las vías 4 y 5G. También exigir resultados en las investigaciones a los comprometidos en la conformación de grupos paramilitares. Que la verdad histórica nos grite desde el amanecer hasta el anochecer.
Sin justicia no hay país digno. Sin justicia no hay cambio. Sin justicia no hay progreso. La población trabajadora está cargando no sólo con altos costos tributarios por vivir, sino con el sostenimiento de una casta burocrática corrupta que roba $50 billones al año. La impunidad nos hace un Estado fallido.
La violencia económica institucional está estructurada para castigar a los que menos ingresos tienen y favorecer a los de mayores ingresos. La economía nacional rentística se sostiene en los hombros de la clase trabajadora y gran parte de la clase media que también es trabajadora.
El gobierno podría intentar de nuevo reducir las tarifas de los servicios públicos, buscar medidas para eliminar los peajes-pillajes-fotomultas, reducir el 4 x 1.000, revisar el IVA que encarece los arriendos, regular los costos notariales, controlar precios de medicamentos, replantear tasa aeroportuarias - tarifas de impuestos prediales – Industria y Comercio, analizar la inutilidad de las cámaras de comercio.
Al país se lo está devorando el narcotráfico y no reaccionamos. Van 4 masacres en los primeros días de enero, todas relacionadas con el polvo blanco. Varios departamentos están tomados por carteles de la droga, asesinan civiles todos los días, desplazan comunidades, matan soldados y policías, también firmantes de paz. El Estado está perdiendo esa guerra. Las reformas sociales se debilitan.
El gobierno nacional puede declarar un estado de emergencia para solicitar en un foro internacional la legalización de las drogas ilícitas. La sociedad civil puede ser convocada para que acompañe dicho proceso. Que se convierta en otra exigencia de la sociedad. Poner el dedo en la llaga, convertir tal objetivo en política de Estado. Para frenar el desangre, para pacificar las regiones, para conservar recursos que necesitan los más golpeados. Para neutralizar el discurso de la oposición oportunista, de que a Colombia se la tomaron los criminales por falta de “seguridad democrática”.
Las reformas sociales pueden tener un nuevo envión con todo el vigor que ameritan. De tal modo que, de no lograrse, le quede claro a la sociedad colombiana que la oposición y los dueños históricos del poder -gobernantes durante 200 años- no permiten el bienestar general, quieren volver para usurpar y usufructuarlo todo. Que le quede claro al pueblo que no es posible un cambio significativo que alivie las cargas económicas sin la elección de un nuevo gobierno progresista, con mayorías en Cámara y Senado de La República.
*Cuchas: este término popular colombiano tiene varios sentidos pero aquí, designa las mujeres buscando sus hijos victimas de desaparición forzada por los grupos paramilitares en La Escombrera, en Medellín, entre otros [NdE] Ver todos los sentidos aquí
