Stephania
Taladrid (bio), The New Yorker, 18/12/2021
Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
La nueva ley de Texas es la culminación de décadas de restricciones legales y recortes presupuestarios que han dejado a las mujeres de una de las regiones más pobres del país con escaso acceso al aborto.
La ley 8 prohíbe el aborto después de aproximadamente seis semanas de embarazo y permite que ciudadanos privados puedan presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una mujer a obtener el procedimiento. (Foto: Jennifer Whitney/NYT/Redux)
La única clínica de abortos que queda a lo largo de la frontera de Texas con México es un edificio poco atractivo de una sola planta situado en el corazón de McAllen. Su antigua recepcionista, Andrea Ferrigno, una mujer enérgica de cuarenta años, recuerda vívidamente una época, en los años noventa, en la que funcionaba tranquilamente y sin obstáculos. Su tío, el Dr. Pedro Kowalyszyn, uno de los ginecólogos más respetados de la ciudad, era el propietario y administrador. “Todo el mundo sabía que se podía abortar en la clínica del centro”, dice Ferrigno. Mientras estudiaba, vivía con su tío y trabajaba en la clínica a tiempo parcial. “Me presentaron el operativo como un procedimiento médico”, dijo Ferrigno, añadiendo que los abortos eran uno de los muchos servicios ginecológicos que su tío proporcionaba. “Él daba a luz a muchas de las personas a las que luego ofrecía la atención del aborto”.
A principios de 2000, Kowalyszyn vendió la clínica a Amy Hagstrom Miller, que la rebautizó como sede en el sur de Texas para su nueva organización, Whole Woman's Health. Al igual que otras ciudades del Valle del Río Bravo [llamado Rio Grande Valley/Valle del Río Grande en los USA, NdE], McAllen tenía uno de los índices más altos del país de personas empobrecidas y sin seguro médico. Al mantener la clínica abierta, Hagstrom Miller quería ofrecer a las residentes de la zona un lugar donde pudieran acceder al procedimiento de forma segura. “Poco a poco, empezamos a cambiar la consulta”, recuerda Ferrigno. “Antes, era muy parecido a ‘Aquí está el formulario de consentimiento. ¿Conoce los riesgos? ¿Las complicaciones? ¿Alguien la está obligando?’” La nueva propietaria de la clínica quería empoderar a las mujeres y fomentar un enfoque más holístico. A las pacientes se les ofrecían sesiones de asesoramiento durante su visita; las paredes de la clínica estaban pintadas de color malva y llenas de citas de Frida Kahlo y otras personas notables; sonaba música relajante de fondo y cada habitación tenía un tenue aroma a lavanda. Hagstrom Miller creía que nadie se quedaba embarazada para abortar, por lo que era necesario que hubiera un lugar donde las mujeres pudieran hablar libremente de sus decisiones y emociones.
“No nos arrepentimos de lo que hacíamos”, recuerda Ferrigno. Cuando el derecho al aborto se convirtió en una amarga batalla política a nivel nacional, el ambiente dentro y fuera de la clínica de McAllen cambió. Mientras que antes solo eran dos o tres piquetes los que se reunían cada semana frente a la consulta del Dr. Kowalyszyn, la clínica pronto se convirtió en un lugar de encuentro para los manifestantes. Un grupo local conocido como Los Caballeros de San Miguel se reunía en círculo, cantando oraciones frente a una cuna llena de figuras de bebés. Con el tiempo, otros intentaron intimidar al personal pinchando las ruedas de sus coches, amenazándoles con un hacha y gritando los nombres de sus hijos. “Se les puede escuchar desde el interior”, dice Ferrigno sobre los piquetes. “Tienen megáfonos”. La clínica ha recibido numerosas amenazas de bomba; hace unos años, alguien intentó incendiar el lugar en plena noche. Sin embargo, el personal ha intentado mantener un ambiente acogedor. Un mural en la fachada norte del edificio muestra a un grupo de mujeres de color, con las manos enlazadas, en un frondoso valle. Las palabras “dignidad, empoderamiento, compasión y justicia” están escritas en la parte superior.
En septiembre entró en vigor la ley S.B. 8 de Texas, que prohíbe los abortos después de aproximadamente seis semanas de embarazo y permite a los ciudadanos privados interponer demandas civiles contra cualquiera que ayude a una mujer a obtener el procedimiento. Nadie, ni siquiera una víctima de violación o incesto, está exenta de la ley. Ferrigno, que ahora es vicepresidenta de Whole Woman's Health, estimó que la clínica estaba atendiendo a una cuarta parte de las pacientes que trataba antes de la S.B. 8. Cada día, las nuevas restricciones obligaban al personal de la clínica a rechazar a docenas de pacientes, incluidas adolescentes. “Es agotador decir que no”, dijo. “Te consume”. Recientemente, la clínica tuvo que rechazar a una migrante de catorce años procedente de Guatemala que había cruzado la frontera sur por su cuenta y ahora estaba bajo custodia del gobierno. La niña había sido violada en su viaje hacia el norte: estaba en su séptima semana de embarazo, una semana más allá del nuevo límite estatal. “Hace un par de meses habríamos podido ayudarla”, explica Verónica Hernández, que acaba de asumir la dirección de la clínica, donde trabaja desde hace doce años. “Pero ya no podemos ayudarla. No podemos hacer nada por esas pacientes”.
Incluso antes de la S.B. 8, las nuevas leyes y los recortes presupuestarios promulgados por la legislatura de Texas en las décadas anteriores han restringido constantemente el acceso de las mujeres a un aborto en el estado. En 2000, los legisladores aprobaron la Ley del Derecho de la Mujer a Saber, también conocida como H.B. 15, que obligaba a las mujeres que querían abortar a esperar veinticuatro horas antes de someterse al procedimiento, sin hacer excepciones en el caso de los embarazos resultantes de violación o incesto. El personal de las clínicas también se vio obligado a entregar a las pacientes un paquete de lectura exigido por el Estado que incluía fotografías en color de fetos e información sobre la relación, largamente desmentida, entre los abortos y el riesgo de cáncer de mama. El mandato hizo que el tío de Ferrigno, que había seguido trabajando como director médico de la clínica, se retirara, después de treinta años. “Ese fue el catalizador”, dijo Ferrigno.
La ley estatal exige una ecografía antes
de abortar. Eso significa dos viajes a una clínica, una dificultad para muchas
pacientes de aborto, la mayoría de las cuales ya son madres.
(Foto:
Jennifer Whitney/NYT/Redux)
