Jonathan Cook, Middle East Eye, 10/12/2021
Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, que allana el camino a la extradición, dificultará aún más que los periodistas puedan hacer rendir cuentas a Estados Unidos.
Simpatizantes de Julian Assange frente a los Tribunales Reales de Justicia en Londres (Reuters)
El pasado viernes el Tribunal Superior inglés allanó el camino para que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sea extraditado a Estados Unidos y juzgado por la publicación de cientos de miles de documentos, algunos de los cuales contenían pruebas de crímenes de guerra estadounidenses y británicos en Iraq y Afganistán.
La decisión revocaba una sentencia de enero de un tribunal inferior que había bloqueado la extradición, aunque solo lo hizo por motivos humanitarios: porque Assange corría un grave riesgo de suicidio a causa de las condiciones opresivas de su detención en Estados Unidos.
El australiano de 50 años se enfrenta a una pena de hasta 175 años de prisión si es declarado culpable.
Amnistía Internacional calificó la sentencia de “parodia de la justicia”, mientras que Rebecca Vincent, de Reporteros sin Fronteras, tuiteó que se trataba de una decisión “atroz” que “marca un momento sombrío para los periodistas y el periodismo en todo el mundo”.
Los abogados de Assange dijeron que apelarán la sentencia ante el Tribunal Supremo. Pero la lucha para liberar a Assange -aunque finalmente tenga éxito- se prolongará seguramente muchos años más.
El fundador de WikiLeaks ha pasado ya más de una década bajo diversas formas de encarcelamiento: arresto domiciliario, asilo político y, desde principios de 2019, aislamiento en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres.
El daño que le está ocasionando es inmenso, según Nils Melzer profesor de derecho y experto en tortura de las Naciones Unidas. Ha advertido en repetidas ocasiones que Assange está sufriendo los efectos de una “exposición prolongada a la tortura psicológica”.
La familia y los amigos advierten que está confundiendo habitualmente hechos básicos. En una vista de la semana pasada, le costaba incluso recordar su nombre y edad.
Crímenes de guerra
Los motivos de la detención de Assange han cambiado varias veces a lo largo de los años: desde una investigación inicial por presuntos delitos sexuales en Suecia, hasta una violación de la libertad bajo fianza en el Reino Unido y, más recientemente, espionaje.
Pero la presencia del Estado de seguridad nacional estadounidense nunca ha estado lejos. Los partidarios de Assange dicen que Washington ha estado influyendo silenciosamente en los acontecimientos, y que solo mostró su mano directamente cuando lanzó la demanda de extradición en 2019.
Estaba claro desde el principio que los argumentos esgrimidos por Estados Unidos podrían tener enormes implicaciones para el futuro del periodismo y su capacidad para exigir responsabilidades a los Estados poderosos. Y, sin embargo, las audiencias judiciales solo han recibido una cobertura superficial, especialmente por parte de los medios de comunicación británicos.
El caso de la extradición se basa en la afirmación de Estados Unidos de que Assange llevó a cabo espionaje al publicar cientos de miles de materiales filtrados en 2010 y 2011 con socios de alto perfil como el New York Times, Washington Post, Guardian, El País y Der Spiegel. Llamados los archivos de Iraq y Afganistán, los documentos demuestran que el ejército estadounidense cometió crímenes de guerra en esos países, mató a no combatientes y practicó la tortura.
Está claro que Estados Unidos quería asegurarse de que no se repitiera una filtración de este tipo.
La cuestión era que, si Assange podía ser encarcelado por hacer periodismo, ¿por qué no también los editores de los periódicos con los que publicaba? Encerrar a los altos cargos del New York Times, Guardian y Der Spiegel nunca iba a ser una buena imagen.
Este mismo problema frenó a los funcionarios de la administración de Barack Obama. Se sentían acorralados por la Primera Enmienda.
Pero con Donald Trump la reticencia se disipó rápidamente. El apoyo de Trump a Assange durante la campaña no impidió que los funcionarios del Departamento de Justicia argumentaran que Assange era un hacker, no un periodista.
Con esta premisa, se sintieron libres de redefinir el nuevo periodismo de seguridad nacional basado en lo digital del que Assange y WikiLeaks fueron pioneros al utilizarlo como “espionaje”.
Para ello, recurrieron a la Ley de Espionaje de 1917, una legislación draconiana de la Primera Guerra Mundial que otorgaba al gobierno poderes para encarcelar a los críticos.
Era una medida con graves implicaciones. Los funcionarios de justicia de Trump estaban reclamando de hecho un nuevo tipo de jurisdicción universal: el derecho a juzgar a Assange, a pesar de que no era un ciudadano estadounidense y no estaba acusado de llevar a cabo ninguno de los actos en cuestión en suelo estadounidense.
