Cuando los generales se convierten en banqueros ¿ ¿La puerta giratoria entre defensa y finanzas en el complejo militar-industrial británico ha terminado su giro?

Iain Overton, AOAV, 6/10/2025
Traducido por Tlaxcala

El anuncio de que el general Sir Patrick Sanders, exjefe del Ejército británico, dirigirá la división de préstamos de defensa del banco Santander UK, puede parecer, a primera vista, un paso lógico para un hombre profundamente familiarizado con los asuntos de seguridad nacional.

Al fin y al cabo, ¿quién mejor para asesorar a un banco sobre los riesgos y oportunidades de la inversión en defensa que alguien que ha comandado tropas, presidido comités estratégicos y trabajado estrechamente con socios industriales al más alto nivel?

"Uneasy Rider": El general Sir Patrick Sanders, de 59 años, sirvió 38 años en el ejército británico, comandando operaciones en países como Irlanda del Norte, Kosovo, Bosnia, Irak y Afganistán

¿Cuándo la trayectoria profesional de los exgenerales británicos hacia los consejos de administración deja de ser una transferencia de experiencia y se convierte en un conflicto de intereses institucionalizado?

Esto sucede en medio de lo que el banco denomina una “nueva era de inversión en defensa”, mientras los Estados miembros de la OTAN aumentan su gasto militar y las restricciones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) sobre la financiación del armamento se relajan silenciosamente.

Es un momento de auge para el complejo militar-industrial, hasta el punto de que los generales se convierten en banqueros.

Solo falta el primer general inversor en criptomonedas.

Durante su mandato, Sanders supervisó estrategias de adquisición y asociaciones industriales por valor de miles de millones.

Las fronteras entre su servicio público anterior y sus nuevos intereses privados son, como mínimo, borrosas.

¿Su conocimiento interno de las prioridades del Ministerio de Defensa otorgará ahora a Santander una posición privilegiada en el creciente mercado de crédito de defensa?

Nuestras investigaciones muestran que el 86 % de los altos cargos de defensa británicos pasan al sector privado dentro de los dos años siguientes el fin de su cargo.

Algunos se incorporan a fabricantes, otros a consultorías y, cada vez más, a instituciones financieras ansiosas por financiar la industria de la guerra.

Cuando quienes diseñaban la política de defensa ahora se benefician de su expansión, la confianza pública se erosiona inevitablemente. El caso de Sanders sugiere una puerta giratoria tan amplia que se ha convertido en un pasillo, a través del cual la influencia fluye en ambos sentidos: los bancos obtienen prestigio y acceso; los generales, sueldos y posición; y la línea que separa la seguridad nacional del beneficio empresarial se difumina.

El general Sir Nick Carter, predecesor de Sanders como jefe del Estado Mayor, ahora asesora a empresas armamentísticas israelíes a través de Exigent Capital, una firma financiera con sede en Jerusalén.

Ben Wallace, exsecretario de Defensa de los gobiernos conservadores de Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Shunak, es ahora consultor en el sector de seguridad saudí [se incorporó a la empresa de relaciones públicas CTRD. Antes de dedicarse a la política, fue capitán del regimiento de élite de la Guardia Escocesa, NdT].
Tales transiciones se han vuelto rutinarias, casi inadvertidas.
Pero también puede ocurrir lo contrario: cuando las instituciones financieras se apoyan en exlíderes militares para guiar sus carteras de defensa, corren el riesgo de importar un sesgo; una visión del mundo que considera que la expansión militar es inevitable y beneficiosa.
Eso puede ser rentable para los accionistas, pero es poco saludable para la supervisión democrática.
Pero el historial de ACOBA no inspira confianza: no tiene poderes coercitivos, sus directrices son a menudo ignoradas y sus deliberaciones son opacas.

En la práctica, el sistema británico confía en el honor personal y la apatía pública para controlar los conflictos de interés en los niveles más altos del poder.
Ninguno de los dos ha demostrado ser fiable.
El establecimiento de defensa, la industria armamentística y ahora las instituciones financieras están cada vez más entrelazados en una red de conveniencia mutua.

Como declaró un banquero: Pero, ¿seguridad para quién?

Para muchos civiles en Gaza, Yemen o Ucrania, la industria armamentística financiada por Gran Bretaña ha significado destrucción, no protección.
Pero revela cómo las fronteras entre servicio público y beneficio privado se están diluyendo a plena vista.
Cuando el liderazgo militar se convierte en un trampolín hacia la influencia empresarial, la autoridad moral de las fuerzas armadas, ya en entredicho, corre el riesgo de verse aún más erosionada.
Ampliar los poderes de ACOBA y exigir una transparencia total de quienes obtienen beneficios de sus antiguos cargos públicos.
¿debemos presentarlos como exgenerales… o como lobbistas financieros?

Sin embargo, detrás de este nombramiento se esconde una pregunta que muchos en la clase política británica se resisten a abordar:

Sanders, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército entre 2022 y 2024, ayudará ahora a Santander a ampliar sus préstamos a los fabricantes de armas.

El movimiento de Santander forma parte de una tendencia más amplia: instituciones financieras que antes evitaban el sector de la defensa ahora lo están reetiquetando como un “activo esencial de seguridad”.

Pero que un exjefe del Ejército británico desempeñe un papel en este cambio financiero plantea serias preguntas éticas.

Este nombramiento también encaja en un patrón que AOAV ha documentado durante años: la erosión constante de la distancia entre el establecimiento de defensa del Reino Unido y la industria armamentística.

El problema no es solo de percepción. No es un fenómeno nuevo. Y no debería serlo.

Cuando los arquitectos de la política de defensa británica pasan a asesorar o beneficiarse de aquellos que suministran armas a países acusados de violaciones de derechos humanos, la cuestión no es si es legal, sino si es moralmente aceptable.

Los defensores de estos nombramientos sostienen que estas figuras aportan una visión experta sobre la evaluación de riesgos y adquisiciones.

El caso de Sanders será probablemente revisado por el Comité Asesor sobre Nombramientos en los Negocios (ACOBA), el organismo encargado de examinar estas transiciones.

El traslado de Sanders a Santander pone de relieve un fracaso de gobernanza más profundo: “Apoyar este sector es fundamental para la seguridad de la región.”

La puerta giratoria entre generales y banqueros no es, por sí sola, prueba de mala conducta.

Si el Reino Unido desea preservar la integridad de su política de defensa, debe imponer restricciones más estrictas a los cargos posteriores al servicio,

Hasta que eso ocurra, cada nombramiento de este tipo planteará la misma incómoda pregunta: ¿debemos presentarlos como exgenerales… o como lobbistas financieros?

Viñetas de Robert Murray, Private Eye

La lenta erosión en Gran Bretaña de nuestro derecho a protestar contra la guerra y la atrocidad debería preocuparnos a tod@s

Iain Overton, AOAV, 6 -10 -2025
Traducido por Tlaxcala

El 5 de octubre de 2025, la ministra del Interior laborista Shabana Mahmood anunció que la policía pronto podrá imponer restricciones a las protestas “repetidas”.

Los agentes recibirán nuevos poderes para evaluar el “impacto acumulativo” de las manifestaciones celebradas en el mismo lugar y, si lo consideran necesario, podrán ordenar a los organizadores moverse, acortar la duración del evento o reducir el número de participantes.

Es una reacción impulsiva.
La medida sigue a casi 500 arrestos en una protesta en Londres el día anterior, la mayoría por mostrar apoyo al grupo ahora prohibido Palestine Action.

Ella Baron, The Guardian

Mahmood insiste en que “no es una prohibición, sino restricciones y condiciones”.
Pero en realidad, es otro giro de tuerca en una erosión que lleva décadas debilitando el derecho británico a protestar contra la guerra y la atrocidad.

El razonamiento es conocido.
Los ministros afirman que las protestas repetidas pueden hacer que las comunidades judías se sientan “inseguras”, tras el asesinato de dos hombres frente a una sinagoga en Manchester (uno por el atacante, otro por disparos policiales).
Nadie cuestiona la gravedad del crimen ni la necesidad de luchar contra el antisemitismo.
Pero esta política se suma a un patrón legislativo que, durante veinticinco años, ha hecho cada vez más difícil disentir públicamente de las guerras.

El derecho a protestar no ha sido revocado, ha sido erosionado lentamente – de forma limpia, burocrática, casi imperceptible.

Todo comenzó con la Ley de Terrorismo de 2000, aprobada por el gobierno laborista de Tony Blair antes del 11 de septiembre, pero ampliada después.
Otorgaba a la policía poder para detener y registrar sin sospecha previa en zonas designadas.
Concebida para el antiterrorismo, pronto se utilizó contra manifestantes pacifistas.
En 2005, Walter Wolfgang, delegado laborista de 82 años, fue expulsado de la conferencia del partido por interrumpir al ministro de Exteriores sobre Irak y detenido bajo esa ley.
Su “delito”: disentir.

Ese mismo año, otra incisión: la Ley de Delincuencia Organizada y Policía de 2005, que prohibía protestas no autorizadas en un radio de un kilómetro del Parlamento.
Apuntaba directamente a Brian Haw, el manifestante anti-guerra cuyo campamento en Parliament Square incomodaba al gobierno.
Desde entonces, incluso leer los nombres de soldados caídos sin permiso se convirtió en delito.

En 2010, el gobierno de coalición prometió revertir esos excesos.
La Ley de Reforma Policial y Responsabilidad Social de 2011 derogó la zona de exclusión,
pero simultáneamente prohibió tiendas de campaña, sacos de dormir y megáfonos en Parliament Square.
Las vigilias prolongadas quedaron imposibilitadas.
Lo que la ley daba con una mano, lo quitaba con la otra.

En años posteriores surgieron amenazas más sutiles.
En 2015, las propuestas de Órdenes de Disrupción del Extremismo habrían permitido prohibir a individuos acusados de promover “extremismo no violento”.
Mientras tanto, se expandía la vigilancia policial: bases de datos de “extremistas domésticos” incluían ecologistas y pacifistas; agentes infiltraban grupos anti-guerra.

En la década de 2020, la erosión volvió a ser legislativa.
La Ley de Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales de 2022 redefinió la protesta como una posible molestia, ampliando la discrecionalidad policial para restringir cualquier reunión, incluso una protesta solitaria, si causaba “malestar serio” o “más que una interrupción menor”.
El ruido pasó a ser motivo de arresto.

En 2023, la Ley de Orden Público añadió nuevos delitos:
“encadenarse” a edificios, cavar túneles para bloquear obras, o incluso portar herramientas que lo permitieran.
También creó las Órdenes de Prevención de Disrupción Grave, que pueden prohibir a ciertas personas asistir a protestas o promoverlas en redes sociales.

En julio de 2025, la exministra Yvette Cooper utilizó poderes antiterroristas para proscribir Palestine Action, un grupo no violento que apuntaba a fábricas de armas británicas que suministran a Israel.
Una medida sin precedentes: un movimiento pacifista listado junto a organizaciones yihadistas y neonazis.
Desde entonces, más de mil arrestos por simples expresiones de apoyo.
Amnistía Internacional lo calificó de “ataque sin precedentes al derecho a protestar”.
Las Naciones Unidas emitieron una inusual reprimenda.

Y el gobierno continúa.

La nueva doctrina del “impacto acumulativo” amenaza con criminalizar la frecuencia misma.
Una vigilia semanal podría considerarse excesiva.
La ministra promete revisar las leyes “para garantizar que los poderes sean suficientes”.
Una frase ominosa.

Los liberales demócratas advierten: no reducirá el antisemitismo, pero debilitará gravemente la libertad de reunión.
Los poderes creados para una crisis rara vez se abandonan en la siguiente.

El patrón es claro:
cada gobierno hereda las herramientas del anterior y las perfecciona.
Desde Blair hasta Starmer, de las zonas de exclusión a las órdenes de prevención, el resultado es una restricción acumulativa.
El país que una vez acogió una marcha de un millón de personas contra la guerra de Irak se ha convertido en un lugar donde uno puede ser arrestado por leer nombres en voz alta o sostener un cartel.

Los políticos insisten en que se trata de “equilibrio, no represión”.
Pero la democracia no está hecha para ser cómoda.
Requiere fricción, ruido y desacuerdo visible.

Cuando el Estado decide que una protesta es “demasiado frecuente” o “demasiado ruidosa”, ya no modera la disidencia: la administra.
Limita el derecho mismo a ser democrático.

No es una eliminación repentina del derecho, sino una muerte por mil cortes – desangrada por “restricciones y condiciones”, por eufemismos burocráticos que suenan razonables en el momento y lamentables en retrospectiva.

El anuncio de este fin de semana puede parecer una ajuste menor, pero es acumulativo.
Así, aunque protestar siga siendo legal, el espacio para hacerlo se ha reducido con cada nueva ley.

El desbridamiento prolongado de la disidencia política en Gran Bretaña ha sido limpio y silencioso.
Y precisamente por eso debería alarmarnos.

« Inacceptable : pulvériser de la peinture sur des avions militaires -Acceptable : tirer sur des Palestiniens faisant la queue pour de la nourriture » : Jon Farley, un enseignant retraité de 67, a été détenu pendant 6 heures et interrogé par la police antiterroriste de Leeds pour cette pancarte, reproduisant une affiche du magazine satirique Private Eye.