Johanna Sydow y Nsama Chikwanka, Project Syndicate, 5-12-2025
Traducido
por Tlaxcala
Johanna Sydow dirige la División de Política Ambiental Internacional de la Fundación Heinrich Böll (Alemania).
Nsama Chikwanka es director nacional de Publish What You Pay Zambia.
A medida que los gobiernos debilitan las protecciones ambientales para promover nuevos proyectos mineros, la carrera mundial por los minerales críticos está profundizando las divisiones sociales y dañando ecosistemas vitales. Solo un menor consumo y la adopción de normas sólidas y exigibles pueden evitar perjuicios a largo plazo y proteger los derechos humanos fundamentales.
Vista de los restos desmantelados de un campamento ilegal de minería de oro, “Mega 12”, durante una operación policial destinada a destruir maquinaria y equipos ilegales en la selva amazónica, en la región de Madre de Dios, en el sureste del Perú, el 5 de marzo de 2019. — La minería ilegal de oro en la Amazonía ha alcanzado proporciones “epidémicas” en los últimos años, causando daños a bosques vírgenes y a las vías fluviales, y amenazando a las comunidades indígenas. Foto GUADALUPE PARDO / POOL / AFP vía Getty Images
BERLÍN
– El costo ambiental y humano de la extracción de minerales es cada día más
evidente, y más alarmante. Aproximadamente el 60% de las vías fluviales de
Ghana están hoy fuertemente contaminadas debido a la minería de oro en las
riberas de los ríos. En Perú, muchas comunidades han perdido el acceso al agua
potable después de que se debilitaran las protecciones ambientales y se
suspendieran los controles regulatorios para facilitar nuevos proyectos
mineros, contaminando incluso el río Rímac, que abastece a la capital, Lima.
Estas
crisis ambientales se ven agravadas por el aumento de la desigualdad y las
divisiones sociales en muchos países dependientes de la minería. El Atlas
Global de Justicia Ambiental ha documentado más de 900 conflictos relacionados
con la minería en todo el mundo, de los cuales alrededor del 85% implican el
uso o la contaminación de ríos, lagos y aguas subterráneas. En este contexto,
las principales economías están remodelando rápidamente la geopolítica de los
recursos. USA, mientras intenta estabilizar la economía mundial basada en los
combustibles fósiles, también se apresura a asegurar los minerales necesarios
para vehículos eléctricos, energías renovables, sistemas de armas,
infraestructura digital y construcción, a menudo mediante coerción y tácticas
agresivas de negociación. En su intento de reducir la dependencia de China, que
domina el procesamiento de elementos de tierras raras, se están dejando de lado
cada vez más las consideraciones ambientales y humanitarias. Arabia Saudí
también busca posicionarse como una potencia emergente en el sector de los
minerales como parte de sus esfuerzos por diversificarse más allá del petróleo,
forjando nuevas alianzas —incluida una con USA— y organizando una destacada
conferencia minera. Al mismo tiempo, el Reino está socavando activamente los
avances en otros foros multilaterales, como la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en Brasil (COP30) y las negociaciones preliminares
de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA7).
En
Europa, los grupos industriales están presionando para lograr una mayor
desregulación, mientras que empresas de combustibles fósiles como ExxonMobil,
TotalEnergies y Siemens utilizan tácticas engañosas para debilitar los
mecanismos recientemente establecidos destinados a proteger los derechos de las
comunidades en las regiones productoras de recursos. Debería preocuparnos que
las empresas y países responsables del calentamiento global, la degradación
ambiental y los abusos contra los derechos humanos busquen ahora dominar el
sector de los minerales. Permitirles hacerlo pondría en riesgo a toda la
humanidad, no solo a las poblaciones vulnerables.
Los
gobiernos no deben permanecer pasivos. Deben recuperar la responsabilidad de
orientar el principal motor de la expansión minera: la demanda. Reducir el
consumo de materiales, especialmente en los países desarrollados, sigue siendo
la manera más eficaz de proteger los ecosistemas vitales y prevenir los daños a
largo plazo que inevitablemente causa la extracción.
Sin
embargo, pese a la abrumadora evidencia de que incrementar la extracción de
recursos amenaza el suministro de agua y la seguridad pública, los gobiernos de
todo el mundo están debilitando las protecciones ambientales para atraer
inversiones extranjeras, poniendo así en peligro los mismos ecosistemas que
sostienen toda la vida en la Tierra. Desde una perspectiva económica, este
enfoque es profundamente miope.
De
hecho, investigaciones recientes muestran que las prácticas responsables no
solo son moralmente correctas, sino también económicamente acertadas. Un nuevo
informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, basado en cinco
años de datos de 235 multinacionales, revela que las empresas que fortalecen su
historial en materia de derechos humanos tienden a rendir mejor a largo plazo.
Por lo tanto, los gobiernos deberían desconfiar de las afirmaciones de la
industria según las cuales la rentabilidad requiere eliminar regulaciones
ambientales o ignorar los derechos humanos. Cuando las personas no pueden
confiar en que sus líderes políticos protegerán sus derechos, es muy probable
que se resistan, y el conflicto social resultante hace que las inversiones se
debiliten. La reacción contra el proyecto de extracción de litio Jadar de Rio
Tinto en Serbia es un ejemplo revelador. Muchos serbios creían que su gobierno
estaba anteponiendo los intereses corporativos al impulsar un proyecto que no
cumplía ni siquiera con los estándares básicos de sostenibilidad. La protesta
pública detuvo el desarrollo y dejó a la empresa frente a pérdidas
significativas.
Solo
marcos jurídicos sólidos, respaldados por una aplicación efectiva, pueden crear
las condiciones para un desarrollo estable y respetuoso de los derechos. Esto
significa proteger los derechos de los pueblos indígenas; garantizar el
consentimiento libre, previo e informado de todas las comunidades afectadas;
proteger los recursos hídricos; llevar a cabo una planificación espacial que
incluya zonas vedadas a la minería; y realizar evaluaciones sociales y
ambientales independientes, participativas y transparentes.
Dadas
las crecientes tensiones geopolíticas, los foros multilaterales como la COP y
la UNEA siguen siendo esenciales para contrarrestar la fragmentación global y
avanzar en soluciones compartidas. Los países ricos en minerales deberían
colaborar para elevar sus estándares ambientales, del mismo modo que los países
productores de petróleo influyen conjuntamente en los precios globales. A
través de la acción colectiva, pueden evitar una carrera destructiva hacia el
abismo y garantizar que las comunidades locales —particularmente los pueblos
indígenas y otros titulares de derechos— sean escuchadas.
En
un momento en que el agua potable es cada vez más escasa, los glaciares se
derriten y la agricultura está cada vez más amenazada, la acción internacional
coordinada ya no es opcional. La resolución presentada por Colombia y Omán para
la UNEA de diciembre, que pide un tratado vinculante sobre minerales,
representa un paso importante hacia normas globales más justas. Iniciada por
Colombia y copatrocinada por países como Zambia, que comprenden demasiado bien
los costos de las industrias extractivas, la propuesta pide cooperación en toda
la cadena de producción mineral para reducir el daño ambiental y proteger los
derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas. Al asignar
responsabilidades a los países consumidores de recursos, busca garantizar que
la carga de la reforma no recaiga exclusivamente sobre las economías
productoras de minerales. Además, aborda los peligros planteados por los diques
de colas y otros residuos mineros, que han provocado fallas devastadoras y
cientos de muertes.
En
conjunto, estas medidas ofrecen una oportunidad excepcional para comenzar a
corregir las desigualdades que han caracterizado la extracción mineral durante
tanto tiempo. Todos los países —especialmente aquellos productores de minerales
que históricamente han sido excluidos de la mesa de negociación— deberían
aprovechar este momento. La UNEA7 ofrece una ventana para lograr justicia en
materia de recursos.
