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05/03/2025

LUIS E. SABINI FERNÁNDEZ
Uruguay- Los trajines de Neptuno Arazatí: ¿Refrendar o no refrendar?
That’s the question

Luis E. Sabini Fernández, 5-3-2025

El gobierno del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou que cesó sus funciones formal y plenamente el 1º. de marzo 2025 no alcanzó a consumar un contrato con la u.t.e., unión transitoria de empresas compuesta por SACEEM, FAST, Berkes y CIEMSA, durante lo que denominaré su período de mandato pleno. Contra todos los prejuicios, presupuestos y presuntas garantías que teníamos la mejor agua  del mundo,[1] en 2023, una sequía (que ni siquiera fue históricamente la peor), dejó a casi todo el país sometido a tener que consumir agua “bebible” ya que no potable.

Nadie quiso comprobar públicamente si este destrato a la población, a la sociedad, por la crisis de abastecimiento de OSE, por falta de agua potable, estaba relacionado con una disposición reciente que legalizara la toma de nuestra  agua de consumo público por parte de centenares de productores dedicados a la agricultora  industrial (de soja transgénica y otros productos rentables mediante uso ingente de agrotóxicos).

El cimbronazo ha sido fuerte. Y así como algunos reflotaron la dejada a un lado represa en Casupá, otros reforzaron la idea del negocio de proveer agua a la población desde… el río de la Plata. Como la idea no era exactamente ideal, la u.t.e.  procuró hacerla aceptable, tragable, potable o al menos bebible, mediante la creación de un lago artificial de agua dulce que compensase el carácter semisalino del Río de la Plata (como sabemos, nuestro río al sur −que no es técnicamente un río sino un estuario− tiene, por su propia estructura, agua dulce o agua salada, dependiendo de las corrientes, a veces desde ríos arriba, a veces desde el océano Atlántico).

La misma idea del lago suplente es enrevesada. Ignorando hasta lo más craso en materia de ingeniería acuática, se lo quiso llamar pólder (por el lustre de la ingeniería holandesa en el rubro, aunque se trata de una masa de agua que cumpliría exactamente lo opuesto de un pólder). Primero se lo imaginó “flotante” en el medio del estuario; luego se lo proyectó en tierra, cerca de la costa platense –denotando tanteos e ignorancias−, robando escasas tierras (Uruguay no es Argentina o Brasil), valiosas para la agricultura, la apicultura o la granja).[2]

Esa u.t.e. encontró que la crisis abonaba su proyecto. Estábamos en 2023, agosto, poco más de un año atrás, y evidentemente, pese a la aquiescencia del gobierno de Lacalle con el proyecto, con su política de apostar a los malla oro −de los cuales Alejandro Ruibal, el namberuán de SACEEM es sin duda modelo ejemplar− no se llegó a tiempo para firmar contrato dentro de lo que designé “mandato pleno” del gobierno de Lacalle.

Con las elecciones de octubre de 2024, advino un nuevo gobierno frenteamplista. Entonces se inició ese anómalo período que en Uruguay es increíblemente largo (hasta casi 5 meses) en que sigue gobernando el que pierde las elecciones.[3]

El gobierno saliente tiene todas las potestades para rematar, terminar proyectos de su período. Pero resulta políticamente inaceptable inaugurar políticas en ese interregno. Lacalle firmó el contrato con la sociedad anónima que la u.t.e. que ya sabemos constituyó, denominada consorcio Aguas de Montevideo[4] en ese cuestionable lapso.

Ha sido tan poco clara, incluso poco democrática, esta superposición de funciones; un  tamaño negocio cerrado por un gobierno que ya no está en funciones plenas, que hasta un hiperconservador comunicador como Emiliano Cotelo advirtió la beligerancia de Lacalle cerrando el trato en este curioso “limbo gubernamental” (que al parecer los países procuran estrechar, salvo Uruguay).

El 23 ene 2025 se firmó el contrato por Arazatí. Así lo anunció el diario argentino Ámbito financiero: “Las 5 claves del cuestionado proyecto. El Poder Ejecutivo avanzó con la firma del contrato a través de OSE con el consorcio Aguas de Montevideo, pese a los cuestionamientos desde el gobierno entrante. El contrato fue firmado entre OSE e Infraestructura Arazatí S. A.”.[5]

Es una firma peculiar. No soy jurista Desconozco los aspectos procedimentales. Pero me llama la atención: todo un proyecto nacional que embreta al país en casi mil millones de dólares aparece firmado por la u.t.e por un lado, presentada como flamante sociedad anónima y por el otro, OSE. ¿Ni siquiera el P. E. N.?

Se abren hipótesis: ¿atropellada y despedida pícara de LLP o gambito frenteamplista cediendo la firma “al otro”? La invocación de Orsi a ”un orden basado en reglas” que Biden nos ha mostrado hasta el hartazgo que sirve proteger a los privilegiados del planeta, no ayuda…

Nahir Curbelo, ambientalista y vocera que iba a entregar una carta al actual gobierno y al entrante en representación de unas 150 organizaciones o redes ambientalistas y de cuidado de la salud, comentó que en dicha reunión estuvo un representante de Aguas de Montevideo. Y dijo: “Nos sorprendió. Nosotros habíamos avisado que íbamos a entregar esta carta y surge esa reunión muy rápidamente. No esperábamos que la empresa estuviese presente, ya que no corresponde. Se supone que están haciendo una transición entre dos gobiernos, y una empresa no tiene nada que hacer en ese encuentro”.[6]

Hay un viejo dicho, sabio: “Dime qué no puedes criticar y te diré dónde está el poder”. Podemos agregar un corolario: “Dime quien está presente sin que le corresponda y te diré quién tiene el poder”.

Los firmantes de la carta advierten que en el trámite para aceptar o rechazar el proyecto de hacernos tomar agua del Río de la Plata se ha dejado de lado la salud. “Debería haber estado el Ministerio de Salud Pública”.[7]

Difícil que un gobierno para mallas oro pueda atender las necesidades de la población en general ni de nuestra sociedad, que no es una corte del rey Midas. Un gobierno donde contadores ejercen el ministerio que tendría que atender lo ambiental, nos da la impresión que siempre va a ser más “sensible” a “las cuentas” que a la maltrecha naturaleza.

Pero me atrevo a hacer un comentario a los Ruibal, a los Bouvier, a los Lacalle, que incluye a los Orsi: somos cada vez más los que vemos el camino sin salida de los negocios sin fin, de las rentabilidades que prosperan en los puros dividendos en desmedro de nuestro hábitat.

La versión grotesca del negocio la tenemos con los hermanos Milei, al otro lado del río. Otra versión igualmente grotesca, la tenemos aquí, entrecasa, con vacas numéricas, caravanas, y muchas macanas. 

Pero el lucro “legal”, la privatización de tierras de grandes extensiones, la privatización de nuestras aguas territoriales, también nos está matando.

 

Notas

[1]  La ministra Eneida de León (21 feb. 2016) llegó a presumir que Uruguay tenía agua potable de calidad superior a la de Suecia. http://www.espectador.com/sociedad/331588/eneida-de-leon-la-ministra-de-vivienda-que-devino-en-ministra-del-agua .

[2]  Falta nomás que algunos creativos procuren establecerlo en el aire, ahora con tanto proyecto muskiano, planetario e interplanetario, con tanto arribo a la luna, con tanto dron danto vueltas.

[3]  En Argentina, el período entre comicios y cambio de mando varía entre mes y mes y medio, dependiendo de que haya balotaje o no; en EE.UU., es también de alrededor de un mes; en Suecia, apenas de dos semanas.

[4]  Una designación que refuerza la vieja y bien criticada macrocefalia capitalina. Esa designación es geográficamente incorrecta, por cuanto la regulación del agua potable desde Aguas Corrientes y OSE sobrepasa con mucho a Montevideo y a los montevideanos.

[5]  Buenos Aires, 25 ene 2025.

09/01/2025

LUIS E. SABINI FERNÁNDEZ
¿Quién decide acerca del agua potable de Uruguay?
Elemental Watson

Luis E. Sabini Fernández, 9-1-2025
Todo período democrático de gobierno –el establecido entre elecciones para votar (gobierno, precisamente) puede y debe dividirse, o particionarse, entre el tiempo en que el gobierno de turno tiene el futuro abierto y el período en que mantiene las funciones pero ya ha sobrevenido sucesor, es decir luego de realizado el acto eleccionario para el nuevo período de gobierno.
Normalmente, el primer período es el más largo y el que se puede considerar propiamente de gobierno y en el ritmo uruguayo actual excede largamente los cuatro años y medio. El segundo tramo o período, es el que ejerce el gobierno –que se puede designar como “de salida”− cuando ya se han realizado las elecciones y se mantiene en funciones hasta el “cambio de mando”.
En Uruguay, con cierta lentitud que algunos confunden con aplomo, se trata de unos cuatro o cinco meses.  Casi medio año. En otros países, la transición es, con lógica, más rápida; en Argentina, no llega a dos meses y en algunos casos, mediando balotaje, apenas pocas semanas; en Suecia, el gabinete se reconstituye tras elecciones, cada tres años,  en cuestión de semanas; en EE.UU. −lo estamos viendo−, ese período es de unos dos meses.
Lo de Uruguay, no será por la vastedad del territorio y menos todavía por su envergadura poblacional…
Si en el período principal es el gobierno el responsable de las decisiones, de sus decisiones, en el período que designamos como “de salida”, la responsabilidad de gobierno cambia de carácter, sobre todo si el gobierno recién elegido no es continuación del vigente.
Cuando un gobierno se encuentra en período de salida, es comprensible que siga ejerciendo el gobierno sobre las actuaciones en curso, las aprobadas. Pero es totalmente nocivo, tóxico,  que en ese periodo inaugure proyectos a largo plazo condicionando al gobierno que ya está elegido. Proyectos que insuman años, incluso sobrepasando el período de gobierno que está por asumir, deberían contar con la mayor sustentación…
Si un gobierno, en su período de salida ejerce semejante conducta, por ejemplo, suscribe acuerdos que ya no atenderá y que obligará a atender al siguiente, se puede calificar como un acto de casi usurpación o al menos de abuso –político, institucional−. Como un “golpecillo de estado”, hecho con la picardía que nos es lamentablemente tan −diríamos− constitutiva.
El caso “Neptuno”, antes denominado Arazatí, es un buen ejemplo.

Frente a la crisis del agua de 2023, más rápido que corriendo, una U.T.E. [unión transitoria de empresas] armó un proyecto para proveer de agua a Montevideo y a los uruguayos en general recurriendo a una fuente absolutamente contaminada, ajena a todo tipo de limpieza más o menos natural. Apostando exclusivamente a depurar, filtrar la montaña de detritus que el estuario platense contiene como receptáculo de las corrientes interiores de América del Sur de la cuenca Paraná-Uruguay (la segunda mayor del continente, detrás de la amazónica). Se trata de corrientes, de ríos, absolutamente “tomados” por la agroindustria basada en contaminantes. Como, además, el estuario recibe también agua en sentido contrario, desde el Atlántico, amén de las “agrocontaminaciones”, contiene una salinidad inaceptable para toda potabilización (encima de una carga de contaminantes que los océanos han ido acumulando a causa de la relación que el homo economicus ha ido estructurando con la naturaleza).  
El “remedio” ante este otro obstáculo ha sido presentar un lago suplente, ocupando una buena tajada de terreno cercano a la costa, despojando una vez más tierra arable y apta para actividades pecuarias, como la fruticultura, la agricultura, las crías granjeras o la apicultura, o la ganadería lechera o cárnica. En un país que es un paisito.  Donde no sobra tierra. Un lago artificial   que técnicos de diversas disciplinas ya han adelantado tendrá todos los inconvenientes del agua estancada; algas tóxicas, cianobacterias…

 

Ventajoso proyecto empresarial, que le permitiría embolsar a la U.T.E. varios centenares de millones de dólares en unos años de pingües ganancias.

 

No se puede menospreciar la capacidad empresarial de inventarse tareas. Pero no es eso lo que necesita la sociedad uruguaya, como muchos informes técnicos ya lo han ido señalando.

Uno, brindado a los gobernantes recién elegidos en forma de “Carta abierta” por más de una veintena de investigadores y docentes de cátedras de salud, cuidado ambiental y sanitario; −la “craneoteca” con que cuenta el país en estos aspectos− cuestiona claramente el proyecto. Normalmente, cualquier gobierno tomaría en cuenta semejante dictamen en lugar de aceptar una propuesta empresaria que sabemos movida por el lucro y no por la salud ambiental. 

Clique para leer la carta abierta

 Que el gobierno saliente, el señor Luis Lacalle Pou, se embandere con semejante oportunidad empresaria revela sus preferencias, una opción ideológica en suma.
En el documento presentado por los investigadores se señala, por ejemplo, una dificultad (diríamos al ritmo de nuestro inolvidable Bartolomé Hidalgo): “la necesidad de implementar procesos de potabilización complejos, actualmente no disponibles en nuestro país, muy costosos y que conllevan riesgos concretos para la salud pública”.

Otro pasaje de la Carta abierta atiende la cuestión de la materia fecal en el estuario platense: “A la contaminación por materia orgánica actual, se suma el aporte del nuevo emisario subacuático de la cuenca del Riachuelo Matanza de Buenos Aires, que colectará efluentes […] de más de 4 millones de personas, adentrándose 12 km en el Río de la Plata. Este emisario se encuentra en las etapas finales de su construcción.  

Como lo afirmó Alem García, presidente de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP): ‘es una necesidad imperiosa’ que Uruguay realice un monitoreo de las aguas del Río de la Plata luego que el emisor comience a funcionar. El incremento de contaminación fecal en el Río de la Plata (que ya es alta) exigirá tratamientos de cloración más importantes. Esto, sumado a la presencia de materia orgánica en el estuario, aumenta el riesgo de formación de sustancias de reconocida toxicidad.”
Remitimos al lector curioso a la lectura de toda la Carta Abierta y a incursionar en las observaciones que han planteado diversos vecinos y referentes de la sociedad civil de la zona del proyecto (Arazatí, Ecilda Paullier, Rafael Perazza).
El episodio nos está mostrando la ligereza con que se toman decisiones de enorme trascendencia basadas en argumentos que empresas no desinteresadamente formulan.
Somos un país que nos tragamos una gasificadora que no anduvo, un aerocarril que se hundía en el mar entre la isla de las Gaviotas y la costa montevideana, un proyecto celulósico que definieron otros…  como aceptando sin reflexión cualquier “volada”. Y si “nos salvamos” del proyecto Aratirí, de extracción de hierro, no fue por nuestra capacidad de resistencia, sino porque la empresa Zamin Ferrous, que lo patrocinaba,  lo desechó por escasa rentabilidad.
¿Vamos a seguir las iniciativas provengan de donde provengan, aceptando temperamentos, intereses, proyectos ajenos?
Notas
  1 - Sin ir más lejos, la presencia urbi et orbi de microplásticos, ya actuantes en los órganos de peces, en sus suculentas carnes, en los crustáceos y en la leche materna humana, por ejemplo.
   2 - Pólder, invocan sus “inventores”.  Solo que el original holandés se aplica exactamente al revés: terreno ganado al mar y convertido a la agricultura y aquí se lo quitamos a la agricultura para llenarlo de agua.