Cristina Martínez , 1-3-2023
La vida de Mohamed Lamine Haddi pende de un hilo. Hoy, día 1 de marzo, y mañana, día 2, está protagonizando una huelga de advertencia para que le atienda un médico. Está muy débil.
¿Qué pueden hacer -en este caso, Haddi- y el resto de presos políticos para recibir asistencia médica? Pedir ayuda, llamar la atención. Estas huelgas, que administrativamente van dirigidas al director de la cárcel, en realidad son una petición de socorro para la comunidad internacional. Que el mundo sepa lo que les están haciendo, en pleno siglo XXI, en que los derechos humanos están consagrados en todos los tratados, países e instituciones.
Esos derechos humanos que se defienden selectivamente, según el país donde se incumplan; tanto presupuesto gastado en instituciones como las Naciones Unidas, que tienen las herramientas para desmontar una ocupación; una Cruz Roja Internacional que no visita a estos presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes. Cárceles lejísimos de su tierra, en las que no tendrían que estar, primero porque son inocentes, y segundo porque así lo dice la IV Convención de Ginebra “Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado y, si son condenadas, deberán cumplir allí su castigo”. Claro que también dice este artículo 76 que los condenados “recibirán la asistencia médica que su estado de salud requiera”. Es de cajón. Pero molestarse en reflejar este derecho en un artículo, para que nadie se moleste en su vigilancia es una tomadura de pelo. Da igual todo. Mareamos la perdiz, firmamos muchos convenios que son papel mojado porque no se cumplen. Y así creemos que avanza la sociedad.
Ya sabemos que el ministro Albares no va a hacer nada. Le venimos pidiendo que interceda desde el inicio de su mandato, pero se ve que la cosa no va con él. El Sahara Occidental solo es moneda de cambio, no una colonia por cuya entrega ilegal España sigue teniendo responsabilidades políticas y morales.
Hay más instituciones. El Parlamento español, el Parlamento Europeo, los distintos parlamentos de todo el mundo tienen que pronunciarse y salvar la vida de estos presos. Los representantes del pueblo no tienen por qué seguir las líneas de los ejecutivos, a veces alejadas del derecho internacional.
Da vértigo saber que Haddi, a pesar del infierno de sus huelgas anteriores, las más largas y recientes de 69 y 63 días, piensa seguir protagonizando nuevas huelgas. Primero de advertencia, como hoy y mañana, después indefinidas por desnutrición y malos tratos.
