Los Humedales Disertaciones del Crepúsculo de Armando Palau Aldana

Armando Palau Aldana, 2-2-2025

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Los humedales son cuerpos superficiales de agua, como ciénagas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, naturales o artificiales, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Son reguladores de los regímenes hidrológicos y hábitat de exótica fauna y flora, especialmente de aves acuáticas y recursos naturales hidrobiológicos (Peces, Moluscos, Crustáceos, Algas, Corales).

Los humedales son bienes de uso público según nuestro Código Civil (1873), así lo reconocen las Cortes Constitucional y Suprema, como el Consejo de estado. Aunque hoy solo representan el 6% de la superficie terrestre, han sido reconocidos por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional de Ramsar (Irán, 1971), como hábitat de aves Acuáticas migratorias, como sumideros de carbono, bondades piscícolas, agrícolas y prevención de desastres.

El Valle Geográfico del río Cauca, comprendía una extensión de más de 15.200 hectáreas en 1950 (Restrepo y Naranjo), reduciéndose a un poco más de 2.500 hectáreas en 2020 (Calidris y Audubon), como consecuencia del crecimiento del monocultivo de la caña de azúcar durante las últimas 7 décadas, ingenios azucareros que arrasaron madreviejas, ciénagas, lagunas y zonas inundables, dejando solo una sexta parte de este sistema lacustre con la complicidad de CVC.

En Cali la autoridad ambiental en estas 3 décadas de funcionamiento ha demostrado su precaria y corrupta gestión, publicando en la prensa regional (El País, 2025), que la Sucursal del Cielo solo posee 7 ríos (Cauca, Cali, Aguacatal, Cañaveralejo, Melendez, Lili y Pance), invisibilizando los ríos Pichinde, Felidia y Jamundi (registrados en cartografía CVC y Planeación Cali), adulterando el origen de El Pondaje y Charco Azul, con la Laguna de Aguablanca (desecada por los cañicultores).

El Dagma desconoce el Humedal El Cortijo (albergado por el relicto de Bosque Seco Tropical con mayor biodiversidad en Cali), protegido gracias a una orden judicial que logramos en acción popular ante el Consejo de Estado, mostrando que los humedales situados en barrios de estratos altos y reductos de la casta blanca (5 y 6) tienen los mejores Planes de Manejo Ambiental, mientras que los de los estratos bajos (1, 2, 3 y 4), están abandonados a su suerte y sufren procesos de invasión.

Igualmente ocurre con las zonas verdes y parques de esos estratos altos en Cali, que son mejor preservados, mostrando la inaceptable tendencia hacia la elitización de la gestión ambiental, hoy en manos de un designado por el Alcalde Eder como Director del Dagma, un hermano de uno de los Presidentes de Asocaña. El rapto de 8 humedales lénticos por la elite del Club Campestre, que robó 1 millón de mts2 indica que “los ricos también invaden con patente de corso”.

Por ello desde la perspectiva ambiental y con ocasión del día de los humedales, vale la pena indagar sobre el trámite de revocatoria del mandado al alcalde Eder, pues no ha cumplido su propuesta de gobierno de “Sostenibilidad- Protección de Activos y Recursos Naturales”, tampoco “Finanzas Públicas, Buen Gobierno y Lucha Contra la Corrupción”, pues avaló una espuria devolución de 2.200 millones de impuesto predial y complementarios al mismo Club del que es socio.

Les dedicamos “Garufa” (1927), el tango de Collazo, Soliño y Fontaina, que dice: “Del barrio La Mondiola sos el más rana / y te llaman Garufa por lo bacán; / tenés más pretensiones que bataclana / que hubiera hecho suceso con un gotán. / Durante la semana, meta laburo, / y el sábado a la noche sos un doctor: / te encajás las polainas y el cuello duro / y te venís p'al centro de rompedor. / Garufa, / ¡pucha que sos divertido! / Garufa, / ya sos un caso perdido; / tu vieja / dice que sos un bandido / porque supo que te vieron / la otra noche / en el Parque Japonés”.
 

Nota de Tlaxcala

El 2 de febrero de 1971 se firmó en el Convenio sobre los Humedales, a orillas del Mar Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar, la Convención internacional sobre los humedales, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas, principalmente por su función como albergue para especies de avifauna endémicas, y la importancia que adquieren como hábitat temporal de aves migratorias. Por lo anterior es escogido el de 2 febrero para conmemorar el día mundial de los Humedales. Léase también Humedales categoría Ramsar en Colombia

ARMANDO PALAU ALDANA Corte Constitucional y el sendero hacia el racismo estructural Disertaciones del Crepúsculo

Armando Palau Aldana, CIRPA, Cali, 24-11- 2024

La defensa del Parque Natural la emprendieron al comienzo de los años 80: biólogos marinos (adscritos al programa de biología de la Universidad de Valle que rondaba su primera década), buzos como Gonzalo Concha y defensoras de derechos humanos como Cecilia Castillo de Robledo, entre otros, y lo lograron en diciembre de 1983 cuando el entonces Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables (Inderena) lo declaró como Parque Nacional y se inició el camino para el cierre de la denigrante prisión que se clausuro en 1984.

La lucha contra el licenciamiento para construir las obras militares (radar, muelle y hangares) en la licenciada Estación Guardacostas (31 diciembre 2015), ha sido un indeclinable propósito de la bicentenaria y prestigiosa Academia de Ciencias Exactas Física y Naturales visible con la carta de su Comisión Permanente de Áreas Protegidas a la entonces Directora de la Autoridad de Licencias (mayo 2017), luego se sumaría el Comité Técnico Científico del Parque Nacional Natural Gorgona con su misiva protesta al Presidente Santos por esas calendas.

Nosotros arribamos a esta causa hace solo dos años (noviembre 2022), cuando solicitamos audiencia pública a la mencionada Autoridad Nacional de Licencias (Anla), que ha sido deliberada y sistemáticamente denegada por el subalterno Director (Rodrigo Negrete M) quien fuera el Jurídico de María Susana Muhamad G. en sus tiempos como Secretaria de Ambiente siendo Petro Alcalde de Bogotá, lo cual confirma la negación de participación ciudadana por parte de la vocera ambiental ministerial del gobierno que pregona paz con la naturaleza.

El pasado 9 de abril cuando recordábamos el magnicidio de Gaitán (1948) que originó el Bogotazo, dos valientes magistradas del Tribunal Superior de Bogotá decretaron el amparo constitucional a la Consulta Previa de la Comunidad Negra Guapi Abajo y la suspensión de la licencia para las mentadas obras militares, explicando que el territorio étnico deviene de una construcción cultural, con independencia de si las comunidades se encuentran ubicadas geográficamente en esas zonas, lesionado sin análisis técnico, antropológico y cultural comunidades.

Precisaron las Magistradas del Tribunal de Bogotá, que en estos casos de duda sobre un posible detrimento medio ambiental, como puede ser la migración de fauna marina o el derrame de sustancias toxicas en el medio acuático, se legitima la posibilidad de suspender la aplicación de los actos administrativos que representen un peligro a los recursos naturales, haciendo una debida interpretación del Convenio OIT 169 de 1989 y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965).

Sin embargo, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional con ponencia de la magistrada Andrea Meneses (promovida a esa honorable Corporación Judicial por el expresidente Iván Duque), revocó el amparo a la Consulta Previa al Consejo de Comunidades Negras, intrigando que no se aportaron pruebas que permitieran establecer que el proyecto de construcción de la Estación Guardacostas es incompatible y afecta las actividades pesqueras que realiza la comunidad fuera del Parque Gorgona, en donde estas están prohibidas.

Se determinó entonces en Sentencia T-470 que el amparo del derecho a la consulta previa solo podía otorgarse acreditándose la "afectación directa" de la comunidad involucrada mediante el "impacto positivo o negativo” de la licencia para construcción de las obras militares de la Estación Guardacostas sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de la comunidad étnica, diferenciada del Consejo Bajo Tapaje y el Mar suscriptora del Acuerdo de Uso con Parques Nacionales.

Determinó entonces la Sala Séptima de Revisión que no es posible inferir razonablemente la existencia de una afectación directa a la Comunidad Guapi Abajo, desconociendo que además de la pesca, los lancheros guapireños transportan al Parque Isla Gorgona turistas y buzos, además son operadores turísticos que prestan hotelería y gastronomía en el caucano municipio, cuyas gentes tienen interconectividad en los usos de la territorialidad afrodescendiente con chagraunidades de vivienda-río mediante estrategias polifónicas (ICANH).

A partir del reconocimiento que la Corte hizo en sentencia C-169 de 2001 de éstas organizaciones étnicas como acreedores de los derechos del Convenio sobre Consulta Previa, pues constituyen un grupo social que comparte identidad cultural distinta a la sociedad dominante, la T-470 plasmo un retroceso, desconociendo los Acuerdos con Parques Nacionales del Movimiento Social de Comunidades Afro colombianas y los Consejos Comunitarios del Pacífico Colombiano (2002) y con las Organizaciones y Autoridades Étnico Territoriales de los Pueblos Negros del Pacífico (2020) , para decidir sus propias prioridades.

La T-470 de 2024 ignoró las 4 pruebas que aportamos por el Consejo Guapi Abajo y no realizó valoración probatoria e incurrió en defecto fáctico. Documentos probatorios emitidos por: Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales sobre los precarios Estudios de Impacto Ambiental de la Armada; Comité Científico de Gorgona sobre la fauna marina; Instituto Colombiano de Antropología e Historia Nacional (ICAHN) sobre pueblos afrodescendientes; e Ingeniero electricista Luis Carlos Orejarena Morales sobre la contaminación del Radar a la salud.

La Sala Séptima de la Corte ha incurrido en la consolidación del racismo estructural, pues su Sentencia T-470 contiene una limitación al derecho a la Consulta Previa, por tanto, denota un trato que pretende –consciente o inconscientemente– anular los derechos de las Comunidades Negras, trayendo como resultado la violación de sus garantías fundamentales al imponer una restricción que anula y menoscaba el reconocimiento de un tratamiento especial para la protección de sus libertades en las esferas política, económica y cultural.

La T-470 arrasó la jurisprudencia constitucional de inversión de la carga de la prueba en cabeza del licenciatario ambiental y no de las Comunidades, garantía probatoria en los escenarios de discriminación. Desconoció la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Transgredió la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Configuró un hecho de exclusión social revocando la Consulta Previa establecida en el Convenio 169 de 1989 con estatus de Bloque de Constitucionalidad.

El Convenio 169 sobre Consulta Previa ordena a los gobiernos velar por que se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos, sabiendo que por contraposición a la teoría del daño cierto y verificable, la precaución opera sobre el riesgo del desarrollo e impone el principio de precaución transversal al derecho ambiental, sin que sea exigible tener certeza sobre los eventuales daños.

Después de haber logrado el reconocimiento como país pluricultural y pluriétnico por la Constituyente del 91, no puede ser de recibo que una mentalidad político jurídica retardataria nos lleve mediante una sentencia constitucional por los ignominiosos caminos del racismo como discriminación estructural estatal acentuando las diferencias sociales y económicas, provocando desazón en los hombre y mujeres descendientes de la cultura Bantú forjadores de nuestra historia colombiana con un legado ancestral de protección de la Pachamama.

Por si estas ideas pudieran provocar un correccional contra el suscrito, lo reafirmo y expreso en ejercicio constitucional de mi libertad de expresión y conciencia, que me hace tararear el tango Cambalache (Santos Discépolo 1934): “¡Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor!... / ¡Ignorante, sabio o chorro, / generoso o estafador! / ¡Todo es igual! / ¡Nada es mejor! / ¡Lo mismo un burro / que un gran profesor! / No hay aplazaos / ni escalafón, / los inmorales / nos han igualao”.

 

ARMANDO PALAU ALDANADisertaciones del Crepúsculo ¡Salimos a deber los ambientalistas!

Cali, 3 de noviembre de 2024

Culminó la dieciseisava conferencia de los países parte del Convenio sobre la Biodiversidad, que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana del 2 de noviembre (siendo suspendida por falta de quorum). Hagamos un balance previo, esperando los documentos oficiales que emitirá la Secretaria Ejecutiva de la COP16 (Astrid Schomaker), para conocer posteriormente en detalle el alcance de las decisiones accesorias, pues las principales siguen sin concretarse desde la Cumbre Río de Janeiro en 1992.

En efecto, la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en la que se aprobó el Convenio sobre Diversidad Biológica, determinó en su primer artículo como objetivos: la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, un acceso adecuado a ellos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta los “derechos sobre esos recursos y tecnologías”, mediante una financiación apropiada.

O sea, llevan 32 años en la consecución de ese sofisma y pasarán otros tantos y nunca se logrará, sin embargo, una buena parte de letrados y actores de la contratación estatal ambiental, creen que fue un gran logro, pensando que quienes no lo reconocemos y cuestionamos dicha mercantilización de la biodiversidad, somos unos leños atravesados en el camino impidiendo que el crisol del dinero resuelva la vertiginosa degradación de la diversidad biológica, por lo tanto, salimos a deber.

El instituto Humboldt publicó un informe en 2017, afirmando que la biodiversidad colombiana ha mostrado una disminución promedio del 18% (sin precisar el rango de tiempo), siendo la mayor amenaza la pérdida de hábitats naturales, por lo general, relacionada con la agricultura y la ganadería expansiva, degradación que se mimetiza con el hecho de ser nuestra matria primer lugar en especies de aves y orquídeas, segunda en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, tercera en número de especies de palmas y reptiles, y cuarta en mamíferos.

Sin embargo, salimos a deber los ambientalistas, porque seguramente no dejamos durante estas tres décadas que la gamonal gobernadora del Valle del Cauca se hubiera dedicado a hacer los esfuerzos que anunció en la COP16, de lograr una mayor cooperación financiera para proteger nuestro degradado entorno; dirán también que los ambientalistas no permitimos a los cañicultores -a través hoy del alcalde de la Sucursal del Cielo- el viejo deseo de enlucirla y haberle dado matiz ambiental a la feria de Cali.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente le apostó al impulso a la economía hacia la transformación productiva y competitiva basada en la naturaleza y el traslado de parte de los 20 mil millones de dólares anuales prometidos en Montreal (2022) para el financiamiento de la gestión colectiva de territorios marino-costeros, dulceacuícolas y terrestres; pero los pocos ambientalistas estropeamos esta visión rentística al denunciar que la COP16 y sus Mesas de Negocios, son evidencia más de la monetización de la naturaleza.

También seremos los ambientalistas los responsables de que no se haya logrado abandonar desde 1970 la quema de los cañaduzales del valle geográfico del río Cauca, es decir, quienes desde siempre hacemos activismo sobre problemáticas del entorno y sus recursos naturales, que lesionan a todos los seres vivos, generando masa crítica y tratando de lograr opinión pública, pues aunque el Minambiente emitió el pasado abril una resolución sugiriendo parar las quemas agrícolas, le permitió a la CVC excepcionar a los pirómanos 13 ingenios azucareros de Asocaña.

A propósito, Asocaña anunció en plena COP16 que son una agroindustria cada vez más sostenible y que conectaran 890 kilómetros de corredor biodiverso para contribuir a conservar la fauna que se moviliza por el río Cauca y que dejaran de quemar en 5 años cañaduzales, abandonando esta práctica de la que dependen 4 mil corteros; porque somos los ambientalistas quienes hemos desprestigiado desde 1994 ésta altruista causa, acudiendo desde hace 3 décadas al Consejo de Estado en ingentes acciones constitucionales para que se detenga esta contaminante práctica agrícola que daña el agua, el suelo, el aire, el paisaje, la biodiversidad y la salud de la niñez.

Ahora resultaron ambientales los bancos, las cámaras de comercio y las urbanizadoras, solo que los ambientalistas les impedimos demostrarlo, porque coincidimos con el dictamen del indígena Toro Sentado que en 1868 dijo: “Solo cuando el último árbol este muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero", pero aún así salimos a deber, porque no logramos que la Ministra, quien se tornó ambientalista después de haber sido consultora de la Shell Oil Company, revocara la licencia ambiental para construir una base militar en el Parque Natural Isla Gorgona, uno de los biomas más biodiversos del mundo.

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