La pregunta es pertinente.
Otros, mucho antes que nosotros, se la plantearon. Otros siglos, otros pueblos,
pero el mal era el mismo: la autocracia criminal que sojuzga a millones y
millones de ciudadanos. Luis Casado piensa que no responder esta pregunta equivale
a sacarle el culo a la jeringa...
“Cuando vaciles bajo el peso
del dolor, y estén ya secas las fuentes de tu llanto, piensa en el césped que
brilla tras la lluvia; cuando el resplandor del día te exaspere, y llegues a
desear que una noche sin aurora se abata sobre el mundo, piensa en el despertar
de un niño...” (Omar Khayyam - Rubaiyat)
No me gusta llevar flores al
cementerio. Mis muertos los llevo conmigo...
A estas alturas de mi vida la
muerte se transformó en una cuestión filosófica, a ratos poética, con
Baudelaire, quién miraba hacia el otro patio como “la única oportunidad de
salvación y de libertad, así como de romper las fronteras del espacio y del
tiempo” (Baudelaire y la consciencia de la muerte. Marc Eigeldinger, 1968).
Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons
l'ancre !
Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !
...
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel,
qu'importe ?
Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau !
¡Oh Muerte, viejo capitán, ya
es la hora! ¡Levemos el ancla!
Este país nos agobia, ¡Oh
Muerte! ¡Zarpemos!
...
Sumirse al fondo del abismo,
Infierno o Cielo, ¿qué importa?
En el fondo de lo ignorado,
¡para encontrar algo nuevo!
Pero palmarla dejando detrás
un florilegio de criminales, traidores, alcahuetes, oportunistas y vende
patrias que gozan de la impunidad que garantizan el “modelo” y la
institucionalidad legada por la dictadura no es plan.
Los objetivos anunciados por
la progresía nunca fueron más allá de “la medida de lo posible”, noción erigida
en principio cardinal, vital y fundacional de quienes han medrado con el cuento
de la transición y de la gradualidad intrínsecamente gradual que conviene a sus
propios intereses.
Chile se hunde en un lodazal
social e institucional, conserva la constitución de Pinochet-Lagos y se propone
empeorarla gracias a la intervención de un puñado de tinterillos neofascistas
amparados en la ciencia infusa y en la bendición del sistema.
Las desigualdades sociales
son extremas, peores -dicen los que saben- que durante la dictadura. La
inseguridad y la precariedad crecen. La delincuencia -la grande, la del hampa-
campea por sus fueros y se enseñorea con las riquezas básicas y con los
servicios que alguna vez fueron públicos.
La credibilidad de la
política y de los políticos se ahoga en los sucios arroyos de las aguas
servidas de los albañales.
El principio de autoridad
desapareció cuando un puñado de generales fanáticos al servicio de una potencia
extranjera destruyó la república y la democracia. ¡¿Quienes?!
“¡Desgraciadamente,
desgraciadamente, desgraciadamente, hombres cuyo deber, cuyo honor y cuya razón
de ser era servir y obedecer!” (Charles De Gaulle).
Cincuenta años... ¿Y luego
qué? ¿Esperamos otros 50 años?
En su día Vladimir Ilich
Ulianov, alias Lenin, se vio confrontado a una situación política inextricable,
y a un ceremil de murgas políticas que buscaban ser califas en lugar del
califa. La cuestión que había que resolver podía ser expresada muy
sencillamente: ¿Qué hacer?
La Dra. Francesca Lessa (1980) es docente de
Estudios y Desarrollo Latinoamericanos e investigadora en la Universidad de Oxford.
Es autora del reciente libro The Condor Trials:
Transnational Repression and Human Rights in South America, publicado por
Yale University Press (2022). Es Coordinadora e
Investigadora Principal del Proyecto Plan
Cóndor.
El 27 de junio se cumplen 50 años del inicio del golpe de Estado en Uruguay.
Ese día de 1973, el Presidente Juan María
Bordaberry y las fuerzas armadas cerraron el Parlamento e inauguraron 12 años de
terror de Estado (1973-1985).
Este aniversario ofrece la oportunidad de reflexionar sobre por qué Uruguay
no ha juzgado a más personas por las violaciones de
derechos humanos cometidas durante esta dictadura.
El ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry fue
condenado en 2010 a 30 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.
AP/Alamy
Durante décadas, Uruguay fue conocido como “la Suiza de
América Latina”, dada su larga estabilidad, sus tradiciones democráticas y su
Estado del bienestar. En 1973, se prestó poca atención al régimen uruguayo,
quizás debido a la reputación del país y a su situación geopolítica, eclipsado
por dos vecinos mayores, Argentina y Brasil. Ese año, la mayor parte de la
atención internacional se centró en el espectacular golpe de Estado contra el
presidente chileno, Salvador
Allende.
Encarcelamiento, interrogatorio y
tortura
Sin embargo, el régimen uruguayo fue igualmente violento y represivo. En
poco tiempo, Uruguay se ganó un nuevo apodo: la “cámara de
tortura de América Latina”. A principios de 1976, Uruguay tenía la
mayor concentración per cápita de presos
políticos del mundo.
La represión fue brutal no sólo dentro de las fronteras uruguayas, sino
también fuera de ellas. Mi libro sobre la Operación
Cóndor -una campaña represiva emprendida por las dictaduras sudamericanas, y
respaldada por USA, para silenciar a los opositores en el exilio- ilustra cómo
los uruguayos representan el mayor número de víctimas (el 48% del
total) perseguidas más allá de las fronteras entre 1969 y 1981.
Entre otras cosas, éste establecía un calendario para el retorno de la
democracia, restauraba el sistema político anterior a la dictadura, incluida la
constitución de 1967, y convocaba elecciones nacionales para noviembre de 1984.
Las elecciones se celebraron, pero con la prohibición de algunos políticos.
En diciembre de 1986, el parlamento democrático sancionó entonces la Ley N° 15848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta “ley de
impunidad” blindó de hecho a policías y militares de la rendición de cuentas por las
atrocidades de la época de la dictadura, garantizando el control y la
supervisión de la justicia por parte del ejecutivo. Se introdujo en un momento
de creciente oposición por parte de las fuerzas armadas a las incipientes investigaciones
judiciales sobre crímenes del pasado.
La ley de caducidad consiguió que la política de impunidad auspiciada por
el Estado, según la cual los delitos no se castigan, siguiera vigente durante
25 años, hasta 2011. En otro lugar he analizado los altibajos de la relación de Uruguay
con la rendición de cuentas.
Avanzando rápidamente hasta la actualidad, Uruguay tiene reputación de
ser líder regional en ciertos ámbitos de derechos humanos (por ejemplo, derechos
reproductivos y matrimonio
igualitario). Pero sólo ha conseguido una justicia muy limitada para las atrocidades
de la época de la dictadura.
Comparación entre Uruguay y
Argentina
Hasta junio de 2023, los tribunales uruguayos han dictado sentencias en
sólo 20 casos penales y condenado a 28 acusados en total, algunos de los cuales
estaban implicados en múltiples casos, (a partir de cifras recopiladas de datos
míos y de la ONG Observatorio
Luz Ibarburu).
Como punto de comparación, los tribunales argentinos han dictado 301 sentencias desde 2006,
con 1.136 personas condenadas por los crímenes de la dictadura (1976-1983).
Asimismo, al 31 de diciembre de 2022 se han dictado 606 sentencias
definitivas en juicios por crímenes de la época de la dictadura en Chile, 487
en causas penales y civiles (vistas en conjunto), y 119 sólo en causas civiles,
según datos del Observatorio
de Justicia Transicional de la Universidad Diego
Portales.
Junto con colegas de la Universidad de Oxford, desarrollamos un enfoque para explicar
por qué algunos países exigen responsabilidades a los autores de violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado, mientras que otros no lo hacen.
Se basa en cuatro
factores: la demanda de la sociedad civil; la ausencia de agentes de veto (como
políticos que se oponen a la rendición de cuentas o a la investigación de
violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado); el liderazgo judicial
nacional; y la presión internacional. Este planteamiento básico ayuda a
comprender las luchas perdurables en Uruguay. Aunque los cuatro factores están
en juego en el país, chocan entre sí y favorecen la impunidad en general.
Uruguay ha sido testigo de importantes niveles de presión internacional,
incluido el famoso veredicto “Gelman” de 2011 de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue decisivo para derogar la ley de
caducidad en 2011. Al mismo tiempo, la sociedad civil no ha cesado de reclamar
justicia, desde el histórico
referéndum de 1989 para derogar la ley de caducidad hasta, más
recientemente, los llamamientos para modificar la ley de
reparación de 2006 para los presos políticos.
Sin duda, la mayor parte de los avances en materia de justicia, verdad y
reparación se han logrado en Uruguay gracias a los incansables
esfuerzos de activistas y ONG, incluida la central sindical,
que han espoleado a las autoridades a investigar.
Sin embargo, Uruguay nunca se ha comprometido con la investigación de las
atrocidades del pasado como política de
Estado, como sí lo ha hecho Argentina. Un conjunto de actores poderosos, que
incluye a las fuerzas armadas, varios políticos y jueces de tribunales
superiores, se han asegurado de que el muro de la impunidad se mantuviera en
pie con pocas excepciones.
La falta de
independencia judicial y la sanción de algunos jueces
valientes que intentaron desafiar la impunidad en las décadas de 1990 y 2000
-la más reciente, Mariana Mota- también
han obstaculizado el progreso.
Otro factor es el importante número de sentencias del Tribunal Supremo que
restaron importancia a la gravedad de los crímenes cometidos durante la
dictadura.
Sin embargo, podría haber cambios positivos en el horizonte. Un nuevo código de
procedimiento penal introducido en 2017 significa que las denuncias de la época de la
dictadura (presentadas desde entonces) se investigan con mayor rapidez. Y la
creación en 2018 de una fiscalía
especializada en crímenes contra la humanidad -una antigua demanda de los activistas de
derechos humanos- ha dado lugar a que más investigaciones lleguen a juicio y a
un ritmo más rápido.
Como dijo el poeta uruguayo Mario
Benedetti sobre la memoria y el olvido, cuando la verdad se extienda por el mundo: “esa
verdad será que no hay olvido”.
Militari golpisti crescono all’ombra di US Africom , il
Comando delle forze armate degli Stati Uniti d’America per le operazioni nel
continente africano. Mamady Doumbouya, il tenente colonnello a capo delle forze speciali dell’esercito
della Guinea-Conakry che il 5 settembre ha deposto con un putsch il presidente
Alpha Condé, è uno dei militari dell’Africa occidentale che negli ultimi anni ha
operato a stretto contatto con il Dipartimento della difesa USA.
Doumbouya (berretto rosso) il 15 ottobre 2018
Due post apparsi sul profilo facebook dell’Ambasciata USA in
Guinea-Conakry ritraggono infatti il colonnello golpista in due rilevanti
eventi strategico-militari. Il primo, pubblicato il 15 ottobre 2018, ritrae l’allora
maggiore
Mamady Doumbouya, descritto dall’ufficio stampa diplomatico quale “comandante
dell’unità delle forze speciali dell’esercito della Guinea (GAF)”, accanto ad
alcuni ufficiali del Pentagono e ai rappresentanti dell’Ufficio di cooperazione
in materia di sicurezza del Dipartimento di Stato, a conclusione di un vertice tenutosi
all’interno dell’ambasciata USA a Coankry finalizzato a “rinforzare la
collaborazione reciproca e prepararsi a partecipare alla riunione di pianificazione
delle esercitazioni militari all’estero denominate Flintock 2019 e a una conferenza internazionale sulla
collaborazione delle forze speciali che si terrà in Germania”. A conclusione
della nota, l’ufficio stampa dell’ambasciata USA enfatizza come i diplomatici
statunitensi e AFRICOM “sostengono le unità speciali delle forze armate della
Guinea”.
Il secondo post è più recente (13 febbraio
2019) ed è corredato da un video della durata di poco di un minuto in cui una
decina di militari del corpo speciale dell’esercito guineano, a volto coperto e
in tenuta d’assalto, salgono a bordo di un grande aereo da trasporto USA che
poi decolla dalla pista dell’aeroporto militare di Conakry. “Nel quadro della
cooperazione militare esistente tra gli Stati Uniti e la Guinea - si legge nel comunicato
dell’Ambasciata USA - 26 militari guineani sotto il comando del tenente colonnello Mamady
Doumbouya sono partiti da Conakry lo scorso 12 febbraio con destinazione il
Burkina Faso, per prendere parte ad un’esercitazione militare per conto del
governo americano denominata Flintock 2019, accanto ai loro
fratelli d’armi provenienti da più di 30 paesi africani e occidentali”.
A Flintock 2019, tenutasi in Burkina Faso
ed in Mauritania, partecipò pure una task force del Comando Operazioni delle Forze Speciali italiane,.composta da incursori del 9° Reggimento Col Moschin dell’Esercito, del Gruppo Operativo GOI della Marina Militare, del 17° Stormo dell’Aeronautica e del GIS dell’Arma dei Carabinieri. In particolare presso il quartier generale istituito in Burkina Faso, i militari italiani hanno operato “in supporto alle attività di pianificazione degli staff dei Paesi africani partecipanti”, compreso ovviamente il GAF diretto dal tenente colonnello Mamady Doumbouya.
