Ryan Devereaux, The
Intercept, 27/12/2021
Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Al volver de almorzar el 22 de noviembre, fecha del plazo de respuesta de los demandados, el abogado-diplomático mexicano se encontró con que las empresas habían hecho exactamente lo que se esperaba, argumentando que una ley de 2005 que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) considera uno de sus mayores logros legislativos, que concede “amplia inmunidad” a las empresas de armas en los juicios por violencia armada, no está limitada por las fronteras. Se extiende a todas partes, argumentaron, incluido México. El mensaje de las empresas, según la lectura hecha por Celorio, era simple: “No nos importa lo que hacemos. No nos importa que a otros no les guste cómo lo hacemos. Vamos a seguir haciéndolo”.
El “velo de impunidad”, como Celorio lo definió, era de esperar. Sin embargo, lo que sí le llamó la atención fue la posible filtración de la política en lo que México insiste en que es un desafío legal apolítico. Los fabricantes, holdings y distribuidores acusados en la demanda de 139 páginas presentada por México incluyen a Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A., Beretta Holding, Century International Arms, Colt's Manufacturing Company, Glock, Glock GES.M.B.H., Strum, Ruger & Co., Witmer Public Safety Group e Interstate Arms. En una presentación conjunta, en la que instan al tribunal a desestimar la demanda, las firmas que representan a las empresas -entre ellas uno de los mayores bufetes del mundo, Jones Day, que representó al presidente Donald Trump en sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020- argumentan que “en el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales”.
“La lectura que hacemos es que van a tratar de politizar esto”, dijo Celorio a The Intercept. “Están aumentando ya el coste político de que el juez falle a favor de México. Le están diciendo: ‘Eres estadounidense. Si dejas pasar este litigio, no guardas en tu corazón los valores americanos’”.
La historia de la demanda de México contra las empresas de armas de Estados Unidos, que lleva en curso más de dos años, se desarrolla en varios niveles a la vez. El litigio en sí pone a prueba si las protecciones legales inscritas en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA por sus siglas en inglés) que el presidente Joe Biden instó al Congreso a derogar en su estrategia nacional para prevenir la violencia con armas de fuego a principios de este año, se extienden a países extranjeros. Si la impugnación tuviera éxito, supondría un golpe histórico para los fabricantes de armas estadounidenses. Con limitadas excepciones, la PLCAA ha proporcionado un escudo casi impermeable a la industria de armas pequeñas con sede en Estados Unidos. Para las empresas de armas, la ley representa un baluarte vital contra las demandas que pueden acabar con la industria. Para los defensores del control de las armas, que señalan casos como el de las víctimas de la masacre del teatro de Aurora (Colorado), que fueron condenadas a pagar 203.000 dólares a un distribuidor de munición tras perder un juicio por motivos de la PLCAA, es el epítome de una marca profundamente estadounidense de impunidad de las empresas de armas.
Una niña se une a los defensores de la reforma de las armas que celebran una conferencia de prensa frente al Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 14 de abril de 2016. (Foto: Win McNamee/Getty Images) Foto: Win McNamee/Getty Images)
La lucha legal también tiene como telón de fondo un dramático momento histórico en la relación de seguridad entre Estados Unidos y México. El año anterior y el año posterior a la aprobación de la PLCAA tuvieron lugar dos acontecimientos clave. En primer lugar, en 2004, el Congreso permitió que expirara la prohibición federal de las armas de asalto en Estados Unidos. En segundo lugar, en 2006, el gobierno mexicano anunció el despliegue del ejército en las calles en una “guerra” contra el narcotráfico. La administración Bush apoyó la campaña con un paquete de ayuda a la seguridad de miles de millones de dólares conocido como Iniciativa Mérida, comenzando así una era de colaboración binacional sin precedentes en el frente más violento de la guerra contra las drogas.
