“Consideramos grave retroceso de la Sala Séptima de Revisión”: Ambientalistas DiverGentes cuestionamos fallo de Corte Constitucional que revoca el amparo a Consulta Previa para Estación Guardacostas en Gorgona

Comunicado a la Opinión Pública
Bogotá, 18 de noviembre de 2024

La Sentencia T-470 de 2024 que revoca la providencia de la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá en la que se ampara el derecho fundamental a la Consulta Previa al Consejo de Comunidades Negras Guapi Abajo y ordena suspender la licencia ambiental para la construcción de la Estación Guardacostas con sus 3 obras militares (radar, muelle y hangares) otorgada por la Autoridad de Licencias Ambientales al Ministerio de Defensa (Armada Nacional), constituye un preocupante retroceso a las garantías constitucionales al tratamiento preferencial a los afrodescendientes, establecido en el artículo 13 de la Carta Fundamental.

El fallo proferido por la Sala Séptima de Revisión, publicitado el pasado viernes por la gran prensa como “Corte Constitucional da Vía libre a la Estación Guardacostas en Gorgona”, conlleva una tergiversación de la Consulta Previa instituida en favor de Comunidades Negras, establecida por el Convenio OIT 169 y asimilado otrora a Bloque de Constitucionalidad, considerador por Naciones Unidas: “Pieza clave en la acción de la OIT a favor de la justicia social, objetivo reafirmado en el 2008 con la adopción de la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa”.

La Sentencia T-470 que revoca el amparo a la Consulta Previa, desconfigura el instrumento consagrado en el Convenio OIT 169, al imponer al Consejo Comunitario Guapi Abajo la carga de la prueba de eventuales afectaciones directas por parte de la licencia ambiental para la construcción de las obras militares de la Estación Guardacostas, como requisito para poder realizar la consulta previa, desconociendo los principios ambientales de precaución y prevención, así como la “Dubio in pro Natura” que otorga en favor de la Pachamama el beneficio de la duda ante impactos del desarrollo de cualquier proyecto de infraestructura.

No obstante, se precisa que por parte del apoderado del Consejo Guapi Abajo, fueron arrimadas pruebas documentales provenientes de la prestigiosa Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales (órgano consultivo del gobierno nacional), del Comité Científico de Gorgona (Facultades de Biología Marina de las Universidades de los Andes, del Valle, Distrital, y las Fundaciones Yubarta, Calidris y el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo, entre otros) y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, las cuales fueron omitidas por la Sentencia 470 para enrostrar falta de evidencia, no obstante los probados impactos ambientales de la proyectada Estación Guardacostas.

La Fundación Biodiversidad como apoderada del Consejo Comunitario Guapi Abajo, incoará incidente de nulidad ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, evitando así que quede ejecutoriada la Sentencia T-470, prevaleciendo la orden de suspensión de la licencia ante la Autoridad de Licencias y la Armada Nacional. También se solicitará que se declare nula la desvinculación del Ministerio de Ambiente y de Parques Nacionales, por ser sujetos activos en la defensa de la licencia para la Estación Guardacostas, quienes a través de sus altos funcionarios señalan de mitómanos a los ambientalistas que defendemos este Santuario de Fauna y Flora. 

Armando Palau A. (Fundación Biodiversidad), Jimmy Viera R. (Poder Negro), Rubén Chávez L. (Fundación Pangea), Darío Gonzales P. (Investigador Indepaz), David Gómez F. (Fundación Nueva Luz), David Perafán (Corporación Ekoinc), Jorge Castellanos (Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana), Ricardo Sánchez A. (La Rosa Roja), Fernanda López (Fraternales y Revolucionarias), Agustín H. Valencia M. (Casa Ideó), Lilian Flórez Gonzáles (Fundación Yubarta).

Contacto: WhatsApp ++57 301 2405912

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ARMANDO PALAU ALDANADisertaciones del Crepúsculo ¡Salimos a deber los ambientalistas!

Cali, 3 de noviembre de 2024

Culminó la dieciseisava conferencia de los países parte del Convenio sobre la Biodiversidad, que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana del 2 de noviembre (siendo suspendida por falta de quorum). Hagamos un balance previo, esperando los documentos oficiales que emitirá la Secretaria Ejecutiva de la COP16 (Astrid Schomaker), para conocer posteriormente en detalle el alcance de las decisiones accesorias, pues las principales siguen sin concretarse desde la Cumbre Río de Janeiro en 1992.

En efecto, la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en la que se aprobó el Convenio sobre Diversidad Biológica, determinó en su primer artículo como objetivos: la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, un acceso adecuado a ellos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta los “derechos sobre esos recursos y tecnologías”, mediante una financiación apropiada.

O sea, llevan 32 años en la consecución de ese sofisma y pasarán otros tantos y nunca se logrará, sin embargo, una buena parte de letrados y actores de la contratación estatal ambiental, creen que fue un gran logro, pensando que quienes no lo reconocemos y cuestionamos dicha mercantilización de la biodiversidad, somos unos leños atravesados en el camino impidiendo que el crisol del dinero resuelva la vertiginosa degradación de la diversidad biológica, por lo tanto, salimos a deber.

El instituto Humboldt publicó un informe en 2017, afirmando que la biodiversidad colombiana ha mostrado una disminución promedio del 18% (sin precisar el rango de tiempo), siendo la mayor amenaza la pérdida de hábitats naturales, por lo general, relacionada con la agricultura y la ganadería expansiva, degradación que se mimetiza con el hecho de ser nuestra matria primer lugar en especies de aves y orquídeas, segunda en riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, tercera en número de especies de palmas y reptiles, y cuarta en mamíferos.

Sin embargo, salimos a deber los ambientalistas, porque seguramente no dejamos durante estas tres décadas que la gamonal gobernadora del Valle del Cauca se hubiera dedicado a hacer los esfuerzos que anunció en la COP16, de lograr una mayor cooperación financiera para proteger nuestro degradado entorno; dirán también que los ambientalistas no permitimos a los cañicultores -a través hoy del alcalde de la Sucursal del Cielo- el viejo deseo de enlucirla y haberle dado matiz ambiental a la feria de Cali.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente le apostó al impulso a la economía hacia la transformación productiva y competitiva basada en la naturaleza y el traslado de parte de los 20 mil millones de dólares anuales prometidos en Montreal (2022) para el financiamiento de la gestión colectiva de territorios marino-costeros, dulceacuícolas y terrestres; pero los pocos ambientalistas estropeamos esta visión rentística al denunciar que la COP16 y sus Mesas de Negocios, son evidencia más de la monetización de la naturaleza.

También seremos los ambientalistas los responsables de que no se haya logrado abandonar desde 1970 la quema de los cañaduzales del valle geográfico del río Cauca, es decir, quienes desde siempre hacemos activismo sobre problemáticas del entorno y sus recursos naturales, que lesionan a todos los seres vivos, generando masa crítica y tratando de lograr opinión pública, pues aunque el Minambiente emitió el pasado abril una resolución sugiriendo parar las quemas agrícolas, le permitió a la CVC excepcionar a los pirómanos 13 ingenios azucareros de Asocaña.

A propósito, Asocaña anunció en plena COP16 que son una agroindustria cada vez más sostenible y que conectaran 890 kilómetros de corredor biodiverso para contribuir a conservar la fauna que se moviliza por el río Cauca y que dejaran de quemar en 5 años cañaduzales, abandonando esta práctica de la que dependen 4 mil corteros; porque somos los ambientalistas quienes hemos desprestigiado desde 1994 ésta altruista causa, acudiendo desde hace 3 décadas al Consejo de Estado en ingentes acciones constitucionales para que se detenga esta contaminante práctica agrícola que daña el agua, el suelo, el aire, el paisaje, la biodiversidad y la salud de la niñez.

Ahora resultaron ambientales los bancos, las cámaras de comercio y las urbanizadoras, solo que los ambientalistas les impedimos demostrarlo, porque coincidimos con el dictamen del indígena Toro Sentado que en 1868 dijo: “Solo cuando el último árbol este muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero", pero aún así salimos a deber, porque no logramos que la Ministra, quien se tornó ambientalista después de haber sido consultora de la Shell Oil Company, revocara la licencia ambiental para construir una base militar en el Parque Natural Isla Gorgona, uno de los biomas más biodiversos del mundo.

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