Featured articles en vedette Artículos Artigos destacados Ausgewählte Artikel Articoli in evidenza

Affichage des articles triés par date pour la requête S. Seguí. Trier par pertinence Afficher tous les articles
Affichage des articles triés par date pour la requête S. Seguí. Trier par pertinence Afficher tous les articles

12/01/2022

T.J. COLES
Respaldadas por AFRICOM, las multinacionales saquean la República Democrática del Congo en busca de materiales “respetuosos con el clima”, y culpan de ello a China

T.J. Coles, The Gray Zone, 30/11/2022
Traducido del inglés por S. Seguí, Tlaxcala

El cobalto, un metal clave utilizado en las baterías de litio y otras tecnologías “verdes” se obtiene mediante trabajo esclavo en la República Democrática del Congo (RDC). Mientras Occidente señala con el dedo a China, el mando militar usamericano AFRICOM (Alto Mando para  África de los Estados Unidos) ejerce una vigilancia policial indirecta de unas operaciones mineras que benefician a las multinacionales usamericanas.

Desde que el rey belga Leopoldo II (1835-1909) fundó el Estado Libre del Congo en 1885, las potencias internacionales han seguido explotando los vastos recursos de la región. Al frente de un régimen que llegó a matar a cerca de ocho millones de personas para saquear su oro, marfil y caucho, Leopoldo describió el Congo como “un magnífico pastel africano.”

Más recientemente, la Administración de Comercio Internacional del presidente usamericano Biden declaró: “Con una riqueza mineral total estimada en decenas de billones de dólares”, lo que ahora se llama República Democrática del Congo (RDC) “ofrece oportunidades para las empresas usamericanas con una alta tolerancia al riesgo.” El papel de AFRICOM es reducir ese riesgo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirma que África “tiene una plétora de materiales estratégicos, como cobalto, cromo, tantalio y otros. Los recursos africanos son fundamentales para el progreso del siglo XXI” (léase: el dominio de las corporaciones usamericanas).

Desde finales de la década de 1990 hasta la actualidad, las transnacionales mineras, procesadoras y financieras euroamericanas han contado con la mano de obra esclava de los mineros y el músculo de las bandas armadas para exportar a Occidente metales de tierras raras, como el coltán y el tantalio, a fin de obtener componentes básicos en ordenadores, teléfonos, misiles, etc. La carrera por las energías renovables abre una nueva era de competencia por otro metal raro, el cobalto.

Estados Unidos pone sus ojos en un Congo rico en minerales

La RDC tiene una población estimada de 93 millones de personas. El producto interior bruto del país ronda los 50.000 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los países más pobres del mundo. Mientras empresas multimillonarias como Apple, Microsoft y Tesla dependen de los materiales de la RDC, siete de cada diez congoleños sobreviven con menos de 1,90 dólares al día. La esperanza de vida es de 60 años, frente a los 78 de Estados Unidos, y la mortalidad infantil es de 66 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, frente a las 5,6 en ese país.

El interés preferente del Pentágono en el Congo comenzó durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45). La mina de Shinkolobwe, propiedad de la empresa belga Union Minière, situada en el sur de la provincia de Katanga, contenía el mineral de uranio más puro conocido, que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército usamericano utilizó en el Proyecto Manhattan, iniciado en 1942 para construir la primera arma nuclear del mundo. El mineral de esta mina se utilizó en la posterior fabricación de armas nucleares.

01/01/2022

FREDERIC WEHREY
Marruecos: Las múltiples repercusiones de la rebelión del Rif (1921-1926)

Frederic Wehrey (bio), The New York Review of Books, 18/12/2021
Traducido del inglés por
S. Seguí, Tlaxcala

La revuelta bereber de la década de 1920, que fue un movimiento anticolonial que sirvió de modelo para los que le siguieron, sigue resonando a lo largo de un siglo de historia.

 

El grabado representa a al-Jattabi a caballo liderando a los rebeldes del Rif contra las fuerzas españolas, Marruecos, años 20; Apic/Getty Images

Una noche del pasado mes de octubre, tomé un autobús en Rabat, la capital marroquí, para un trayecto nocturno hasta la costa mediterránea. Tras unas horas, nos adentramos en las montañas del Rif, con el vehículo gimiendo y balanceándose en las curvas cerradas. El Rif, una cadena montañosa relativamente reciente, geológicamente más joven que las cumbres más conocidas del Atlas y menos grandiosa que éstas, se eleva abruptamente desde el mar en su parte norte, pero cae en suaves escarpaduras hacia el sur.

El paisaje resultaba premonitorio en la penumbra de la luna: elevados macizos alfombrados de monte bajo, bosquecillos de cedros y abetos, y profundos barrancos amurallados por peñascos de piedra caliza. No era difícil entender cómo, hace cien años, este terreno infundía temor en los corazones de los jóvenes reclutas de España, país que gobernaba el norte de Marruecos como protectorado, al enfrentarse a una feroz insurgencia de los indígenas amazig, también conocidos como bereberes.

“La peor guerra, en el peor momento, en el peor lugar del mundo”, escribió un periodista español sobre el conflicto de cinco años conocido como la Guerra del Rif.

Los combates comenzaron a principios de junio de 1921, cuando tribus rifeñas tendieron una emboscada a un pequeño contingente de fuerzas españolas en un afloramiento rocoso de la franja norte del Rif conocido como Monte Ubarrán. En retrospectiva, este enfrentamiento no fue más que la primera escaramuza de una batalla mucho más importante y, desde el punto de vista español, catastrófica, que tuvo lugar un mes más tarde en el cercano pueblo de Annual y sus alrededores. El “desastre de Annual”, como se conoce hoy en día en España, supuso la muerte de al menos 13.000 soldados españoles a manos de sólo 3.000 rifeños. A lo largo de dieciocho días, los combatientes asediaron a unos soldados españoles y tropas nativas mal entrenados, situados en puestos avanzados protegidos con sacos de arena, privándoles de provisiones y agua -algunos soldados llegaron a beber su orina- y reduciéndolos con disparos o armas blancas mientras las tropas españolas se retiraban a toda prisa hacia el enclave español de Melilla. El comandante de campo español, general Manuel Fernández Silvestre, conocido por su imprudencia, pereció en la refriega, posiblemente por suicidio. Sus restos nunca se encontraron.

 

El campamento español de Annual tras su captura por los rifeños, Marruecos, 21 de julio de 1921. Foto12/UIG vía Getty Images

Sin embargo, el rey de Marruecos, Mohamed VI, parece reacio a insistir en el asunto con el gobierno español por temor a que empeoren las tensiones diplomáticas entre ambos países, tensiones relacionadas con otros asuntos bilaterales, como la migración africana y marroquí a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de Marruecos, y el deseo del gobierno marroquí de asegurarse el apoyo de España a su posición en el conflicto del Sahara Occidental. Sin embargo, hay otra razón para la vacilación del monarca, y es una razón más cercana a “palacio”. El significado mismo de la Guerra del Rif y sus implicaciones para la identidad nacional y la construcción del Estado dentro del reino son asuntos controvertidos y profundamente sensibles en Marruecos.

21/10/2021

DAN KOVALIK
USA se lleva a Alex Saab de Cabo Verde sin orden judicial ni tratado de extradición

Dan Kovalik, COHA, 18/10/2021
Traducido
del inglés por S. Seguí, Tlaxcala

Dan Kovalik (1968) es un abogado usamericano especialista de derechos humanos y laborales y activista pacifista. Es profesor de Derechos Humanos Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pittsburgh, y es uno de los investigadores principales del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA). @danielmkovalik

El analista principal de COHA William Camacaro ha prestado asistencia en la investigación y redacción de este artículo.

El 16 de octubre, el empresario colombiano y enviado especial venezolano, Alex Saab, fue secuestrado por segunda vez: la primera lo había sido por Cabo Verde bajo presiones de Washington, y ahora por Estados Unidos, en flagrante violación del derecho internacional.


Durante casi un año y medio, Saab ha estado encarcelado en el estado insular de Cabo Verde, a 650 km de la costa noroeste de África, en el Atlántico. Como explica un artículo de Bloomberg, “Saab fue detenido el 12 de junio [de 2020] cuando el avión privado en el que viajaba de Venezuela a Irán hizo una parada para repostar en la isla caboverdiana de Sal”. [1] Lo que Bloomberg no menciona es que el avión de Saab se vio obligado a aterrizar en Cabo Verde porque otras dos naciones cercanas de África continental, presionadas por Estados Unidos, le negaron el aterrizaje. [2]

No hay tratado de extradición y no hubo orden de Interpol

La captura de Saab se realizó sin ninguna base legal formal. Washington persuadió a Cabo Verde para que detuvieran a Saab, so pretexto de que Estados Unidos quería extraditarlo por presuntos delitos, a pesar de que no hay firmado ningún tratado de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos. [3] Además, aunque las autoridades de Cabo Verde afirmaron que Saab fue detenido en virtud de una notificación válida de Interpol, un tribunal regional de Nigeria determinó que la detención tuvo lugar antes de que se emitiera la notificación de Interpol, lo que suscita grandes dudas sobre la validez legal de la detención y el encarcelamiento de Saab. [4]

 

También la ONU exigió que se suspendiera la extradición

En efecto, este tribunal regional, la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), dictaminó explícitamente que Saab debía ser liberado porque fue detenido antes de que se emitiera la notificación roja. [5] Como señala Reuters, “las decisiones de ese tribunal son definitivas y vinculantes en virtud de un protocolo de 1991.”

10/10/2021

KAREN GREENBERG
11-S: ¿Pedir perdón? ¡Ni por asomo! Sin rendir cuentas y sin pedir disculpas

Karen J. Greenberg, TomDispatch.com, 7/10/2021
Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala


Karen J. Greenberg, colaboradora habitual de TomDispatch, es directora del Centro de Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Fordham (Nueva York). Ha escrito varios libros, el último de los cuales es Subtle Tools: The Dismantling of Democracy from the War on Terror to Donald Trump  (Princeton University Press).  Julia Tedesco ha colaborado en investigaciones necesarias para este artículo. @KarenGreenberg3

El aniversario de los atentados del 11-S estuvo marcado por días de rememoraciones: por los valientes rescatistas de aquel momento, por los miles de asesinados al derrumbarse las Torres Gemelas, por los que murieron en el Pentágono, o en Shanksville, Pensilvania, por luchar contra los secuestradores del avión comercial en el que viajaban, así como por los que combatieron en las guerras interminables que fueron la respuesta de Estados Unidos a aquellos ataques de Al Qaida.

Un cuento de dos torres, por Rafat Alkhateeb, Jordania

 Para algunos, el recuerdo de ese horrible día incluye sacudir la cabeza por los errores que este país cometió en la forma de responder ante el mismo, errores con los que vivimos hasta este mismo momento.

Entre los personajes más prominentes que sacudieron la cabeza por los errores cometidos tras el 11-S, y por no haberlos corregido, estaba la de Jane Harman, demócrata por California, que entonces formaba parte de la Cámara de Representantes. Pero se uniría a todos los miembros del Congreso, menos a una -la también representante de California Barbara Lee- para votar a favor de la notablemente confusa Autorización para el Uso de la Fuerza, o AUMF (por sus siglas en inglés), que allanó el camino para la invasión de Afganistán y tantas otras cosas. De hecho, sirvió para poner al Congreso en el congelador a partir de entonces, permitiendo que el presidente pasara por encima de él para decidir durante años a quién atacar y dónde, siempre y cuando justificara lo que hiciera aludiendo a un término claramente impreciso: el terrorismo.  Así, Harman también votaría a favor de la Ley Patriot, que más tarde se utilizaría para poner en marcha políticas de vigilancia masiva sin orden judicial, y luego, un año después, a favor de la invasión de Iraq por parte de la administración Bush (basada en la mentira de que el gobernante iraquí Sadam Husein poseía armas de destrucción masiva).

Pero, con motivo del XX aniversario de los atentados, Harman ofreció un mensaje diferente, que no podría haber sido más apropiado o, en general, más raro en este país: un mensaje impregnado de arrepentimiento. “Fuimos más allá del uso, cuidadosamente diseñado y autorizado por el Congreso, de la fuerza militar”, escribió arrepentida, refiriéndose a la autorización de 2001 para usar la fuerza contra Al Qaida y Osama bin Laden. Harman también criticó la decisión de ir a la guerra contra Iraq en base a una “inteligencia selectiva”; el uso eterno de los ataques con aviones no tripulados en guerras interminables; así como la creación de una prisión de injusticia en la Bahía de Guantánamo, Cuba, y de los sitios negros de la CIA en todo el mundo, destinados torturar a los prisioneros de la guerra contra el terrorismo. El resultado, concluyó, fue crear “más enemigos de los que destruimos”.

06/09/2021

SAMUEL MOYN
La tragedia de Michael Ratner y la nuestra, o cómo la Guerra contra el terrorismo ha sido “humanizada” hasta eternizarla

 

Por Samuel Moyn, The New York Review of Books, 1/9/2021

Traducido por del inglés por S. Seguí y Sinfo Fernández, Tlaxcala

 

Samuel Moyn (1972) es titular de la cátedra Henry R. Luce de jurisprudencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, y profesor de historia en dicha Universidad. Entre sus publicaciones se encuentran The Last Utopia: Human Rights in History (2010), Christian Human Rights (2015), Not Enough: Human Rights in an Unequal World (2018) y Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War (2021). Ha escrito para Boston Review, Chronicle of Higher Education, Dissent, The Nation, The New Republic, The New York Times y Wall Street Journal. @samuelmoyn

 

La carrera de Michael Ratner, este veterano abogado especialista en derechos constitucionales constituye un estudio de caso de cómo los humanitarios estadounidenses acabaron higienizando la guerra contra el terrorismo en lugar de oponerse a ella.

Michael Ratner tras presentar una demanda en un tribunal alemán contra el ejército estadounidense por los abusos infringidos a prisioneros en Abu Ghraib. Berlín, 30 de noviembre de 2004. Foto Sean Gallup/Getty Images

Poco después del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush anunció la nueva política que exigía el nuevo tipo de guerra. Los presuntos terroristas de Al Qaeda serían juzgados por comisiones militares que ofrecían una reducida protección a los acusados, y los tribunales ordinarios, con sus garantías y protecciones habituales, quedarían al margen. Los detenidos tendrían que ser “tratados humanamente”, decía el anuncio, y los juicios tendrían que ser “completos y justos”. Pero no se especificaba ninguna norma de tratamiento para los “terroristas” procesados que reflejara las normas internacionales.

“Bueno, estamos jodidos”, comentó el abogado de derechos civiles Joseph Margulies a su esposa, Sandra Babcock, defensora pública con un profundo interés en los derechos humanos en el mundo, mientras desayunaban en cocina de Minneapolis mientras leía el periódico. El anuncio de Bush parecía ser un intento transparente de crear una segunda vía jurídica para los terroristas, que no requiriera las conocidas salvaguardias del proceso penal, ni siquiera las normas de guerra prescritas por las Convenciones de Ginebra de 1949.

“Deberíamos llamar a Michael Ratner”, respondió Sandra.

Lo hicieron. Ratner, un antiguo activista estudiantil contra la guerra de Vietnam, había hecho toda su carrera en el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), donde se había hecho un nombre como destacado abogado de la acusación. En 2001, era el presidente del grupo; para muchos, él era en realidad el Centro para los Derechos Constitucionales. Ratner consideró la orden de Bush inequívocamente “el toque de difuntos para la democracia en este país” y se lanzó a la acción.

Tres años después, el desesperado desafío legal que Ratner lideró contra el montaje de las comisiones militares parecía estar dando sus frutos. Habían conseguido que Shafiq Rasul, un ciudadano británico al que los estadounidenses habían acorralado en Afganistán en 2001 e internado en la prisión usamericana de la bahía de Guantánamo, en la isla de Cuba, fuera liberado sin juicio y devuelto a casa. Pero otros demandantes seguían en el caso Rasul contra Bush que Ratner había llevado. Al fallar el caso unos meses después de la liberación de Rasul, el Tribunal Supremo sostuvo, por 6 votos a 3, que los tribunales federales podían ejercer su poder de suspender el derecho de habeas corpus, y por lo tanto controlar indefinidamente la detención de acusados terroristas detenidos. Providencialmente para la acusación de Ratner, apenas unos días después de que el Tribunal Supremo escuchara los argumentos orales del caso, se filtraron unas fotos escandalosas de abusos a prisioneros por parte de las fuerzas estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib, en Iraq. Sin duda, esto influyó en la decisión del tribunal.

Seguir leyendo

02/09/2021

VIJAY PRASHAD
De cómo los talibanes echaron a Occidente de Afganistán

por Vijay Prashad, NEWSClick, 26/8/2021
Traducido por S. Seguí, Tlaxcala

Algunos días después de que los talibanes entraran en Kabul, el 15 de agosto, sus representantes empezaron a hacer averiguaciones en busca de la “localización de activos” del banco central de la nación, el Da Afghanistan Bank (DAB), unos activos conocidos que ascienden a cerca de 9.000 millones de dólares. En comparación, el banco central del vecino Uzbekistán, que tiene una población casi equivalente de aproximadamente 34 millones de personas para una población en Afganistán de más de 39 millones, tiene reservas internacionales por valor de 35.000 millones de dólares. Pero Afganistán es un país pobre, en comparación, y sus recursos han sido devastados por la guerra y la ocupación.


Reunión del Banco central el 29 de agosto, bajo la dirección del gobernador nombrado por los talibanes, mulá Abdul Qaher (Hayi Muhammad Idris)

Los funcionarios del DAB dijeron a los talibanes que los 9.000 millones de dólares están en la Reserva Federal de Nueva York, lo que significa que la riqueza de Afganistán está en un banco de Estados Unidos. Pero antes de que los talibanes pudieran intentar acceder al dinero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya se había adelantado y había congelado los activos del DAB y puesto la transferencia de éstos fuera del control de los talibanes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) asignó recientemente 650.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) para su distribución en todo el mundo. Cuando se les preguntó si Afganistán podría acceder a su parte de los DEG, un portavoz del FMI dijo en un correo electrónico: “Como siempre, el FMI se guiará por la opinión de la comunidad internacional. Actualmente, la comunidad internacional no tiene claro el reconocimiento de un gobierno en Afganistán, por lo que el país no puede acceder a los DEG ni a otros recursos del FMI”.

Los puentes financieros tendidos hacia Afganistán para sostener al país durante los 20 años de guerra y devastación, se han derrumbado lentamente. El FMI decidió retener la transferencia de 370 millones de dólares antes de que los talibanes entraran en Kabul, y ahora los bancos comerciales y Western Union han suspendido las transferencias de dinero al país. La moneda nacional, el afgani, está en caída libre.