Por Samuel Moyn, The New York Review of Books, 1/9/2021
Traducido por del inglés por S. Seguí y Sinfo Fernández, Tlaxcala
La carrera de Michael Ratner, este veterano abogado especialista en derechos constitucionales constituye un estudio de caso de cómo los humanitarios estadounidenses acabaron higienizando la guerra contra el terrorismo en lugar de oponerse a ella.
Poco después del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush anunció la nueva política que exigía el nuevo tipo de guerra. Los presuntos terroristas de Al Qaeda serían juzgados por comisiones militares que ofrecían una reducida protección a los acusados, y los tribunales ordinarios, con sus garantías y protecciones habituales, quedarían al margen. Los detenidos tendrían que ser “tratados humanamente”, decía el anuncio, y los juicios tendrían que ser “completos y justos”. Pero no se especificaba ninguna norma de tratamiento para los “terroristas” procesados que reflejara las normas internacionales.
“Bueno, estamos jodidos”, comentó el abogado de derechos civiles Joseph Margulies a su esposa, Sandra Babcock, defensora pública con un profundo interés en los derechos humanos en el mundo, mientras desayunaban en cocina de Minneapolis mientras leía el periódico. El anuncio de Bush parecía ser un intento transparente de crear una segunda vía jurídica para los terroristas, que no requiriera las conocidas salvaguardias del proceso penal, ni siquiera las normas de guerra prescritas por las Convenciones de Ginebra de 1949.
“Deberíamos llamar a Michael Ratner”, respondió Sandra.
Lo hicieron. Ratner, un antiguo activista estudiantil contra la guerra de Vietnam, había hecho toda su carrera en el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), donde se había hecho un nombre como destacado abogado de la acusación. En 2001, era el presidente del grupo; para muchos, él era en realidad el Centro para los Derechos Constitucionales. Ratner consideró la orden de Bush inequívocamente “el toque de difuntos para la democracia en este país” y se lanzó a la acción.
Tres años después, el desesperado desafío legal que Ratner lideró contra el montaje de las comisiones militares parecía estar dando sus frutos. Habían conseguido que Shafiq Rasul, un ciudadano británico al que los estadounidenses habían acorralado en Afganistán en 2001 e internado en la prisión usamericana de la bahía de Guantánamo, en la isla de Cuba, fuera liberado sin juicio y devuelto a casa. Pero otros demandantes seguían en el caso Rasul contra Bush que Ratner había llevado. Al fallar el caso unos meses después de la liberación de Rasul, el Tribunal Supremo sostuvo, por 6 votos a 3, que los tribunales federales podían ejercer su poder de suspender el derecho de habeas corpus, y por lo tanto controlar indefinidamente la detención de acusados terroristas detenidos. Providencialmente para la acusación de Ratner, apenas unos días después de que el Tribunal Supremo escuchara los argumentos orales del caso, se filtraron unas fotos escandalosas de abusos a prisioneros por parte de las fuerzas estadounidenses en la prisión de Abu Ghraib, en Iraq. Sin duda, esto influyó en la decisión del tribunal.
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