Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Los países africanos necesitan inversiones, China necesita materias primas y l@s activistas african@s están hart@s de la corrupción y los daños medioambientales resultantes.
La relación de China con África presenta muchas facetas. La República Popular China (RPC) comparte vínculos ideológicos con muchos países africanos debido a los primeros vínculos con las luchas anticoloniales y a través del Movimiento de los No Alineados. Todos los países africanos reconocen a la RPC, a excepción de Esuatini (Suazilandia), que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Muchos países africanos mantuvieron relaciones comerciales con Pekín tras la represión de la plaza de Tiananmen en 1989, y esos lazos comerciales no han hecho más que reforzarse. China es el primer socio comercial de África desde que aventajó a Estados Unidos en 2009.
Muchos gobiernos africanos buscan la ayuda de China a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en ingles) para superar el déficit de infraestructuras del continente, mientras que China, a su vez, busca el acceso a una serie de recursos estratégicos clave, como los combustibles fósiles y los minerales, así como entrar en mercados en gran medida sin explotar. Además de ser ricos en recursos naturales, algunos países africanos atraen el interés de China debido a la mano de obra relativamente barata, la mala gobernanza y las normas ambientales laxas. En 2017 McKinsey informó de que es probable que haya más de 10.000 empresas chinas operando en toda África.
El Banco Africano de Desarrollo, creado en 1964 y con 83 países miembros (China se incorporó en 1985), celebró su primera reunión anual fuera de África en Shanghái en mayo de 2007
La cantidad de dinero implicada es asombrosa. Según un informe de 2021 de la Universidad de Economía y Negocios Internacionales de Shanghai, desde el año 2000 China ha invertido un total de 47.000 millones de dólares en toda África (en 52 de 54 países), y las nuevas inversiones ascenderán a 2.960 millones de dólares en 2020 (un aumento de más de 200 millones de dólares respecto al año anterior). La gran mayoría de las inversiones chinas -el 87%- se han concentrado en cuatro sectores: energía, transporte, metales e inmobiliario. El Banco de Exportación e Importación de China proporciona gran parte de la financiación de los proyectos de infraestructura en África, pero hay varios bancos comerciales que también han establecido sucursales en todo el continente.
Sin embargo, a pesar de estas cifras, África atrajo solo el 2% de la inversión extranjera china en 2019.
El impacto de las interacciones económicas chinas con África también puede medirse a nivel individual. “No hay individuos en Nigeria que no tengan productos chinos”, informa Tijani Abdulkarim, director ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo Socioeconómico de Abuja. “Es la comida que comen, los relojes de pulsera que poseen, la ropa que llevan”.
Sin embargo, la huella de China en África ha provocado un considerable enfado, resentimiento y rechazo por parte de las comunidades de los proyectos que China ha financiado, construido o promovido, sobre todo los relacionados con las industrias extractivas. Las críticas se han centrado en los impactos ambientales adversos, en las violaciones de las leyes laborales y de los derechos humanos, así como en las prácticas corruptas.
En un seminario en Internet titulado Voices from Africa: Activist Perspectives on Chinese Investments, patrocinado por el Africa Climate Justice Group, seis representantes de organizaciones de la sociedad civil de toda África ofrecieron su perspectiva sobre el terreno de las actividades chinas de minería y extracción en su comunidad, seguida de los comentarios de un experto en inversiones chinas en África. El siguiente informe es una síntesis de sus presentaciones.
Proyectos de infraestructuras
China ha invertido en una serie de proyectos de infraestructura de alto nivel en todo el continente, como un oleoducto de 7.000 millones de dólares en Níger, un proyecto portuario de 1.300 millones de dólares en Camerún y una inversión de 3.600 millones de dólares en el sector del aluminio en Guinea. Muchos de estos proyectos están diseñados para facilitar el acceso a las materias primas y acelerar su exportación por carretera, ferrocarril o puerto.
China también está deslocalizando sus capacidades de fabricación: por su impacto medioambiental negativo, para reducir la propia huella de carbono de China y para aprovechar los menores costes laborales y la proximidad a las materias primas. África necesita crear una manufactura intensiva en mano de obra al mismo tiempo que China espera disminuir esa manufactura.
En Nigeria, señala Tijani Abdulkarim, 218 empresas chinas participan en todo, desde la industria de la construcción hasta el sector de la alimentación y las bebidas. Entre los grandes proyectos de infraestructura se encuentran la presa hidroeléctrica de Mambilla, de 5.800 millones de dólares, un gasoducto de 2.800 millones de dólares, un complejo portuario de 1.500 millones de dólares y un aeropuerto para Abuja de 200 millones de dólares.
En Guinea, informa
Abubacar Diallo, del Centro de Comercio de Conakry, China aporta 20.000
millones de dólares para financiar infraestructuras a cambio de concesiones
mineras, un acuerdo que durará de 2017 a 2036. China ha invertido ya en varias
centrales hidroeléctricas. Pero su interés se centra ahora en el acceso a
minerales críticos como el hierro y la bauxita, así como en una refinería para
convertir esa bauxita en aluminio, y un puerto para exportar el metal. A
cambio, China se ha comprometido a reconstruir una importante carretera con un
coste de 2.100 millones de dólares, a reconstruir cuatro universidades con un
coste de 300 millones de dólares, a rehabilitar las carreteras y el saneamiento
de la capital, Conakry, y a establecer una red eléctrica por 250 millones de
dólares. Sin embargo, solo se ha iniciado la carretera y los otros tres grandes
proyectos van retrasados.
Febrero de 2019: Activistas de la Alianza Democrática se manifiestan contra el proyecto de la Zona Económica Especial de Musina-Makhado. En marzo de 2021, el gobierno provincial de Limpopo frenó el proyecto, exigiendo medidas más claras para proteger el medio ambiente de esta zona fronteriza con Zimbabue.
Uno de los mayores proyectos propuestos que China encabeza en el continente es la Zona Económica Especial de Musina-Makhado, en la región sudafricana de Limpopo, que el gobierno aprobó en 2016. Se han adjudicado contratos a una filial de la empresa china Shenzhen Hoi Mor y a otras nueve empresas chinas por un total de más de 10.000 millones de dólares en inversiones. Esta zona de desarrollo industrial se centrará en el procesamiento de minerales como el cromo, el manganeso y el hierro, así como en la fabricación de cemento y acero. Para suministrar energía a la zona se ha propuesto levantar una central de carbón de 3,3 gigavatios.
En algunos países africanos, sin embargo, las infraestructuras brillan por su ausencia. En Zimbabue, la mayoría de las empresas chinas de menor escala han participado en el sector minero. Pero como señala Farai Maguwu, del Centro para la Gobernanza de los Recursos Naturales de Harare, los chinos “no construyen nada en la zona. Se limitan a cavar y a dejar atrás pozos abiertos. No invierten en educación ni en infraestructuras viarias, que destrozan con su maquinaria”.
La experiencia en Sudán del Sur, donde China desarrolla campos petrolíferos desde la década de 1990, ha sido similar. “Se supone que las comunidades se benefician del petróleo que se produce en su zona”, observa Pach Ayuen Pach, de la Fundación Corazón de la Madre Tierra. “Es su derecho, pero no hay buenas escuelas, ni agua potable, ni carreteras, ni hospitales, no hay nada bueno destinado a la comunidad".
Impacto medioambiental
El impacto medioambiental de las inversiones chinas depende de la naturaleza del proyecto, del comportamiento de las empresas chinas y de las leyes y su aplicación en el país anfitrión.
Los organismos de financiación chinos -el Ministerio de Comercio y el Banco de Exportación e Importación- tienen, sobre el papel, normas medioambientales. Pero si se mira con atención, hay muy pocas normas y en gran medida solo se aplican a los procesos administrativos. Los organismos administrativos chinos tienen que cumplir la normativa cuando revisan las inversiones, pero no hay leyes que les obliguen a realizar esas revisiones. No hay requerimientos respecto a que se evalúe el impacto ambiental, ni de que se divulgue la conducta de los chinos en el extranjero.
Las leyes nacionales de protección del medio ambiente y los mecanismos de supervisión varían mucho en el continente. Sudáfrica es quizá el país con la normativa medioambiental más estricta. Por ejemplo, los activistas de las ONG ganaron un juicio y consiguieron que se eliminara la propuesta de una planta de carbón en la provincia de Mpumalanga en julio de 2020. “En Sudáfrica, tenemos una legislación que nos ayuda a detener los proyectos con alto contenido de carbono”, afirma David Tshidzumba, de Save Our Limpopo Valley Environment.
“El carbón mata, maten el carbón”: manifestación en Louis Trichardt, Limpopo
Pero hasta ahora los activistas no han podido detener la Zona Económica Especial (ZEE) de Musina-Makhado por su impacto medioambiental, en gran medida porque este tipo de zonas económicas especiales están exentas de la normativa medioambiental habitual. Sudáfrica, explica Tshidzumba, es un país con escasez de agua y el emplazamiento de la ZEE “está en una de las regiones con más escasez de agua del país”. La zona industrial necesitará 80 millones de litros cúbicos de agua al año, pero no está nada claro de dónde saldrá esa agua. También es preocupante que el proyecto va a contribuir en un 15% al presupuesto de carbono de Sudáfrica, aunque el gobierno haya acordado reducir las emisiones de carbono. “Si sigue adelante, Sudáfrica resultará perjudicada”, continúa Tshidzumba. “Y es muy probable que se le impongan sanciones a Sudáfrica a causa de este proyecto”. La evaluación de impacto ambiental de la ZEE aún está en curso, pero “los chinos hablan del proyecto como si ya tuviera luz verde”.
Lodo tóxico de la minería de bauxita en Guinea (Shutterstock)
En Guinea, donde las inversiones chinas se han concentrado en las industrias de la bauxita y el hierro, la minería ha tenido un tremendo impacto en la tierra. “La legislación local exige la restauración de la tierra”, informa Abubacar Diallo, “pero no se ha rehabilitado nada”. Guinea también cuenta con leyes mineras que exigen una compensación por las tierras tomadas para estas operaciones, pero las empresas se han apoderado de las tierras cultivables y han desplazado a la gente sin ofrecer tal compensación. El arroz es el principal cultivo, que ocupa casi un tercio de la tierra cultivable, pero el vertido de lubricantes y aguas residuales de la minería de bauxita ha puesto en peligro esta producción de alimentos. El polvo de las minas ha contaminado el aire, y también ha habido contaminación acústica por las voladuras y el uso de maquinaria pesada.
A veces, el impacto medioambiental se deriva no solo de proyectos aparentemente legales, sino también de operaciones ilegales. Los reporteros de Nigeria, por ejemplo, han sacado a la luz la contaminación relacionada con la tala, la pesca y la minería ilegales realizadas por entidades chinas o por agentes locales que luego venden a empresas chinas. Entre los impactos se incluyen “el aumento de las inundaciones, la erosión, la extinción de animales y plantas”, dice Tijani Abdulkarim. “La tala ilegal priva a las comunidades de fuentes de alimentación y medios de vida”.
La pesca y la minería ilegales también son un problema en Madagascar, donde China es un importante socio comercial. “Los chinos utilizan mercurio para la exploración del oro, aunque esté prohibido”, informa Volahery Andriamanantenansoa, del Centro de Investigación y Apoyo a las Alternativas al Desarrollo-Océano Índico. “El gobierno malgache no cuenta con medios para hacer nada al respecto”.
Pero el principal interés minero que China tiene ahora en Madagascar son los minerales de tierras raras. Al reducir la extracción de estos minerales en la propia China, debido a los efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud, Pekín está deseando encontrar otras fuentes de estos insumos críticos para los productos de alta tecnología. En Madagascar, China espera extraer de 300 a 800 toneladas de minerales de tierras raras durante la fase piloto de su extracción. Pero la extracción de una sola tonelada de esos minerales genera 1.000 toneladas de agua contaminada y 2.000 toneladas de residuos tóxicos. A lo largo de toda la vida útil del proyecto, que podría ser de 40 a 50 años, eso sumaría la asombrosa cifra de 500 millones de toneladas de agua envenenada y mil millones de toneladas de residuos tóxicos. “Esto es sencillamente catastrófico”, dice Volahery. La explotación minera tendrá un impacto devastador en la rica biodiversidad de la región, afectará negativamente al sector turístico y perjudicará a productos agrícolas clave como la vainilla y el café.
La empresa minera ha “prometido utilizar una técnica menos devastadora”, continúa, “pero no tienen experiencia en la extracción de tierras raras”. Y aunque estas empresas son muy conscientes del impacto medioambiental que este tipo de minería ha tenido en China, hacen la vista gorda ante las consecuencias en Madagascar.
Mientras tanto, en Sudán del Sur, “los chinos no respetan las normas medioambientales internacionales”, informa Pach Ayuen Pach, y sus operaciones en el sector petrolero “provocan la contaminación del aire, el agua y el suelo”, incluida la emisión de gases a través de los generadores de motores diésel, la evaporación de los gases de las fosas y la emisión de gases no quemados en las instalaciones de procesamiento del campo. “La industria petrolera en Sudán del Sur ha dejado un paisaje salpicado de cientos de fosas de residuos abiertas, junto con el agua y suelo contaminados por sustancias químicas tóxicas”, concluye.
Impacto laboral
Se supone que los proyectos de infraestructuras y las concesiones mineras no solo generan ingresos para los gobiernos africanos, sino también puestos de trabajo para los trabajadores locales. Países africanos como Sudáfrica, Nigeria y Namibia tienen las más altas tasas de desempleo del mundo, entre el 33% y el 34%.
En muchos casos, las empresas chinas se han resistido a contratar localmente y, en su lugar, se han traído a sus propios trabajadores desde China. A finales de 2019, 182.000 chinos trabajaban en África, muchos de ellos en proyectos de construcción. Sin embargo, según McKinsey, las empresas chinas recurren a los africanos para casi el 90% de los puestos de trabajo.
Las condiciones en esos puestos de trabajo varían. En una fábrica de Zimbabue, informa Farai Maguwu, “los trabajadores alegan que les tienen encerrados durante la hora del almuerzo. Los chinos dicen: ‘Si os dejamos libres, robaréis’. Solo los liberan después de la hora del almuerzo. También hemos visto armas de fuego de descarga chinas en aquellas empresas donde los trabajadores exigen un salario mínimo”.
A Pach Ayuen Pach se le ha encomendado la tarea de supervisar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores de la empresa petrolera UNI Afro en Sudán del Sur. La empresa china ha ignorado en gran medida las leyes laborales de Sudán del Sur. Así, por ejemplo, los trabajadores trabajan nueve horas al día, siete días a la semana, 30 días al mes. “Los empleados no tienen ninguna opción”, señala. “O se trabaja o se recorta el sueldo, o se despide. En este sentido, la gente elige trabajar, aunque vaya en contra de su salud personal”. La comida proporcionada carece de verduras, aparte de cebollas crudas; el alojamiento de los trabajadores sudaneses es de menor calidad que el de los trabajadores chinos. Los trabajadores tienen derecho a un mes de vacaciones cada tres meses, pero con la mitad del sueldo, lo que les disuade de tomarse ese tiempo libre. La barrera del idioma complica todas estas interacciones.
En Sudáfrica, la Zona Económica Especial de Musina-Makhado creará, según se informa, hasta 53.000 puestos de trabajo en el emplazamiento, además de muchos más en industrias auxiliares. Para conseguir esos puestos de trabajo, el gobierno sudafricano ha prometido aplicar un trato especial, como la exención de impuestos y la exención de derechos de importación, a las empresas chinas que operen allí, lo que supone una considerable disminución de los ingresos públicos.
“Cada vez que intentamos profundizar en los detalles de la creación de empleo”, informa David Tshidzumba, “nos dan la callada por respuesta. Necesitamos más transparencia. Nuestras leyes nos dan la oportunidad de obtener esa información”.
Ausencia de rendición de cuentas
Uno de los retos de tratar con empresas chinas es la falta de transparencia y de líneas claras de responsabilidad. Parte de esto tiene que ver con las diferencias lingüísticas y culturales. Pero también refleja un determinado patrón de comportamiento empresarial.
Incluso cuando las comunidades y los grupos civiles plantean sus preocupaciones a las empresas chinas en Guinea -por ejemplo, sobre la violación de leyes o derechos- “las empresas siguen adelante con impunidad”, observa Abubacar Diallo. “Cuando una comunidad se pone en contacto con el Banco Mundial, tiene posibilidades de recurrir. Eso no ocurre en el caso de ninguna empresa china”.
“Las empresas chinas no hacen negocios como otras multinacionales”, coincide Tijani Abdulkarim. “Incluso cuando planteamos cuestiones de degradación medioambiental, no les importa lo que diga la sociedad civil. China se comprometió en la Asamblea General de la ONU a apoyar las energías limpias. Tenemos que esforzarnos más para que cumplan sus compromisos”.
En el caso de la extracción de tierras raras en Madagascar, la empresa Reenova ha evitado deliberadamente la transparencia para aumentar sus beneficios. Aunque es de origen chino y tiene su sede en Singapur, Reenova está registrada en Mauricio para aprovechar un acuerdo de reducción de impuestos entre esa isla y Madagascar. Se le concedió un permiso de “investigación” en 2003 y, a pesar de la prohibición de vender los minerales extraídos durante ese periodo, los documentos de la empresa presentados en la bolsa de Singapur sugieren que efectivamente tiene previsto vender hasta 800 toneladas de material extraído durante esta fase piloto. Además, la empresa no ha consultado a las comunidades afectadas, ofreciéndoles solo información sobre los supuestos beneficios del proyecto y recurriendo a las amenazas cuando la comunidad sigue sin mostrarse convencida.
En Zimbabue, donde las operaciones mineras son de menor escala, las empresas no tienen a menudo ninguna dirección física, ni siquiera un sitio web. Aun así, mantienen estrechas relaciones con el gobierno zimbabuense. En una ocasión, el gobierno envió a las fuerzas de seguridad del Estado en nombre de una empresa china para arrasar un terreno en una comunidad que se oponía claramente a la minería del carbón. Cuando la comunidad siguió insistiendo en que la empresa china se fuera, “los chinos dieron instrucciones al gobierno para que el líder de la comunidad fuera encarcelado y se le prohibiera visitar la comunidad durante cuatro meses”, informa Farai Maguwu.
En otro caso, Maguwu pidió al Parlamento de Zimbabue que investigara a una empresa china que extraía diamantes en asociación con la industria de la defensa de Zimbabue. Los chinos argumentaban que solo estaban en la fase de “exploración” aunque esa misma empresa “había estado llevando a cabo actividades mineras en el país de 2011 a 2015 antes de que el expresidente los echara”, añadió Maguwu. “Volvieron en 2018. No tiene sentido que ahora estén haciendo ‘exploración’”.
Corrupción
Una forma obvia en que las empresas chinas han eludido las leyes medioambientales y laborales y han mantenido la falta de responsabilidad y transparencia ha sido sobornando o pagando a los funcionarios.
En Jigawa, uno de los estados nigerianos más pobres, las empresas chinas pueden apoderarse impunemente de las tierras que cultivan los miembros de la comunidad porque “a los políticos locales, que han sido sobornados, les trae sin cuidado”, señala Tijani Abdulkarim. “La mayoría de los funcionarios han sido sobornados. En estos estados donde hay un alto grado de bandolerismo, un empresario chino puede sobornar para conseguir lo que quiera”.
Lo mismo ocurre con los empresarios nigerianos que actúan en nombre de empresas chinas. Uno de estos empresarios, apodado “Dan China”, dirigió minas ilegales que extrajeron 278.000 millones de dólares en plomo, zinc, estaño y otros minerales. “Protegido por agentes de seguridad y funcionarios locales sobornados, Dan China contrabandeaba al parecer el mineral extraído ilegalmente hacia China a través del puerto de Lagos”, relata Abdulkarim. En 2017, en un inusual esfuerzo anticorrupción, “el gobierno nigeriano tomó medidas enérgicas contra una de las mayores de estas operaciones mineras ilegales en Kampanin Zurak, una zona rural a unos 240 kilómetros de la capital del estado, Jos. Durante la redada, la policía detuvo a dieciséis ciudadanos chinos que trabajaban en ese remoto lugar”.
En su afán por abastecer a los compradores chinos, los madereros y pescadores ilegales están deforestando Nigeria y agotando los suministros de pesca a lo largo de la costa, de nuevo protegidos por funcionarios locales que han sido comprados. Se calcula que Nigeria pierde 70 millones de dólares anuales solo por la pesca ilegal. “En julio de 2017, Addax, propiedad de Sinopec, pagó 32 millones de dólares para resolver las acusaciones legales suizas de que la empresa había pagado hasta 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno nigeriano a través de intermediarios”, informa Abdulkarim.
Niveles similares de corrupción acompañan a las operaciones mineras en Guinea. En 2020, el magnate minero israelí-francés Beny Steinmetz y otras dos personas fueron acusados ante un tribunal suizo de pagar 10 millones de dólares en sobornos para obtener acceso a los lucrativos yacimientos de hierro de Guinea. Estas acusaciones de corrupción se retiraron cuando Steinmetz renunció a los contratos de extracción de hierro. Posteriormente, el gobierno concedió el contrato a una empresa conjunta chino-singapur-guineana, que ha prometido un enlace ferroviario y un puerto de aguas profundas para transportar el mineral a los mercados mundiales.
En Zimbabue, los empresarios chinos “dan la impresión de estar protegidos por un alto cargo que les ha dado permiso para hacer lo que quieran”, informa Farai Maguwu. “Cuando las comunidades se oponen a las minas, el Estado reacciona y detiene a los zimbabuenses para proteger a los chinos”.
Impacto cultural
Las minas y los proyectos de infraestructura no solo tienen un impacto económico y medioambiental. También tienen consecuencias en la vida social y cultural de las comunidades donde se ubican.
En la Zona Económica Especial de Musina-Makhado, en Sudáfrica, por ejemplo, “los animales y árboles sagrados del pueblo venda serán destruidos para dar paso a este proyecto”, afirma David Tshidzumba. “Van a exhumar tumbas de más de 60 años, arrancarán árboles que son sagrados para los indígenas. Una vez que se destruye la tierra, una vez que se nos quita el agua, perdemos el sentido de pertenencia. No se trata sólo del patrimonio, sino también de nuestro medio de vida”.
Los proyectos mineros en Zimbabue han implicado la apropiación de tierras comunales, incluyendo la perforación de tumbas. “No creo que haya ningún lugar en el mundo en el que se haya producido una violación tan flagrante de los derechos culturales como la que está ocurriendo en Zimbabue”, afirma Farai Maguwu. En una de las explotaciones de piedra de granito, la empresa china Heijin dijo a los aldeanos que la operación iba a seguir adelante porque ellos no eran dueños de la tierra. El gobierno de Zimbabue, por su parte, trató de restar importancia al número de aldeanos afectados por la operación.
Mirando al futuro
Los activistas de la sociedad civil han organizado campañas contra diversos proyectos de extracción financiados por China en toda África. Están aplicando estrategias legales para impedir que se dé luz verde a la zona de Musina-Makhado. Trabajan con las comunidades afectadas para difundir información sobre el impacto medioambiental, exponer ejemplos de corrupción y presionar a los gobiernos para que respeten las leyes locales cuando traten con empresas chinas. Quieren establecer una mayor transparencia y rendición de cuentas en torno a los proyectos chinos, así como mecanismos más duraderos que puedan gestionar de forma responsable las quejas de los trabajadores y los miembros de la comunidad. Y están haciendo hincapié en proyectos no extractivos -agricultura sostenible, ecoturismo, energía limpia- que puedan proporcionar beneficios económicos comparables sin el impacto devastador sobre el medio ambiente y las comunidade.
En el caso de las empresas occidentales, los activistas africanos pueden emprender acciones contra las empresas en el sistema judicial del país anfitrión. Pero China no tiene un sistema judicial independiente. La responsabilidad social de las empresas pasó a formar parte de la legislación contractual china en 2006 y entró en vigor en 2014, pero las empresas no defienden necesariamente esos principios. Aunque Pekín creó un tribunal en 2018 bajo la autoridad del Tribunal Popular Supremo para gestionar las reclamaciones internacionales derivadas de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, no está claro cuál será el grado de independencia de este órgano judicial.
Sin embargo, China está cada vez más preocupada por su reputación. Ha proporcionado 60.000 millones de dólares en ayuda exterior y ha dedicado 1.000 millones de dólares de su Iniciativa de la Franja y la Ruta a infraestructuras africanas. Quiere que se considere que ayuda a África, no que la explota.
Recientemente, el gobierno de la República Democrática del Congo suspendió a varias empresas chinas por actividades mineras ilegales y Pekín respondió ordenando a las empresas que abandonasen la región y prometiendo sanciones si se las encuentra culpables de infracciones. Este caso demuestra que el gobierno chino es sensible a las reacciones públicas.
China mantiene desde hace tiempo que no interferirá en la soberanía de los países en los que participa económicamente. En esta cuestión de la autodeterminación, por tanto, las partes interesadas africanas quizá tengan su mayor capacidad de influencia. Si pueden hacer públicas las quejas, movilizar el descontento y persuadir a los gobiernos para que tomen medidas, como en el caso de la RDC, entonces se puede persuadir a China para que cambie de rumbo, si no lo hace para respetar los principios de responsabilidad empresarial, sí para que acate la voluntad soberana de la población y proteja lo que queda de la reputación internacional de China.
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