Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Huda Al-Sarari se vio obligada a exiliarse después de que su trabajo de documentación sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas emiratíes respaldadas por Estados Unidos atrajera la atención mundial.
Huda Al Sarari en 2021. Foto : Adil Salim
Obaid Al Bahrani
La abogada yemení Huda Al-Sarari llevaba años representando a mujeres en casos de maltrato doméstico y violencia de género cuando, en torno a 2015, empezó a recibir peticiones diferentes de ayuda.
Cuando el conflicto civil en Yemen se convirtió en una guerra por delegación entre las potencias regionales, las mujeres llamaban a Al-Sarari en mitad de la noche para contarle que acababan de asaltar sus casas y se habían llevado a sus maridos, hermanos e hijos por la fuerza. Otras se ponían en contacto con ella después de haber pasado días buscando a sus seres queridos en prisiones y comisarías, suplicando a funcionarios que les decían que no estaban implicados en la detención de los hombres ni conocían su paradero.
“Estas familias le pedían: ‘Ayúdanos, han secuestrado a nuestros hijos’”, dijo Al-Sarari a The Intercept en una entrevista. “No podía oír hablar de estas violaciones y crímenes y no hacer nada”.
Las desapariciones comenzaron poco después de que Arabia Saudí lanzara una intervención aérea y terrestre sobre Yemen que contó con el respaldo de Estados Unidos y la participación de otras potencias regionales, como los Emiratos Árabes Unidos. Durante la campaña, los EAU, un aliado clave en la guerra liderada por EE. UU. contra Al Qaida en la Península Arábiga, tomaron el control de vastas franjas del sur de Yemen. A medida que el número de desaparecidos forzosos en la ciudad de Adén y sus alrededores aumentaba por centenares, empezaron a circular informes de que fuerzas de seguridad informales yemeníes, entrenadas y armadas por los EAU, estaban deteniendo, golpeando y a menudo torturando a los hombres.
Al-Sarari, junto con un grupo de otros abogados y activistas, comenzó a investigar discretamente esas informaciones. Su meticuloso esfuerzo de documentación culminó en una base de datos que en un momento dado incluyó los nombres de más de 10.000 hombres y niños, la mayoría de los cuales estaban detenidos fuera del dominio del sistema judicial del Estado. Ayudó a sacar a la luz una red de prisiones secretas gestionadas por los EAU con el conocimiento y, en ocasiones, la participación directa de las fuerzas estadounidenses.
El trabajo de Al-Sarari y sus colegas fue fundamental para los impactantes informes publicados por Associated Press y Human Rights Watch en 2017. Las revelaciones sobre los abusos de la coalición en el sur de Yemen renovaron el escrutinio de la participación de las potencias extranjeras en el conflicto civil del país, así como de las violaciones de los derechos humanos que siguen llevando a cabo los aliados de EE. UU. en nombre de la lucha contra el terrorismo. Los esfuerzos de documentación contribuyeron a la liberación de más de 260 detenidos en los meses posteriores a la publicación de los informes, y podrían proporcionar pruebas esenciales a medida que un número creciente de actores internacionales exijan responsabilidades por las violaciones generalizadas cometidas por todas las partes en el conflicto de Yemen. Más de 1.000 personas siguen detenidas a día de hoy, dijo Al-Sarari, y más de 40 están en paradero desconocido.
El gobierno de los EAU no ha respondido a una solicitud de comentarios. Un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. remitió las preguntas al Departamento de Defensa, que no respondió tampoco a la solicitud de comentarios.
Por temor a las represalias en Yemen, las identidades de muchas de las personas que documentaron los abusos no son de público dominio. Pero Al-Sarari apareció en entrevistas con los medios de comunicación, siendo públicamente premiada por su compromiso. Ese reconocimiento le puso una diana en la espalda. Tuvo que enfrentar una implacable campaña de difamación, así como amenazas e intentos de intimidación, y su familia le imploró que dejara de hablar. “Me culpaban diciéndome: ‘Si no temes por ti, teme por tus hijos, teme por tu reputación’”, dijo.
Cuatro años después, el trabajo de Al-Sarari sigue teniendo un profundo impacto en su vida. Al-Sarari huyó de Yemen en 2019, meses después de que asesinaran a su hijo adolescente, en lo que ella cree que fue una represalia por su trabajo. Ahora se esconde en un país que pidió a The Intercept no citar. Desde allí sigue atendiendo las llamadas de la gente de su país, en su mayoría madres, e investigando las denuncias de abusos.
Incluso desde el exilio, prefiere hablar de las continuas violaciones de los derechos humanos en Yemen que de lo mucho que le ha costado exponerlas.
“Continuaré con mi trabajo; nunca me he arrepentido de lo que he hecho a pesar de las pérdidas que he sufrido”, dijo. “No poder vivir en Yemen y permanecer con mi familia por mi trabajo es mi responsabilidad como abogada, como defensora de los derechos humanos y como ser humano. Hay que abogar por estas víctimas porque no tienen a nadie más a quien recurrir”.
Huda Al-Sarari mira en 2021 una foto de su hijo fallecido, Mohsen.(Foto: Adil Salim Obaid Al Bahrani)
Prisiones de irás y no volverás
La campaña liderada por Arabia Saudí en Yemen se produjo en respuesta a la insurgencia de los hutíes, un movimiento rebelde chií que en 2014 tomó la capital, Saná, y obligó al presidente Abdrabbuh Mansur Al-Hadi, respaldado por Arabia Saudí, a huir del país. Esta crisis política se produjo después de una anterior, en 2011, cuando un levantamiento popular obligó al autoritario presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, a ceder el poder a Hadi, su adjunto.
Desde el derrocamiento del presidente, los hutíes han controlado la mayor parte del norte del país, pero en 2015 tomaron brevemente partes del sur, incluida la ciudad portuaria de Adén, donde tenía su sede Al-Sarari. La coalición liderada por Arabia Saudí, que cree que los hutíes están respaldados por Irán, uno de los principales rivales de Arabia Saudí, los hizo retroceder con el apoyo de EE. UU.
Tras la campaña, las fuerzas de EAU establecieron una presencia en el sur, donde emprendieron lo que era ostensiblemente una campaña antiterrorista que barrió a innumerables personas sin conexión alguna probada con grupos terroristas. Altos funcionarios estadounidenses han elogiado la forma en que los E.A.U. y Arabia Saudí han liderado las operaciones antiterroristas en la región, con un exsubdirector de la CIA, Michael Morell, alabando el papel de los EAU en el sur de Yemen como “solución de libro para hacer frente a los grupos terroristas” y pidiendo que la intervención sirva de “modelo para otros países de la región”. Los oficiales militares estadounidenses han empezado a referirse a EAU como la “pequeña Esparta”.
Con la designación de Adén como capital provisional del gobierno derrocado de Yemen, los EAU se propusieron establecer un amplio aparato de seguridad que existiera en paralelo al oficial. En lugar de reconstruir las instituciones yemeníes, entrenaron y armaron un sistema de fuerzas especiales yemeníes subordinadas oficialmente al presidente en el exilio, pero, en realidad, a una cadena de mando dirigida por EAU. Estas fuerzas, entre las que se encontraban los “Cinturones de Seguridad” en Adén y las “Fuerzas de Élite Hadrami” en Hadramaut, pronto fueron acusadas de abusos generalizados. Las fuerzas de EAU se retiraron de Yemen en 2020, pero siguieron ejerciendo una importante influencia en el sur.
“Los EAU formaron estas milicias fuera del marco del Estado, separadas del aparato policial en un momento en el que el sistema judicial estaba perturbado”, dijo Al-Sarari. “Los departamentos de policía eran ineficaces y, por tanto, los Cinturones de Seguridad que los EAU crearon son los que se encargaron de las labores de seguridad dentro de la gobernación de Adén. Y son ellos los que luego llevaron a cabo las incursiones, detenciones y redadas”.
Cuando se supo que estaba investigando las desapariciones, Al-Sarari recibía entre 10 y 20 denuncias diarias sobre redadas y secuestros. Al principio, se dirigía a la policía oficial y a los tribunales, pero pronto llegó a la conclusión de que “había fuerzas distintas de las fuerzas de seguridad oficiales que eran las que llevaban a cabo estas detenciones”, declaró.
Así pues, ella y sus colegas empezaron a anotar los testimonios de las familias de los desaparecidos, recogiendo detalles como las armas que llevaban las fuerzas de seguridad y las palabras escritas en sus uniformes. Se enteraron de que las incursiones eran sistemáticas y que se producían mucho más allá de Adén, en una serie de distritos en los que la insurgencia hutí había retrocedido. Los informes se volvieron tan numerosos que pronto se convirtieron en una extensa hoja de cálculo.
“No había ninguna parte oficial a la que informar, así que las familias recurrían a nosotros”, dijo Al-Sarari, quien señaló que solían ser las madres de los desaparecidos las que llegaban a conocerla, por el boca a boca o a través de la defensa de la Asociación de Madres de Secuestrados, un grupo de la sociedad civil dirigido por mujeres.
Los hombres desaparecidos, entre los que se encontraban varios que se habían resistido tanto a la ofensiva de los hutíes en el sur como a la intervención de la coalición, fueron acusados sumariamente de tener conexiones con diversos grupos terroristas, incluidas las ramas yemeníes de Al Qaida y el Estado Islámico y encarcelados durante meses en más de una docena de centros de detención informales.
Al-Sarari pudo identificar la ubicación de varios de los centros y entrevistar a los hombres que habían sido retenidos y maltratados allí. En una ocasión habló con un hombre que había sido liberado tras ser detenido junto con su hermano. Cuando se entrevistó con Al-Sarari en su casa, pidió a su madre y a su hermana que salieran de la habitación antes de decirle que las fuerzas de seguridad habían sometido a su hermano a la tortura del ahogamiento, y que estaba seguro de que su hermano no había sobrevivido.
Los defensores de los derechos humanos llevan bastante tiempo pidiendo un proceso independiente que documente los abusos generalizados y sistemáticos y los crímenes de guerra cometidos por todas las partes del conflicto en Yemen. Este mes, más de 75 grupos de la sociedad civil pidieron a la Asamblea General de la ONU que estableciera un nuevo mecanismo internacional de rendición de cuentas para Yemen, después de que un grupo de expertos encargado por la ONU de documentar los abusos contra los derechos humanos en el país finalizara su mandato en medio de la presión política de Arabia Saudí y los EAU. Los críticos con la coalición liderada por Arabia Saudí también han pedido una investigación de la Corte Penal Internacional.
“En algún momento tendrá que haber un reconocimiento de lo que ha ocurrido en Yemen por parte de todos los bandos, y cualquier tipo de mecanismo de rendición de cuentas en un Yemen posconflicto tiene que incluir los abusos cometidos en la lucha contra el terrorismo”, dijo Jennifer Gibson, una abogada que dirige el proyecto de ejecuciones extrajudiciales en la asociación Reprieve, con sede en Reino Unido, que ha trabajado para amplificar los esfuerzos de defensa de Al-Sarari fuera de Yemen, nominándola incluso para dos prestigiosos premios de derechos humanos. “Por eso las investigaciones de Huda son tan importantes, por lo que pudo documentar en tiempo real y por las pruebas que pudo reunir. Esas pruebas no desaparecen”.
Una celda desierta en la sección pública de la Prisión Central de Adén es mostrada el 9 de mayo de 2017. Un ala separada y cerrada es administrada por aliados yemeníes de los EAU y forma parte de una red de prisiones secretas en el sur de Yemen. (Foto: Maad El Zikry/AP)
Un coste inmenso
Al-Sarari, a medida que construía una base de datos de detenciones extrajudiciales entre 2015 y 2016, se sentía frustrada porque documentar los abusos no hacía mucho para detenerlos. Así que cuando un periodista de Associated Press y representantes de varios grupos internacionales de derechos humanos empezaron a ponerse en contacto con ella, compartió su investigación con ellos y coordinó sus visitas con las familias de los detenidos para ayudar a exponer su difícil situación al mundo.
La existencia de las prisiones se documentó finalmente en 2017, en investigaciones separadas de Associated Press y Human Rights Watch, que se basaron en gran medida en el trabajo de Al-Sarari y otros activistas locales. Posteriormente fueron confirmadas por investigadores de la ONU -el Grupo de Expertos Eminentes en Yemen, o GEE por sus siglas en inglés- en 2018.
Los informes incluían los testimonios de antiguos detenidos que denunciaban la violencia y la tortura sistemáticas a manos de las fuerzas especiales yemeníes respaldadas por los EAU. Los testigos describieron haber sido golpeados, agredidos sexualmente, retenidos en contenedores de transporte abarrotados y con los ojos vendados durante meses. Dijeron que les habían azotado con alambres y les habían dado descargas eléctricas. Los centros de detención secretos se encontraban en aeropuertos, bases militares, domicilios particulares y un club nocturno, y algunos detenidos informaron de que los interrogatorios también se realizaban a bordo de barcos. La tortura incluía una técnica denominada “parrilla”, durante la cual se ataba a una persona a un asador y se la hacía girar en un círculo de fuego, informó AP. Un hombre que estuvo detenido en uno de los centros lo describió como una “prisión de irás y no volverás”, según el informe de HRW. Otro, que visitó a un niño detenido en una celda abarrotada en uno de los centros, dijo que el chico “parecía haberse vuelto loco”.
Una vez que se hicieron públicos, los informes fueron recogidos ampliamente. Al-Sarari, citada en uno de los artículos de AP, se convirtió en el rostro reacio de la historia. Tras conceder una entrevista a Al Jazeera, los partidarios de la coalición liderada por Arabia Saudí iniciaron una feroz campaña de acoso y difamación contra ella. En las redes sociales la llamaron espía, simpatizante del terrorismo, mercenaria y “puta”. Los abusos online se convertían a veces en amenazas que le enviaban de forma anónima. Una vez, alguien entró en su casa y le robó el teléfono. Y alguien rompió los cristales de su coche.
“Mi objetivo era seguir trabajando, pero estaba aterrorizada”, dijo Al-Sarari.
Algunos de sus familiares se oponían firmemente a su trabajo y la acusaban de poner en peligro a sus cuatro hijos. No podían entender por qué, en un Estado colapsado donde ninguna de las instituciones oficiales funcionaba, ella insistía en llevar a cabo su peligroso trabajo. “Le decían: ‘Haz tu trabajo normal, pero no hagas seguimiento, no te manifiestes’, recordó. ‘No hay poder judicial, no hay fiscalía; ninguna organización está trabajando excepto ustedes’”.
Pero precisamente por eso Al-Sarari sintió la obligación de seguir documentando los abusos. Mantuvo un perfil bajo durante un tiempo, pero finalmente reanudó sus visitas a los hogares de los desaparecidos, fingiendo que salía con amigos y ocultándose bajo un burka para proteger su identidad.
“Cualquiera que hablara de estos temas se enfrentaba a riesgos significativos”, declaró Kristine Beckerle, exinvestigadora para el Yemen en Human Rights Watch, que dijo que el informe de 2017 de la organización se basó ampliamente en el trabajo de Al-Sarari y de otras varias personas.
“Realmente, ella ha pagado un coste alto por el trabajo que ha hecho”, agregó Beckerle. “Y eso es bastante devastador, porque una desearía que Yemen fuera un lugar en el que personas como Huda y otras fueran recompensadas y aplaudidas, en lugar de ser amenazadas o que sus vidas quedaran trastocadas”.
En marzo de 2019, mientras Al-Sarari debatía en la televisión sobre una oleada de protestas contra las fuerzas especiales de seguridad yemeníes, su hijo Mohsen, de 18 años, recibió un disparo mientras estaba en una de esas protestas. Quedó inmediatamente paralizado y permaneció en cuidados intensivos durante un mes antes de morir por sus heridas. Al-Sarari pidió a las autoridades locales que investigaran el asesinato de su hijo, pero no lo hicieron. Así que empezó a investigar por su cuenta, y se enteró por un testigo de que no había sido atacado al azar, como ella creyó inicialmente, sino que le había disparado, intencionadamente, de frente y a corta distancia, el hermano de un alto miembro del Cinturón de Seguridad de Adén, respaldado por los EAU. The Intercept no pudo verificar de forma independiente su versión.
Tras el asesinato de su hijo, Al-Sarari hizo caso omiso de los consejos de sus amigos para que huyera y permaneció en Yemen, donde continuó su trabajo documentando los abusos de las mismas fuerzas que habían sido responsables de su muerte. Se marchó varios meses después, cuando la campaña de desprestigio contra ella se intensificó tras el reconocimiento internacional de su trabajo.
El punto de inflexión, según ella, llegó cuando un comentario anónimo en Internet amenazó a su hijo superviviente. “Deberían deshacerse de otro de tus hijos para que te largues”, decía.
Huda Al-Sarari muestra una foto de su difunto hijo Mohsen, que tenía 18 años cuando le mataron. (Foto: Adil Salim Obaid Al Bahrani)
Externalización de la tortura
Aunque no se arrepiente de su sacrificio, Al-Sarari dice estar profundamente decepcionada de que su trabajo no haya dado lugar a una acción más firme por parte de la comunidad internacional -y de EE. UU. en particular- en respuesta a los abusos de EAU en el sur de Yemen. “Estados Unidos debe pedir cuentas a EAU”, dijo.
“No tomaron ninguna medida que hiciera justicia a las víctimas, especialmente teniendo en cuenta que había elementos estadounidenses, junto con los emiratíes, dentro del campamento de la coalición”, añadió, refiriéndose a los oficiales estadounidenses. “No presionaron a la coalición para que dejara de cometer esos crímenes”.
A principios de 2015, cuando los insurgentes hutíes se desplazaron hacia el sur, EE. UU. evacuó las tropas que había desplegado en Yemen como parte de su larga lucha contra Al Qaida. Pero después de que los hutíes fueran rechazados por las fuerzas de la coalición respaldadas por la inteligencia y el apoyo aéreo de EE. UU., este país volvió a desplegar un pequeño número de tropas de Operaciones Especiales para ayudar en los esfuerzos antiterroristas dirigidos por EAU. En el sur de Yemen, Estados Unidos colaboró con los emiratíes para entrenar y armar a las fuerzas especiales yemeníes, a las que ha proporcionado apoyo táctico y técnico.
Los informes que Al-Sarari ayudó a sacar a la luz también implicaban, de hecho, a EE. UU. con exdetenidos y funcionarios yemeníes que decían haber visto a estadounidenses alrededor de los centros de detención o haber sido interrogados por ellos.
La investigación de AP de 2017 citaba a funcionarios estadounidenses no identificados que decían que los estadounidenses sí participaban en los interrogatorios de los detenidos en los centros, y que proporcionaban preguntas a otras fuerzas y recibían transcripciones de los interrogatorios. Los funcionarios dijeron que habían tenido conocimiento de las denuncias de abusos, pero que creían que no se había producido ninguno cuando las fuerzas estadounidenses estaban presentes. “No haríamos la vista gorda, porque estamos obligados a denunciar cualquier violación de los derechos humanos”, dijo entonces un portavoz del Departamento de Defensa.
Los hombres que fueron liberados de las prisiones informaron de que los detenidos se dividían entre los acusados de tener vínculos con grupos terroristas y los críticos con la coalición y otros activistas políticos, dijo Baraa Shiban, coordinadora del proyecto de Yemen en Reprieve, que trabaja estrechamente con Al-Sarari y entrevistó personalmente a algunos de los antiguos detenidos.
“Cuando algunos de los detenidos empezaron a salir, comenzaron a decir: ‘En realidad fuimos interrogados por interrogadores estadounidenses’”, dijo Shiban a The Intercept. “Varios prisioneros nos dijeron que cuando llegaban, los dividían y decían: ‘Estas son personas de interés para los interrogadores estadounidenses, y estas son personas de interés para los EAU’”.
Las revelaciones suscitaron preguntas sobre el papel directo o indirecto de EE. UU. en las detenciones extrajudiciales y la tortura. Beckerle, la investigadora en Yemen, dijo que, aunque los informes de los grupos occidentales atrajeron tardíamente la atención internacional sobre las desapariciones forzadas y las prisiones secretas gestionadas por EAU, “no era ningún secreto que en el sur de Yemen estaban produciéndose estos horribles abusos”.
La postura de los funcionarios estadounidenses -que no estaban al tanto de los abusos hasta que se publicaron los informes de alto nivel- es “absurda”, añadió. “Si hubieran buscado, habrían encontrado, pero no quisieron encontrarlo”.
Un ex alto funcionario del Departamento de Defensa dijo a The Intercept que, tras las denuncias públicas de tortura, los funcionarios estadounidenses presionaron para que se permitiera a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja visitar las instalaciones, y se reunieron con ellos para coordinar dicha visita. El exfuncionario, que pidió el anonimato por tratarse de asuntos delicados, dijo que el departamento aconsejó a sus miembros que no visitaran prisiones en el extranjero para evitar que se les considerara “responsables de hacer algo con respecto a las condiciones”. Añadió que el CICR tenía más capacidad para informar sobre las condiciones de las prisiones y “más credibilidad” ante los críticos.
Pero el exfuncionario también dijo que no cree que los EAU fueran responsables de las torturas en los centros, y añadió que la tortura “no sólo es inmoral, sino también ineficaz”.
“Teníamos un compromiso casi constante con los Emiratos sobre los esfuerzos en Yemen”, dijo el funcionario. “Si hubiéramos tenido conocimiento de abusos de los derechos humanos, entre los que se incluiría por supuesto la tortura, habríamos interrumpido cualquier apoyo”.
El CICR realizó su primera visita a detenidos “relacionados con el conflicto” en Adén en 2018. Imene Trabelsi, portavoz del grupo, escribió en un correo electrónico a The Intercept que “todos los detalles y cualquier preocupación u observación que podamos tener se comparten como parte de un diálogo estrictamente confidencial y bilateral con las autoridades a cargo”.
La portavoz añadió que el CICR ha visitado aproximadamente 40 centros de detención en todo Yemen, llegando a unos 20.000 detenidos, en su mayoría civiles. “El acceso del CICR a los detenidos relacionados con el conflicto sigue siendo limitado y continúa siendo objeto de negociaciones en curso con todas las partes del conflicto”, escribió Trabelsi.
Los sitios administrados por los EAU en Yemen recordaban a los “sitios negros” de la CIA en los que las fuerzas estadounidenses torturaron a decenas de sospechosos de terrorismo tras el 11-S, dijeron los críticos. Aunque los abusos de Estados Unidos estaban ampliamente documentados, ningún funcionario o fuerza estadounidense ha rendido cuentas por ellos, un fracaso que los defensores de los derechos humanos advierten que no ha hecho sino permitir que otros países apliquen tácticas similares en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Si algo ha cambiado desde los primeros días del programa de tortura de Estados Unidos, dijo Gibson, de Reprieve, es que se ha distanciado de los abusos cometidos por otras fuerzas con las que coopera estrechamente, construyendo “una capa de negación plausible en el sistema”.
“Se creía que la tortura estadounidense era ya historia, y lo que el trabajo de Huda nos está mostrando es que todo lo que Estados Unidos ha hecho desde la primera mitad de la guerra contra el terror hasta la segunda mitad es darse cuenta de que ‘oye, en realidad es mucho mejor subcontratar la tortura, subcontratársela a nuestros socios, y así no tenemos ninguna responsabilidad, no hemos puesto los dedos en eso’”, añadió Gibson. “Cuando no te enfrentas a tu propia responsabilidad por tus propias acciones, y no haces que tu gobierno rinda cuentas por las torturas que ha cometido, simplemente vas a seguir haciéndolo de una manera u otra. La impunidad solo engendra más impunidad”.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire