FRANCESCA LESSACincuenta años después del golpe de Uruguay, ¿por qué tan pocas personas han sido juzgadas por los crímenes de la dictadura?

Francesca Lessa, La Conversación, 26/6/2023
Traducido por Fausto Giudice, Tlaxcala

La Dra. Francesca Lessa (1980) es docente de Estudios y Desarrollo Latinoamericanos e investigadora en la Universidad de Oxford. Es autora del reciente libro The Condor Trials: Transnational Repression and Human Rights in South America, publicado por Yale University Press (2022). Es Coordinadora e Investigadora Principal del Proyecto Plan Cóndor.

El 27 de junio se cumplen 50 años del inicio del golpe de Estado en Uruguay. Ese día de 1973, el Presidente Juan María Bordaberry y las fuerzas armadas cerraron el Parlamento e inauguraron 12 años de terror de Estado (1973-1985).

Este aniversario ofrece la oportunidad de reflexionar sobre por qué Uruguay no ha juzgado a más personas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante esta dictadura.

El ex presidente uruguayo Juan María Bordaberry fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por violaciones de los derechos humanos. AP/Alamy

Durante décadas, Uruguay fue conocido como “la Suiza de América Latina”, dada su larga estabilidad, sus tradiciones democráticas y su Estado del bienestar. En 1973, se prestó poca atención al régimen uruguayo, quizás debido a la reputación del país y a su situación geopolítica, eclipsado por dos vecinos mayores, Argentina y Brasil. Ese año, la mayor parte de la atención internacional se centró en el espectacular golpe de Estado contra el presidente chileno, Salvador Allende.

Encarcelamiento, interrogatorio y tortura

Sin embargo, el régimen uruguayo fue igualmente violento y represivo. En poco tiempo, Uruguay se ganó un nuevo apodo: la “cámara de tortura de América Latina”. A principios de 1976, Uruguay tenía la mayor concentración per cápita de presos políticos del mundo.

Según Amnistía Internacional, uno de cada 500 ciudadanos estaba en prisión por motivos políticos y “uno de cada 50 ciudadanos había pasado por un periodo de encarcelamiento, que para muchos incluía interrogatorios y tortura”. Además de los miles de personas encarceladas y torturadas, la dictadura dejó un legado de 197 desapariciones forzadas patrocinadas por el Estado y 202 ejecuciones extrajudiciales entre 1968 y 1985.

La represión fue brutal no sólo dentro de las fronteras uruguayas, sino también fuera de ellas. Mi libro sobre la Operación Cóndor -una campaña represiva emprendida por las dictaduras sudamericanas, y respaldada por USA, para silenciar a los opositores en el exilio- ilustra cómo los uruguayos representan el mayor número de víctimas (el 48% del total) perseguidas más allá de las fronteras entre 1969 y 1981.

¿Justicia o impunidad?

Uruguay volvió a la democracia el 1° de marzo de 1985, con la toma de posesión del Presidente Juan María Sanguinetti. Las perspectivas de justicia fueron restringidas desde el principio. Los generales uruguayos y los representantes de tres partidos políticos habían negociado la transición a través del Pacto del Club Naval.

Entre otras cosas, éste establecía un calendario para el retorno de la democracia, restauraba el sistema político anterior a la dictadura, incluida la constitución de 1967, y convocaba elecciones nacionales para noviembre de 1984. Las elecciones se celebraron, pero con la prohibición de algunos políticos.

En diciembre de 1986, el parlamento democrático sancionó entonces la Ley N° 15848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta “ley de impunidad” blindó de hecho a policías y militares de la rendición de cuentas por las atrocidades de la época de la dictadura, garantizando el control y la supervisión de la justicia por parte del ejecutivo. Se introdujo en un momento de creciente oposición por parte de las fuerzas armadas a las incipientes investigaciones judiciales sobre crímenes del pasado.

La ley de caducidad consiguió que la política de impunidad auspiciada por el Estado, según la cual los delitos no se castigan, siguiera vigente durante 25 años, hasta 2011. En otro lugar he analizado los altibajos de la relación de Uruguay con la rendición de cuentas.

Avanzando rápidamente hasta la actualidad, Uruguay tiene reputación de ser líder regional en ciertos ámbitos de derechos humanos (por ejemplo, derechos reproductivos y matrimonio igualitario). Pero sólo ha conseguido una justicia muy limitada para las atrocidades de la época de la dictadura.

Comparación entre Uruguay y Argentina

Hasta junio de 2023, los tribunales uruguayos han dictado sentencias en sólo 20 casos penales y condenado a 28 acusados en total, algunos de los cuales estaban implicados en múltiples casos, (a partir de cifras recopiladas de datos míos y de la ONG Observatorio Luz Ibarburu).

Como punto de comparación, los tribunales argentinos han dictado 301 sentencias desde 2006, con 1.136 personas condenadas por los crímenes de la dictadura (1976-1983).

Asimismo, al 31 de diciembre de 2022 se han dictado 606 sentencias definitivas en juicios por crímenes de la época de la dictadura en Chile, 487 en causas penales y civiles (vistas en conjunto), y 119 sólo en causas civiles, según datos del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales.

Junto con colegas de la Universidad de Oxford, desarrollamos un enfoque para explicar por qué algunos países exigen responsabilidades a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, mientras que otros no lo hacen.

Se basa en cuatro factores: la demanda de la sociedad civil; la ausencia de agentes de veto (como políticos que se oponen a la rendición de cuentas o a la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado); el liderazgo judicial nacional; y la presión internacional. Este planteamiento básico ayuda a comprender las luchas perdurables en Uruguay. Aunque los cuatro factores están en juego en el país, chocan entre sí y favorecen la impunidad en general.

Uruguay ha sido testigo de importantes niveles de presión internacional, incluido el famoso veredicto “Gelman” de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue decisivo para derogar la ley de caducidad en 2011. Al mismo tiempo, la sociedad civil no ha cesado de reclamar justicia, desde el histórico referéndum de 1989 para derogar la ley de caducidad hasta, más recientemente, los llamamientos para modificar la ley de reparación de 2006 para los presos políticos.

Sin duda, la mayor parte de los avances en materia de justicia, verdad y reparación se han logrado en Uruguay gracias a los incansables esfuerzos de activistas y ONG, incluida la central sindical, que han espoleado a las autoridades a investigar.

Sin embargo, Uruguay nunca se ha comprometido con la investigación de las atrocidades del pasado como política de Estado, como sí lo ha hecho Argentina. Un conjunto de actores poderosos, que incluye a las fuerzas armadas, varios políticos y jueces de tribunales superiores, se han asegurado de que el muro de la impunidad se mantuviera en pie con pocas excepciones.

La falta de independencia judicial y la sanción de algunos jueces valientes que intentaron desafiar la impunidad en las décadas de 1990 y 2000 -la más reciente, Mariana Mota- también han obstaculizado el progreso.

Otro factor es el importante número de sentencias del Tribunal Supremo que restaron importancia a la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Sin embargo, podría haber cambios positivos en el horizonte. Un nuevo código de procedimiento penal introducido en 2017 significa que las denuncias de la época de la dictadura (presentadas desde entonces) se investigan con mayor rapidez. Y la creación en 2018 de una fiscalía especializada en crímenes contra la humanidad -una antigua demanda de los activistas de derechos humanos- ha dado lugar a que más investigaciones lleguen a juicio y a un ritmo más rápido.

Como dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti sobre la memoria y el olvido, cuando la verdad se extienda por el mundo: “esa verdad será que no hay olvido”.

DANIEL GILBERTComment des problèmes dans une usine en Inde ont conduit à une pénurie de médicaments anticancéreux aux USA

Daniel Gilbert, The Washington Post, 27/6/2023
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala

Daniel Gilbert a rejoint le Washington Post en 2022 et écrit sur le secteur de la médecine. Auparavant, il a travaillé pendant sept ans comme journaliste d’investigation pour le Seattle Times et, avant cela, il a couvert les secteurs de l’économie et de l’énergie pour le Wall Street Journal. Twitter

 

L’usine d’Intas Pharmaceuticals produisait des médicaments dans un vaste parc industriel de l’ouest de l’Inde, loin de l’esprit des patients usaméricains atteints de cancer, jusqu’à ce que ses problèmes deviennent les leurs.

Intas Pharmaceuticals exploite plusieurs usines près d’Ahmedabad, dans l’État indien du Gujarat, dont celle-ci dans le village de Matoda. À la fin de l’année dernière, la FDA (Agence fédérale des produits alimentaires et médicamenteux) usaméricaine a constaté des problèmes dans une usine voisine d’Intas, ce qui a conduit l’entreprise à suspendre sa production. (Sam Panthaky/AFP/Getty Images)

L’usine fournissait environ 50 % de l’approvisionnement des USA en cisplatine, un médicament générique de chimiothérapie largement utilisé, une réalité que peu de gens comprenaient jusqu’à ce que la Food and Drug Administration usaméricaine inspecte le site en novembre.

Les inspecteurs ont constaté des problèmes généralisés, notamment des documents fraîchement déchirés et aspergés d’acide, ainsi qu’une “cascade de défaillances” dans l’assurance qualité. Intas a suspendu la production pendant qu’elle s’efforçait de résoudre les problèmes, ce qui a déclenché une pénurie de cisplatine, selon les experts de la chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui, les oncologues se démènent pour s’approvisionner ou trouver d’autres traitements, ce qui pourrait affecter des centaines de milliers de patients.

C’est le dernier cas en date d’un médicament générique soudainement difficile à obtenir aux USA, où les consommateurs ont également eu du mal, l’année dernière, à trouver toutes sortes de produits, de l’acétaminophène pour enfants aux antibiotiques en passant par les médicaments destinés à traiter le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité. Les raisons de ces pénuries sont diverses, mais ensemble, elles mettent l’accent sur l’activité délicate de fabrication des médicaments génériques et sur la fragilité du réseau de distribution de médicaments essentiels pour les  USAméricains.

Les médicaments génériques - copies moins chères des médicaments de marque - aident à contrôler les coûts des soins de santé, représentant plus de 90 % des prescriptions aux USA, mais moins de 20 % des dépenses en médicaments de prescription, selon l’Association for Accessible Medicines, qui représente les fabricants de médicaments génériques. Selon les experts, la concurrence croissante dans le secteur a réduit les bénéfices des fabricants, ce qui ne les incite guère à moderniser des usines vieillissantes qui tournent souvent à plein régime et qui risquent de tomber en panne.

Dans cette chaîne d’approvisionnement fragile, une perturbation dans une seule usine peut entraîner une pénurie généralisée lorsque les autres fabricants ne parviennent pas à combler la différence. Outre Intas, quatre autres entreprises fabriquant du cisplatine ont signalé une pénurie à la FDA, invoquant une “augmentation de la demande”. Cette pénurie a contribué à son tour à une pénurie de carboplatine, un médicament chimiothérapeutique qui peut être substitué au cisplatine et qui était également fabriqué dans la même usine d’Intas.

William Dahut, directeur scientifique de l’American Cancer Society, a déclaré que les patients ne peuvent pas se contenter d’attendre qu’un médicament de chimiothérapie soit disponible et risquent de voir leur cancer continuer à se développer. « Ils risquent de continuer à prendre d’autres médicaments qui ne seront peut-être pas aussi efficaces », a-t-il déclaré.

C’est précisément ce scénario qui a accru l’anxiété d’Anne Ingebretsen après qu’on lui a diagnostiqué un cancer des ovaires en avril. Le diagnostic lui-même a été un coup dur pour cette femme de 63 ans, élue à Greenwood Village (Colorado), à qui l’on a d’abord prescrit une chimiothérapie à base de carboplatine. Elle a d’abord reçu une ordonnance de carboplatine pour sa chimiothérapie. « Puis vous apprenez que vous ne recevrez pas le protocole standard, mais le protocole de deuxième intention. C’est un autre coup dur », dit-elle

Le National Comprehensive Cancer Network, une alliance de centres de cancérologie, a mené une enquête auprès de 27 de ses membres en mai et a constaté qu’entre 70 et 93 % d’entre eux manquaient de cisplatine ou de carboplatine. Ces médicaments sont utilisés pour traiter les cancers du poumon, de la vessie, du sein et de la prostate, entre autres.

« Nous n’avons pas connaissance de pénuries antérieures de médicaments anticancéreux d’une ampleur comparable à celle du cisplatine et du carboplatine », a déclaré Robert Carlson, directeur général du réseau, dans un communiqué. Ces médicaments « sont si largement utilisés - et si efficaces - dans tant de types de cancer que l’impact est bien plus important que les pénuries passées de médicaments oncologiques ».

La FDA a ajouté les médicaments fabriqués dans l’usine d’Intas à une “alerte à l’importation”, en vertu de laquelle ils pourraient ne pas être autorisés aux USA, mais a exempté ceux qui font l’objet d’une pénurie. Intas et sa filiale usaméricaine, Accord Healthcare, ont collaboré avec l’agence pour vérifier la qualité des médicaments anticancéreux qu’elle a déjà produits et expédiés aux USA.

« Intas se consacre entièrement à la poursuite de son acquis en matière de fourniture de médicaments de qualité », a déclaré la société dans un communiqué.

La FDA a pris des dispositions pour importer temporairement du cisplatine d’un fournisseur chinois et étudie d’autres options de ce type. L’agence a inscrit 14 médicaments anticancéreux sur sa liste de pénuries.

« La FDA fait tout son possible pour atténuer ces pénuries », a déclaré un porte-parole.

Mais pour mettre fin aux pénuries chroniques de médicaments, il faudra changer radicalement la façon dont les médicaments génériques sont fabriqués et achetés, affirment les experts. Un rapport publié mercredi par le projet Hamilton de la Brookings Institution affirme que le gouvernement usaméricain doit intervenir, par le biais de la législation et du financement, pour inciter les fabricants à investir dans des équipements fiables et les acheteurs de leurs médicaments à payer un supplément pour la qualité.

Cela pourrait coûter jusqu’à 3 milliards de dollars par an, estime le rapport, mais c’est peu par rapport aux coûts sociétaux des pénuries de médicaments. Une analyse non publiée de la FDA en 2018 a calculé qu’une seule pénurie de norépinéphrine - un médicament contre la tension artérielle - entraînait une mortalité plus élevée et un “coût social” de 13,7 milliards de dollars.

Un bâtiment de Teva Pharmaceuticals à Jérusalem en 2017. (Ammar Awad/Reuters)

Pratiquement personne ne gagne d’argent

En 2017, Teva Pharmaceuticals, le plus grand fabricant de médicaments génériques au monde, a enregistré la perte annuelle la plus importante de son histoire. Le coupable : ses activités usaméricaines dans le domaine des génériques.

La fabrication de médicaments génériques consiste essentiellement à copier l’innovation d’une autre société et, une fois que le médicament original perd la protection de son brevet, à le proposer au public à un prix inférieur. C’est une formule qui, historiquement, a permis aux fabricants de réaliser des bénéfices substantiels tout en réduisant les coûts dans l’ensemble du système de soins de santé. Mais la viabilité de ce modèle a été remise en question ces dernières années.

Les groupes d’achat des hôpitaux, les grossistes et les distributeurs qui achètent des médicaments à Teva et à d’autres fabricants de médicaments se sont regroupés, laissant quelques grands acteurs avec une plus grande marge de manœuvre pour faire de bonnes affaires. Les réglementations et les politiques de la FDA ont également entraîné une concurrence accrue pour les médicaments génériques, exerçant une pression supplémentaire sur les fabricants pour qu’ils proposent des prix toujours plus bas.

Lorsque l’entreprise israélienne Teva a analysé les recettes qu’elle comptait tirer de la vente de génériques aux USA en 2017, elle a conclu que cette activité valait 11 milliards de dollars de moins que ce qu’elle pensait auparavant, ce qui l’a amenée à enregistrer une perte considérable.

Depuis, Teva a considérablement réduit son empreinte industrielle. En mai, la société exploitait 52 usines dans le monde, contre 80 en 2018, et prévoit de fermer jusqu’à une douzaine d’autres sites, selon une présentation aux investisseurs. Elle a signalé une pénurie actuelle de neuf médicaments anticancéreux qu’elle fabrique.

Teva a déclaré que sa nouvelle stratégie est une réponse à « la dynamique du marché qui a radicalement changé ces dernières années », selon un porte-parole, et qu’elle « ne prévoit actuellement aucun changement pour les médicaments en pénurie en raison d’une forte demande ». L’entreprise a déclaré avoir constaté une « hausse à trois chiffres de la demande » pour le cisplatine et le carboplatine en raison de la fermeture de l’usine Intas, et qu’elle « redouble d’efforts tout au long de sa chaîne d’approvisionnement pour respecter ses engagements envers ses clients et trouver des moyens de faire face à la demande excédentaire ».

« Pratiquement personne ne gagne de l’argent dans le secteur des génériques aux USA », a déclaré Carlo de Notaristefani, qui a supervisé les opérations mondiales de Teva jusqu’en 2019. L’absence de bénéfices fait qu’il est difficile pour les fabricants d’investir dans la modernisation des vieilles usines, a-t-il ajouté, ce qui crée un autre risque de perturbation, en plus des pénuries de matières premières et de la conformité aux réglementations. « Plus les usines vieillissent, plus elles sont susceptibles de subir des pannes inattendues ».

Les médicaments anticancéreux injectés sont particulièrement complexes à fabriquer et à manipuler, car ils passent directement dans la circulation sanguine du patient et doivent être produits dans une installation stérile, ce qui laisse moins de marge d’erreur que les médicaments oraux qui passent par le système digestif du corps.

L’approvisionnement en médicaments génériques injectables est également plus vulnérable aux perturbations, 15 % d’entre eux au moins n’ayant qu’un seul fabricant, selon le nouveau rapport du projet Hamilton de la Brookings Institution.

En raison des maigres bénéfices réalisés aux USA, « les usines usaméricaines continuent de fermer, tandis qu’un nombre croissant de sites sont ouverts en Inde avec le soutien du gouvernement indien », indique l’étude.

Selon les données de la FDA, les inspections de fabricants étrangers ont chuté pendant la pandémie de covid-19. Avant l’inspection de novembre, l’usine d’Intas avait été inspectée pour la dernière fois en février 2020. Cette inspection avait révélé des problèmes, mais n’avait pas donné lieu à des mesures réglementaires.

C’est ainsi que l’on aboutit à des pénuries

Le jour où les inspecteurs sont arrivés à l’usine Intas, dans l’État indien du Gujarat, ils ont remarqué « un grand sac en plastique noir qui était [caché] sous l’escalier » d’une zone de contrôle de la qualité. À l’intérieur du sac se trouvaient des documents déchirés sur les pratiques de fabrication de l’usine pour les médicaments vendus aux USA.

Dans un premier temps, un responsable d’Intas a expliqué qu’un employé avait utilisé les documents pour nettoyer un déversement sur le sol. Plus tard, un responsable du contrôle de la qualité a admis avoir saccagé les documents lorsqu’il a appris que les enquêteurs arrivaient, en les aspergeant d’acide « pour tenter de détruire les preuves des tests sur lesquels il travaillait et qui présentaient des problèmes », selon le rapport d’inspection lourdement caviardé.

Les enquêteurs de la FDA ont également trouvé un camion rempli de sacs poubelles contenant des documents déchirés concernant des tests de qualité, en attente d’autorisation pour quitter la zone de fabrication.

« Nous avons déterminé que le déchiquetage de documents était un incident isolé », a déclaré Accord Healthcare, filiale d’Intas, dans un communiqué, ajoutant qu’elle avait pris des « mesures correctives appropriées » et lancé une « initiative de culture de la qualité à l’échelle de l’entreprise ».

« Je pense que si vous n’êtes pas surveillé et que vous le savez, vous êtes tenté de faire des économies », a déclaré Erin Fox, pharmacienne en chef adjointe à l’université de l’Utah, qui suit les pénuries au niveau national. « Je crains qu’à mesure que la FDA intensifie ses inspections, elle ne découvre d’autres problèmes » qui pourraient entraîner d’autres pénuries. Le nombre de médicaments en pénurie active est le plus élevé depuis 2014, selon le service d’information sur les médicaments de l’université.

Certains experts en matière de pénuries de médicaments espèrent que la crise actuelle incitera les législateurs à donner suite à des recommandations formulées de longue date.

Marta Wosinska, chercheuse invitée à la Brookings Institution et auteure principale du document du projet Hamilton, propose des prêts à faible taux d’intérêt pour permettre aux fabricants de moderniser leurs usines et au gouvernement de stocker des médicaments génériques essentiels. Mais la réforme la plus importante, selon elle, consiste à créer un système qui évalue la qualité des fabricants et oriente la demande vers les plus fiables, en récompensant financièrement les hôpitaux qui s’approvisionnent auprès d’eux.

« Si nous voulons de la résilience, nous devrons payer pour cela », dit Mme Wosinska.

Un livre blanc publié jeudi par l’industrie a formulé des recommandations similaires, appelant à inciter les hôpitaux, les grossistes et les distributeurs à s’engager à long terme à acheter des médicaments à des prix fixes. L’idée de noter les fabricants en fonction de leur fiabilité - une mesure connue sous le nom de maturité en gestion de la qualité (QMM) - fait encore l’objet d’un débat.

Brian McCormick, responsable de la politique réglementaire mondiale de Teva, a déclaré lors d’un forum du projet Hamilton qu’il soutenait les efforts visant à améliorer la qualité des fabricants, mais qu’il craignait que le fait d’orienter la demande vers les usines les plus performantes ne nuise aux installations plus anciennes et ne conduise à une chaîne d’approvisionnement moins diversifiée.

« Je veux une installation avec une faible note QMM sur le marché usaméricain parce que je veux avoir le plus grand nombre possible de fournisseurs adéquats à notre disposition », a-t-il déclaré.

« C’est vrai, a répondu Mme Wosinska, mais ce que je ne veux pas, c’est que cet établissement détienne 50 % des parts de marché ». Elle a ajouté : « C’est ainsi que l’on finit par avoir des pénuries ».

 

LUIGI PANDOLFILe Mécanisme européen de stabilité (MES) remet en cause l’architecture même de l’UE, mais Meloni n’a pas compris ça

Luigi Pandolfi, il manifesto, 23/6/2023
Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala

English The ESM calls into question the EU’s architecture, but Meloni doesn’t get it

Luigi Pandolfi (Cosenza, Italie, 1972), diplômé en sciences politiques, blogueur, collabore avec divers journaux et magazines en ligne. Auteur de nombreux livres. @LuigiPandolfi1

Lorsque Giorgia Meloni affirme qu’“il ne sert à rien de ratifier la réforme du MES si l’on ne sait pas ce que prévoit le nouveau pacte de stabilité et de croissance”, elle est totalement à côté de la plaque. Le problème se situe à Francfort plus qu’à Bruxelles

Il ne fait aucun doute que le MES constitue pour Meloni une béquille pour démontrer sa fidélité aux préceptes de son improbable souverainisme (sa subalternité face aux USA sur la guerre en Ukraine l’a réduit à un simulacre), peut-être aussi une arme de chantage dans les différents jeux ouverts en Europe (PNRR, Pacte de Stabilité). À tel point que son refus de ratifier sa dernière version ne s’accompagne pas, comme il le devrait, d’une critique de fond publique et courageuse des mécanismes qui encadrent le fonctionnement de l’union monétaire.

MissLilou

L’Europe est le seul endroit au monde où une banque centrale opère pour vingt pays différents, avec leurs caractéristiques politiques et économiques différentes, avec des intérêts économiques et commerciaux différents - et parfois contradictoires - à l’échelle nationale et internationale. Ils ne croissent et n’exportent pas tous de la même manière, certains ont une dette stratosphérique et d’autres non, et même l’inflation les divise actuellement.

La banque centrale, dans ce cadre, veille aux taux d’intérêt, à la stabilité des prix (elle essaie), à la solidité du système bancaire. Tout au plus, lorsque la situation est exceptionnelle (dernière crise financière mondiale, pandémie), elle s’essaie à ce que l’on appelle les “politiques monétaires non conventionnelles”, consistant le plus souvent à injecter davantage de liquidités dans le système (secteur bancaire).

La règle d’or, en somme, est de se tenir à l’écart des États et des gouvernements. Il est absolument interdit d’acheter directement des obligations d’État des États membres ou de leur accorder des “découverts” ou des “facilités de crédit”. En Europe, parler de monétisation des déficits publics (l’État couvre son déficit budgétaire en vendant ses obligations à la banque centrale, qui crée à son tour de l’argent frais pour les acheter), ainsi que d’annulation de la dette détenue par la BCE (les obligations achetées par les banques nationales dans le cadre de l’assouplissement quantitatif), est une hérésie.

C’est le marché qui décide pour les États. Si, pour une raison quelconque, un pays membre devait avoir des difficultés à se financer par le biais du placement de ses obligations d’État, la banque centrale ne pourrait que lever les bras au ciel. C’est pourquoi a été créé le Fond de sauvetage des États, une organisation financière calquée sur le FMI, qui s’adresse aux États comme une banque commerciale s’adresse à une entreprise privée ou à un citoyen. De l’argent contre des garanties précises, sous certaines conditions. Ils les appellent “programmes d’ajustement macroéconomique”, mais c’est une manière soft de parler de réduction des dépenses sociales et de politiques de privatisation/libéralisation débridées. La Grèce, l’Espagne, le Portugal, Chypre, l’Irlande en savent quelque chose. Comptes équilibrés, sociétés dévastées.

C’est le principe qui est mauvais. Autant l’indépendance des banques centrales est officiellement déclarée dans tous les pays du monde, autant il n’y a pas de pays au monde avec un certain degré de développement où il y a une imperméabilité absolue de la banque centrale aux décisions des politiques. La FED est “indépendante”, mais elle répond également au Congrès et est de facto soumise à l’influence du président usaméricain.

Le plus important, cependant, est que la FED est un prêteur en dernier ressort pour le gouvernement usaméricain. En cas de besoin, elle peut financer directement le gouvernement. Sans conditions. Comme la Banque d’Angleterre et la Banque du Japon, ou la Banque populaire de Chine. Si la Russie, suite aux sanctions qui lui ont été imposées par l’Occident, s’était retrouvée dans la situation des pays européens avec la BCE, elle serait déjà en faillite. Le problème est donc beaucoup plus structurel. Il met en cause l’architecture de l’Union. Dont, avec la réforme de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), le MES est devenu un autre “pilier”.

Une sorte de constitutionnalisation de la suprématie de la finance sur la politique, les gouvernements, la démocratie.

Mais il ne semble pas que le débat en Italie soit à la hauteur du problème. Comme sur d’autres sujets, c’est la logique des alignements internes qui prévaut, l’habituel conformisme idéologique envers les décisions prises par les structures européennes, qui est très souvent contrebalancé par une dissidence non articulée et de façade. Lorsque Giorgia Meloni affirme qu’“il ne sert à rien de ratifier la réforme du MES si l’on ne sait pas ce que prévoit le nouveau pacte de stabilité et de croissance”, elle est totalement à côté de la plaque. Le problème se situe à Francfort plus qu’à Bruxelles.