Yaniv
Kubovich, Haaretz,
10/9/2025
Traducido por Tlaxcala
La principal jurista del ejército israelí advirtió que la transferencia de población era jurídicamente indefendible sin un análisis completo de las condiciones humanitarias para un millón de personas en el sur de Gaza. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ignoró su advertencia y dio la orden. Fuentes militares afirmaron que los dirigentes “crearon un escenario que no existe, cuando todos sabían que la evacuación no podía llevarse a cabo”.
El lunes, el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal
Zamir, ordenó la evacuación de toda la población de la ciudad de Gaza, en
contra de la posición de la abogada general militar, la generala Yifat
Tomer-Yerushalmi.
La semana anterior, Tomer-Yerushalmi había advertido a
Zamir que no podía determinarse que las operaciones de evacuación previstas
hacia el sur de Gaza fueran legales, y exigió que se pospusieran las
notificaciones de evacuación hasta que existieran condiciones adecuadas para
recibir a la población. Pero Zamir ignoró su postura.
Pocos días después, convocó una reunión con el jefe del
Mando Sur de las FDI, Yaniv Asor, y el Coordinador de Actividades
Gubernamentales en los Territorios (COGAT), Ghassan Alian, excluyendo a la
abogada general. Los tres decidieron ordenar a todos los residentes de la
ciudad de Gaza que se trasladaran al sur, sin informar a Tomer-Yerushalmi de la
decisión.
La abogada general militar es la autoridad de las FDI
encargada de interpretar el derecho internacional. Altos mandos señalaron que
no recordaban un caso en el que un jefe del Estado Mayor hubiera ignorado la
posición de la principal jurista en un asunto de tanta importancia.
Zamir recalca con frecuencia su compromiso de actuar de
acuerdo con el derecho internacional, tanto públicamente como en conversaciones
con reservistas preocupados por posibles violaciones del derecho de la guerra. “Las
FDI siempre actúan conforme al derecho interno e internacional”, declaró en
mayo. “Cualquier acusación que cuestione la integridad de nuestras acciones o
la moralidad de nuestros soldados carece de fundamento”.
La semana pasada, Zamir celebró varias reuniones con
altos funcionarios legales y mandos militares sobre la evacuación de los
residentes de la ciudad de Gaza y su traslado al sur. Durante estas
discusiones, el jefe del Estado Mayor, el jefe del Mando Sur y el comandante de
COGAT fueron instados a proporcionar a la abogada general militar un informe
completo detallando la situación humanitaria en el sur de Gaza y el estado de
las infraestructuras requeridas por el derecho internacional en las zonas designadas
para recibir a la población.
Las estimaciones indican que alrededor de 1,2 millones de
personas en la ciudad de Gaza tendrían que desplazarse al sur, incluidos
700.000 residentes de antes de la guerra y unos 500.000 desplazados internos
que se habían refugiado allí.
Fuentes militares israelíes familiarizadas con las
discusiones de la semana pasada –en las que participaron el jefe de las FDI,
altos mandos y la abogada general– afirmaron que los dirigentes militares
presentaron una imagen irreal de las condiciones humanitarias en el sur de
Gaza. “Crearon un escenario que no existe, sin ningún trabajo serio de base,
cuando todos sabían que no era la realidad y que la evacuación no podía
llevarse a cabo”, dijo un responsable de seguridad conocedor del asunto.
Según estas fuentes, la información parcial y superficial
presentada durante las discusiones se mostró en mapas poco claros en los que
áreas ya completamente ocupadas aparecían como disponibles para nuevos
residentes. Los cálculos del Mando Sur y de COGAT mostraban que, en las zonas
designadas como seguras y destinadas a albergar a la población, se asignaban
apenas siete metros cuadrados por persona, muy por debajo de los estándares del
derecho internacional.
Las FDI habían anunciado planes para introducir 100.000
tiendas de campaña en el territorio para albergar a los residentes durante el
invierno, pero fuentes militares afirmaron que, en la práctica, solo se estaban
proporcionando lonas simples, no tiendas cerradas.
Estas fuentes también señalaron que, contrariamente a lo
que sostenía el ejército, los hospitales del sur de Gaza estaban al borde del
colapso y no podían atender a más heridos debido a la grave saturación.
Trasladar a un millón de personas a zonas sin servicios médicos adecuados
podría provocar un desastre humanitario, suscitar críticas internacionales y
potencialmente conducir a sanciones de países que apoyan a Israel.
El jueves, la abogada general contactó al jefe de las FDI
y dejó claro que no podía determinarse que el ejército estuviera preparado para
evacuar la ciudad de Gaza, operación que debía comenzar el domingo.
Tomer-Yerushalmi explicó que organizaciones internacionales, incluida la Cruz
Roja, la ONU y otras agencias de ayuda que coordinan con las FDI en Gaza, ya
habían expresado serias preocupaciones sobre las difíciles condiciones en el
sur.
Señaló que estas organizaciones habían repetido en
reuniones y foros con altos funcionarios de las FDI que evacuar a la población
del norte de Gaza violaría el derecho internacional y las leyes de la guerra
debido a las condiciones ya extremas en el sur. La abogada general dijo a Zamir
que aceptaba la evaluación de la División de Investigación de la Dirección de
Inteligencia Militar, que confirmaba que existía base para las afirmaciones de
las organizaciones internacionales, en contra de la imagen presentada por
algunos altos mandos israelíes. Los funcionarios de inteligencia subrayaron que
Israel debía ser capaz de dar una respuesta creíble a estas preocupaciones.
La principal jurista de las FDI declaró por tanto que los
avisos y panfletos de evacuación para los residentes de la ciudad de Gaza
debían posponerse. Señaló que, aunque el jefe del ejército había ordenado
recibir un informe detallado de COGAT sobre las condiciones humanitarias
necesarias para la operación, ningún informe de este tipo había sido entregado
antes del previsto traslado de población. Según ella, tampoco se había
presentado ningún otro documento completo sobre el tema. Subrayó que, sin esa preparación,
sería imposible “afrontar los desafíos legales previstos” respecto a la
legalidad de la evacuación.
Un alto funcionario de las FDI criticó a
Tomer-Yerushalmi, alegando que buscaba retrasar las órdenes de evacuación en el
último minuto. Afirmó que, desde el inicio de la guerra, no había hecho nada
para impedir el fuego indiscriminado contra civiles ni había investigado
incidentes graves como la muerte de trabajadores humanitarios en Rafah o los
ataques contra hospitales. También aseguró que temía las críticas de la derecha
política y de otros sectores dentro de las FDI, lo cual influía a veces en sus
decisiones.
Otra fuente militar señaló que, durante las discusiones
previas a la orden de evacuación, la abogada general preguntó a los
representantes de COGAT sobre las condiciones de saneamiento en el sur de Gaza.
Aunque reconoció que no cumplían los estándares del derecho internacional,
finalmente aceptó no convertirlo en una condición previa para iniciar la
evacuación.
El lunes se celebró otra reunión con el jefe de las FDI,
el jefe del Mando Sur, el jefe de COGAT y otros altos funcionarios para
planificar el traslado de población. La abogada general no estuvo presente y se
tomó la decisión de comenzar la evacuación de la ciudad de Gaza y distribuir
los panfletos entre los residentes. Tras la reunión, Tomer-Yerushalmi reafirmó
a altos mandos de las FDI que su interpretación legal –que las notificaciones
de evacuación debían posponerse hasta presentar una respuesta detallada a las
preocupaciones internacionales– seguía sin cambios.
Insistió en que abordar estas preocupaciones era
necesario tanto para mantener la legalidad de las operaciones militares en Gaza
como para proteger a los altos mandos de las FDI de posibles acciones
judiciales en tribunales internacionales.
El martes, el portavoz de las FDI, Avichay Adraee, emitió un aviso de evacuación en árabe a todos los residentes de la ciudad de Gaza.
Tras la publicación de este aviso, altos juristas
militares aclararon que la orden no había recibido aprobación legal y que, en
las circunstancias actuales, su legalidad no podía ser defendida.
En respuesta, el portavoz de las FDI declaró que el
ejército “opera conforme a toda la legislación, y cualquier otra afirmación es
incorrecta”. Añadió que “la abogada general militar participa en todas las
evaluaciones operativas sobre Gaza, incluidos los movimientos de población, y
ha señalado al personal correspondiente las condiciones necesarias para ello”.
Según las FDI, las órdenes de evacuación fueron aprobadas
por responsables profesionales de COGAT “tras verificar que se cumplían las
condiciones requeridas y que la situación humanitaria en el sur de Gaza
permitía la operación”.
La respuesta de las FDI no mencionó la posición de la abogada general militar
sobre la orden de evacuación.
