Red por los Derechos Civiles y Sociales, 14/5/2021
Han pasado dos meses desde que Dimitris Koufontinas puso fin a su quinta huelga de hambre, tras 66 días, 26 de los cuales los pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Lamia. Tras permanecer otros 26 días en el Hospital de Lamia, el 9 de abril fue trasladado a la prisión de Domokos, a pesar de las recomendaciones de los médicos -y especialmente de los neurólogos- de trasladarlo a un centro de rehabilitación para que recibiera el tratamiento especial necesario en su caso. Actualmente se encuentra en un pabellón de tratamiento de la prisión, especialmente adaptado para su caso, moviéndose con una silla de ruedas, y con la ayuda de un fisioterapeuta, que le visita en la prisión dos veces por semana, está intentando recuperar la función muscular, aunque todavía se desconoce hasta qué punto su condición física y su salud pueden recuperarse a los niveles anteriores a la huelga.
Dos meses después, Dimitris Koufontinas vuelve a dar las gracias a todas y todos los que se solidarizaron con su lucha de todas las maneras posibles. Pero también a todas y todos los que, sin ser solidarios, tuvieron la valentía de defender lo justo de sus reivindicaciones, de oponerse a la violación de cláusulas y principios de derecho, firmando declaraciones colectivas o personales y desafiando la polémica a la que se vieron injustamente expuestos, de una manera inédita en la vida política.
La huelga de hambre de Dimitris Koufontina no sólo tuvo que ver con el preso en huelga: al contrario, abrió un capítulo político, poniendo de manifiesto una vez más que las cárceles son un lugar fuera de la ley y al margen de la justicia, donde los presos siguen expuestos a la violencia y el autoritarismo de pequeños y grandes intereses, pequeños y tontos ejecutores de las órdenes de un poder colérico. Durante 66 días, la sociedad griega ha asistido a la furia de quienes, al servicio de conveniencias políticas, utilizan las cárceles y los reclusos para satisfacer expectativas políticas e individuales, rencores e intereses propios.
El proceso judicial, que contó con el apoyo voluntario de abogados de distinta procedencia política e ideológica, puso de manifiesto lo que los propios abogados habían señalado desde el principio: que es muy difícil que un órgano judicial se oponga a las decisiones del poder político central, incluso cuando adquieren el carácter de una vendetta, como en este caso, y cuando se refieren a polémicas cuestiones centrales del conflicto político:
- El Consejo Judicial de Lamia, legalmente competente, que fue llamado a dar una respuesta, se declaró incompetente para decidir sobre las violaciones contra el huelguista detenido, considerando competentes los tribunales administrativos.
- El máximo tribunal administrativo del país, el Consejo de Estado, también se declaró incompetente para pronunciarse sobre un asunto que, a su juicio, es competencia del Consejo Judicial de Lamia.
- Y el Fiscal del Tribunal Supremo, al que los abogados presentaron una solicitud de recurso, ni siquiera pensó en tal solicitud.
Se confirma así que, bajo el régimen de este gobierno, ninguna autoridad puede controlar las arbitrariedades e ilegalidades de la Secretaria General de Política Anticrimen y sus oficiales superiores.
Lo justo no ha prevalecido sobre la furia vengativa política: Dimitris Koufontinas no pudo encontrarlo en las instituciones de la justicia. Pero sí lo encontró en las calles de la solidaridad. Y este es el capítulo importante que queda de esta histórica huelga de hambre: una lucha por la verdad, contra un gobierno adicto a la "posverdad": una lucha con la vida del huelguista como medio.
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