Belkis Wille, Foreign Policy in Focus,
2/12/2021
Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Iraq se apoyó en milicias extragubernamentales para luchar contra el ISIS. Ahora, esas milicias atacan a los periodistas, a los manifestantes y desafían al gobierno elegido.
“Grupos armados”, “fuerzas paramilitares”, “grupos que siguen las órdenes de otro país”.
Los defensores de los derechos humanos en Iraq utilizamos estas descripciones todo el tiempo cuando nos referimos a los hombres armados que están detrás de los asesinatos, secuestros y torturas de manifestantes, activistas, periodistas y comunidades que consideran cercanas al ISIS en Iraq.
En los últimos días hemos visto a estos hombres llegar más lejos que nunca, incluyendo un intento descarado, el 7 de noviembre, de asesinar al primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi en su casa utilizando tres drones armados.
Muchos no se atreven a ir más allá en la identificación de quiénes son exactamente estos hombres, los grupos a los que pertenecen y de quiénes reciben órdenes, al menos no en público. Pero el 25 de octubre, en un tribunal de Basora, alguien salió por fin a decirlo.
Y lo que puso de manifiesto plantea una cuestión mayor: ¿Puede el Estado iraquí garantizar el imperio de la ley?
Explosivas revelaciones sobre el asesinato de dos periodistas
En pocas palabras, su testimonio indicó que las milicias llamadas Fuerzas de Movilización Popular, que se formaron para ayudar a derrotar al ISIS y algunas de las cuales tienen estrechos vínculos con Irán, pueden estar tomando las decisiones en Iraq y son independientes -y más poderosas- del gobierno.
Aquel día, un juez del Tribunal Penal de Basora presidió una vista de investigación sobre Hamza Kadhim al-Aidani, acusado de matar a dos personas el 10 de enero de 2020: Ahmed Abdul Samad, reportero de Dijlah TV, y Safaa Ghali, su camarógrafo. Los medios de comunicación locales cubrieron ampliamente la condena de al-Aidani por los asesinatos y la posterior sentencia de muerte dictada el 1 de noviembre.
Lo que los medios de comunicación cubrieron menos, y el gobierno se negó a comentar, fueron las explosivas declaraciones que hizo al-Aidani durante la vista.
Dos personas que asistieron dijeron que al-Aidani, un comisario de policía de Basora, admitió que también era miembro de una unidad agresiva de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) que estaba formalmente bajo el control del primer ministro.
Dijo que luchó con el grupo para recuperar la ciudad de Faluya del Estado Islámico (ISIS) en 2016. Admitió que era miembro de un llamado “escuadrón de la muerte” y que estuvo involucrado en el asesinato de los dos periodistas, dijeron las fuentes. Dijo asimismo que él y los miembros del equipo utilizaron la oficina de la Comisión local de las FMP (el órgano de gobierno de las FMP) en Basora para planificar los asesinatos y ocultar sus coches y armas después del hecho.
Los testigos del tribunal dijeron a Human Rights Watch que Al-Aidani declaró al juez que la policía no había detenido al jefe de su escuadrón dentro de la unidad de las FMP, sino que le permitió huir del país. Este fue el hombre, dijo, que mató a los periodistas delante de él. Declaró que el hombre le dijo al equipo que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, había emitido una fatwa (una sentencia legal religiosa) según la cual los periodistas que cubrieran las protestas con llamamientos contra Irán y las FMP, y los que incitaran esas protestas, debían ser asesinados.
Dijo que atacaron a Samad porque había cubierto una protesta el 13 de diciembre de 2019 en una calle que las FMP habían rebautizado como la calle Jamenei en 2019. Durante la protesta, los manifestantes quemaron una gran foto de Jamenei que las FMP habían colgado en la calle. Samad, en su cobertura, preguntó a los espectadores por qué no se rebautizaba la calle con el nombre de un líder iraquí. El juez dijo finalmente que no incluiría este detalle en el acta.
Los aparentes comentarios de Al-Aidani, y el hecho de que fuera juzgado solo, plantean otra cuestión. ¿Dónde estaban los demás sospechosos relacionados con este caso?
En febrero, las autoridades informaron de que habían detenido a cuatro personas que estaban detrás de los asesinatos. Pero con tantos interrogantes como suscitaron sus comentarios, también proporcionaron respuestas claras e inquietantes, entre ellas, cuán poderosas son las FMP en Iraq si es que pueden incluso dar órdenes a un comisario de policía para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales.
Milicias fuera de control
Las FMP se formaron originalmente en 2014 como grupos armados informales al margen de la estructura del Estado para combatir el avance del ISIS.
Tras el colapso del ejército iraquí, el parlamento de Iraq votó en noviembre de 2016 la incorporación de las PMF a las fuerzas armadas del gobierno. En ese momento, grupos como el mío expresaron su preocupación de que este paso pudiera significar dejar entrar al zorro en el gallinero. Pero diplomáticos y altos funcionarios iraquíes nos aseguraron en reuniones que lo estábamos interpretando de forma incorrecta. Por el contrario, se trataba de una medida para disolver estas unidades integrando a sus combatientes en estructuras estatales que respondían ante el primer ministro como comandante en jefe. Esto, dijeron, rompería el poder de las FMP.
Pero no es eso lo que ha ocurrido. Las FMP han seguido siendo entidades independientes, algunas con vínculos más o menos fuertes con Irán, otras con una visión propia del nacionalismo y otras con motivaciones criminales para hacerse con el control del dinero, el petróleo y otros recursos. Además, las FMP han sido capaces de infiltrarse y controlar partes de la estructura de seguridad del Estado.
El resultado es un Estado en el que algunas de sus propias unidades de lucha y aplicación de la ley no responden ante el gobierno ni tienen interés en proteger la integridad de sus estructuras. Se mueven por motivaciones totalmente diferentes.
Las protestas populares a gran escala que se iniciaron en 2019 demuestran la forma en que las FMP hacen caso omiso de las directivas del gobierno. Tras los primeros días de manifestaciones en octubre y el creciente número de muertes de manifestantes, el entonces primer ministro Adil Abdul-Mahdi ordenó públicamente a sus fuerzas que no utilizaran munición real contra la gente en las calles. Sin embargo, las fuerzas armadas siguieron disparando munición real contra la multitud, matando a los manifestantes.
A través de mis contactos con el gobierno, nunca tuve la sensación de que Abdul-Mahdi estuviera mintiendo al público, pero ¿por qué entonces se ignoró una orden clara del comandante en jefe?
Lo cierto es que las fuerzas que disparaban a la gente o bien no escuchaban sus órdenes, o bien recibían órdenes de otra parte. El testimonio de Al-Aidani en el tribunal sugiere que podría haber algo de verdad en esta aterradora perspectiva.
El Estado de Derecho en entredicho
Cuando Human Rights Watch documenta ejecuciones ilegales en Iraq, pedimos a las autoridades que hagan rendir cuentas a los responsables de acuerdo con las obligaciones del gobierno en virtud del derecho internacional y nacional.
Pero, ¿qué pueden hacer ahora las autoridades estatales frente a estos grupos? Recuerdo la primera vez que utilicé la frase “Estado fallido” al hablar de Iraq, en 2020. Un diplomático me preguntaba qué creía que se podía hacer para hacer frente a esta ola de asesinatos de manifestantes y activista en un contexto de impunidad.
La impunidad no se debe necesariamente a la falta de voluntad de las autoridades judiciales para hacer rendir cuentas a los asesinos, ni tampoco a la falta de información sobre los responsables de estos asesinatos. Más bien se debe a que las autoridades saben que estos grupos pueden subvertir fácilmente cualquier intento del gobierno de exigirles responsabilidades.
El testimonio de Al-Aidani plantea realmente la cuestión de si los iraquíes son capaces de aplicar el Estado de derecho en sus calles. Si la respuesta es negativa, o es quizá, la verdadera pregunta es hacia dónde vamos.
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