Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Cuando una mujer nativa usamericana de 21 años de Oklahoma fue condenada por homicidio involuntario tras sufrir un aborto espontáneo, la gente se indignó. Pero no fue la única en sufrir condena.
Brittney Poolaw estaba embarazada de apenas cuatro meses cuando perdió a su bebé en el hospital en enero de 2020.
Este octubre, fue declarada culpable y condenada a cuatro años de prisión por el homicidio en primer grado de su hijo no nacido.
La forma en que pasó de sufrir un aborto espontáneo a ser encarcelada por matar a su feto se ha convertido en objeto de gran debate en Internet y en la prensa. Algunos en las redes sociales señalaron que fue condenada durante el mes de concienciación sobre la pérdida del embarazo en USA. Otros compararon el caso con la novela distópica de Margaret Atwood “El cuento de la criada”.
Cuando llegó al hospital en busca de tratamiento, Poolaw admitió haber consumido drogas ilícitas mientras estaba embarazada.
Más tarde, el informe del médico forense, obtenido por la BBC, halló rastros de metanfetamina en el hígado y el cerebro de su hijo no nacido.
El médico no determinó la causa de la muerte del feto, señalando que la anomalía genética, el desprendimiento de la placenta o el consumo de metanfetamina por parte de la madre podrían haber sido factores contribuyentes.
Los abogados de Poolaw dicen que apelarán su condena. El fiscal que llevó su caso a los tribunales se ha negado a hacer comentarios mientras el proceso continúa.
Sin embargo, la historia de Poolaw es sólo la punta del iceberg, según Dana Sussman, subdirectora ejecutiva de National Advocates of Pregnant Women (NAPW), un grupo de defensa del derecho a decidir.
“El caso de Britney tocó realmente la fibra sensible”, dijo la Sra. Sussman. “No es tan infrecuente como la gente suponía”.
La organización está colaborando con el llamamiento de Poolaw, y ha estado siguiendo las detenciones y los casos de “intervención forzosa” contra mujeres embarazadas en Estados Unidos.
Entre 1973 y 2020, el NAPW ha registrado 1.600 casos de este tipo, de los cuales unos 1.200 se produjeron solo en los últimos 15 años.
Aunque en algunos casos se trataba de mujeres detenidas por cosas como caerse o dar a luz en casa, la gran mayoría estaban relacionadas con las drogas, y las mujeres de color estaban sobrerrepresentadas.
La reciente explosión de casos penales forma parte de
un “fenómeno exclusivamente usamericana” en la encrucijada de la “guerra contra
las drogas” de Estados Unidos y el movimiento a favor del reconocimiento del
feto como persona [personhood], dijo Sussman.
¿Qué es un ser humano?
La cuestión de la exposición fetal a las drogas se situó en el primer plano del debate cultural en la década de 1980, cuando se empezó a utilizar el término “bebés de crack” para describir a los niños nacidos de madres con adicción.
El consumo de drogas durante el embarazo se asocia a muchos resultados negativos, entre ellos un mayor riesgo de aborto y muerte fetal, pero el impacto real del consumo de drogas en el feto varía mucho. Los estudios de la década de 1980 que afirmaban que los hijos de madres con adicción a la cocaína sufrían defectos de desarrollo extremos fueron posteriormente desmentidos.
Desde entonces, las posteriores epidemias de drogas -desde el consumo de metanfetamina hasta la crisis de los opioides- han mantenido el tema en el punto de mira.
Al mismo tiempo, varios estados de USA han aprobado leyes que dificultan poder realizar un aborto. Aunque la gente se opone al aborto por diferentes razones, a menudo morales o religiosas, una parte del argumento se ha centrado en la noción de persona.
“El concepto de persona es en realidad bastante simple”, dijo Sarah Quale, presidenta de Personhood Alliance Education, una organización provida.
“La condición de persona declara que los humanos son humanos y que nuestra igualdad se basa en nuestra humanidad. Nada cambia el hecho científico de que somos biológicamente humanos desde el principio hasta el final. Por lo tanto, como humanos, merecemos la misma protección ante la ley porque poseemos derechos inherentes y naturales”.
El movimiento a favor de la condición de persona ha contribuido a impulsar leyes que van más allá de la regulación del acceso al aborto, a fin de ampliar los derechos y las protecciones al feto como si fuera un ciudadano ya nacido del Estado.
Personhood Alliance Education también rechaza cosas como la muerte médicamente asistida, la investigación con embriones y el tráfico de personas.
Aunque la organización no se pronuncia sobre si la ley debe perseguir a las madres que consumen drogas, la Sra. Quale dijo que personalmente apoya las medidas que “protegen a los niños antes de nacer del daño que se produce cuando una madre consume drogas durante el embarazo”.
“Pero nuestro sistema jurídico no solo debe tener en cuenta las cuestiones de responsabilidad y rendición de cuentas, sino que también debe centrarse en la rehabilitación y recuperación de los drogadictos”, añadió.
Leyes que protegen ¿o perjudican?
El consumo de sustancias durante el embarazo se considera maltrato infantil en función de los estatutos civiles de bienestar infantil en 23 estados, según el Instituto Guttmacher, un instituto de investigación a favor del derecho al aborto.
En la mitad de los estados de USA, los profesionales sanitarios están obligados a informar sobre las mujeres embarazadas sospechosas de consumir drogas.
En 2006 Alabama aprobó una ley de “peligro químico” que convertía en delito grave que un niño estuviera “expuesto, ingiriera o inhalara, o tuviera contacto con una sustancia controlada, una sustancia química o una parafernalia de drogas”. Una investigación de ProPublica ha descubierto que más de 500 mujeres han sido acusadas en la década transcurrida desde la aprobación de la ley.
Tennessee intentó seguir su ejemplo, aprobando una ley similar en 2014, pero la ley expiró dos años después y no fue renovada.
En un condado de California, dos mujeres fueron encarceladas por haber matado supuestamente a sus bebés tras haberlos dado a luz muertos y haber dado positivo en el test de drogas ilícitas. Este año se retiraron los cargos de asesinato contra Chelsea Becker, después de que pasara un año y medio en la cárcel por no poder pagar una fianza de 2 millones de dólares. Mientras tanto, Adora Pérez está a punto de cumplir un tercio de su condena de 11 años por homicidio involuntario, tras declararse culpable para evitar el cargo más grave de asesinato. Actualmente está inmersa en un proceso de apelación.
Ambas mujeres fueron procesadas por lo que se conoce como “leyes de agresión al feto”, que existen en al menos 38 estados.
Estas leyes pretendían castigar a los maltratadores que hacen daño a las mujeres embarazadas, muchas de ellas impulsadas por una ley federal de 2004 aprobada tras el asesinato de Laci Peterson, que estaba embarazada, a manos de su marido.
Pero muchas de estas leyes son ambiguas y dejan las puertas abiertas para que los fiscales acusen a las mujeres cuyo comportamiento puede haber contribuido a un aborto o a un mortinato.
Algunos estados tienen normas explícitas sobre cuántas semanas debe tener el feto para ser viable; otros no. La mayoría de los médicos sitúan la viabilidad en torno a las 20-24 semanas.
Poolaw estaba embarazada de entre 16 y 17 semanas cuando abortó, probablemente la mujer con menos meses de embarazo en ser acusada en EE. UU., según la Sra. Sussman.
¿Un futuro más draconiano?
Si Poolaw hubiera abortado de forma voluntaria en lugar de tener un aborto espontáneo, no habría sido acusada en absoluto, ya que el aborto es legal en Oklahoma.
Pero, con el Tribunal Supremo a punto de pronunciarse sobre la legalidad de una prohibición casi total de los abortos en Texas, y con restricciones más estrictas del aborto en otros estados, los defensores de la justicia reproductiva temen que el futuro pueda ser más draconiano.
En los países en los que el aborto es ilegal, las mujeres han sido detenidas y acusadas de asesinato por tener un aborto espontáneo. Las autoridades locales pueden acusarlas de interrumpir deliberadamente su embarazo.
Una mujer salvadoreña fue condenada por abortar ilegalmente, y murió en la cárcel tras haber sufrido un aborto espontáneo en el hospital (Foto: Getty Images)
Uno de estos casos, en El Salvador, que tiene una de las prohibiciones del aborto más estrictas del mundo, ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se espera una sentencia para finales de este año.
Manuela, una mujer de 33 años que acudió al hospital en busca de tratamiento tras un aborto espontáneo, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio. Murió en la cárcel en 2010.
Sus abogados afirman que las leyes de El Salvador, que obligan a los médicos a denunciar a las mujeres sospechosas de haber abortado o a enfrentarse ellos mismos a la cárcel, violan el derecho internacional de los derechos humanos.
En la raíz de estos casos está la idea de que las mujeres, una vez que se quedan embarazadas, deben dar prioridad al feto pase lo que pase, dijo Emma Milne, una estudiosa del género y el crimen que imparte clases en la Universidad de Durham (Reino Unido).
Pero la realidad es mucho más compleja, dijo Milne. A menudo las mujeres están desesperadas y son vulnerables, y necesitan ayuda y apoyo.
“El hecho de que el Estado no les haya dado la ayuda y el apoyo durante su embarazo y antes del mismo es culpa de ese Estado”, dijo.
Según una encuesta de 2012, alrededor del 6% de las embarazadas usamericanas admiten haber consumido drogas ilícitas, mientras que el 8,5% bebe alcohol y el 16% fuma cigarrillos.
Las asociaciones médicas de USA se oponen a clasificar el consumo de drogas durante el embarazo como abuso infantil y sostienen que las mujeres con problemas de adicción deben recibir tratamiento, no penas de cárcel.
“La drogadicción es una enfermedad susceptible de tratamiento y no una actividad delictiva”, según la Asociación Médica Americana, que representa a los médicos de EE.UU.
Dar a los no nacidos los mismos derechos ante la ley no es sencillo, dijo I. Glenn Cohen, experto en ética médica y vicedecano de la Facultad de Derecho de Harvard.
“Nadie discute que los fetos son miembros de la especie humana. La cuestión es si son personas o no”, dijo.
Aunque la ley conceda al feto la condición de persona, ¿deberían esos derechos de persona prevalecer sobre el derecho de autodeterminación de la madre?
“Hay mucho que desentrañar aquí, pero casi nunca se hace en términos de política y de lo que sucede en los tribunales”, dijo.
Los defensores de los derechos de la mujer temen que se trate de una “pendiente resbaladiza” que podría llevar a las mujeres embarazadas a ser despojadas de su autonomía.
Si puede detenerse a una mujer alegando daños a su feto por consumo de drogas, ¿qué pasa si se toma una cerveza? ¿Y si conduce a alta velocidad?
“Si lo hacemos con las drogas, la pregunta es: ¿qué viene a continuación?”, preguntó la Sra. Milne.
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