Iain Overton, AOAV, 6/10/2025
Traducido por Tlaxcala
El anuncio de que el general Sir Patrick Sanders, exjefe del Ejército británico, dirigirá la división de préstamos de defensa del banco Santander UK, puede parecer, a primera vista, un paso lógico para un hombre profundamente familiarizado con los asuntos de seguridad nacional.
Al fin y al cabo, ¿quién mejor para asesorar a un banco sobre los riesgos y oportunidades de la inversión en defensa que alguien que ha comandado tropas, presidido comités estratégicos y trabajado estrechamente con socios industriales al más alto nivel?
¿Su conocimiento interno de las prioridades del Ministerio de Defensa otorgará ahora a Santander una posición privilegiada en el creciente mercado de crédito de defensa?
Nuestras investigaciones muestran que el 86 % de los altos cargos de defensa británicos pasan al sector privado dentro de los dos años siguientes el fin de su cargo.
Algunos se incorporan a fabricantes, otros a consultorías y, cada vez más, a instituciones financieras ansiosas por financiar la industria de la guerra.
Cuando quienes diseñaban la política de defensa ahora se benefician de su expansión, la confianza pública se erosiona inevitablemente.
El caso de Sanders sugiere una puerta giratoria tan amplia que se ha convertido en un pasillo, a través del cual la influencia fluye en ambos sentidos: los bancos obtienen prestigio y acceso; los generales, sueldos y posición; y la línea que separa la seguridad nacional del beneficio empresarial se difumina.
Ben Wallace, exsecretario de Defensa de los gobiernos conservadores de Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Shunak, es ahora consultor en el sector de seguridad saudí [se incorporó a la empresa de relaciones públicas CTRD. Antes de dedicarse a la política, fue capitán del regimiento de élite de la Guardia Escocesa, NdT].
Tales transiciones se han vuelto rutinarias, casi inadvertidas.
Pero también puede ocurrir lo contrario: cuando las instituciones financieras se apoyan en exlíderes militares para guiar sus carteras de defensa, corren el riesgo de importar un sesgo; una visión del mundo que considera que la expansión militar es inevitable y beneficiosa.
Eso puede ser rentable para los accionistas, pero es poco saludable para la supervisión democrática.
Pero el historial de ACOBA no inspira confianza: no tiene poderes coercitivos, sus directrices son a menudo ignoradas y sus deliberaciones son opacas.
En la práctica, el sistema británico confía en el honor personal y la apatía pública para controlar los conflictos de interés en los niveles más altos del poder.
Ninguno de los dos ha demostrado ser fiable.
el establecimiento de defensa, la industria armamentística y ahora las instituciones financieras están cada vez más entrelazados en una red de conveniencia mutua.
Como declaró un banquero: Pero, ¿seguridad para quién?
Para muchos civiles en Gaza, Yemen o Ucrania, la industria armamentística financiada por Gran Bretaña ha significado destrucción, no protección.
Pero revela cómo las fronteras entre servicio público y beneficio privado se están diluyendo a plena vista.
Cuando el liderazgo militar se convierte en un trampolín hacia la influencia empresarial, la autoridad moral de las fuerzas armadas, ya en entredicho, corre el riesgo de verse aún más erosionada.
Ampliar los poderes de ACOBA y exigir una transparencia total de quienes obtienen beneficios de sus antiguos cargos públicos.
¿debemos presentarlos como exgenerales… o como lobbistas financieros?
Sin embargo, detrás de este nombramiento se esconde una pregunta que muchos en la clase política británica se resisten a abordar:
Sanders,
que fue jefe del Estado Mayor del Ejército entre 2022 y 2024, ayudará ahora a
Santander a ampliar sus préstamos a los fabricantes de armas.
El
movimiento de Santander forma parte de una tendencia más amplia: instituciones
financieras que antes evitaban el sector de la defensa ahora lo están
reetiquetando como un “activo esencial de seguridad”.
Pero
que un exjefe del Ejército británico desempeñe un papel en este cambio
financiero plantea serias preguntas éticas.
Este
nombramiento también encaja en un patrón que AOAV ha documentado durante años:
la erosión constante de la distancia entre el establecimiento de defensa del
Reino Unido y la industria armamentística.
El problema no es solo de percepción. No es un fenómeno nuevo. Y no debería serlo.
Cuando
los arquitectos de la política de defensa británica pasan a asesorar o
beneficiarse de aquellos que suministran armas a países acusados de violaciones
de derechos humanos, la cuestión no es si es legal, sino si es moralmente
aceptable.
Los
defensores de estos nombramientos sostienen que estas figuras aportan una
visión experta sobre la evaluación de riesgos y adquisiciones.
El caso de Sanders será probablemente revisado por el Comité Asesor sobre Nombramientos en los Negocios (ACOBA), el organismo encargado de examinar estas transiciones.
El traslado de Sanders a Santander pone de relieve un fracaso de gobernanza más profundo: “Apoyar este sector es fundamental para la seguridad de la región.”
La
puerta giratoria entre generales y banqueros no es, por sí sola, prueba de mala
conducta.
Si el
Reino Unido desea preservar la integridad de su política de defensa, debe
imponer restricciones más estrictas a los cargos posteriores al servicio,
Hasta que eso ocurra, cada nombramiento de este tipo planteará la misma incómoda pregunta: ¿debemos presentarlos como exgenerales… o como lobbistas financieros?
Viñetas de Robert Murray, Private Eye
