Iain Overton, AOAV, 6 -10 -2025
Traducido por Tlaxcala
El 5 de octubre de 2025, la ministra del Interior laborista Shabana Mahmood anunció que la policía pronto podrá imponer restricciones a las protestas “repetidas”.
La medida sigue a casi 500 arrestos en una protesta en Londres el día anterior, la mayoría por mostrar apoyo al grupo ahora prohibido Palestine Action.
Mahmood insiste en que “no es una prohibición, sino
restricciones y condiciones”.
Pero en realidad, es otro giro de tuerca en una erosión que lleva décadas
debilitando el derecho británico a protestar contra la guerra y la atrocidad.
El razonamiento es conocido.
Los ministros afirman que las protestas repetidas pueden hacer que las
comunidades judías se sientan “inseguras”, tras el asesinato de dos
hombres frente a una sinagoga en Manchester (uno por el atacante, otro por
disparos policiales).
Nadie cuestiona la gravedad del crimen ni la necesidad de luchar contra el
antisemitismo.
Pero esta política se suma a un patrón legislativo que, durante veinticinco
años, ha hecho cada vez más difícil disentir públicamente de las
guerras.
El derecho a protestar no ha sido revocado, ha
sido erosionado lentamente – de forma limpia, burocrática, casi
imperceptible.
Todo comenzó con la Ley de Terrorismo de 2000,
aprobada por el gobierno laborista de Tony Blair antes del 11 de
septiembre, pero ampliada después.
Otorgaba a la policía poder para detener y registrar sin sospecha previa
en zonas designadas.
Concebida para el antiterrorismo, pronto se utilizó contra manifestantes
pacifistas.
En 2005, Walter Wolfgang, delegado laborista de 82 años, fue expulsado
de la conferencia del partido por interrumpir al ministro de Exteriores
sobre Irak y detenido bajo esa ley.
Su “delito”: disentir.
Ese mismo año, otra incisión: la Ley de Delincuencia
Organizada y Policía de 2005, que prohibía protestas no autorizadas en un
radio de un kilómetro del Parlamento.
Apuntaba directamente a Brian Haw, el manifestante anti-guerra cuyo
campamento en Parliament Square incomodaba al gobierno.
Desde entonces, incluso leer los nombres de soldados caídos sin permiso
se convirtió en delito.
En 2010, el gobierno de coalición prometió revertir esos
excesos.
La Ley de Reforma Policial y Responsabilidad Social de 2011 derogó la
zona de exclusión,
pero simultáneamente prohibió tiendas de campaña, sacos de dormir y
megáfonos en Parliament Square.
Las vigilias prolongadas quedaron imposibilitadas.
Lo que la ley daba con una mano, lo quitaba con la otra.
En años posteriores surgieron amenazas más sutiles.
En 2015, las propuestas de Órdenes de Disrupción del Extremismo habrían
permitido prohibir a individuos acusados de promover “extremismo no violento”.
Mientras tanto, se expandía la vigilancia policial: bases de datos de “extremistas
domésticos” incluían ecologistas y pacifistas; agentes infiltraban grupos
anti-guerra.
En la década de 2020, la erosión volvió a ser
legislativa.
La Ley de Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales de 2022 redefinió la
protesta como una posible molestia, ampliando la discrecionalidad
policial para restringir cualquier reunión, incluso una protesta
solitaria, si causaba “malestar serio” o “más que una
interrupción menor”.
El ruido pasó a ser motivo de arresto.
En 2023, la Ley de Orden Público añadió nuevos
delitos:
“encadenarse” a edificios, cavar túneles para bloquear obras, o incluso portar
herramientas que lo permitieran.
También creó las Órdenes de Prevención de Disrupción Grave, que pueden
prohibir a ciertas personas asistir a protestas o promoverlas en redes
sociales.
En julio de 2025, la exministra Yvette Cooper
utilizó poderes antiterroristas para proscribir Palestine Action, un
grupo no violento que apuntaba a fábricas de armas británicas que suministran a
Israel.
Una medida sin precedentes: un movimiento pacifista listado junto a
organizaciones yihadistas y neonazis.
Desde entonces, más de mil arrestos por simples expresiones de apoyo.
Amnistía Internacional lo calificó de “ataque sin precedentes al
derecho a protestar”.
Las Naciones Unidas emitieron una inusual reprimenda.
Y el gobierno continúa.
La nueva doctrina del “impacto acumulativo”
amenaza con criminalizar la frecuencia misma.
Una vigilia semanal podría considerarse excesiva.
La ministra promete revisar las leyes “para garantizar que los poderes sean
suficientes”.
Una frase ominosa.
Los liberales demócratas advierten: no reducirá el
antisemitismo, pero debilitará gravemente la libertad de reunión.
Los poderes creados para una crisis rara vez se abandonan en la
siguiente.
El patrón es claro:
cada gobierno hereda las herramientas del anterior y las perfecciona.
Desde Blair hasta Starmer, de las zonas de exclusión a las
órdenes de prevención, el resultado es una restricción acumulativa.
El país que una vez acogió una marcha de un millón de personas contra la
guerra de Irak se ha convertido en un lugar donde uno puede ser arrestado
por leer nombres en voz alta o sostener un cartel.
Los políticos insisten en que se trata de “equilibrio, no
represión”.
Pero la democracia no está hecha para ser cómoda.
Requiere fricción, ruido y desacuerdo visible.
Cuando el Estado decide que una protesta es “demasiado
frecuente” o “demasiado ruidosa”, ya no modera la disidencia:
la administra.
Limita el derecho mismo a ser democrático.
No es una eliminación repentina del derecho, sino una muerte
por mil cortes – desangrada por “restricciones y condiciones”, por
eufemismos burocráticos que suenan razonables en el momento y lamentables en
retrospectiva.
El anuncio de este fin de semana puede parecer una ajuste
menor, pero es acumulativo.
Así, aunque protestar siga siendo legal, el espacio para hacerlo se ha
reducido con cada nueva ley.
El desbridamiento prolongado de la disidencia
política en Gran Bretaña ha sido limpio y silencioso.
Y
precisamente por eso debería alarmarnos.
« Inacceptable : pulvériser de la peinture sur des avions militaires -Acceptable : tirer sur des Palestiniens faisant la queue pour de la nourriture » : Jon Farley, un enseignant retraité de 67, a été détenu pendant 6 heures et interrogé par la police antiterroriste de Leeds pour cette pancarte, reproduisant une affiche du magazine satirique Private Eye.
