المقالات بلغتها الأصلية Originaux Originals Originales

30/10/2025

Tucumán, Argentina: el pulpo sionista extiende sus tentáculos en todas direcciones (desde la comunidad judía hasta las instituciones del Estado)

 Rubén Kotler, 30-10-2025

Rubén Kotler (1974, es un historiador argentino, judío antisionista, especialista en la historia reciente de Tucumán, cofundador de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina y coadministrador de la Red Latinoamericana de Historia Oral, coguionista y responsable de la investigación histórica del documental El Tucumanazo (sobre las revueltas obreras y estudiantiles de Tucumán). https://www.deigualaigual.net/

El historiador israelí Ilan Pappe sostiene que un lobby es “la influencia desplegada para cambiar la política gubernamental (de un país) o alterar la opinión pública”.[1] En el libro de reciente aparición analiza la historia del lobby sionista entre USA y el Reino Unido. La penetración sionista en América Latina hunde sus raíces en la primera mitad del Siglo XX y es fundamental en el sostenimiento del Estado de Israel y sus políticas de genocidio, limpieza étnica, apartheid, colonialismo, expansionismo, racismo e islamofobia, como columnas vertebrales sobre las que se edifica el Estado autoproclamado judío en detrimento del pueblo palestino. Todo este andamiaje colonial es sostenido por las comunidades judeo-sionistas en todo el orbe. Es lo que podemos observar cuando, lupa mediante, anclamos nuestra mirada en comunidades como las de Tucumán en Argentina.



La provincia más chica de Argentina alberga una pequeña pero importante comunidad judeo-sionista. En ella cohabitan herencias del mundo tanto ashkenazi como sefardí. Sus instituciones van desde distintas sinagogas, escuelas, un club denominado “Unidad Sionista” y un cementerio. La principal escuela de la comunidad, en la que yo mismo me he formado en mis años del tránsito escolar, mantiene una doble escolaridad y su formación judeo-sionista es pieza clave en el sostenimiento y refuerzo comunitario hacia Israel. Los programas escolares de formación estrictamente judía, lejos de la ortodoxia religiosa, demarcan una tendencia a la generación de una identidad sionista muy profunda. Se celebran con igual énfasis las fechas patrias argentinas como las fechas judías, dotándolas de un relato nacionalista que nada tiene que envidiar a la escolaridad en el mismo enclave colonial de Israel. La penetración sionista en el mundo judío religioso ha sido de tal magnitud que incluso en los oficios religiosos de las comunidades reformistas se ha incluido una oración para pedirle a dios la protección del ejército israelí.

 

Imágenes de un acto escolar “patrio israelí” en Tucumán
(Archivo del autor)

Al mismo tiempo, un sistema de becas para viajes iniciáticos al Estado autoproclamado judío, como si fuera un viaje a Disneyworld, sumado a un férreo sostenimiento identitario compartido por todas las instituciones locales, refuerzan un sentimiento de defensa de Israel como segunda nación, y en algunos casos, como nación imaginada que se convierte en refugio para un futuro apocalíptico que podría repetirse en un segundo holocausto judío. Los atentados a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, reforzaron la teoría del posible “holocausto” en Argentina. Desde 1994 las instituciones de la comunidad judeo-sionista sostienen un paredón extramuros para “evitar la explosión de coches bomba”. Desde hace 30 años que la comunidad judeo-sionista de Argentina espera como al mesías el “tercer atentado”.

La promesa que los soldados del ejército más criminal del mundo hacen en la fortaleza de Masada, en la Palestina ocupada, en la que juran y perjuran que Sión no volverá a caer, se replica en las escuelas judeo-sionistas con la misma intensidad.

En Argentina además existe una institución de lobby prosionista nefasta, como lo es la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA), cuyo propósito inicial era el proteger los intereses judíos en Argentina. Nada más lejos de la realidad, la DAIA defiende los intereses sionistas en el país. Es además una de las propulsoras de la equiparación de antisionismo con antisemitismo, como veremos más adelante.


El kirchnerista José Jorge Alperovich (1955) fue tres veces gobernador de la provincia de Tucumán entre 2003 y 2015, En noviembre de 2019 fue denunciado penalmente e imputado por abusos sexuales. En 2024 fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y fue inhabilitado a ejercer cargos públicos de manera perpetua.

Pero vayamos a la penetración del sionismo en la provincia de Tucumán en los últimos años, como sostén de una quinta columna que justifica y acompaña el genocidio. Los distintos gobiernos provinciales desde 2003 a la fecha, mantuvieron firmes lazos económicos, culturales, políticos y sociales con Israel. La elección del gobernador José Alperovich, hijo de una familia judeo-sionista tucumana como parte de una elite comercial económicamente poderosa, resultó paradigmática en un país cuya religión oficial mayoritaria es el catolicismo romano. Fue novedosa la elección de Alperovich como fueron novedosas sus alianzas con el sionismo a escala global. Alianzas que preexistieron a esta elección pero que se vieron reforzadas con la inclusión en el gabinete provincial de miembros de la comunidad judía local. Destacados miembros comunitarios abrazaron al peronismo como partido donde anclaron sus influencias políticas y vincularon al Estado provincial con el Estado de Israel por medio de distintos acuerdos económicos.


Juan Luis Manzur (1969), el funcionario más rico de la administración nacional

Quién continuó esa línea de sumisión al sionismo fue el gobernador Juan Manzur, de fuertes lazos, incluso afectivos, con una parte de la comunidad judeo-sionista como Jabad Lubavitch. Manzur rápidamente hizo negocios con Israel en una de las ramas que el enclave colonial mejor domina como es el de la seguridad. Hacia finales de 2018 el gobierno de la provincia adquirió 4.000 pistolas semiautomáticas Jerichó 9 milímetros con armazón de polímero desarrolladas por la empresa IMI (Israel Military Industries), privatizada en 2018 e incorporada a Elbit Systems. El acuerdo cerrado por nueve millones de dólares trajo a la provincia estas y otras armas usadas incluso en la persecución a los palestinos en Cisjordania. Una de esas armas usada por la policía tucumana, asesinó a Luis Espinoza en el contexto represivo de la pandemia, cuando la policía tucumana intervino en una reunión social el 15 de mayo de 2020, reunión de la que fue secuestrado, desaparecido Espinoza durante siete días, hasta la aparición de su cuerpo sin vida en otra provincia.

Pero los acuerdos no terminan aquí. Dos años antes de la desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza, el 13 de agosto de 2018, la Orquesta Sinfónica de Jerusalén daba un concierto en uno de los principales teatros de la provincia al amparo del propio gobierno provincial. Lo que en su momento titulé como “Un concierto de metrallas”, daba cuenta de la forma de abrazar al Estado sionista a través de un hecho cultural en el que se normalizaba la opresión al pueblo palestino. La normalización de la estructura colonial por medio de la cultura y el deporte son rasgos distintivos de este tipo de alianzas y de esta penetración a escala global. Podría ir mucho más lejos en el tiempo, pero para botones de muestra, estos hechos narrados sobre la influencia sionista, bastan. Sobre todo, en lo que vino después, con una serie de acuerdos comerciales y de otra índole, que no hizo más que fortalecer estos nexos con el lobby sionista en la provincia.

El peronismo como aliado del sionismo

Hoy se menciona al gobierno del ultra derechista Javier Milei en alianza estratégica con el sionismo como sostenedor del genocidio palestino, pero con mucha hipocresía una parte del peronismo calla o mira a otro lado cuando de los acuerdos del Estado con el ente sionista se trata. Los viajes a Israel por parte de funcionarios argentinos se repiten de un gobierno a otro. Desde la provincia los acuerdos firmados tanto por el gobierno local como por las autoridades universitarias se repiten de gestión en gestión.

Recordemos que el primer viaje internacional, en los meses previos a la pandemia, del presidente peronista Alberto Fernández, fue a Israel para estrechar las manos del criminal de guerra Netanyahu; y recordemos que fue uno de sus ministros, Wado de Pedro, hijo de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, quien trajo a la empresa israelí Mekorot a Argentina para el control de un recurso estratégico como el agua. No podía de Pedro desconocer las denuncias internacionales que pesan sobre la empresa de agua israelí en el esquema de apartheid contra los palestinos en el control de los recursos hídricos de la Palestina ocupada. Estos acuerdos hoy se ven profundizados gracias a los intentos del gobierno ultra liberal de Milei de privatizar Agua y Saneamiento Argentino - AYSA.   ¿Será Mekorot quien se quede con AYSA? Es muy probable.

El 13 de octubre de 2021, aún durante la pandemia del Covid 19, el ministerio de salud de la provincia firmó un convenio con la “Red de Salud Hadassah” de Israel La firma fue rubricada por la entonces ministra de Salud, Rossana Chahla, hoy intendenta de la ciudad capital y sobre la que daremos cuenta del último capítulo en esta saga de entreguismo al sionismo por parte de la provincia. Pero volviendo al acuerdo de “cooperación” con la institución israelí, el acuerdo no fue lo suficientemente difundido. Según el sitio del propio ministerio de Salud de la provincia “este convenio tiene como objetivo compartir conocimientos médicos desarrollados en el Hospital Hadassah Medical Center de Israel para brindar acceso a capacitaciones, ateneos, jornadas médicas dictadas por profesionales, además de la cooperación y la incorporación de hospitales y centros de salud de Tucumán a la Red de Salud Hadassah y que los profesionales puedan gozar de los más modernos y calificados conocimientos.” El objetivo se explicita sin rubores: compartir información de la provincia con el ente colonial israelí, algo inédito para un área sensible como es la de salud pública. También se explicita que la relación entre el gobierno de la provincia y la Red Hadassah lleva más de 15 años, desde los tiempos del gobierno de Alperovich justamente.

La academia local fortalece la narrativa sionista

La narrativa sionista necesita de escribas. La “Hasbará”[2] despliega toda una serie de recursos que van desde el financiamiento de medios masivos de comunicación, la inundación de las redes de personajes que instalan sentido común, entre otras. Como lo dijo recientemente el criminal Netanyahu, Israel debe comprar Tik Tok. Pero en este esquema en el que la Hasbará procura llegar a todos los ámbitos posibles, la academia juega un papel fundamental. Los acuerdos de las universidades públicas argentinas con instituciones sionistas o prosionistas son notables.



Volvamos a Tucumán. El 23 de julio de este año la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán albergó una actividad de Hasbará con la clara intención de reforzar el relato sionista. La presentación del libro de Ariel Gelblung, “Antisemitismo: Definir para combatir”. Gelblung es director del polémico Centro Simón Wiesenthal, sostenedor de la narrativa sionista. Además la actividad estuvo sostenida por la DAIA local y las autoridades tanto universitarias como del Poder Judicial de la provincia, toda vez que participaron miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, el periodista del principal diario local, La Gaceta, Álvaro José Aurane, y los funcionarios del gobierno provincial Raúl Albarracín y Hugo Navas. Cabe remarcar que la presentación del trabajo de Gelblung se enmarcó en las actividades de la Diplomatura de Posgrado sobre Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad, dictada por la propia Facultad de Derecho y en la que no se menciona el genocidio contra el pueblo palestino. El 25 de julio además se concretó una charla para alumnos de la provincia en el que también hubo una bajada de línea en la asociación del antisemitismo con el antisionismo. En una entrevista con el diario local Gelblung afirmó que “estamos en el peor momento de antisemitismo en el mundo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto en Medio Oriente, del que no nos referimos en este caso, ha puesto en real peligro a las comunidades judías que viven en cada uno de los lugares. La no separación de determinadas cosas y haber permitido que se caigan determinadas caretas poniéndose en algunos lugares del lado del terrorismo es realmente peligroso”.  Para este propagandista “sionismo no es una mala palabra. Sionismo es el movimiento de autodeterminación nacional del pueblo judío en su tierra ancestral. Y alguien no puede venir y sostener: ‘yo estoy de acuerdo con la autodeterminación de todos los pueblos del mundo menos uno’. Eso es realmente una discriminación. Entonces uno no puede decir yo no soy antisemita, soy antisionista. Es una falacia”. 

Para el director del Centro Wiesenthal como para toda la comunidad judeo-sionista en Gaza no se está cometiendo un acto de genocidio, yendo incluso a contramano de los informes sobre el tema elaborados de organismos de DDHH del propio  Israel como B’Tselem. Ni Gelblung, ni las autoridades de la Universidad o del Poder Judicial de la provincia han leído evidentemente el informe titulado “Nuestro Genocidio” y haciéndose eco de la definición de antisemitismo del IHRA, equiparan el término con antisionismo. Nada más falaz que esto. Además, llevan buen tiempo, sobre todo después del 7 de octubre de 2023, repitiendo a viva voz que estamos en presencia de un incremento del antisemitismo en todo el mundo, aumento que no se verifica en los hechos. Decir Gaza o mencionar a Palestina transforma al denunciante en antisemita, sin importar el contexto o las formas. En Argentina fueron procesados incluso diputados nacionales por mencionar el genocidio en Palestina acusándolos de antisemitas como le ocurrió a la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Vanina Biassi.


Rossana Chahla (1966), intendenta (alcaldesa) de Tucumán, justicialista (peronista/kirchnerista)

El último capítulo de la alianza de Tucumán con el sionismo

Uno de los últimos capítulos en la alianza de Tucumán con el sionismo lo vuelve a escribir Rossana Chahla. Hoy intendenta de la ciudad capital, San Miguel de Tucumán, firmó un convenio de cooperación en materia de seguridad con la agencia israelí Mashav para la capacitación en materia de seguridad del personal del municipio. Pese al reclamo de la organización “Tucumán por Palestina”, el municipio siguió adelante con este vil acuerdo. En pleno desarrollo del genocidio, la intendenta, médica de profesión y de origen sirio-libanés, refuerza sus lazos con el sionismo.

Según el sitio del propio municipio, “durante el curso, que se dicta en idioma español y tiene lugar en el campus del Instituto en Beit Berl, cerca de Tel Aviv, se abordan temas clave como la coordinación entre municipios y fuerzas policiales, la creación de cuerpos de policía comunitaria, la gestión de emergencias, el trabajo con jóvenes en situación de riesgo y la articulación con instituciones educativas, organizaciones comunitarias y el sector privado.” Este acuerdo como otros del rubro se firman a lo largo y ancho de todo el continente reforzando lo que el periodista Antony Loewenstein nombró como “El laboratorio palestino”, para dar cuenta la forma en cómo Israel muestra al mundo “sus avances tecnológicos” en materia de seguridad y guerra con el funcionamiento de sus sistemas represivos sobre el pueblo palestino. No está de más recordar aquí que Israel es uno de los principales Estados cuya industria armamentística y en materia de seguridad recorre todo el orbe negociando incluso con dictaduras.


Un fantasma recorre Tucumán, el fantasma del genocidio

La agrupación Tucumán por Palestina, integrada por un heterogéneo grupo que incluye palestinas, judíos antisionistas, artistas, militantes políticos y sindicales, académicos, entre otros, lleva años denunciando al sionismo y exponiendo los crímenes el Estado de Israel contra el pueblo palestino. No les valió ni una sola línea en el principal diario de Tucumán. Por el contrario, cada vez que la comunidad judeo-sionista salió a la calle u organizó una actividad, el medio le dedicó importantes espacios de difusión hasbarática. En general los medios locales, salvo honrosas excepciones, no cubren las actividades de denuncia que con persistencia militante se realizan en la capital. Está claro que la penetración sionista en la provincia abarca a los tres poderes del Estado, a la prensa local hegemónica, a distintos miembros de la academia universitaria, entre otros. 

Desde mi posición de hijo de aquella comunidad judía, vuelvo a reiterar mi oposición al sionismo y al genocidio. Levanto mi voz cada vez que puedo como lo hacen los compañeros y compañeras de Tucumán por Palestina. La penetración de ese fantasma llamado genocidio tiene nombres y apellidos en la provincia, muchos de los cuales son descendientes de sirio-libaneses, como la intendenta de la capital tucumana. Romper el relato, hacer todo el ruido posible y convencer a miembros de las comunidades judías en todo el mundo de que Israel no representa al judaísmo en cualquiera de sus variantes religiosas o culturales, puede contribuir a debilitar el enclave. Quitarle respaldo comunitario como lo están haciendo distintas organizaciones de judíos antisionistas o propalestinos, puede ayudar a la caída de un régimen que lleva más de un siglo haciendo la guerra, cometiendo crímenes de lesa humanidad, sosteniendo un genocidio y una limpieza étnica en la Palestina histórica y en otros puntos igualmente estratégicos de Oriente Medio.

Notas

1 - Pappe, Ilan (2025) El Lobby sionista. Una historia a ambos lados del Atlántico, Edit. Akal

2 - Hasbará o “explicación” en hebreo, es el aparato propagandístico que utiliza Israel para lavar la cara al régimen e instalar una narrativa que, de lugar a mostrar al Estado sionista como la única democracia en Oriente medio, demostrar que su ejército es el “más moral del mundo” y que toda acción bélica contra los países de la región es acción de “defensa”.


Armas británicas, manos emiratíes, sangre sudanesa: la pregunta que el Reino Unido debe responder

 


Darfur Union in the UK, 30/10/2025
British Weapons, Emirati Hands, Sudanese Blood: The Question the UK Must Answer

أسلحة بريطانية، أيدٍ إماراتية، دماء سودانية: السؤال الذي يجب أن تجيب عليه بريطانيا

Traducido por Tlaxcala

Las recientes revelaciones del Guardian exponen un vínculo profundamente inquietante: equipos militares fabricados en el Reino Unido han sido rastreados hasta Sudán, en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una milicia respaldada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ahora acusada de genocidio en Al-Fashir, Darfur del Norte.

Este hallazgo no es teórico. Es una prueba material de que armas y equipos autorizados para exportación por el Reino Unido, vendidos originalmente a los EAU, han sido desviados para alimentar una guerra genocida contra civiles sudaneses. Las personas que hoy mueren bajo bombardeos y ataques con drones en Al-Fashir pueden haber sido asesinadas con herramientas fabricadas en Gran Bretaña.

Una cuestión de responsabilidad

Según el derecho internacional y las obligaciones del Reino Unido bajo el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), el gobierno está obligado a garantizar que las armas británicas no se utilicen para cometer o facilitar crímenes de guerra. Sin embargo, ante las crecientes pruebas de transferencias emiratíes hacia las FAR, surge la pregunta:

¿Qué salvaguardias, si es que existen, ha establecido el gobierno británico sobre sus ventas de armas a los Emiratos Árabes Unidos?

Las investigaciones del Guardian [ver artículo siguiente], confirmadas por expertos de la ONU, revelan una cadena de complicidad: equipos británicos, reexportados o licenciados a través de los EAU, terminan en el campo de batalla de Darfur. Estas armas permiten la campaña sistemática de asesinatos, hambruna y limpieza étnica de las FAR.

Cuando la misericordia murió: la masacre en los hospitales de Al-Fashir

Dentro de la ciudad sitiada de Al-Fashir, el horror alcanzó su punto máximo. Todos los heridos y enfermos que se encontraban en el hospital saudí, las salas de primera clase, la universidad y los dormitorios fueron ejecutados a sangre fría por la milicia FAR respaldada por los EAU: al menos 460 personas asesinadas mientras aún estaban entre la vida y la muerte.

En una época en la que la humanidad ya no tiene lugar, la misericordia murió antes de que la medicina pudiera llegar.

Los hospitales cayeron en un silencio aterrador, roto solo por gemidos que se apagaron de repente.

Mientras tanto, continúan los ataques contra trabajadores humanitarios, incluidos miembros de la Cruz Roja, que sufren golpizas, humillaciones e intimidaciones bajo la supervisión de comandantes de las FAR que actúan con el pleno respaldo y dirección de Abu Dabi.

Estos actos forman parte de una estrategia deliberada para extinguir la vida, borrar testigos y castigar a quienes ofrecen ayuda.

Al-Fashir: una ciudad bajo la sombra británica

Hoy, Al-Fashir yace en ruinas. Más de 2.000 civiles han sido masacrados en pocos días —hombres, mujeres y niños— mientras imágenes satelitales muestran charcos de sangre manchando barrios que antes rebosaban de vida. Hospitales, centros de alimentos y refugios han sido bombardeados bajo un asedio deliberado dirigido por la milicia FAR y supervisado desde Abu Dabi.

Resulta inconcebible que, en 2025, un componente británico —un motor, un sistema de puntería o una unidad de comunicación— pueda desempeñar un papel en la aniquilación de todo un pueblo. Y, sin embargo, aquí estamos.

Preguntas al gobierno británico

Nosotros, la Unión de Darfur en el Reino Unido, exigimos respuestas inmediatas del Gobierno británico, en particular del Secretario de Estado de Defensa:

1.      ¿Qué mecanismos específicos de control del uso final existen para impedir la reexportación de armas británicas desde los EAU hacia terceros como las FAR?

2.     ¿Ha iniciado el Ministerio de Defensa o él de Asuntos Exteriores (FCDO) una investigación sobre las pruebas presentadas por The Guardian y las Naciones Unidas?

3.     ¿Suspenderá el Gobierno las licencias de exportación de armas a los EAU mientras se realiza una revisión independiente de los riesgos de desvío?

4.    ¿Qué rendición de cuentas se exigirá a las empresas británicas cuyos productos han llegado a actores acusados de genocidio?

El público tiene derecho a saber

No se trata solo de política exterior, sino de responsabilidad moral británica. El público británico tiene derecho a saber si su gobierno, consciente o negligentemente, ha facilitado el asesinato de civiles en Darfur.

Las víctimas de Al-Fashir no son anónimas: son maestros, niños, madres, personas comunes atrapadas bajo una lluvia de muerte financiada por intereses extranjeros y posible, en parte, por la falta de supervisión en el Reino Unido.

Un llamado a la acción

Llamamos al Parlamento, a la sociedad civil y a la prensa británica a exigir transparencia y rendición de cuentas.

La exportación de armas no debe convertirse en la exportación de atrocidades.

El Reino Unido no puede proclamarse defensor de los derechos humanos en el extranjero mientras sus armas acaban en manos de quienes cometen genocidio.

Unión de Darfur en el Reino Unido
Justicia, responsabilidad y protección de los civiles en Sudán

 ***

Equipamiento militar británico utilizado por una milicia acusada de genocidio encontrado en Sudán, según la ONU

Exclusiva: dos expedientes presentados ante el Consejo de Seguridad plantean interrogantes sobre la exportación de armas británicas a los Emiratos Árabes Unidos, acusados de suministrar armas al grupo paramilitar FAR.

Mark Townsend, The Guardian, 28/10/2025
Traducido por Tlaxcala

Mark Townsend es periodista senior de la sección Desarrollo global en The Guardian y autor de No Return: The True Story of How Martyrs Are Made.

Equipos militares fabricados en el Reino Unido han sido encontrados en los campos de batalla de Sudán, utilizados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar acusado de genocidio, según documentos vistos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Se han recuperado sistemas de puntería para armas ligeras fabricados en el Reino Unido y motores británicos para vehículos blindados de transporte de tropas en lugares de combate, en un conflicto que ha provocado la mayor catástrofe humanitaria del mundo.

Los hallazgos han vuelto a generar escrutinio sobre las exportaciones de armas británicas a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), país repetidamente acusado de suministrar armamento a las FAR en Sudán.
También plantean preguntas al gobierno británico sobre su posible papel en la intensificación del conflicto.

Meses después de que el Consejo de Seguridad recibiera material que indicaba que los EAU podrían haber suministrado equipos de fabricación británica a las FAR, nuevos datos muestran que el gobierno británico continuó aprobando exportaciones al Estado del Golfo de equipos militares del mismo tipo.

Los motores británicos fabricados específicamente para un tipo de vehículo blindado de transporte de tropas producido en los EAU también parecen haber sido exportados al emirato, a pesar de las pruebas de que esos vehículos habían sido utilizados en Libia y Yemen en violación de los embargos de armas de la ONU.

Imágenes muestran motores británicos procedentes de vehículos militares fabricados por Nimr, una empresa de los EAU, supuestamente recuperados de posiciones de las FAR en Sudán.
Foto SOPA Images / LightRocket

Los EAU han negado repetidamente haber brindado apoyo militar a las FAR.

Entrando en su tercer año, la guerra entre las FAR y el ejército sudanés ha dejado al menos 150 000 muertos, más de 12 millones de desplazados y casi 25 millones de personas enfrentando hambre aguda. Ambos bandos han sido acusados de crímenes de guerra y ataques contra civiles.

El equipamiento militar británico encontrado en Sudán aparece en dos expedientes, fechados en junio de 2024 y marzo de 2025, vistos por el Consejo de Seguridad.
Ambos fueron compilados por el ejército sudanés y afirman presentar “pruebas del apoyo de los EAU” a las FAR.

El hecho de que el Reino Unido haya seguido suministrando equipamiento militar a los EAU, a pesar del riesgo de que terminara alimentando el devastador conflicto en Sudán, ha provocado una profunda preocupación.

Mike Lewis, investigador y exmiembro del panel de expertos de la ONU sobre Sudán, declaró:

“La legislación británica y los tratados internacionales obligan al gobierno a no autorizar exportaciones de armas cuando exista un riesgo claro de desvío o de uso en crímenes internacionales.”

Los investigadores del Consejo de Seguridad han documentado en detalle el historial de una década de los EAU desviando armas hacia países bajo embargo o hacia fuerzas que violan el derecho internacional humanitario.

Lewis añadió:

“Incluso antes de esta nueva información sobre equipos británicos en Sudán, estas licencias nunca debieron haberse emitido, como tampoco a otros gobiernos responsables de armar el conflicto sudanés.”

Abdallah Idriss Abugarda, presidente de la Asociación de la Diáspora de Darfur en el Reino Unido, que representa a los sudaneses de esa región occidental, pidió una investigación:

“La comunidad internacional, incluido el Reino Unido, debe investigar urgentemente cómo se produjo esta transferencia y garantizar que ninguna tecnología ni armamento británico contribuya al sufrimiento de los civiles sudaneses. La rendición de cuentas y el control estricto del uso final son esenciales para evitar una mayor complicidad en estos graves crímenes.”

Un oficial del ejército sudanés inspecciona equipos incautados tras la captura de una base de las FAR en Salha, Omdurmán, el 26 de mayo. Foto Ebrahim Hamid / AFP


Las imágenes incluidas en los dos expedientes vistos por el Consejo de seguridad –del cual el Reino Unido es miembro permanente– sugieren que dispositivos de puntería británicos para armas ligeras fueron recuperados en antiguos emplazamientos de las FAR en Jartum y Omdurmán.

Aunque es difícil verificarlas sin metadatos o información precisa de geolocalización, varias fotografías llevan etiquetas que indican su fabricación por Militec, una empresa con sede en Mid Glamorgan (Gales), fabricante de sistemas de entrenamiento y puntería para armas ligeras.

Las bases de datos muestran que el gobierno británico concedió a Militec licencias de exportación a los EAU ya en 2013.

Nueva información revela que, entre enero de 2015 y septiembre de 2024, el gobierno británico emitió 26 licencias de exportación permanente de dispositivos de entrenamiento militar a los EAU en la categoría “ML14”, que cubre los productos de Militec.

Estas licencias fueron concedidas a 14 empresas, incluida Militec, pero el gobierno se ha negado a revelar qué licencias correspondieron a qué empresas.

Los documentos indican que el 27 de septiembre de 2024, tres meses después de que el Consejo de Seguridad recibiera imágenes que mostraban equipos de categoría ML14 en Sudán, el gobierno británico emitió una “licencia individual abierta” para exportar productos del mismo tipo a los EAU.

Este tipo de licencia permite al Reino Unido exportar cantidades ilimitadas de ese material durante toda la vigencia del acuerdo, sin necesidad de monitorear su destino final.

Para entonces, aumentaban las preocupaciones de que los EAU estuvieran armando a las FAR.

Nueve meses antes, en enero de 2024, un informe del panel de expertos de la ONU sobre Sudán, designado por el Consejo de Seguridad para supervisar el embargo de armas sobre Darfur, afirmaba que las denuncias de suministro de armas por parte de los Emiratos eran “creíbles”.

Un vehículo militar incendiado en el aeropuerto internacional de Jartum. Foto Giles Clarke / Getty Images

Años antes, el gobierno británico ya había recibido pruebas de que empresas con sede en los EAU podían representar un riesgo de desvío de accesorios para armas ligeras. Tres años antes, el Reino Unido había autorizado la exportación de visores nocturnos fabricados en su territorio a una empresa emiratí, los cuales fueron posteriormente adquiridos por combatientes talibanes en Afganistán.

Militec fue contactada pero declinó hacer comentarios, afirmando que todas sus exportaciones están autorizadas por las autoridades competentes del Reino Unido y que la empresa no ha cometido ninguna irregularidad.

Las imágenes incluidas en los expedientes vistos por diplomáticos de la ONU muestran también vehículos blindados de transporte de tropas Nimr Ajban, fabricados en los EAU por el Edge Group, un conglomerado armamentístico mayoritariamente estatal.

Una fotografía del documento de 2025 muestra la placa de datos de un motor de un vehículo Nimr con la inscripción “Made in Great Britain by Cummins Inc”, fabricado el 16 de junio de 2016 por una filial británica de Cummins, empresa usamericana.

En 2016, el gobierno británico ya sabía que los EAU habían suministrado vehículos Nimr a grupos armados en Libia y Somalia, en violación de un embargo de armas de la ONU.

Pruebas publicadas por el Consejo de Seguridad indican que los EAU entregaron vehículos blindados a las milicias llamadas Brigadas de Zintan en Libia en 2013.

No parece existir registro de licencias británicas que indiquen cuándo fueron exportados los motores británicos para los vehículos Nimr, ya que no están diseñados exclusivamente para uso militar y por tanto no requieren una licencia especial.

Vehículos blindados en la Exposición Internacional de Defensa de Abu Dabi, 2023. Foto Ryan Lim / AFP

Un portavoz de Cummins declaró:

“Cummins tiene una sólida cultura de cumplimiento, como lo demuestran los diez principios éticos establecidos en nuestro código de conducta empresarial.
Nuestro código cubre explícitamente el cumplimiento de las sanciones y los controles de exportación en todas las jurisdicciones donde operamos, y en algunos casos nuestras políticas van más allá de los requisitos legales.
Cummins tiene una política firme de no participar, directa ni indirectamente, en ninguna transacción con destinos bajo embargo de armas sin la autorización completa de las autoridades competentes.
Revisamos exhaustivamente todas las transacciones en defensa para evaluar los aspectos legales y de política, y bajo ese programa hemos obtenido regularmente las licencias de exportación cuando son requeridas, además de aplicar otras medidas de cumplimiento.
Con respecto a Sudán, revisamos todas nuestras transacciones pasadas y no identificamos ninguna operación militar en la que Sudán figurara como destino final.”

Un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido afirmó:

“El Reino Unido cuenta con uno de los regímenes de control de exportaciones más rigurosos y transparentes del mundo.
Todas las licencias de exportación se evalúan por el riesgo de desvío a un usuario o uso final indeseado.
Esperamos que todos los países cumplan con sus obligaciones bajo los regímenes de sanciones de la ONU.”

Fuentes gubernamentales indicaron que las decisiones de concesión de licencias se toman caso por caso, y que el Reino Unido es consciente del riesgo de desvío al conflicto en Sudán, razón por la cual algunas licencias, incluidas las dirigidas a los EAU, han sido denegadas regularmente.